Desde septiembre de 2017, quien camina frente al número 24 de la calle Agustín Delgado, en la colonia Tránsito, puede leer lo escrito en la cartulina verde fosforescente pegada sobre la puerta: “Vecinos unidos a favor del derrumbe de los edificios dañados desde hace 32 años”. La frase da la bienvenida a la unidad habitacional en donde 45 familias viven bajo el asedio de su vecino: una mole de cemento cuyas paredes se desmoronan.

Todas las mañanas, la sombra del edificio de 13 niveles, ubicado en Agustín Delgado número 28, cae sobre la unidad habitacional que Daniel Covarrubias y sus vecinos construyeron después de que su vecindad se cayó durante el terremoto, de magnitud 8.1, que el jueves 19 de septiembre de 1985 despertó a la Ciudad de México.

Ese día, la colonia Tránsito —muy cerca del Centro Histórico y a unos pasos del metro San Antonio Abad— se llenó de escombros. En la zona colapsaron inmuebles de oficinas o que aparentaban serlo. El sismo mostró que, en realidad, varias de esas construcciones escondían talleres clandestinos de costura.

Uno de los edificios que no colapsó, pese a que sufrió graves daños, fue el que se levantó en el número 28 de Agustín Delgado, un inmueble de 13 pisos recién construido.

La construcción de junto, el inmueble de 13 niveles de Agustín Delgado 28, fue uno de los 5 mil 728 edificios dañados o destruidos en el sismo del 19 de septiembre de 1985, de acuerdo con cifras del Comité Metropolitano para Emergencias. El 38 por ciento de estos edificios sufrió daño estructural.

En un informe realizado por investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y que se difundió en noviembre de 1985, se determinó que el inmueble de Agustín Delgado 28 presentaba daños “graves” causados, sobre todo, por la “sobrecarga de la edificación”.

En los documentos a los que se tuvo acceso no existe evidencia de cuándo se terminó la obra. Habitantes de la zona recuerdan que la construcción se detuvo varias veces y tardó años en ser terminado. Lo que no olvidan es que fue en 1985 cuando policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal comenzaron a llegar al edificio; en el sótano —aseguran— estaban las celdas y el anfiteatro; la planta baja y los dos primeros niveles se destinaron a ser estacionamiento y el resto de los pisos, oficinas.

Daniel y sus vecinos se organizaron, formaron una cooperativa y con donativos internacionales construyeron la unidad habitacional en donde viven desde finales de la década de los 80. La unidad habitacional se levantó en el mismo terreno que, alguna vez, ocupó su antigua vecindad.Desde entonces despiertan con la sombra del edificio dañado.

En marzo de 1988, en respuesta a uno de los tantos oficios que Daniel Covarrubias y sus vecinos repartieron por oficinas de gobierno, el entonces secretario de Obras del Departamento del Distrito Federal, Francisco Noreña Casado, les informó que las autoridades habían estado “ejerciendo presión con los propietarios para que el inmueble sea reparado”. Y se explicó que los dueños del edificio presentaron una propuesta de proyecto de restructuración, a la que el personal técnico de la coordinación realizó varias observaciones, pero que no habían sido atendidas por los propietarios, por lo que se solicitó a la delegación “se le apliquen las sanciones y clausura correspondiente”.

En ese entonces, Ramón Aguirre Velázquez era el jefe del Departamento del Distrito Federal, y Enrique Jackson Ramírez, el delegado en Cuauhtémoc.

Un año después, el 20 de octubre de 1989, el entonces delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc, Ignacio Vázquez Torres, firmó un edicto que se publicó en varios periódicos y que se dirigía a los propietarios de los edificios dañados por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985:

“Se les notifica que con motivo de la investigación de daños realizada en el inmueble de su propiedad se dictaminó que, por el estado en que se encuentra, es necesario efectuar trabajos de demolición como medida de seguridad y con el propósito de que no causen daños a inmuebles aledaños o a terceros… de no cumplir con este requerimiento se hará acreedor a las sanciones correspondientes y se procederá a realizar las obras necesarias con cargo a su cuenta mediante un crédito fiscal”.

Cinco días después de haber sido publicado el edicto, Isidoro Kichik Behar se presentó ante las autoridades delegacionales como representante legal de la empresa Condominios Industriales S.A., propietaria del edificio. Se hizo acompañar del ingeniero Jacobo Gorodezky Lauferman, Director Responsable de Obra (DRO) y Corresponsable de Seguridad Estructural para las obras de reforzamiento de la estructura del edificio. En los documentos que se encuentran en la delegación Cuauhtémoc no se encontró alguna evidencia de que esos trabajos se realizaron.

El 21 de octubre de 1991, los dueños del edificio solicitaron la regularización del uso de suelo del inmueble. En ese documento, las autoridades de la entonces Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica reconocen que el edificio de 13 niveles no tenía que haberse construido, porque en esa zona sólo podían edificarse inmuebles de hasta cinco pisos. Aún así, por “derechos adquiridos”, se regularizaron los 13 niveles.

Negocio planificado con anticipación

En sus tres décadas de existencia, el edificio de Agustín Delgado 28 ha tenido, por lo menos, tres dueños, de acuerdo con diversos documentos, entre ellos los antecedentes notariales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Condominios Industriales fue propietaria hasta, por lo menos, principios de la década de los noventa. En 1987 y 1990, el inmueble fue embargado por deudas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En mayo de 2006, BBVA Bancomer remató la propiedad —un terreno de mil 898.55 metros cuadrados y la construcción de 20 mil 44 metros cuadrados— a un precio de ganga: 12 millones 300 mil pesos.

Salomón Cojab Farca y Adela Fallena, por ejemplo, son propietarios de otros edificios en la Ciudad de México, los cuales rentan a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Algunos de estos inmuebles son los ubicados en el número 4 de Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, y en el número 31 de la calle Topacio, en la colonia Centro.

Y aunque, en los papeles, la venta del edificio de Agustín Delgado 28 se concretó en 2006 los planes para su transformación en departamentos comenzarón mucho antes, tan sólo unas semanas después de haber sido creada la Inmobiliaria Sacomo.

En agosto de 2004 se formó la inmobiliaria y en septiembre de ese mismo año se realizó el estudio de mecánica de suelos para el predio. La memoria descriptiva se hizo en julio de 2005, un año antes de la compra del edificio.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a estos documentos, a través de una solicitud de información.

En la memoria descriptiva se detalló que los trabajos de remodelación y reestructuración de la obra consistirían en habilitar 130 departamentos, 249 espacios para estacionamiento y tres locales comerciales.

La reestructuración del inmueble —se señaló en la memoria descriptiva— se realizaría por medio de “estructura metálica adosada por medios eficientes a la estructura original de concreto”.

Además, se argumentó, las dimensiones mínimas de los patios de ventilación no se apegaban a lo indicado en las normas y no se cumplió con el área libre “jardinada y permeable”. Y, en especial, “no existen antecedentes de las lecturas de nivelaciones propuestas o de las calas para determinar la existencia de pilotes de cimentación. Tampoco se hace referencia a posibles trabajos de reforzamiento en la cimentación y/o en la superestructura”.

Sin embargo, seis meses después de este oficio, el 22 de octubre de 2010, el arquitecto Martín Miguel Ruiz Ramírez, director general de obras y desarrollo urbano de la delegación Cuauhtémoc, firmó y autorizó el uso y ocupación del edificio.

En los documentos sobre Agustín Delgado número 28, obtenidos a través de solicitudes de información, no se encontró alguno en donde autoridades de la delegación hayan verificado que la Inmobiliaria Sacomo realmente reforzó la cimentación del edificio dañado en el sismo de 1985.

Lo único que sí sucedió es que la delegación Cuauhtémoc impuso una multa por aviso de terminación de obra extemporánea, equivalente a ocho mil 619 pesos.

Los departamentos de Agustín Delgado 28, en la colonia Tránsito, comenzaron a promocionarse para su venta. Incluso, se presumieron como si fueran una obra nueva. En algunos sitios de internet aún es posible encontrar anuncios que los publicitan: “Departamentos nuevos con elevador, roof garden, estacionamieto cubierto, pasillos amplios. Deptos desde 73 M2 hasta 79 M2, de dos y tres recamaras… precio desde 1,200,000 hasta 1,500,000… Año de construcción 2013”.

Negocio frustrado

El martes del 19 de septiembre de 2017, durante el sismo de magnitud 7.1, la construcción remodelada de 13 pisos volvió a crujir como ya lo había hecho en sismos anteriores; algunas de sus paredes se desmoronaron como sucedió 32 años atrás, la herrería de varias de sus ventanas se torció y la estructura se hundió todavía más.

La mole de cemento no cayó para fortuna de sus vecinos, las 45 familias que viven en la unidad habitacional y, sobre todo, para suerte de quienes, en 2014, invadieron el edificio.

—Ya lo tenía vendido (el edificio), pero tres días antes de que lo entregaran, vinieron y lo invadieron… Eso fue como en mayo del 2014. —señala Salomón Cojab, accionista de la Inmobiliaria Sacomo, empresa que presentó varias demandas en contra de los invasores.

—¿A quién lo vendió? —se le pregunta a Salomón Cojab vía telefónica.

—A otra persona que, es más, ni siguiera la conocí...La verdad es que no quiero platicar eso por teléfono. —Salomón Cojab aseguró que días después daría una entrevista para hablar del tema.

En el dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, fechado el 22 de febrero de 2018, se señala que el edificio tiene inundado el cajón de cimentación, “lo cual pone de manifiesto la existencia de fisuras y la falta de mantenimiento que ha prevalecido en él”.

Aún así, el edificio de 13 pisos de Agustín Delgado 28 estuvo habitado durante casi diez meses después del sismo de septiembre de 2017.

Durante varios días de junio, MCCI se presentó en el lugar y solicitó una entrevista con los habitantes del edificio. Fue hasta la tarde del sábado 23 de junio de 2017, cuando dos hombres, que se negaron a dar sus nombres, aseguraron que los inquilinos del inmueble pertenecían al “grupo de los Francisco Villa”.

—¿Hace cuánto viven aquí?

—Ya tenemos un buen rato —respondió uno de ellos.

—Hay un dictamen donde se señala que el edificio no es seguro, que está en riesgo…

—Ya vinieron a ver el edificio y nos dijeron que está bien —interrumpió el hombre de mayor edad.

—¿Cuánta gente vive aquí?

—No te puedo dar esa información… Aquí tenemos niños, tenemos gente y tenemos seguridad. Ahorita estamos en un asunto legal y no podemos decir más sobre el edificio… ¿Conoces el grupo Francisco Villa? Somos nosotros. Si le sigues, vas a detonar cosas que no vas a poder detener… Si tu comprendes estas palabras, Francisco Villa, vas a entender mucho.

La mañana del viernes 6 de julio, el edificio de Agustín Delgado 28 fue desalojado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Retomar el negocio

El viernes 27 de julio de 2018, MCCI volvió a hablar vía telefónica con Salomón Cojab. Para entonces, el edificio seguía resguardado por personal de Seguridad Pública de la CDMX.

—Cuando compró el edificio y lo remodeló, ¿cómo se reforzaron los cimientos y la estructura?

—Le quité entre el 50 y 60 por ciento del peso. Le quité el montacargas que tenía; se le colocó una estructura de acero. El edificio está perfectamente bien. Voy a entrar a repararlo; se va a resanar, pintar y listo.

—Pero hay un dictamen que señala que el edificio tiene una inclinación importante, fracturas en sus columnas y que es de alto riesgo…

—El edificio está bien. Si aguantó este temblor, aguantará otros 20 temblores más.

—¿Usted ya vio el edificio?

—No he ido en años, pero no hay por qué preocuparse. El edificio está bien… Mire, yo mandé que le pusieran la bandera roja para que se pensara que el edificio estaba mal y así poder sacar a la gente que estaba dentro. Lo hice con algunas amistades.

—¿Algunas amistades del gobierno?

—No puedo decirle más. Lo que sí le puedo decir es que el edificio está bien.

Lo que el dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones señala es que el edificio no está bien y representa un alto riesgo. Quien visite el inmueble notará que tiene una inclinación pronunciada, además de que sus muros exteriores presentan fracturas e, incluso, parte de sus paredes se están cayendo.

Daniel Covarrubias y sus vecinos no se cansan de mandar oficios, de tocar la puerta de las autoridades y de advertir que el edificio que tienen a un lado está al punto del colapso.

—La demolición de un edificio no es un asunto que le corresponda a la delegación; no está dentro de sus facultades. Eso le corresponde al gobierno central. —dijo Dolores Padierna a MCCI, vía telefónica. Además, señaló no recordar ese edificio.

Las 45 familias que viven en la Unidad Habitacional de Agustín Delgado número 24 aún tienen la esperanza de que su petición, aquella que escribieron en la cartulina verde fosforescente y pegaron en su puerta, ahora sí sea escuchada.

No quieren que la historia se repita: que, en el siguiente terremoto, el edificio vecino, el que todas las mañanas cubre con su sombra a su unidad habitacional, vuelva a crujir y sus muros caigan encima de sus viviendas.

No se conoce con precisión cuántas personas estaban en el lugar durante el sismo. Algunos reportes periodísticos señalan que había 77 nombres escritos en la libreta de registros de la entrada del inmueble; otros mencionan que eran 76. Además de ellos ahí estaban los empleados de las empresas que rentaban oficinas, entre ellas Valora Consultores, la Clínica Crisálida, DM Link, Ayni Coworking, Aguilera Contadores Públicos y la Academia de Idiomas Speak. En el lugar también se encontraban los dueños del edificio y de la Inmobiliaria Álvaro Obregón.

Tampoco hay una cifra precisa sobre las personas que fueron rescatadas. El Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) reportó 22; el gobierno de la Ciudad de México informó que eran 27. Lo que sí se sabe es que 35 horas después del colapso se encontró a la última persona con vida.

Entre los escombros de lo que fue el edificio de Álvaro Obregón 286 murieron 49 personas.

A casi un año de esos fallecimientos se han realizado, por lo menos, dos estudios en busca de una explicación que permita entender por qué cayó ese inmueble cuya estructura, incluso, fue diseñada con estándares más altos a los que exigía el reglamento vigente en 1959, año en el que se construyó. Los peritajes dan razones diferentes.

Documento olvidado

Martha Patricia Parras, de 55 años, trabajaba como jefa de cocina de la empresa DM Link. Ella falleció en el colapso del edificio. Su esposo, Ernesto Franco Gómez buscó asesoría legal. Fue de los primeros familiares en presentar una denuncia, por homicidio culposo, en contra de quien resulte responsable.

El 21 de noviembre del 2017, el abogado de Ernesto Franco Gómez presentó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) croquis del tercer y quinto piso del edificio, en los cuales se mostraba que en esos niveles no existían pilares. Así se cita en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-7/UI2S/D/3409/09-2017, de la Fiscalía en Cuauhtémoc.

La versión de que el inmueble presentaba irregularidades en su construcción, y que por ello colapsó, partió inicialmente de una declaración de Humberto Morgan, coordinador de asesores de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y quien en aquellos días de la emergencia fue uno de los enlaces con las familias de las víctimas.

Varios medios difundieron esas declaraciones en las que el funcionario aseguraba que en el edificio “se hicieron dos cosas terribles”; la primera fue aumentar los niveles y la otra fue colocar, a partir del tercer piso “losa catalana”. Más allá de los dichos de Morgan —filósofo de profesión— existían documentos que advertían de problemas en la estructura del inmueble desde 20 años atrás.

»Existió un cambio en el uso del edificio: se construyó para funcionar como “apartamentos”, pero se utilizó para oficinas; esto provocó un mayor peso para su estructura.

»Se cambió el elevador y esto también implicó una carga adicional por el cuarto de máquinas que se instaló.

»En los últimos años no se tramitó ninguna constancia de seguridad estructural.

»Además, el edificio tenía una inclinación de 15 centímetros hacia el oriente.

En este peritaje se aseguraba que, entre junio de 1994 y abril de 1997, se le construyó un nivel más al inmueble. “Los últimos trabajos reportados fueron en 1993, cuando aún tenía seis niveles y cuando se hace la inspección ocular por parte del ingeniero Urzúa se da cuenta de siete niveles. Este nivel adicional modificó las condiciones de seguridad y estabilidad estructural del inmueble”, detalla el informe que se encuentra en la carpeta de investigación.

Jesús Valdez Aguilar, ingeniero de la empresa Miyamoto Internacional, fue uno de los responsables de apuntalar las zonas del edificio que no se derrumbaron tras el sismo, para rescatar a las personas atrapadas. Durante los días que estuvo en el lugar realizando tareas de rescate observó que las columnas responden a las técnicas de construcción vigentes en los años cincuenta, cuando se levantó el edificio.

—La losa del sexto nivel era plana, con trabes, pero si veíamos más adentro, la del quinto nivel también tenía impermeabilizante. Eso indicaba que fue una azotea y le agregaron un piso más. En otras losas no era tezontle, era tepetate— explicó el especialista Valdez en entrevista con MCCI.

Jesús Valdez y José Antonio López Meza, experto en ingeniería estructural de la UNAM, coinciden en que lo que también contribuyó al colapso del edificio fue el choque que durante el sismo tuvo con sus inmuebles vecinos, principalmente el marcado con el número 284, en donde se encontraba una clínica quiropráctica.

El ingeniero López Meza, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, analizó las memorias de cálculo del inmueble, obtenidas por MCCI, y estableció que era un edificio calculado con mucha más aceleración sísmica respecto a la que pedía el reglamento de aquella época. “Por eso sobrevivió tanto”, explicó.

Si las columnas del edificio se diseñaron para seis niveles y al final se le añadió otro piso, debió reforzarse porque un peso excedente puede generar fallas en la estructura, añadió López Meza.

—Cada que se le hace una modificación a una estructura, como echarle un piso extra, se tiene que tramitar un permiso de construcción y se debe revisar mediante cálculo estructural. ¿Quién hace eso? ¡Casi nadie! —aseguró López Meza.

La importancia de los planos

Después del sismo, Daniela Molina fue a buscar a su hermano Julio César, que trabajaba en uno de los despachos de contadores que tenían oficinas en Álvaro Obregón 286. Esperó varios días para tener alguna noticia sobre él.

El rescate de las personas atrapadas y de los cuerpos de quienes fallecieron se complicó, en buena parte, porque no se tenían desde un inicio todos los planos del edificio. En redes sociales circularon croquis de algunos pisos y gracias a estas imágenes (fotocopias) y a la orientación de los sobrevivientes se logró rescatar a personas atrapadas. Álvaro Obregón 286 fue el inmueble donde más personas murieron el 19 de septiembre del 2017. Tan sólo de Aguilera y Contadores fallecieron 31 de sus empleados; Julio César Molina Flores fue uno de ellos.

Además de los voluntarios, 110 elementos del ERUM trabajaron en la zona durante 15 días.

Jesús Valdez Aguilar, ingeniero estructurista y quien participó en el rescate, consideró que hubiera sido deseable contar con esos planos desde el primer momento y no con croquis que apenas detallaban lo básico.

—Todos los edificios debieran tener una especie de caja negra en el acceso o en un lugar cercano, para tener la información sobre el inmueble, para saber dónde estaban las rutas de evacuación. Yo tuve, al segundo día, unos planos básicos de arquitectura, lo que tenía era un plano arquitectónico de los que se usan para hacer la distribución de las oficinas. No esperaba encontrar planos estructurales, pero al menos teníamos los planos de distribución.

El Ministerio Público solicitó todos los documentos sobre Álvaro Obregón a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a la delegación Cuauhtémoc, a la Secretaría de Obras, al Instituto de Verificación Administrativa (Invea), a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Se entregaron algunos documentos, pero no los planos.

El 23 de octubre de 2017, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc, Humberto Chavarría Echartea, entregó un expediente que incluía copias de la licencia de construcción de 1959, una memoria de cálculo y constancia de alineación y número oficial. No había planos.

“No contamos con planos arquitectónicos, ni estructurales, dado que los archivos donde se contenían se encontraban en el inmueble colapsado”, respondió José Luis Carrasco Tovar, apoderado legal de Inmobiliaria Álvaro Obregón a MCCI en una carta enviada el 23 de agosto de 2018.

Ernesto Sota López, uno de los propietarios del edificio, se presentó al Ministerio Público el 7 de noviembre de 2017, para explicar que no tenía esos documentos. Y defendió la seguridad del edificio señalando que algunas dependencias de gobierno rentaron oficinas en el inmueble durante muchos años. Por ejemplo, la Secretaría de Pesca tuvo sus oficinas ahí desde finales de los 70 y hasta los primeros años de la década de los 90.

En su comparecencia dijo que, cuando esa dependencia dejó el edificio, aprovecharon para hacer “ciertas adecuaciones” como cambiar la fachada, poner otros acabados, construir la escalera de emergencia y cambiar el elevador.

Sota López aseguró que se realizaron revisiones estructurales del edificio. Cuando el Ministerio Público le solicitó los nombres de las empresas o personas físicas que las realizaron, dijo que no lo recordaba. Tampoco presentó documentos.

Sin embargo, aseguró que después del sismo del 7 de septiembre se revisaron las estructuras y los niveles del edificio, “sin que se hubiera apreciado ninguna falla”, de acuerdo con su declaración.

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (ISCDF) ni Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc tienen algún documento sobre esta revisión. En el oficio INVEADF/CJSL/DCA/22988/2017, Invea también manifestó que “no se identificó procedimiento administrativo que se encuentre relacionado con el predio de referencia”.

Rentarle edificios al gobierno

De lo que sí hay antecedentes notariales es de Inmobiliaria Acalotenco, S.A., la cual tiene entre sus accionistas a Teresa Gabriela López García de Sota; los apoderados y representantes legales son Ernesto Sota Cisneros y su hijo, Ernesto Sota López.

En la actualidad, Inmobiliaria Acalotenco renta el edificio donde tiene sus oficinas la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT): el número 202 de la calle Medellín, de la colonia Roma Norte.

De acuerdo con la copia de un contrato que obtuvo MCCI, tan sólo en 2014, la PAOT pagó a Inmobiliaria Acalotenco un millón 309 mil 624 pesos por el arrendamiento del inmueble. Además de la renta, la dependencia capitalina también paga a esta empresa por el mantenimiento del edificio.

En entrevista funcionarios de la PAOT rechazaron que hubiera algún conflicto de interés con la inmobiliaria.

Antes de ocupar ese edificio, entre 2008 y 2009, la PAOT rentó oficinas en Álvaro Obregón 286, el edificio que colapsó en septiembre de 2017.

La PAOT tiene entre sus funciones investigar todas aquellas denuncias realizadas por ciudadanos, así como por diversas dependencias de la Ciudad de México, sobre violaciones a los usos de suelo y construcciones irregulares.

Y aunque la PAOT renta un edificio a los mismos representantes de Inmobiliaria Álvaro Obregón 286, el Ministerio Público solicitó a esa procuraduría realizar un estudio para conocer si en el inmueble colapsado se construyeron niveles de más o se realizaron otros cambios en su estructura original.

La PAOT concluyó que entre 1986 y 2016 “no se identificaron modificaciones estructurales en el cuerpo constructivo”, lo cual contrasta con lo señalado por el ingeniero Jesús Valdez Aguilar y con el dictamen realizado por el despacho Nava Díaz y Asociados, cuyos especialistas mencionaron que el piso de más modificó las condiciones de estabilidad estructural del edificio.

En los documentos que la delegación Cuauhtémoc entregó al Ministerio Público, y de los cuales MCCI tiene copia, hay una licencia de construcción de 1993, la cual no especifica cuáles son las obras que se realizaron.

Sin programa de protección civil

El periodista Rubén Vázquez Pérez trabajaba cerca de Álvaro Obregón 286. De vez en cuando pasaba al edificio para saludar a su prima, María del Pilar Solorio Pérez. Ella era contadora, soltera, sin hijos y socia de la firma Contadores Aguilera.

—Me extraña que mi prima no haya alcanzado a salir, si se sentaba cerca de la salida de emergencia —asegura Vázquez Pérez.

María del Pilar falleció durante el colapso del edificio, al igual que su socio Jaime Aguilera Rodríguez y su sobrina Carolina Solorio Romero.

El piso del que debieron salir era el cuarto, donde hubo el mayor número de personas atrapadas durante el colapso.

Cuando Ernesto Franco Gómez presentó su denuncia por el fallecimiento de su esposa Martha Patricia Parras declaró: “Las escaleras de emergencia daban al interior del propio edificio en lugar de tener salida hacia la calle o un punto de seguridad, faltando además señalizaciones de emergencia o plan de evacuación”.

Además, las escaleras internas que rodeaban el cubo del elevador, por donde intentaron salir algunas personas, estaban hechas de puro tabique, señaló el ingeniero Jesús Valdez, quien recuerda que “el ducto del elevador y de la escalera, a la hora del colapso, se hicieron polvo”.

Algunas personas sobrevivieron al colapso porque, cuando el edificio comenzaba a caer, ellos saltaron a los inmuebles contiguos. Así lo hizo Mauricio, quien llevaba a una bebé en brazos. Ellos estaban en el sexto piso.

Otros más salieron por la planta baja, que no colapsó. Durante el primer y segundo día fueron rescatadas con vida alrededor de 16 personas, entre ellas Diana Pacheco Ortiz, Edith Valencia, Óscar Cantellano y Gwendoline Blondel. Los rescates más sonados fueron los de Isaac Ayala Avilés, Paulina Sánchez y Lucía Zamora; ellos estuvieron más de 30 horas bajo los escombros.

Ernesto Sota Cisneros, de 76 años de edad, también fue rescatado, al igual que su hijo, Ernesto Sota López, de 46 años de edad. Ellos tenían sus oficinas en el sexto piso. El ingeniero Jesús Valdez Aguilar quien estuvo en el lugar como brigadista recuerda:

—De milagro no se cayó (el edificio) completito, pues le ayudaron un poco los edificios contiguos. Pudo haber muerto más gente, ya que la escalera de emergencia daba a un patio sin salida. Para escapar de ahí, la gente tenía que pasar por debajo del edificio.

La escalera de emergencia fue una de las adecuaciones que hicieron los dueños del inmueble en 1993, ya que en ese entonces todos los edificios debían cumplir con esa norma, incluyendo la de un plan de Protección Civil.

Cuando la escalera se separó del inmueble, las personas que intentaban desalojar el edificio tuvieron que brincar ese espacio para poder alcanzar los escalones. Esto generó aún más desesperación entre quienes buscaban cómo salir.

Cuando el Ministerio Público solicitó las revisiones que se realizaron en el edificio, la dirección de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc respondió que no existían, ya que la inmobiliaria nunca entregó sus programas internos de protección civil.

Expropiación fast-track

Noemí Manuel acudía todos los días, alrededor de la una de la tarde, al despacho de contadores que tenía sus oficinas en el cuarto piso de Álvaro Obregón 286. Ese día, iba a firmar su contrato para ya trabajar en la empresa. Ella también murió en el colapso del edificio.

Su primo Juan Pedro Filomeno Manuel recuerda lo que le dijeron a la familia algunos de los compañeros de trabajo de Noemí: la última vez que la vieron iba hacia las escaleras de la salida de emergencia.

Noemí fue de las últimas personas en ser rescatadas. Cuando sus familiares la identificaron, aseguran que no tenía mucho tiempo de haber fallecido.

La familia de Noemí es una de las pocas que continúa adelante con la demanda. Hasta finales de agosto de 2017, de las 49 familias de personas fallecidas, 42 ya habían desistido, según información del mismo Ministerio Público. Llegaron a un acuerdo con los dueños del edificio, quienes les entregaron una indemnización “como reparación del daño por los hechos probablemente constitutivos de delito de homicidio culposo”.

Ernesto Sota López y Ernesto Sota Cisneros, de la Inmobiliaria Álvaro Obregón, indemnizaron a los familiares de los deudos, después de que el gobierno de la Ciudad de México les pagara 46 millones de pesos por la expropiación del terreno en donde estaba el edificio.

A cada uno de los indemnizados les otorgaron de 600 mil a 950 mil pesos por víctima (alrededor de 42 millones de pesos entre todos los familiares de las víctimas).

Los dueños de las empresas que rentaban oficinas en el edificio también denunciaron a la Inmobiliaria Álvaro Obregón por fraude, ya que exigen el pago de las primas del seguro que ellos pagaban. Y es que, la inmobiliaria cobró el seguro de 25 millones de pesos.

Dos meses después del sismo, el 10 de noviembre de 2017, Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda (Seduvi) envió a la Procuraduría el oficio ISCDF/DG/1511/2017 en el que se consideraba crear un parque público memorial de las víctimas del sismo en el predio de Álvaro Obregón 286. Para ello, necesitaban incorporar el terreno a los bienes bajo dominio del Gobierno de la Ciudad de México.

La justificación para expropiar el inmueble fue “para la construcción de un Parque Memorial y, en su caso, un espacio con servicios gubernamentales, con el fin de mejorar la infraestructura y equipamiento de la zona… así como favorecer una cultura de resiliencia en la Ciudad de México”, según señala el Decreto Expropiatorio publicado el 13 de marzo de 2018.

El gobierno de la Ciudad de México lanzó una convocatoria para seleccionar el proyecto arquitectónico para el memorial. Este proyecto está suspendido, después de que organizaciones de damnificados del sismo se opusieron a ese plan.

Todos los días, a la una de la tarde, Lorna Martínez Skossowska se instalaba en su estudio para trabajar en su más reciente novela. Desde su escritorio tenía una vista privilegiada a las copas de los árboles afuera del edificio número 107 de la avenida Ámsterdam, en la colonia Hipódromo de la Ciudad de México. El 19 de septiembre del 2017 no fue la excepción.

Ese martes, la escritora de 87 años esperaba al profesor que la ayudaba en el manejo de su computadora. A la 1:10 de la tarde su maestro aún no había tocado el timbre; Lorna le pidió a Constanza López, quien trabajaba con ella desde hace siete años, que le sirviera un whisky en las rocas. Cuatro minutos más tarde, el suelo se movió.

—¡Mi whisky! —exclamó Lorna, justo cuando su retrato, donde ella lucía joven con un vestido de terciopelo guinda, cayó al piso.

—¡Vámonos señora! —le dijo Constanza, quien ya había servido el vaso con el whisky.

—No, no voy a bajar. ¡Córrele…! —Lorna sabía que no tenía la velocidad necesaria para desalojar el edificio. Su edad no era lo único que se lo impedía. Semanas antes se había caído y eso limitaba sus movimientos.

Al ver que algunas paredes comenzaban a cuartearse, Constanza tomó su celular y salió corriendo del departamento. Al bajar las escaleras del segundo piso, se tropezó; pero eso no le impidió llegar a tiempo al camellón de avenida Ámsterdam. Nadie salió del edificio después de ella. Pocos segundos después, la construcción colapsó.

El inmueble de nueve niveles, construido en 1980, se desplomó en dirección noreste. Sólo se mantuvo en pie la planta baja, los otros ocho pisos quedaron como si fueran grandes fichas de dominó derrumbadas sobre la calle, aplastando tres coches y quebrando varios árboles. Fallecieron siete personas dentro del edificio, entre ellas Lorna.

En la licencia de construcción —que la delegación Cuauhtémoc entregó como respuesta a una solicitud de información— el nombre del ingeniero Max Tenenbaum Rosenfeld aparece como el perito que supervisó la construcción del edificio donde vivía Lorna, el número 107 de la avenida Ámsterdam.

Además de ese edificio, hay otros dos que también colapsaron durante un sismo y cuyos documentos tienen el nombre de Max Tenenbaum como el ingeniero responsable del diseño de la estructura o de la supervisión de la construcción. Uno de ellos, el ubicado en el número 12 de la calle de Tehuantepec, cayó el 19 de septiembre de 1985; el otro, el número 4 de la calle de Edimburgo, se vino abajo el mismo día, pero 32 años después.

El 5 de julio del 2018, MCCI se reunió con Tenenbaum. En esa segunda entrevista, el ingeniero negó una vez más haber sido el perito de la construcción de los dos edificios colapsados en el sismo del 2017.

Al mostrarle la licencia de construcción de Ámsterdam 107, Tenenbaum aseguró que su firma había sido falsificada.

—Esa no es mi firma —repitió en varias ocasiones.

La historia se repite

Max Tenenbaum se recibió como ingeniero civil de la UNAM en 1968; tres años después ingresó al Colegio de Ingenieros Civiles de México.

En 1978 Max Tenenbaum y el arquitecto Abelardo Meneses Vara fueron los responsables del diseño y la construcción de un edificio en el número 12 de la calle de Tehuantepec, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. Durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, este inmueble colapsó. Entre sus escombros quedaron sepultadas más de 120 personas, de acuerdo con información publicada por The New York Times en noviembre de 1986.

Uno de los inquilinos de Tehuantepec 12, el ingeniero estructuralista Raúl Pérez Pereyra, investigó las causas del colapso. En el derrumbe del edificio fallecieron su esposa, su hija y dos de sus nietos.

Pérez Pereyra, especialista en el diseño de edificios altos, organizó un equipo de expertos para realizar la investigación. Fueron ellos quienes, de entre los escombros, tomaron muestras de concreto, las analizaron y encontraron que el ingeniero Tenenbaum utilizó muy poco acero en las columnas que sostenían a la estructura.

Tras un año de investigación, Pérez Pereyra y su equipo descubrieron que Tenenbaum y Meneses incumplieron 43 de las 45 normas que estipulaba el Reglamento de Construcción de ese entonces. Con base en esa investigación, la procuraduría giró órdenes de aprehensión contra Tenenbaum y Meneses.

Según el reportaje publicado en The New York Times, en noviembre de 1986, Tenenbaum y Menseses se fugaron del país. Hasta ese momento, esas dos órdenes de aprehensión eran las únicas que se habían emitido por los hechos del sismo de 1985. “Más de un año después del sismo, el gobierno mexicano ha dejado claro que investigar las causas del colapso de edificios es una prioridad baja”, escribió en ese entonces el reportero William Stockton.

En la primera entrevista con Tenenbaum, éste aseguró a MCCI que nunca hubo una orden de aprehensión y que, por lo tanto, no se había fugado del país. Tres días más tarde, en la segunda entrevista, el ingeniero aceptó que sí se fugó:

—La verdad no sé si hubo órdenes (de aprehensión), pero nunca fueron a buscarme.

—¿Usted salió del país? —se le preguntó una vez más.

—Sí, sí salí del país… Es que mis amigos me dijeron: “Max, vete por si las dudas”.

—¿A dónde se fue?

—Me fui a Los Ángeles.

El ingeniero Tenenbaum acepta que él realizó el diseño estructural del edificio de Tehuantepec, número 12. Pero, asegura, que los encargados de construir el edificio no cumplieron con las indicaciones señaladas en los planos. En ese edificio, remarca: “no fui perito ni corresponsable ni nada. A mi nunca me dijeron ve a revisar, ¿yo por qué tenía que ir a revisar si no era el perito?”

—¿Qué pasó con Abelardo Meneses?

—Me dijo el dueño (del edificio) que se fue a Aguascalientes.

—¿Meneses no fue a la cárcel?

—Nunca entró… El dueño del edificio era muy amigo de ¿cómo se llamaba el presidente de entonces?

—Miguel de la Madrid.

—Sí, de la Madrid.

Nuevo sistema, viejos vicios

El sismo del 19 de septiembre de 1985 dejó claro que el sistema de verificación de las construcciones tenía que cambiar. El gobierno dio de baja a todos los peritos y comenzó a trabajar con ingenieros, tanto académicos como practicantes, para crear un nuevo sistema.

Se reconoció como un exceso que una sola persona (el perito o Director Responsable de Obra) se encargara de todos los aspectos estructurales de una edificación, entonces se creó una figura adicional: la del Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE).

El CSE sería el encargado de verificar que los planos del edificio cumplieran con las normas de seguridad estructural, mientras que el DRO se haría responsable de que la construcción se apegara a los planos y a la normatividad. Este nuevo sistema entró en marcha con el reglamento de construcción de 1987.

El 9 de noviembre de 1988, tan sólo tres años después del colapso del edificio de Tehuantepec 12, Max Tenenbaum tramitó su carnet como CSE. Unos meses más tarde, el 17 de mayo de 1989, Tenenbaum también recibió su carnet como DRO. Tanto los Corresponsables de Seguridad Estructural, como los Directores Responsables de Obra, son considerados “auxiliares de la autoridad pública”, según la propia Secretaría de Desarrollo Urbana y Vivienda (Seduvi), dependencia que emite los carnets.

De acuerdo con varios ingenieros consultados, Max Tenenbaum incluso formó parte de los esfuerzos de reconstrucción tras el sismo de 1985. Participó, por ejemplo, en un panel de expertos que se realizó en marzo de 1989 y en donde se discutieron los avances en la reconstrucción y la necesidad de hacer adecuaciones a las normas de construcción.

Aunque el nuevo sistema de DROs y CSEs buscó separar en dos la figura del perito, en la práctica esto no siempre sucede. Tenenbaum es, por ejemplo, tanto el DRO como el CSE para un edificio de seis niveles que se construye en el número 40 de la calle de Ohio, en la colonia Nápoles. Lo mismo en el inmueble de 12 niveles que se levanta en el número 41 de Havre, en la colonia Juárez.

Hasta que se publicó el nuevo Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, en diciembre del 2017, la ley no impedía que la misma persona diseñara la estructura de un edificio, revisara su idoneidad (CSE) y se encargara de que no se escatimara en materiales al momento de la construcción (DRO).

Ese no es el único vicio que permite el sistema implementado tras el sismo de 1985. Los desarrolladores son quienes contratan y les pagan a los DROs y a los CSEs. Si un CSE sugiere que se necesita más acero para reforzar la estructura, el desarrollador estaría en libertad de despedir a ese CSE y contratar a otro. Esto dio pie a la creación de un mercado de DROs y CSEs que cobran barato por firmar planos y otros documentos que los desarrolladores les presentan sin hacer una revisión a cabalidad. Son conocidos, tanto por desarrolladores como por las autoridades, como “firmones”.

En junio del 2016 el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera promulgó un decreto modificando el reglamento de construcciones, con el objetivo de eliminar este conflicto de intereses. Sin embargo, tan sólo cinco meses después, en noviembre del 2016, Mancera suspendió los nuevos artículos.

Este vicio del sistema creado en 1987 no fue corregido por el nuevo reglamento de diciembre del 2017. Hasta ahora son los desarrolladores quienes escogen y contratan a su DRO y al CSE.

Más colapsos

El edificio donde vivía la escritora Lorna Martínez Skossowska, el de avenida Ámsterdam 107, no fue el único que colapsó el 19 de septiembre de 2017 y en donde aparece el nombre de Tenenbaum.

En la colonia Del Valle, el edificio ubicado en el número 4 de la calle de Edimburgo también se derrumbó. De acuerdo con vecinos del inmueble el colapso causó la muerte de, por lo menos, 16 personas: diez que vivían en el lugar, dos trabajadores de una empresa de mudanza que se encontraban dentro, una persona que caminaba por la calle y tres pasajeros de un taxi que fue aplastado por los restos de la construcción. Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) no ha publicado cifras oficiales del número de fallecidos.

Adolfo Nieto, ingeniero mecánico de 38 años, perdió a su padre en ese edificio.

Ni los habitantes de Ámsterdam 107 ni los de Edimburgo 4 sabían que sus edificios tenían en común el nombre de un ingeniero que ya tenía en su historial un inmueble colapsado en el sismo de 1985 y que, por ello, había sido sujeto de una orden de aprehensión.

Estos edificios, tanto el de Ámsterdam 107 y el de Edimburgo 4, fueron constituidos en régimen de propiedad en condominio por las mismas cuatro personas, según documentos del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Se trata de Isaac Marcos Chamah, Alberto Marcos Chamah, Ruth Misri Zonana y Iafa Cohen Shemtov.

En la segunda entrevista con MCCI, el ingeniero Max Tenenbaum admitió que trabajó con la familia Marcos Chamah; pero aseguró que no colaboró en ninguno de los dos edificios colapsados en el sismo de 2017. Además, insistió en que las firmas que aparecen en los documentos de estos dos inmuebles son falsas.

MCCI no logró contactar ni a Issac ni a Alberto Marcos Chamah. El ingeniero Tenembaum dijo ya no tener contacto con ellos. También se les buscó, sin suerte, a través de diversos desarrolladores y arquitectos.

Los edificios de avenida Ámsterdam y de la calle de Edimburgo tienen otras semejanzas. Además de tener un perfil arquitectónico similar —con fachadas asimétricas y balcones rectangulares en cada nivel—los dos inmuebles se encontraban en esquina y tenían un estacionamiento en la planta baja.

Las imágenes de los edificios tras el colapso también presentan similitudes. Los dos inmuebles se torcieron y colapsaron hacia la calle, con sus escombros extendiéndose varios metros desde la base del edificio.

El ingeniero José Luis Trigos —quien ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 1970, donde impartió la clase de Ingeniería Sísmica durante 30 años— resalta que estas no son las únicas estructuras en las que Tenenbaum ha participado como ingeniero y que han quedado a deber en la calidad de su edificación.

En entrevista, el ingeniero Trigos lo explica así: “Yo tuve la oportunidad de estudiar dos edificios, uno en la colonia Polanco y otro en la colonia Del Valle, en cuyos planos aparece que el cálculo lo hizo el ingeniero Max Tenenbaum. Al revisarlos meticulosamente me di cuenta que se habían incumplido disposiciones del reglamento vigente en ese entonces, en lo que atañe a seguridad y estabilidad estructural. A mi juicio, en estos casos se denota incompetencia profesional”.

El edificio aledaño al de Edimburgo 4, en el número 29 de la calle de Escocia, también tuvo como perito responsable de la construcción al ingeniero Max Tenenbaum.

De una inspección post sísmica, publicada por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México el 8 de noviembre del 2017, se desprende que ese edificio sufrió daños estructurales graves tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Hasta la fecha sigue deshabitado.

Presente en la reconstrucción

En el número 219 de la calle de Londres, en la colonia Juárez, hay otro edificio para el cual el ingeniero Tenenbaum fungió como perito. El inmueble de 13 niveles y 44 departamentos se construyó en 1981.

En diciembre de 2016, Azarell Anzures compró un departamento en ese edificio. Pagó 2.6 millones de pesos, para lo cual usó sus ahorros de 10 años trabajando como pediatra en infectología. Nueve meses después, cuando el sismo del 19 de septiembre cimbró a la Ciudad de México, Azarell tuvo que abandonar su departamento.

El edificio de Londres 219 sufrió daños estructurales tras el sismo, por lo cual tiene que ser reforzado antes de que los inquilinos lo vuelvan a habitar. En una reunión vecinal, el 21 de octubre del 2017, se postularon nombres de distintos ingenieros que podrían hacerse cargo del proyecto. Una vecina sugirió que contrataran a Max Tenenbaum; nadie señaló que el ingeniero fue quien supervisó la construcción de su inmueble. Los vecinos pidieron varias propuestas para luego escoger la más barata. Ganó Tenenbaum.

Como primer paso, Tenenbaum propuso hacer un diagnóstico de qué tanto se tendría que reforzar el edificio. Por ese análisis, el ingeniero cobró 120 mil pesos, cantidad que los vecinos terminaron de pagar en diciembre del 2017.

El ingeniero Tenenbaum concluyó que se debían invertir 11.8 millones de pesos en el reforzamiento. A pesar de que la cifra era elevada para muchos de los vecinos, se decidió que no quedaba alternativa y que había que seguir adelante.

El 12 del marzo, Tenenbaum presentó su propuesta de reconstrucción al ingeniero Fabián Martínez, del Instituto para la Seguridad en las Construcciones de la Ciudad de México, el cual depende de la Secretaría de Obras. Ese Instituto es la dependencia que debe aprobar los planes de reforzamiento. De acuerdo con una minuta de esa reunión, el ingeniero Martínez rechazó el plan porque éste no cumplía con el reglamento de obras. Le solicitó al ingeniero Tenenbaum una nueva propuesta.

Tras la junta con el Instituto, Tenenbaum dijo a los vecinos que para elaborar el nuevo plan iba a requerir un nuevo estudio por el que cobraría otros 60 mil pesos. En una junta vecinal, el 19 de mayo, la propuesta de buscar a un ingeniero distinto recibió la mayoría de los votos.

Tras el colapso del edificio de avenida Ámsterdam 107, la PGJ tomó posesión del inmueble y levantó un acta para investigar posibles responsables del colapso. Días después, la procuraduría liberó el inmueble. Hasta la fecha no se han deslindado responsabilidades.

El 15 de noviembre del 2017, menos de un mes después del sismo, Tenenbaum solicitó ante la Seduvi que se le volviera a sellar su carnet de Corresponsable en Seguridad Estructural. Cada carnet tiene 20 espacios, uno por obra, y se tiene que resellar cuando se agotan esos espacios.

El 1 de diciembre de 2017, el ingeniero Max Tenenbaum recibió su nuevo carnet, firmado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez.

En la Ciudad de México hay alrededor de 70 Corresponsables de Seguridad Estructural activos. El ingeniero Max Tenenbaum es uno de ellos.

El sismo agarró a Jaime en el elevador. Bajaba para ir a comprar tortillas cuando sintió la sacudida. Al abrirse la puerta del ascensor en el primer piso, escuchó gritos de angustia: era un grupo de obreras y empleadas de los niveles superiores del edificio que intentaban escapar pero la puerta principal estaba trabada. Corrió a ayudarlas, y apenas logró que salieran, subió por las escaleras dando grandes zancadas, para rescatar a su esposa Marcela Guadalupe que estaba en un cuartito que ocupaban en la azotea, esperándolo para comer.

“El señor Jaime verdaderamente fue un héroe, no pensó en su vida, sino en la de todos los del edificio”, le escribió agradecida una señora de nombre Sofía, que trabajaba en el primer piso del edificio que se desplomó. “No soy un héroe”, respondió Jaime el día que volvió del coma, 22 días después del sismo. “Simple y sencillamente soy una persona como tú que se preocupa por el bienestar y la seguridad de quien lo rodea”.

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Las últimas personas a las que Jaime logró ver antes del desplome del edificio fue a María Teresa Lira Infante, de 70 años de edad, y a su hija María Elena Sánchez Lira. El encargado de mantenimiento estaba por llegar al tercer piso cuando las vio a punto de salir de las instalaciones de la maquiladora SEO Young International S.A. de C.V., en donde trabajaban. En medio del caos, se le ocurrió llegar a ellas para meterlas a la bodega, que estaba llena de mercancía nueva (textiles), lo que les daría una oportunidad de sobrevivir, pero no lo logró. Madre e hija estaban en el umbral, caminando con dificultad por la violenta sacudida. Buscaban enfilarse a las escaleras para tratar de salir del edificio, cuando en sólo tres segundos todo se vino abajo. Justo por donde intentaban bajar, el edificio se ladeó y en un parpadeo se cayó.

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En el costado sur de la azotea, junto a lo que era el cubo de elevador y de escaleras, había una estructura de telecomunicaciones que –ahora se sabe- podría haber influido en el derrumbe. Jaime sobrevivió entre los escombros, pero no las dos mujeres, ni tampoco tres de sus compañeras de trabajo (Ana Ramos González, de 23 años; Sonia Rico Montoya, de 43 y Maricruz Lucía Rosas Hernández, de 42). También falleció aquel 19 de septiembre Kyong Jea Lee (se hacía llamar Esteban Choo), ciudadano surcoreano de 40 años, quien era el gerente de la empresa.

“Mi mamá tenía aproximadamente nueve años trabajando en SEO Young, y desgraciadamente no tenía ni IMSS”, recordó Fernando Sánchez Lira, hijo de doña María Teresa y hermano de María Elena, las dos mujeres que no lograron escapar. Otras dos trabajadoras que murieron tampoco tenían seguridad social.

Fernando aseguró en entrevista con MCCI que Sup Cho Han, un surcoreano dueño de la compañía Seo Young donde trabajaron su madre y su hermana está desaparecido. El abogado que lo representa para tramitar una demanda laboral lo ha buscado infructuosamente. Su hipótesis es que huyó del país para no indemnizar a las familias afectadas. De hecho, hay un expediente abierto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (16/2008).

“A sus 70 años, mi mamá tenía una vitalidad envidiable, a su edad todavía trabajaba, le gustaba sentirse productiva. Tenía unos ojos verdes bellísimos. Se daba para toda la gente, era muy generosa en todos los aspectos, ayudaba a la gente que podía, a su familia. Era feliz, muy sonriente, “de carcajada sonora”, recuerda con nostalgia su hijo Fernando.

El 19 de septiembre de 2017 doña Teresa salió temprano de su casa, en la delegación Iztacalco, abrigada con una chamarra negra, tipo rompeviento, y cargando un bolso de mano azul marino, de vinil. Su hijo la acercó en su auto a la estación del Metro y la despidió con un beso. Fue un adiós para siempre. A la 1:14 de la tarde, el sismo sacudió a la ciudad.

Fernando tuvo un funesto presagio: como pudo, llegó a la zona centro de la ciudad, y al arribar al sitio donde trabajaba su mamá y su hermana, sintió que se moría al ver que sólo había escombros y una multitud tratando de encontrar sobrevivientes.

En la referida carpeta de la Procuraduría capitalina se sigue una línea de investigación sobre el peso y las deficiencias en la instalación de las antenas y del resto del equipo para telefonía. Por separado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también explora esa posibilidad como una de las principales causas del desplome del edificio, de acuerdo con una fuente de ese organismo consultada por MCCI que no puede revelar su nombre toda vez que se trata de un expediente sin cerrar.

En dos videos tomados el día del sismo, los cuales fueron integrados a la investigación del caso, se aprecia que el edificio se desplomó justo del lado donde estaba instalada la estación base de telefonía móvil, la cual era propiedad de Radiomóvil Dipsa, filial de América Móvil, del empresario Carlos Slim. MCCI buscó una entrevista con algún representante de esa compañía, pero hasta concluir este reportaje no hubo respuesta.

Dicha estación era una estructura de más de dos metros de alto y ocupaba entre 25 y 30 metros cuadrados en el costado sur del techo del edificio, hacia la avenida Chimalpopoca.

En una visita de supervisión realizada desde octubre de 2004, especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtieron que esa repetidora de telefonía se había colocado sin tomar en cuenta los soportes estructurales del inmueble.

“Los puntos de apoyo de estas instalaciones no coinciden con los ejes de trabes y las columnas de los niveles inferiores”, advirtió en aquel entonces el especialista Óscar López Bátiz, quien como prueba anexó un mapa de distribución de los elementos de seguridad estructural y de la estación de telecomunicaciones, de acuerdo con su informe (04-20DI/IEG-11112004).

De hecho, en respuesta a una petición de información de MCCI, autoridades de la Ciudad de México dijeron que no cuentan con evidencia documental de que se haya realizado un análisis estructural previo, para saber si el edificio podía soportar el peso adicional que representó la estación y las antenas que según especialistas consultados podría superar las diez toneladas.

“La primera vez que consulté la carpeta de investigación (en la Procuraduría), en marzo de ese año, no había documentos sobre las antenas, y en agosto ya los hicieron aparecer, incluso los permisos de protección civil”, reveló el arquitecto forense Sergio Beltrán, quien ha colaborado en la investigación de otras tragedias, como la discoteca News Divine en la Ciudad de México y la guardería ABC, que ardió en Hermosillo, Sonora. También trabaja en el proyecto de reconstruir virtualmente el edificio de Álvaro Obregón 286, que se desplomó en el sismo, para conocer las causas del colapso.

El especialista consideró que se debe hacer un análisis para determinar la autenticidad de los documentos.

Lo que nunca apareció en la carpeta –añadió Beltrán- son las memorias de cálculo sobre las condiciones del inmueble antes de recibir una carga extra.

“La memoria de cálculo tendría que arrojarnos qué carga podía soportar el edificio y con eso se pueden comparar las dimensiones y características que nos muestran los planos arquitectónicos”, dijo.

Aun si existiera ese estudio, el dictamen de uso de suelo (habitacional con comercio en planta baja) prohibía instalar antenas o estaciones repetidoras de comunicación celular, de acuerdo con el programa de Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc.

Una estación de telefonía móvil –como la que estaba en la azotea- consta de una caseta de equipos electrónicos, antenas transmisoras y receptoras, planta eléctrica, sistema de refrigeración y armazón.

La instalación de la estación en Bolívar 168 se realizó en 2004. Al frente del edificio había una antena de más de cuatro metros de altura y dos de menor tamaño en la parte posterior.

En la carpeta de investigación iniciada por la Procuraduría se menciona que Inmobiliaria Inmobico rentaba la azotea a Radiomóvil Dipsa.

En la misma indagatoria se señala otra hipótesis: el peso del gran volumen de rollos de telas en uno de los pisos también pudo influir en el derrumbe, pero el dictamen al respecto no es concluyente.

Expansión irregular

Durante décadas, las autoridades de la Ciudad de México toleraron la expansión irregular del edificio de Bolívar 168. En los planos originales consta que la autorización fue para cuatro pisos de departamentos –incluida la planta baja-, pero al paso de los años se transformó en una torre de oficinas, talleres y bodegas, a la que añadieron un nivel más y un par de cuartos en la azotea. Además desaparecieron muros en la planta baja para ampliar el estacionamiento.

Antes de que se cumplieran tres semanas, la Dirección de Obras emitió la licencia de construcción. Pasaron diez meses para que se pudiera estrenar el inmueble pero desde entonces se desvirtuó el uso original del edificio, pues en un documento de agosto de 1943 la Dirección de Obras -que un año antes había aprobado los planos para apartamentos- avaló que fuera utilizado “para establecimiento industrial”, así como para oficinas y bodegas.

Fue así que, a lo largo de siete décadas, el edificio lo ocuparon distintas empresas y organismos gubernamentales, como la Procuraduría Agraria y el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).

En 1949 el inmueble lo ocupó Life Savers Corporation, empresa estadounidense creadora de los famosos dulces de colores conocidos como ‘Salvavidas’, que en ese sitio instaló un depósito y expendio de confitería.

El 29 de septiembre de 2008, la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano aprobado por la Asamblea Legislativa, a partir del cual se determinó que al predio de Bolívar 168 le correspondía obligatoriamente la zonificación de vivienda con comercio, no para uso de oficinas y mucho menos para industrias.

Con base en esta normatividad, el 23 de septiembre de 2015 –dos años antes del sismo- la Seduvi emitió el certificado único de zonificación sobre el mencionado predio, con uso de suelo autorizado HC/4/20/A, que corresponde a habitacional con comercio en planta baja, cuatro niveles máximos de construcción y 20% de área libre.

No obstante, cuando ocurrió el sismo, el edificio no cumplía con lo establecido en el certificado y prácticamente la totalidad del inmueble era de uso industrial y de oficinas. En el primer piso estaba una bodega de telas, en el segundo una fábrica de vestidos, en el tercero varias distribuidoras de productos chinos, en el cuarto una maquiladora de bisutería importada y el quinto nivel lo compartían una comercializadora de productos automotrices, también de importación, y un taller de diseño textil.

En el mismo cuarto nivel se identificaron grietas en tres trabes, es decir, el concreto se estaba separando de las columnas de acero.

Hace 13 años el Cenapred realizó una evaluación aproximada de la resistencia lateral del edificio (la capacidad de resistir fuerzas sísmicas horizontales) y los resultados arrojaron índices muy bajos, que representaban desde entonces “un problema de insuficiencia”, según el diagnóstico de los expertos.

Por ejemplo, en el primer piso se estimó una resistencia lateral de 0.16, y el parámetro ideal para la zona de alta sismicidad en que se ubicaba el edificio era de 0.40. Los peritos también identificaron que no había suficiente separación respecto a la escuela primaria que estaba a un costado, de manera que se evitara el choque de ambos edificios ante la acción de algún sismo.

El Cenapred hizo ese estudio a petición de la Procuraduría Agraria que estaba instalada en el cuarto piso. Ante el resultado, salieron de ahí pero no existe certeza que los dueños hayan reparado los daños localizados.

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Un centro de comercialización asiático

Fue hasta el 22 de septiembre que los cuerpos de ambas fueron encontrados, tras ser sacados de entre los escombros. Un día antes había sido identificado Pepe Lin –su socio y empleado- quien también falleció en el derrumbe del edificio.

Tras una velación con rituales budistas, Amy Huang y Helen Chin fueron llevadas el 2 de octubre a su lugar de origen: la isla de Taiwán, al otro lado del mundo. Pepe Lin, en tanto, fue llevado a Asunción, Paraguay, en donde reside su hermano David y otros integrantes de su familia.

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Cuando el edificio de Bolívar 168 se desplomó a causa del sismo, el rumor que circuló de inmediato fue que en el lugar operaban maquiladoras textiles y que bajo los escombros habían quedado sepultadas decenas de costureras.

Pero en realidad en el edificio de Bolívar 168 había sólo dos talleres textiles: uno en el segundo piso, de nombre Línea Moda Joven S.A. de C.V., en el que el día del sismo había 22 trabajadoras, y otro en el quinto nivel, New Fashion, dedicado al diseño de prendas, en el que laboraban cuatro trabajadoras que carecían de Seguro Social. Una parte de la planta baja era usada como bodega de telas.

En el piso cuatro estaba SEO Young International, de socios coreanos, que importaba bisutería para adornar ropa de mujer, principalmente vestidos. La labor de las empleadas era revisar la mercancía que llegaba en paquetes, armar las piezas sueltas y reparar las que estaban dañadas.

Mientras que en el piso tres operaba la representación en México de Unisia Pacific Holding Limited, consorcio trasnacional que tiene su base de operaciones en Hong Kong, con presencia en tres continentes.

Establecida en 1983, Unisia está integrada por distintas empresas dedicadas a comercializar una línea de más de 5 mil artículos fabricados en China, entre juguetes, vajillas, muñecas de porcelana, artículos decorativos y regalos, así como luces, adornos y árboles de Navidad.

MCCI hizo contacto con la oficina de Cojab Sacal en la Ciudad de México para que emitiera una postura sobre el contenido de este reportaje, pero no hubo respuesta.

Cuando ocurrió el sismo de 2017, Inmobico tenía dos años y dos meses de haber tomado posesión del edificio, aunque el deterioro del mismo venía desde muchos años antes. En 2004, cuando el Cenapred advirtió de los daños y el riesgo, el inmueble estaba en manos de Grupo Garaz de las familias Roffe y Cherem, que actualmente desarrollan otros proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México, como los de las empresas Dakota 31 y Coyoacán 1523.

Al igual que sucedió con otros empresarios citados, MCCI trató de entrevistar los dueños de Grupo Garaz pero hasta terminar esta investigación no fue posible obtener una respuesta de su parte.

Renato Flores Cartas, coordinador de comunicación corporativa de Grupo Carso, confirmó que las antenas y la estación de telefonía pertenecían a Radiomóvil DIPSA, y que la Procuraduría ya los ha llamado para que aporten información para integrarla a la carpeta de investigación. Informó que las antenas y la base se instalaron en junio de 2002 con el visto bueno de un corresponsable de seguridad estructural y sus respectivos permisos, y aseguró que sí se realizó un análisis estructural previo. Sobre la observación del Cenapred acerca de que la instalación de la base repetidora no coincide con los soportes estructurales del edificio, Flores Cartas dijo: “Las instalaciones fueron construidas “de conformidad con la normativa aplicable en esa época”.

MCCI solicitó —a través de solicitudes de acceso a la información— copias de las manifestaciones o licencias de construcción, los proyectos estructurales de obra, el aviso de terminación de obra, así como la autorización y ocupación del inmueble.

La Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez informó que esos documentos no estaban en sus archivos, por lo que tenían que ser solicitados a la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor. Sin embargo, para tener acceso a los documentos por esa vía, se necesitaba demostrar ante el Director General de Patrimonio Inmobiliario el interés jurídico (ser titular del inmueble o estar ligado a él), por lo que no fue posible acceder a ellos.

Hermanos “sin localizar”

El edifico de Bretaña 90 tenía seis pisos. No obstante, en ese predio sólo podían construirse cuatro niveles, además de contar con un mínimo de área libre equivalente al 20%, según consta en un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo.

Aún así ninguna autoridad delegacional clausuró las obras de construcción de los departamentos. Y, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, tampoco se realizaron visitas de verificación de uso de suelo.

Lo que sí hicieron las autoridades de la delegación Benito Juárez fue que, siete días después del sismo, difundieron un comunicado de prensa en el que responsabilizaron a la constructora Dijon GP de todos los daños en Bretaña 90 por haber utilizado materiales de baja calidad, además de mentir y evadir a las autoridades.

Christian Von Roehrich, quien entonces ocupaba el cargo de Jefe Delegacional de Benito Juárez —hasta que pidió licencia para contender por una diputación local— aseguró en aquel boletín que la empresa tendría que pagar e indemnizar a cada uno de los propietarios.

También pidió que se iniciaran investigaciones en la Contraloría Interna de la Delegación para sancionar a la empresa constructora. Y se informó que la delegación presentó denuncias penales por los delitos de daño en propiedad ajena, homicidio, lesiones y delitos contra el ambiente.

Sin embargo, la delegación Benito Juárez no dio seguimiento a sus propias acusaciones enumeradas en su boletín. Diez meses después de ese comunicado, reconocieron que no había información sobre las denuncias presentadas ante su Contraloría Interna. Un año después del sismo del 19 de septiembre de 2017 no hay detenidos ni tampoco funcionarios con, por lo menos, procesos administrativos, como reconocieron en una respuesta a una solicitud de información.

En octubre de 2017, varios medios de comunicación —entre ellos Proceso, El Universal y El Heraldo de México— publicaron que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de los propietarios de la constructora Dijon GP.

Hasta agosto de 2018, Daniel y Clemente Estrada Niño, dueños de Dijon GP, no habían sido detenidos.

El 15 de agosto pasado, MCCI buscó a los hermanos Estrada Niño en una de las direcciones registradas en los documentos del Registro Público de la Propiedad. En Isabel la Católica 767, colonia Álamos, donde actualmente se rentan oficinas, informaron que la constructora Dijon GP sí tuvo su domicilio ahí, pero desde hace dos años dejaron las instalaciones.

MCCI también se presentó en la otra dirección que se registró cuando se constituyó Dijon GP: Circunvalación Oriente, número 10, fraccionamiento Ciudad Satélite, en Naucalpan, Estado de México. En este domicilio se encuentra el World Trade Center Mexiquense. Al preguntar por Daniel Estrada Niño, la recepcionista respondió que “no se encontraba en ese momento”. Minutos después, cambió su versión y aseguró que no estaban ahí sus oficinas.

El Colegio Enrique Rébsamen, que el 19 de septiembre de 2017 se desplomó y provocó la muerte de 26 personas, en realidad comenzó a caerse en 1974.

Ese año, por lo menos en los documentos, inició la historia de esta escuela que durante poco más de cuatro décadas se expandió —tanto en metros cuadrados como en altura— en la esquina que forman las calles de Rancho Tamboreo y Brujas, en la colonia Nueva Oriental Coapa, al sur de la Ciudad de México.

Su crecimiento fue paulatino y, en ocasiones, nada discreto. Lo que empezó como jardín de niños y primaria terminó en cuatro edificios que ocupaban casi media cuadra y en donde cerca de 400 alumnos cursaban desde preescolar hasta secundaria. El Rébsamen, como se le conocía, llegó a tener ingresos que rondaban el millón de pesos mensuales, tan sólo por el concepto de colegiaturas.

En los cuatro edificios había 21 aulas, laboratorios, talleres y oficinas, así como tres departamentos en donde siempre vivieron integrantes de la familia García Villegas, entre ellos Mónica García, dueña y directora del colegio.

Ese martes de septiembre, a las 13:14 horas, dos edificios de la escuela colapsaron; ahí fallecieron 19 niños y siete adultos. Ellos no lograron salir a tiempo y quedaron atrapados en esos inmuebles que tuvieron varias modificaciones y ampliaciones sin contar con los permisos oficiales.

El sismo mostró, en el caso del Colegio Enrique Rébsamen, las consecuencias que traen la negligencia, la modificación y ampliación de inmuebles sin una supervisión profesional, la falsificación de documentos y la existencia de planes de protección civil sólo para cumplir trámites.

De uno a cuatro terrenos

Rosa Elena y Francisco, una pareja de 70 años, terminó de guardar las bolsas de supermercado en el refrigerador cuando empezó a moverse todo. A trompicones lograron salir del departamento 502, en Rancho Tamboreo 21; predio, a un costado del patio de la secundaria del Rébsamen, que aloja un par de edificios rojos. La pareja llegó a la azotea, desde donde se mira por completo la escuela. Ahí escuchó el estruendo.

—Si algo no voy a olvidar en la vida es ese ruido —dice Rosa, sentada en el sillón de la sala de su departamento, al que logró regresar tres meses después del terremoto. Mientras recuerda se cubre las orejas con sus manos manchadas por la edad.

Rosa y Francisco oyeron el crujir del salón que tenía una pared cubierta con espejos; ahí los alumnos hacían yoga y artes marciales. Escucharon cómo tronaron las mesas del laboratorio; cómo cayeron los archiveros y un par de cajas fuertes. El ruido se hizo más intenso cuando las planchas de concreto de los edificios cayeron una sobre otra.

En esos dos edificios colapsados se encontraban, además, una sala de juntas, la cooperativa, las oficinas administrativas, el salón de usos múltiples y, en el segundo y tercer piso, el departamento donde vivía la dueña del colegio, quien también era la directora de la secundaria, Mónica García Villegas.

El estruendo que Rosa y Francisco escucharon también fue ocasionado por la caída de los muebles blancos, los aparatos de gimnasio, la cocina, los dos calentadores y la pérgola recién colocada en ese departamento.

Desde la azotea de su edificio, Rosa y Francisco oyeron el colapso del Rébsamen. También, durante décadas, fueron testigos de la expansión de la escuela.

El colegio ocupó la mitad de una manzana de la colonia Nueva Oriental Coapa. A diferencia de otras escuelas del rumbo, el Rébsamen concentró todas sus sedes en un mismo sitio.

Si se le miraba desde afuera, el colegio daba la impresión de ser un solo edificio con un mismo estilo arquitectónico. Por ello, algunos vecinos y padres de familia creían que la escuela ocupaba un predio. En las noticias se enteraron que, en realidad, ocupaba cuatro: dos en Rancho Tamboreo —en el número 11 estaba la entrada de la primaria y en el 19, la secundaria— y otros dos en la calle de Brujas con los números 34 y 40.

En esos cuatro predios se fue dando forma, a través del tiempo, al Colegio Enrique Rébsamen.

Todo junto: negocio y casa

A mediados de los setenta, la Nueva Oriental Coapa lucía como un conjunto de terrenos de siembra, lotes baldíos y algunas construcciones incipientes. Tenía menos de una década que en la colonia vecina se había levantado el Estadio Azteca.

De esos años data el documento más antiguo que se encuentra en el expediente del Colegio Rébsamen, el cual se solicitó a la delegación Tlalpan a través de solicitudes de acceso a la información. Se trata de una licencia de construcción, con fecha del 22 de noviembre de 1974, para el predio de Brujas 34; se solicitó permiso para edificar una “barda perimetral”, no más.

Ese documento contemplaba la firma de un Director Responsable de Obra (DRO), figura que se creó dos años después en el reglamento de la Ley de Construcciones de 1976, para garantizar la supervisión de las obras. Por ello, llama la atención que en esa licencia de 1974 se incluya a un DRO. Sin embargo, hasta ahora nadie se ha pronunciado sobre la validez de ese documento.

Los padres de familia, a través de su abogado, han solicitado el original de esta licencia de construcción; pero no se les ha entregado.

En septiembre de 2017, en Brujas 34 había una cancha de basquetbol y una construcción que se utilizaba para la coordinación de inglés y la oficina de Enrique García, padre y socio de Mónica García, la directora de la escuela. Sin embargo, por lo menos en el expediente, no hay evidencia de que se haya solicitado licencia para hacer estas obras.

No hay otro permiso para construir hasta septiembre de 1982, cuando la delegación Tlalpan otorgó una licencia para levantar una “casa habitación unifamiliar de tres niveles” en el predio de Brujas 40. En ningún lugar de ese documento se mencionó que ahí se instalaría una escuela.

En ese terreno, Brujas 40, nunca se construyó esa casa de tres niveles. Lo que ahí se hizo fue un estacionamiento con techo de láminas.

Fue en julio de 1983 cuando comenzó la construcción de los edificios del colegio en Rancho Tamboreo 11. La licencia 1/245/83/14 permitía la construcción de dos mil metros cuadrados destinados a dos departamentos y un jardín de niños. La firma que aparece en el documento es del entonces delegado en Tlalpan, el priista Gilberto Nieves.

Lo que se construyó fueron dos edificios: en uno, de forma rectangular, se levantaron dos departamentos y 15 salones para el jardín de niños y la primaria.

En el segundo piso, además de las aulas, estaba un departamento donde vivía Gloria Villegas, una de las dueñas iniciales del colegio y mamá de Mónica García. El departamento tenía dos recámaras, un baño, sala y comedor. En ese mismo nivel se construyó otro departamento que, tiempo después, se ocupó como bodega.

El otro inmueble de Rancho Tamboreo 11 se ubicó en forma perpendicular al edificio de la primaria. En su primera etapa sólo albergó las oficinas administrativas; en el segundo piso, además de bodegas había un salón de juegos que no formaba parte de la escuela, sino que era utilizado por las hijas de Mónica García.

En el expediente que hay en la delegación Tlalpan sobre el Rébsamen sólo se encuentran planos estructurales, arquitectónicos y memorias de cálculo de los edificios que se construyeron en Rancho Tamboreo 11.

Estas memorias formaron parte de los documentos que utilizaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para revisar la estructura del colegio después del colapso en 2017.

El 25 de noviembre de 1983, cuando aún se realizaban obras de construcción en Rancho Tamboreo 11, los dueños del colegio solicitaron una licencia para construir en el número 19 de la misma calle. Se expidió la número 1/420/81/14 con la que se edificaron, en ese predio, un taller mecánico en la planta baja y un departamento.

Así que para 1984, en los terrenos que ocupaba el Colegio Rébsamen se tenían tres departamentos y 15 salones, poco más de tres mil 600 metros cuadrados de construcción.

En 2004, según las escrituras del acta 33744, el terreno de Rancho Tamboreo 19 se le adjudicó a Mónica García, después de un litigio entre los hermanos. Para entonces ya había comenzado la construcción del nuevo edificio para la secundaria.

No se puede establecer la fecha exacta de esas obras, ya que en el expediente no hay ningún documento sobre ellas. Quienes aún recuerdan esos trabajos son los vecinos de la escuela. Ellos ubican que la construcción sucedió entre 2003 y 2005.

—Nosotros nos quejábamos (con la delegación y con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) del ruido. Donde estamos prácticamente es una concha que reproduce todo el sonido. Un día no escuchamos nada y hasta gusto nos dio. Lo malo es que dejaron los sellos (de clausura) ahí puestos, pero empezaron a meter a los trabajadores y el material por la parte de atrás, por el terreno que estaba baldío —dice Francisco Fontano desde la azotea del edificio donde vive.

De acuerdo con los vecinos, las obras de construcción de la secundaria se clausuraron, pero en el expediente que tiene la delegación no hay ningún documento sobre ello.

Entre 2003 y 2006, Tlalpan fue gobernada por Carlos Imaz —entonces esposo de quien era la secretaria de Medio Ambiente del DF, Claudia Sheinbaum. Imaz duró apenas cinco meses en el cargo y renunció por escándalos relacionados con Carlos Ahumada y la entrega de efectivo para las campañas del PRD— en su lugar quedó Eliseo Moyao.

Con clausura o sin ella, con permiso o sin él, el edificio de la secundaria se terminó con un estilo arquitectónico casi idéntico al que se hizo para la primaria 20 años antes.

Con ese nuevo inmueble, el Colegio Rébsamen contaba con más salones y una cafetería; además, podía aumentar la población de sus estudiantes. En 2017 tan sólo en la secundaria asistían 140 alumnos, de acuerdo con información del personal docente.

Además de la nueva obra, entre 2003 y 2006, se hicieron varias modificaciones a los otros edificios: se quitaron muros y se adecuaron espacios para que las cuatro construcciones parecieran ser una sola estructura. Esas transformaciones, hechas sin el permiso correspondiente según verificaciones posteriores, se aprovecharon para ampliar el departamento en el segundo piso de Rancho Tamboreo 19, el cual después ocupó Enrique García, padre de Mónica.

Es decir, el Colegio Rébsamen debería haber tenido una secundaria antes de 1987 para obtener el uso de suelo por “derechos adquiridos”. Pero en realidad la secundaria abrió hasta 2003. Incluso, Fernando Ríos, exalumno de la escuela, dejó el Rébsamen a inicios de los noventas, justo porque el plantel no contaba con secundaria.

En 2016 el Instituto de Verificaciones Administrativas (Invea) abrió el proceso INVEADF/OV/DUYUS/2916/2016, por el uso de documentos apócrifos en el predio de Rancho Tamboreo 19.

Crece el colegio y también las irregularidades

La apertura de la secundaria provocó que se realizaran, además, varias modificaciones y ampliaciones en los otros tres edificios. Varias de esas obras fueron denunciadas por los vecinos, a través del Comité de Defensa Residencial Acoxpa y Nueva Oriental.

Las ampliaciones irregulares y denuncias no impidieron que en 2006 todos los edificios del Colegio Rébsamen recibieran su constancia de seguridad estructural, firmada por el ingeniero civil Javier Macías Fernández, Corresponsable de Seguridad Estructural.

En notas periodísticas, publicadas entre 2016 y 2018, se menciona el nombre de este ingeniero como el corresponsable de seguridad en una obra irregular que se edificó en Minería 88, en la colonia Escandón, cuando la delegación Miguel Hidalgo era gobernada por Víctor Hugo Romo. Esta obra, que tendría que haber sido de tres niveles, terminó en un edificio de cinco pisos. Incluso, en uno de los departamentos vivía David Razú, quien fue director jurídico de Miguel Hidalgo.

El 24 de agosto de 2009, los vecinos denunciaron que en el Colegio Rébsamen se construía un cuarto piso, lo cual estaba prohibido en el Programa de Desarrollo Delegacional de Tlalpan, en donde sólo se permitían tres niveles.

Días después de esa queja vecinal, el 28 de agosto, la delegación Tlalpan —con Guillermo Sánchez Torres como titular— renovó el visto bueno de seguridad y operación para los edificios del colegio.

El arquitecto Octavio Rivera Ibelles fue el Director Responsable de Obra (DRO) que firmó esos documentos indispensables para la operación del plantel; y fue quien respaldó la seguridad de los edificios, dos de esos inmuebles colapsaron.

Las quejas de los vecinos siguieron y llevaron a que, en diciembre de 2009, las autoridades en Tlalpan revisaran la documentación de la escuela. Hasta entonces se determinó que las obras que se hacían en Rancho Tamboreo 19 no tenían permiso.

Cuando los representantes de la delegación visitaron la escuela, los empleados no dejaron ingresar a la verificadora Paola Mendoza, quien en su reporte escribió que el cuarto piso, que no estaba permitido, “es utilizado como gimnasio, al cual no nos permiten el acceso… y no se presentó Manifestación de Construcción, documento idóneo con el que se avala la legalidad de los trabajos de construcción”.

Al frente de la delegación se encontraba Higinio Chávez; el entonces director jurídico de Tlalpan, Marco Antonio Arellano, consideró que se debía clausurar la obra y demoler los 90 metros que se habían hecho en el último nivel, según el oficio DT/SCI/1471/Bis/2010. La directora del colegio apeló y logró que se detuviera la demolición de acuerdo con el oficio DT/SCI/0014/2011.

La delegación tardó dos años, después de la primer queja vecinal, en colocar los sellos de clausura en la puerta de entrada de la secundaria, en agosto de 2011. Los dueños del Rébsamen no cerraron la escuela, decidieron que todos los alumnos entraran por la puerta de la primaria. En el colegio todo siguió igual. Tan es así que la demolición del cuarto nivel nunca ocurrió.

Dos años después, en octubre de 2013, la dueña del colegio ingresó un “aviso de obras” en el que informó sobre trabajos de mantenimiento, pintura y cambio de plafones y pisos en el cuarto nivel, justo el que se construyó en forma ilegal. En realidad, lo que se hizo fue una modificación mayor.

Una denuncia vecinal, que se registró como anónima, advirtió que en el Rébsamen se estaba modificando el edificio. En noviembre de 2013, un verificador acudió al colegio y confirmó que “se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el 3° y 4° nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción”.

Durante ese tiempo —recuerdan exalumnos y maestras— uno de los edificios se transformó: se instalaron oficinas administrativas, un laboratorio y se construyó el salón de usos múltiples, el cual también se utilizaba como auditorio. Se trataba de un espacio grande, sin columnas que estorbaran a la vista, en donde se hacían las juntas de padres de familia, premiaciones, clases muestra de artes marciales y de ballet.

En diciembre de 2013 se hizo otra inspección por parte de la delegación, que posteriormente generó una investigación del Invea, y se reportó que se había tirado un pedazo de techo, con la intención de colocar una escalera que uniera el tercer piso con el cuarto, una zona en donde vivía la dueña de la escuela, Mónica García. En ninguna de las verificaciones se notificó que dentro de la escuela había tres departamentos; y que en uno de ellos se realizaron varias de las modificaciones estructurales.

Dos meses después, el 22 de septiembre, firmó una responsiva que garantizaba que: "Existe evidencia suficiente de que la edificación inspeccionada no tiene daños estructurales ni los ha tenido, ni ha sido reparado y el comportamiento de la cimentación ha sido satisfactorio… Y que el sistema estructural es el idóneo para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas".

También ese año Francisco Pérez Rodríguez, Corresponsable de Seguridad Estructural dio constancias en ese tema para el mismo predio y las ratificó tres años después.

Para los corresponsables de seguridad, los edificios del colegio no tenían ningún problema estructural. Pero dos de esos inmuebles —modificados para hacer el salón de usos múltiples, el laboratorio y ampliar el departamento donde vivía Mónica García—colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

—Era un secreto a voces que la directora vivía en la escuela. A los padres de familia de nuevo ingreso no se les informaba, teníamos prohibido hablar de eso. Yo no entendía cómo le hacíamos para pasar las revisiones de los inspectores de la SEP —admitió una maestra que laboró en la escuela durante 2013 y 2014, que prefirió no dar su nombre.

En los archivos de la SEP están las constancias de las revisiones e inspecciones del plantel, pero la información fue reservada por la dependencia porque consideró que se deberá entregar al proceso judicial abierto por la muerte de las 26 personas. Según los abogados de las víctimas, quienes presentaron una denuncia el 9 de mayo de 2018, la información que la SEP reservó aún no está en el expediente judicial.

En el salón de tercero B de primaria, Pilar Martí —maestra desde hace 34 años— explicó a sus alumnos cómo sería el simulacro. Cuando sonó la alerta sísmica, Pilar y sus estudiantes utilizaron una ruta de evacuación en sentido contrario a la que había sido marcada por las autoridades de la escuela.

—Me regañaron (las maestras que supervisaban) y me dijeron que siguiera los protocolos. Tenía que bajar por las escaleras del área administrativa. Para mí (la ruta de evacuación oficial) era un camino demasiado largo —recuerda durante una entrevista realizada a unas cuadras del colegio. A las 13:14 del 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México se cimbró con un sismo de magnitud 7.1.

Pilar intentó cumplir las indicaciones del colegio, pero el edificio administrativo, aquél por el que tenían que pasar si seguían la ruta oficial de evacuación, colapsó. Ella y sus alumnos desalojaron el edificio por la escalera contraria.

Karla, Santiago, André, Daniela, Valentina, Aned, Diego, Eduardo, Francisco, Gustavo, Eileen, Mónica, José Eduardo, Paola, Daniela Itzel, Alexis, Fernanda y la maestra Claudia trataron de salir por la misma ruta que siguieron durante el simulacro de la mañana. No lo lograron. Esa ruta falló.

Alexandra, una niña de secundaria, decidió poner a salvo a varios niños de primaria. La encontraron sin vida, junto con otro chico. Joshua iba en secundaria y, de acuerdo con varios testimonios, durante el sismo estaba en las instalaciones del laboratorio; también intentó seguir la ruta de evacuación establecida.

Gema —prefecta de la escuela—, María Reyna, Yéssica, Marcela, Gloria y María de la Luz, empleadas de intendencia y administrativas, no lograron salir a tiempo.

Todas fallecieron en el Rébsamen.

Según Pilar y otras tres maestras entrevistadas que prefirieron no dar sus nombres, la escuela hacía sus simulacros dos veces al año y, en alguna ocasión, tuvo una jornada de capacitación sobre el tema, aunque —confiesan— ésta fue corta y hasta cierto punto deficiente, ya que sólo se proyectó un video y se dieron algunas pláticas.

En 2012, una revisión de los protocolos de emergencia realizada de manera informal por una empresa de protección civil del familiar de uno de los alumnos, señaló que el colegio tenía recorridos demasiado largos para llegar a zonas despejadas. Se recomendó activar otras salidas de emergencia.

El 13 de julio de 2017, la delegación Tlalpan respondió al programa interno de protección civil que el Colegio Rébsamen presentó para el terreno de Tamboreo 11. Las autoridades solicitaron que se actualizara y que colocaran señalizaciones de la ruta de evacuación.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Invea de la Ciudad de México, los dueños del colegio tenían cinco días hábiles para presentar lo solicitado por las autoridades, de no hacerlo, el aviso se consideraría rechazado.

En el expediente, no hay un documentos que compruebe que se subsanaron los puntos que pidió la Dirección de Protección Civil de la delegación Tlalpan. Tampoco hay documentos sobre protección civil relacionados con el edificio en Rancho Tamboreo 19.

A través de una solicitud de información, se pidió copia de los planes internos de protección civil del Colegio Rébsamen. La delegación Tlalpan contestó que sólo tenía información de archivos de 2012 a 2017, pero en ninguno de ellos se había localizado un programa interno.

Días después, la delegación rectificó y entregó en versión electrónica dos planes de protección civil, uno para el edificio de Rancho Tamboreo 11 y otro para uno de los inmuebles del número 19. Estos documentos incluyen croquis y algunas de las rutas de evacuación, pero no cuentan con los sellos de recibido o algún tipo de anotación oficial.

El silencio alrededor del Rébsamen

El 22 de julio de 2018, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México detuvo al Director Responsable de Obra (DRO) Juan Mario Velarde, quien firmó una de las últimas constancias de seguridad con la que funcionó el Colegio Rébsamen.

Karla
Santiago
André
Daniela
Valentina

Aned
Diego
Francisco
Gustavo
Eileen

Eduardo
Mónica
Joshua
José Eduardo
Paola

Alexandra
Daniela Itzel
Alexis
Fernanda

María Reyna Dávila Martínez
Yessica Laura Castrejón Hernández
Claudia Ramírez González
María de la Luz González Sandoval

Marcela Castellano Urbano
Gema Galván Rodríguez
Gloria González Pérez

Gerardo Rioseco Orihuela es un hombre que ha demostrado experiencia para manejar asuntos inmobiliarios y turísticos en México: fue fundador y director del proyecto Fiesta Americana Vacation Club en Los Cabos, Baja California Sur, y también fungió como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur).

En noviembre del 2011, el ingeniero egresado de la Universidad Anáhuac del Sur fue designado Vicepresidente de Propiedades Vacacionales en Grupo Posadas, el grupo más importante en hotelería de Latinoamérica.

Además de su influencia en los negocios, Rioseco Orihuela tuvo una compañía llamada South America Investment Ltd, registrada en Bahamas, uno de los paraísos fiscales del Caribe, como evidenció Bahamas Leaks, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En ese mismo 2011, Rioseco Orihuela amplió su portafolio de negocios incorporando la venta de departamentos en la Ciudad de México. Junto con sus socios, Juan Carlos Herrera Velhagen y Juan Herrera González, constituyeron la constructora Operadora 2HR.

En el sitio web de HIP HABITAT, la empresa se compromete a entregar “departamentos que cumplen los criterios más exigentes, acabados de máxima calidad y atención al detalle”. Uno de los complejos habitacionales que, se supone, cumpliría con estas expectativas fue el que estuvo ubicado en la colonia Anzures, sobre Copérnico 45, justo en el corazón de la zona poniente de la Ciudad de México.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) buscó, en varias ocasiones, una entrevista con algún directivo de Operadora 2HR para conocer su versión de los hechos. Pero, Erika Luna, una de las encargadas del departamento de recursos humanos de la empresa dijo que “las peticiones habían sido canalizadas al área correspondiente”.

Al cuestionarla sobre cuál era esa área y la identidad de quién podría dar la entrevista, ella respondió: “No tengo autorización para brindarle esa información. Ellos se comunicarán contigo”. No sucedió.

Pisos de más y sin permiso

Cuando personal de la PAOT visitó el lugar se encontró con un edificio de planta baja y tres niveles, en el cual realizaban obras en la azotea. La procuraduría —a través del oficio PAOT/300-3454-2008, con fecha del 3 de septiembre de 2008— solicitó a la delegación Miguel Hidalgo que verificara si esos trabajos tenían permiso. Sin embargo, las autoridades delegacionales, entonces presididas por la panista Gabriela Cuevas, no realizaron ninguna acción.

La clausura de la delegación llegó hasta mayo de 2009, cuando en Copérnico 45 ya se habían construido dos niveles más, violando con ello el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.

Cinco meses más tarde, en octubre de ese mismo año —cuando el panista Demetrio Sodi ya era delegado de Miguel Hidalgo—, se volvió a clausurar el inmueble y se impuso una multa de 50 días de salario mínimo, equivalente a 2 mil 873 pesos.

El 28 de julio del 2010, la PAOT solicitó a la delegación Miguel Hidalgo que verificara si las obras en Copérnico 45 —los dos pisos de más— tenían permiso, de acuerdo con la resolución administrativa PAOT-05-300/300-3519-2010.

En ese documento, la PAOT señaló que una eventual clausura y otra multa no subsanarían las irregularidades cometidas por los dueños de Copérnico 45, por lo que solicitaban a la delegación Miguel Hidalgo ordenar la demolición de los niveles construidos de más. Esto no sucedió.

Si se pasaba por la calle de Enrique Rébsamen, rumbo al Viaducto, se le encontraba del lado izquierdo. Su color lo distinguía. Era difícil no mirar el verde limón que daba luz a su planta baja y a las columnas que flanqueaban las ventanas de sus cuatro pisos. En otro tiempo, el tono naranja fue su divisa. Ese edificio de la colonia Narvarte dio señales de su existencia y también de su ocaso.

Lo hizo desde 2014, cuando los sismos de ese año dejaron marcas en su estructura. Soportó varios temblores más, pero el de septiembre de 2017, lo tumbó. Laura Ramos, de 52 años, no alcanzó a salir. Falleció en el área de las escaleras. Su cuerpo lo encontraron cinco días después.

La zona de Narvarte, en la delegación Benito Juárez, fue una de las que más resintió el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre. Por ejemplo, a unos pasos de Enrique Rébsamen 241, otro inmueble (el número 249) quedó inhabitable y en las manzanas de alrededor por lo menos otros 20 resultaron con algún daño.

El edificio verde de Enrique Rébsamen 241 fue de los que más llamó la atención en esos días de septiembre de 2017. No sólo porque en su colapso la planta baja desapareció, el primer piso quedó a nivel de banqueta y el resto de la construcción parecía estar sostenida con alfileres. Lo fue, además, porque en las redes sociales se compartieron fotografías y videos sobre la lenta respuesta que existió de parte de las autoridades para buscar y rescatar a Laura Ramos; también se difundieron documentos sobre lo que protección civil hizo o dejó de hacer.

Las primeras señales

En la colonia Narvarte aún es posible encontrar algunas de las casas que fueron poblando la zona durante las primeras décadas del siglo XX. En el terreno de Enrique Rébsamen 241 existió una de ellas que, incluso, en los años cuarenta funcionó como sede de una radiodifusora, de acuerdo con documentos obtenidos a través de solicitudes de información realizadas a la delegación Benito Juárez.

Esa casa se derrumbó a finales de 1972. En su lugar se construyó un condominio de 16 departamentos distribuidos en dos torres unidas por el área de las escaleras. Su cimentación, según los documentos, se resolvió con 32 pilotes colocados a una profundidad de 24 metros.

Si se comparan fotografías del edificio y los planos originales, obtenidos por solicitudes de información, es posible afirmar que durante los 44 años que estuvo en pie no se le añadieron pisos ni tampoco se le hicieron modificaciones mayores.

No hay evidencias documentales ni testimoniales que muestren que el edificio sufrió algún daño durante los terremotos de 1979 y de 1985. Lo que sí hay son testimonios de quienes vivieron ahí en años recientes y notaron que algo sucedía con el inmueble.

—El edificio presentaba cierto movimiento cuando transitaban vehículos pesados sobre la calle de Enrique Rébsamen, pero nos llegamos a acostumbrar a ese movimiento. Además, estaba un poco inclinado hacia la parte final del estacionamiento, en donde había dos pequeñas bardas que estaban tronadas. Por esa zona nadie pasaba —cuenta Rosario Acosta.

Ella y sus hijas llegaron al condominio en agosto de 2013. Durante cuatro años rentaron el departamento 203. El edificio les gustaba porque no era muy alto, tenía su estacionamiento en la planta baja y su ubicación era ideal: a menos de cinco cuadras de Viaducto Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc.

Rosario Acosta fue administradora del edificio entre 2014 y 2015. En ese tiempo conoció un poco más sobre el inmueble y sus habitantes. Muy pocos eran dueños de los departamentos y todavía eran menos aquellos que compraron su vivienda cuando el condominio se inauguró a principios de los setenta. En ese edificio era común mirar los letreros de “Se Vende” o “Se Renta”.

El papel que se difundió tres años después

En 2014 tres sismos de fuerte intensidad sacudieron a la Ciudad de México. El primero, de magnitud 7.2, se registró el 18 de abril. Semanas después, el 8 y 10 de mayo, se sintieron dos más: uno de 6.5 y otro de 6.1.

—Recuerdo que esos sismos los sentí muy fuertes. Me asusté y no me quedé tranquila. Decidí buscar a Protección Civil, porque yo veía grietas en algunos castillos y en la zona del estacionamiento.

Rosario Acosta envió mensajes de twitter al entonces delegado de Benito Juárez, el panista Jorge Romero.

Como no tuvo respuesta llamó a los teléfonos de la oficina de Protección Civil de Benito Juárez. Ahí tomaron su reporte. El 29 de mayo de 2014, trabajadores de la delegación llegaron al edificio.

—Cuando fueron yo no estaba. Los recibió la portera. Estuvieron ahí menos de diez minutos. Hicieron una inspección rápida, dijeron que las grietas eran superficiales, que se tenía que cambiar una de las bardas y fue todo. No dejaron sus nombres. No dejaron documentos —asegura Rosario Acosta.

Dirigir Protección Civil sin tener experiencia

La hoja que el entonces delegado en Benito Juárez difundió en Twitter describía que al exterior del edificio se encontró “separación de juntas en escaleras de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular, específicamente se manifiesta en todo el parámetro del predio (donde comienza vía pública)”.

En el acceso peatonal se describe que había una “fisura en jardinera, desprendimiento de aplanado en muro”. En el cubo de escaleras y planta baja, “separación de juntas de rampa de escalera y losa”. También se describió un “agrietamiento de muro de colindancia sur, separación, grieta 5 cm, requiere sustitución (asentamiento). Separación de guarnición de desnivel entre la zona jardinada y estacionamiento”.

Sin embargo, en el espacio de recomendaciones y conclusiones se escribió que “no hay afectaciones en la estructura del conjunto”. Lo contrario a lo que Christian von Roehrich afirmaba en Twitter.

La persona que “valoró” el inmueble fue Dulce Valera, de acuerdo con lo escrito en la hoja de revisión. Este nombre no se encuentra en la relación de personas que en 2014 laboraban en la Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil y que la misma delegación subió a su página web.

Luna Pacheco nombró como Subdirectora de Protección Civil a Gisela Estrada Carrizosa, licenciada en derecho por la Universidad del Valle de México y quien también trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con sus currículums, Luna Pacheco no había tenido alguna experiencia o formación en protección civil antes de ser funcionario en la delegación Benito Juárez. Mientras que, entre noviembre del 2000 y octubre de 2002, cuando aún era estudiante Estrada Carrizosa trabajó por honorarios en la Dirección General de Protección Civil del GDF; sus siguientes empleos nada tuvieron que ver con esa área.

Los nombramientos de Luna Pacheco y Estrada Carrizosa se realizaron sin respetar la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, norma que establece que “al frente de cada unidad de protección civil estará un director que en todos los casos deberá contar una experiencia comprobable de tres años en materia de protección civil u obtener la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil”.

En sus currículums, Luna Pacheco ni Estrada Carrizosa informan que cuenten con esa acreditación.

Cuando Jorge Romero dejó el cargo como delegado, para ser asambleísta, y al frente de la delegación Benito Juárez quedó Christian von Roehrich, tanto Luna Pacheco y Estrada Carrizosa continuaron como director y subdirectora de protección civil, respectivamente. Christian von Roehrich dejó la delegación, se postuló como candidato y fue electo como diputado local. Jorge Romero es hoy diputado federal.

En febrero de 2018, Ángel Luna Pacheco fue designado como delegado suplente en Benito Juárez. Gisela Estrada Carrizosa seguía como subdirectora de protección civil. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó entrevistas con Christian von Roehrich y Ángel Luna. Hasta la publicación de este reportaje no se tuvo respuesta.

Grietas que se ignoran

El 7 de septiembre de 2017, cuando se registró el sismo de magnitud 8.2, el edificio de Enrique Rébsamen 241 se sacudió de tal forma que algunos inquilinos decidieron mudarse. Otros pidieron que se llamara a Protección Civil de la delegación Benito Juárez. En los siguientes días ninguna autoridad se presentó al inmueble para realizar alguna revisión postsísmica.

Ese sismo causó grietas en algunos departamentos, entre ellos el 204, donde Jessica Mazón y su amiga vivían desde 2014.

—Reportamos las grietas con el dueño del departamento y la administración. Nos dijeron que eran superficiales y que se repararían.

Las antiguas fisuras que estaban en la planta baja del edificio se hicieron más grandes. Esos daños se registraron en fotografías y videos, pero esas imágenes no se difundieron entre los habitantes del inmueble. Jessica Mazón, por ejemplo, las miró hasta después del sismo del 19 de septiembre, cuando el edificio colapsó.

—En el chat de los vecinos comenzaron a difundir esas fotografías y videos. Había grietas muy grandes en los muros que estaban al fondo del estacionamiento, en la parte de la azotea donde estaban los cuartos donde vivía la portera y quien se encargaba de la limpieza del edificio. Eran áreas que no frecuentaba mucho la mayoría de los que ahí vivíamos. Cuando vimos eso, preguntamos por qué nadie nos había avisado. Nos enteramos que el edificio estaba dañado cuando colapsó.

El martes 19 de septiembre Jessica Mazón no estaba en su departamento. Por la fotografía que subió un vecino a las redes sociales se enteró que el edificio había colapsado. Cuando llegó al lugar miró, desde la calle, que algunos cuadros de su recamara y de la sala seguían en la pared. Horas después se enteró de que toda la parte de atrás de esa torre estaba destruida.

Ese día Rosario Acosta fue al edificio de Enrique Rébasamen 241 para auxiliar a quienes habían sido sus vecinos. Algunos de ellos lograron salir por la parte trasera del edificio. Otros, como la enfermera jubilada y la estudiante que estaba a unos días de titularse, quedaron atrapados en sus departamentos, porque cuando abrieron la puerta se encontraron con la escalera colapsada. Ellas salieron horas después, gracias a que algún vecino de la zona llevó una escalera.

Laura Ramos vivía en uno de los departamentos del cuarto piso. Sus vecinos aseguran que cada que temblaba, ella prefería ir a la azotea, porque le implicaba mucho tiempo bajar las escaleras y llegar a la calle.

A Laura nadie la encontraba. Su hija, Renata Ramos, difundió su fotografía en las redes sociales para tener noticias de ella. Dos días después del sismo, Renata grabó un video que se hizo viral; en él denunció que protección civil no permitía entrar a ningún rescatista, que ninguna autoridad realizaba acciones para buscar a su mamá.

Cinco días después, el cuerpo de Laura se encontró en el área donde colapsaron las escaleras.

Jessica Mazón, como la mayoría de sus vecinos, no recuperó casi nada de su departamento. Les dijeron que no podían entrar por su ropa y otras pertenencias, porque era peligroso. Pero días después, miró en la nube fotografías tomadas con sus dispositivos.

Los constructores del edificio Elite Apartments dieron información falsa a las autoridades para obtener permisos y ejecutar la obra. La torre de ocho pisos, ubicada en Eje Central 418, en la colonia Portales, fue concluida el 14 de julio de 2017 y a los dos meses colapsó parcialmente y sufrió daños en su estructura durante el sismo del 19 de septiembre.

En el momento del desastre estaban ocupados sólo nueve de los 21 departamentos, los cuales tuvieron que ser desalojados de inmediato debido al desplome de los muros interiores.

La Procuraduría determinó que el inmueble sufrió daño “en 90 por ciento de su estructura”. Mientras que el diagnóstico realizado el día del sismo por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones concluyó que el edificio era inseguro y de riesgo alto, por lo que se requería apuntalarlo.

Sin embargo, los constructores presentaron dos dictámenes en los que aseguran que el edificio es estructuralmente confiable para volverlo a ocupar, y de hecho ya volvieron a levantar los muros interiores que se habían desplomado.

Uno de esos diagnósticos favorables a la empresa fue emitido días después del sismo por el Director Responsable de Obra (DRO) Mauricio Arturo Aguilera, quien es acusado por la Procuraduría de haber solapado la construcción irregular.

Información falsa en estudio de suelo

En ambos casos se trata de datos que pudieron haber afectado la seguridad del edificio. En las páginas 187 y 188 correspondientes al estudio de mecánica de suelos, mencionan que la colindancia norte del terreno donde se construyó Elite Apartments era una casa de tres pisos, cuando en realidad junto al predio hay desde hace más de 10 años un edificio de departamentos de ocho niveles.

El mismo estudio menciona que al sur, el terreno colindaba con una casa de dos pisos, cuando lo que hay es una finca de un nivel parcialmente techada con lámina.

En un croquis y una tabla incluida en el expediente se detallan las falsas características de los inmuebles colindantes, e incluso se aportan datos de sus supuestas cimentaciones.

“Dadas las características de las estructuras que predominan en el sitio, se sabe que de forma típica los inmuebles de hasta dos niveles se encuentran cimentadas por medio de zapatas corridas de mampostería, que están desplantadas a no más de 1.5 metros de profundidad”, menciona el documento.

El estudio de mecánica de suelos es básico para garantizar que un edificio no se colapse o sufra daños en caso de un sismo, por ello la importancia de información fidedigna. Con ese análisis se determina la resistencia del terreno sobre el que se hará una construcción y es la base para determinar el tipo de cimentación.

El Reglamento de Construcciones para el DF y las Normas Técnicas complementarias para diseño por sismo establecen que toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos a una distancia no menor de 50 milímetros (cinco centímetros), y el espacio aumentará de acuerdo con la altura del edificio y la zona de sismicidad en que se encuentre.

La normatividad indica tres parámetros o coeficientes sísmicos; el menor es para la zona I, que tiene terrenos más estables, mientras que el mayor es para la zona III, en donde antiguamente se encontraban lagos y que actualmente tienen en el subsuelo depósitos lacustres y superficie más blanda que favorecen la amplificación de las ondas sísmicas.

En la zona III la separación entre edificios debe ser mayor que en las zonas I y II, porque hay más riesgo de que choquen entre sí en caso de sismo. Por ello, es grave que se hayan modificado los parámetros para el inmueble.

La memoria arquitectónica entregada por Elite Apartments a las autoridades asegura que se cumplió con el reglamento y la normatividad para la separación de edificaciones, aunque al revisar la fórmula utilizada se aprecia que se utilizaron parámetros distorsionados.

En la fórmula se utilizó el coeficiente sísmico de la zona II, que es de 0.009, y no el de la zona III, que es de 0.012. Esta medida se debe multiplicar por la altura del edificio, desde nivel de terreno. En el caso del inmueble de Eje Central 418 es de 22.15 metros. El resultado de esa fórmula para la zona III fue de 0.2658, que equivale a 26 centímetros de separación entre edificios, mientras que al usar el coeficiente de la zona II el resultado fue de 20.

La carpeta de investigación

Por las irregularidades detectadas, la Procuraduría inició una carpeta de investigación por los delitos de fraude y responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO), Mauricio Ortega Aguilera.

Además, un oficio fechado el 7 de marzo de 2018, firmado por la agente del Ministerio Público Eunice Pérez Mercado, refiere que se había iniciado una carpeta de investigación también por homicidio, aunque hasta ahora se desconoce si hubo víctimas en ese edificio.

El Código Penal para la Ciudad de México establece, en su artículo 329 Bis, que se le impondrá de cuatro a seis años de prisión al Director Responsable de Obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial.

La misma sanción se le impondrá al dueño del inmueble, su representante legal o el constructor, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la normatividad.

En el caso del edificio Elite Apartments, elementos de la Procuraduría detuvieron en noviembre de 2017 al Director Responsable de Obra (DRO), Mauricio Arturo Aguilera, y al Corresponsable en Seguridad Estructural, Manuel Morán Garza, al encontrar elementos de posible delito.

“El dictamen pericial en arquitectura establece que el proyecto estructural y memoria de cálculo no corresponden al tipo de estructura construida, la especificación en planos no corresponde a la realidad. Además de que hay diferencias entre la obra ejecutada y los planos realizados”, detalló la Procuraduría en un informe del 9 de noviembre de 2017.

Con estos elementos se logró establecer la responsabilidad penal del DRO y del Corresponsable en Seguridad Estructural por haber autorizado la obra sin apego a la licencia de construcción y a las normas vigentes.

Ambos firmaron cartas responsivas, el 4 de junio de 2015, en las que se comprometieron a respetar y cumplir los lineamientos, además de hacerse responsables de la seguridad estructural del inmueble, de que se siguiera el correcto proceso de edificación y de que el proyecto de obra cumpliera con todos los requisitos previstos en la normatividad.

Informes contradictorios

En contradicción con el peritaje de la Procuraduría, los inversionistas de Elite Apartments han presentado dos dictámenes en los que se asegura que el edificio es estructuralmente confiable.

El DRO del edificio –el mismo que está acusado por la Procuraduría— fue quien realizó uno de los dictámenes en los días inmediatos al sismo.

“No existen deformaciones verticales y/o laterales, ni fisuramientos en elementos estructurales como son losas, trabes principales/secundarias y columnas”, aseguró en su informe el ingeniero Mauricio Arturo Aguilera.

Con base en este dictamen, el apoderado legal de la constructora, Abraham Darwish, solicitó al director de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, René Aridjis Vázquez, autorización para iniciar obras de reparación del edificio, por el riesgo de un desprendimiento en fachadas principales y posteriores.

A los siete días del sismo, el funcionario avaló que se continuara con la reparación del edificio. “Esta autoridad considera pertinente que el proyecto continúe con su proceso constructivo, en virtud de lo declarado y de conformidad con lo señalado por el DRO y el Corresponsable en Seguridad Estructural”, autorizó el 26 de septiembre de 2017.

En ese momento, sin embargo, la Procuraduría apenas estaba en curso de investigar las causas del desplome. Fue hasta medio año después, el 7 de marzo de 2018, cuando la agente del Ministerio Público Eunice Pérez hizo entrega del inmueble, una vez que había concluido las diligencias en el mismo para integrar la carpeta de investigación. Y sólo hasta entonces autorizó iniciar las medidas de mitigación de riesgos del edificio.

Otro dictamen que descartaba daño estructural del edificio fue presentado por los constructores el 1 de octubre de 2017, a las dos semanas del sismo.

“Después de la inspección ocular a todo el inmueble, sí cumple con las condiciones de seguridad estructural para lo que fue diseñado como edificio de departamentos”, aseguró el arquitecto Rubén Prado Camacho, con número de DRO 1860. “El inmueble sí es estructuralmente confiable”, añadió.

Al igual que su colega que hizo el anterior estudio, lo que observó en la visita de inspección es que todos los muros estaban en mal estado.

Planta baja débil

Un diagnóstico del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, elaborado el 19 de diciembre de 2017, identificó que el edificio presenta planta baja débil debido a la existencia de accesos al estacionamiento en la fachada principal.

La institución recomendó que un especialista debe evaluar el inmueble, en sus desplazamientos laterales generados por un sismo y verificar que estos se encuentren dentro de los límites establecidos en el Reglamento de Construcciones.

En distintos estudios, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha advertido de los riesgos de construir edificios con planta baja débil, e incluso ha demostrado gráficamente que son uno de los factores de derrumbes en sismos en todo el mundo.

En un documento difundido en septiembre de 2012, para recordar los 27 años del sismo de 1985, la dependencia federal advirtió: “En edificios construidos en zonas sísmicas se debe evitar la ausencia de muros en planta baja y la sustitución de éstos por columnas delgadas (…) En estos casos se genera una “planta baja débil o flexible” que concentrará elevados esfuerzos en la planta baja, pudiendo comprometer la estabilidad general del inmueble”.

Sin embargo, pese a los riesgos no hay un reglamento o ley que prohíba totalmente este tipo de construcción. Hasta el pasado 15 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó una nueva normatividad en la que se endurecen los criterios de construcción, para evitar la llamada “planta baja débil”.

En 2009, Rubén Pablos Soto y su familia se mudaron a su nuevo departamento en Eje Central 526 sin saber que habían invertido en un edificio mal construido. Lo mismo les sucedió a otras cuatro familias que llegaron a la par. Se enteraron de ello después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuando todos los muros de sus viviendas se llenaron de grietas y varias columnas se debilitaron.

Rubén Pablos —un jubilado de 72 años— consiguió un préstamo bancario por 1.6 millones de pesos para pagar el departamento que la empresa Vívelo publicitó con anuncios en la calle. La apuesta no parecía mala: un edificio nuevo, con tan sólo cinco departamentos de 106.47 metros cuadrados cada uno y planta baja como estacionamiento.

El día del sismo, Rubén Pablos Soto, su esposa, su hijo y la novia de éste estaban en casa cuando inició el terremoto. Las paredes empezaron a cuartearse, todo se destrozaba y el edificio crujía. Mientras huían, las escaleras se partían a su paso.

—Nos cruzamos la calle y, desde ahí, vimos como el edificio se sacudía. Se escuchaba el ruido de las cosas que se caían —recordó Rubén Pablos en mayo de 2018.

El edificio de Eje Central 526, en la colonia Portales, quedó con daños severos en columnas del primer y segundo piso, con fisuras en el resto de las columnas, con la “total destrucción” de los muros y con afectaciones en elementos no estructurales, de acuerdo con evaluaciones postsísmicas realizadas por los ingenieros Humberto González Ortiz y Alfredo Mendizabal, el 17 de octubre y el 2 de noviembre, respectivamente.

Esta empresa, Grupo Inmobiliario Vívelo, tiene como accionistas a Mónica Cortina del Valle, Genaro Kim Villatoro y Santiago Legorreta Cortina. Su administrador único es Alejandro Joaquín Legorreta Chauvet.

En el documento de GMA Arquitectura e Ingeniería —del cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia— se señala que en Eje Central Lázaro Cárdenas 526 se construyó algo que no coincide del todo con los planos y con la memoria de cálculo que se entregó a la delegación cuando se registró la obra.

Por ejemplo, en los documentos se señaló que ciertos muros eran de carga, pero “durante la visita al sitio y las pláticas de trabajo que se han tenido se ha manifestado que los muros son de relleno”.

También se menciona que “existe una incongruencia entre las cargas consideradas en el peso de la losa reticular y la que se lee en los planos estructurales”. Además, al hacer un análisis de la memoria de cálculo, concluyen que “no fue bien concebido el proyecto, a lo cual se suma la ejecución de obra donde se modificaron las piezas de muros y los recubrimientos del concreto”. Y se resalta que ninguna columna cumplió con la cantidad de acero requerida.

El DRO que ahora es asesor en Seduvi

El que no se haya concebido en forma adecuada el proyecto estructural implica, entre otras cosas, que se cometieron errores en el cálculo sobre la resistencia del inmueble ante sismos.

Dos ingenieros estructuralistas consultados por MCCI coincidieron en que el edificio no fue preparado para el peor escenario posible, toda vez que hubo un cálculo erróneo entre algunas variables como las horas de ocupación máxima, el número de personas que habitarían ahí y el menaje de las casas, de acuerdo con los expertos.

El documento de GMA Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V resalta que en la memoria de cálculo se señaló que el destino del edificio sería de oficinas, lo cual modifica aún más los criterios mínimos necesarios que impone la legislación de construcciones de la Ciudad de México.

En suma, el proyecto no debió ser aprobado.

—El constructor sí hizo ajustes durante el proceso de construcción… Si a mí me preguntas: “¿fuiste enterado de esto?” No fui enterado en su momento de ese ajuste que se hizo en el proceso de construcción.

—¿No siente ninguna responsabilidad pese a la construcción mal hecha?

—No. Los factores que yo revisé eran los adecuados y esos estaban cumpliendo.

—En el gremio de los DRO se conoce como “firmones” a quienes sólo firman los documentos sin realmente revisar el desarrollo de una construcción, ¿usted fue un “firmón”?

—Si te vas a investigar, yo tengo fama de ser un DRO muy estricto… Si aún siendo estricto llegan a pasar cosas como estas, imagínate. Lo que está pasando es una situación atípica y la estoy tomando así.

El artículo 35, del Reglamento de Construcciones del DF de 2004 —el que estaba vigente cuando se construyó el edificio— señala que en caso de que los propietarios de la obra no cumplieran con lo establecido en la ley, el DRO tendría que notificarlo a la delegación. Esto no sucedió.

MCCI solicitó a la delegación Benito Juárez todos los documentos relacionados con la construcción del edificio de Eje Central Lázaro Cárdenas 526; en el expediente que se entregó el único papel que tiene la firma de Fernando Méndez Bernal es la Manifestación de Construcción.

De acuerdo con el mismo Reglamento de Construcciones del DF de 2004, la responsabilidad de los DRO termina a los diez años contados a partir de la fecha en que se expidió la autorización de uso y ocupación. En el expediente que la delegación entregó sobre esta obra no se encontraba el aviso de terminación de obra ni la autorización de uso y ocupación del edificio. Pese a que Fernando Méndez Bernal asegura que sí se tramitaron estos documentos y aunque dice no recordar la fecha exacta en que se ingresaron a la delegación, señala que fue alrededor del 2008.

Fernando Méndez Bernal fue presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, entre 2012 y 2014. También ha sido funcionario público. Entre enero de 2015 y principios de 2017 fue el director general de administración urbana en la Seduvi. Cuando ocurrió el sismo, Méndez Bernal ya era asesor de Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de Seduvi.

Hoy nace una constructora; mañana, otra

En esta historia hay, por lo menos, tres empresas involucradas que han pertenecido al mismo grupo: Vívelo en Eje Central 526 S.A. de C.V. —la que hizo el edificio dañado—, Grupo Inmobiliario Vívelo y Vívelo Arquitectos.

Cuando se terminó la construcción del edificio y se vendieron los departamentos, la empresa Vívelo en Eje Central 526 SA de CV se liquidó. Eso sucedió el 22 de abril de 2013. La liquidación se realizó por petición de Santiago Gregorio Legorreta Cortina, apoderado legal de la constructora y también del Grupo Inmobiliario Vívelo SA de CV.

El 6 de abril de 2018, personal de este grupo inmobiliario pegó en una pared del edificio un aviso de realización de obra, otorgado por la Delegación Benito Juárez, para reforzar la estructura del inmueble. Los trabajos, según informaron a los vecinos, durarían tres meses. Eso no sucedió, hasta agosto de 2018 los trabajos de reconstrucción continuaban.

Los vecinos afirmaron que la constructora responsable incluso les pidió que comenzaran a gestionar recursos para seguir con los pagos de la obra, ya que a la empresa “se le había acabado el dinero”.

A un año del sismo, Rubén Pablos Soto y sus vecinos siguen sin poder regresar a sus departamentos.

—La constructora se niega a respondernos, es más, no responden ni los mensajes por whats. Hemos agendado dos juntas con ellos; la primera la cancelaron y en la otra no se presentaron —explicó Rubén Pablos.

—¿La constructora ha reconocido que hizo mal el edificio?

— Ellos no van a reconocer que tienen la culpa de lo que aquí sucedió. No en vano es por lo que están aquí trabajando. Es porque saben los errores en los que incurrieron.

Pese a todas las anomalías, hasta ahora los vecinos no quieren denunciar a la constructora. Temen que una denuncia pública pueda ocasionar que se pare de manera definitiva la obra.

Sin embargo, en algunos de ellos hay dudas sobre el proyecto de reconstrucción para el edificio y los materiales que están utilizando.

—Necesitamos que un especialista esté supervisando constantemente la obra. Aunque ya tenemos la experiencia con el DRO original, quien se prestó para que las cosas no se hicieran bien y ahora trabaja en SEDUVI. Entonces, ¿qué confianza podemos tener en otro DRO? —pregunta Rubén Pablos Soto.

La vida después del sismo

A pesar de las afectaciones que tiene el edificio de Eje Central Lázaro Cárdenas 526, fue hasta abril del 2018 cuando se registró en la Plataforma CDMX, donde el gobierno de la Ciudad de México concentra los dictámenes sobre los edificios dañados en el sismo.

—Entrar a la plataforma fue toda una odisea. Solicitamos revisiones de más de un DRO, hasta que nos dijeron quién era el ingeniero indicado del Instituto para la Seguridad de las Construcciones —explicó Rubén Pablos Soto.

Tras el apoyo que obtuvieron para tres meses de renta, los afectados tuvieron que buscar opciones de vivienda, algunos rentando, otros viviendo con familiares o amigos.

Rubén Pablos y su esposa viven con una cuñada. Él diario visita su antiguo hogar. De lunes a sábado, pasa algunas horas en el inmueble.

—Entiendo que no todos los que vivíamos aquí pueden estar diario (en el edificio). Soy jubilado y siento que debo dedicar mi tiempo a supervisar. Vengo para ver si hay correspondencia y principalmente para ver si vienen a trabajar los dos empleados de la constructora. Son sólo dos y decían que iban a acabar en julio, pero con sólo dos personas fue imposible.

Rubén quisiera que ya acabara la pesadilla. Él mismo cataloga lo que ha vivido como la que podría ser la última de sus batallas. Una batalla que no piensa perder y en la que la única opción aceptable es conseguir un patrimonio realmente seguro.

El edificio de Insurgentes Norte 1260 tiene más datos falsos que en regla. Los constructores Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V. presentaron una memoria de cálculo que no correspondía al tipo de suelo, incumplieron con el proyecto de construcción y vendieron los departamentos sin contar con la terminación de obra y el aviso de ocupación; todo sin que la delegación Gustavo A. Madero clausurara definitivamente la obra.

El terremoto del 19 de septiembre de 2017 dañó el edificio en los muros y las escaleras. Como el coeficiente sísmico estaba calculado para un suelo más firme, el inmueble tuvo menos acero y concreto que el necesario para no sufrir daños. La construcción resultó más barata, pero a cuatro años de estrenarse, ya requiere refuerzos estructurales.

Jazmín podía ver la sala de su departamento desde el patio del edificio. Una grieta atravesaba toda la pared. Se interrumpía sólo por el espacio de la puerta. Tadeo entró por algunos papeles y escuchaba crujir el muro de la cocina. Ejemplos parecidos había en los 165 departamentos del complejo.

A pesar de que los vecinos se quejaron reiteradamente antes del sismo, las revisiones de la delegación sólo derivaron en clausuras temporales. El 20 de septiembre de 2017, cuando el daño fue evidente, la dirección jurídica de la delegación Gustavo A. Madero interpuso una denuncia por uso de documentos falsos y delitos ambientales. El entonces titular Víctor Hugo Lobo prometió que se repararía el edificio “así fuera con dinero de la GAM”.

Los condóminos integraron 126 carpetas de investigación por fraude. Los que no interpusieron una queja se arreglaron con la aseguradora. La constructora se acercó a los residentes y ofreció un millón de pesos en reparaciones a cambio de que retiraran los procesos legales.

Los vecinos se negaron porque la reparación requiere más de 45 millones de pesos. Con ayuda de sus abogados aún intentan llevar a juicio a quienes construyeron y les vendieron un edificio que literalmente se cae a pedazos.

Pasado el periodo electoral, y después de la renuncia de Lobo para ocupar una curul como diputado local, el encargado en la demarcación dijo a los vecinos que sólo podía ofrecerles apoyo moral y abandonó el acompañamiento.

—Ya pasó casi un año y no hemos podido recuperar nuestra vida. Pagamos reparaciones, mantenimiento e hipoteca, pero no tenemos dónde vivir—dijo Jazmín Hurtado, una de las vecinas de Grand Insurgentes.

Calcular en suelos duros, construir en un lago

A las 13:14 del 19 de septiembre en los 13 pisos del inmueble de Insurgentes Norte 1260 los muros crujieron, se agrietaron y comenzaron a caer algunos tabiques y pedazos de decoración.

Un minuto antes de que terminara el sismo, ya había fracturas en los muros de todos los pisos. Desde el departamento 502, a través de la pared color rosa de la sala, se alcanzaba a distinguir todo el tráfico de avenida Poniente 116, calle con la que hace esquina el edificio. El hueco era del ancho de un puño.

La construcción, terminada en 2014, está al norte de la ciudad, en la colonia Capultitlán delegación Gustavo A. Madero, a unos dos kilómetros de la Basílica de Guadalupe. “Yo llegué y pensé que el edificio se iba a caer. Vimos las paredes agrietadas, los vecinos que sí habían estado en los departamentos cuando temblaba, no estaban seguros de poder regresar a vivir ahí”, dijo Jazmín Hurtado, mamá de dos niñas que hoy tiene que vivir en casa de familiares de su esposo.

A principios de 2011 en la página web y en folletos que se repartían en la zona, se hacía publicidad al proyecto que prometía en el terreno, a la salida del metro Potrero, un complejo enorme de 165 departamentos con cuatro comercios abajo, salón de fiestas, gimnasio, áreas verdes y vigilancia las 24 horas.

—Vi el volante del departamento, vi el gimnasio y dije: quiero estar ahí. El roof garden se veía como algo a lo que quieres llegar cuando estás en casa. Era más céntrico y ubicado que donde estaba viviendo— platicó Tadeo Piña, propietario de un departamento en el tercer piso y originario de Ecatepec.

En enero de 2014 la página web de Vertical Homes presumía en su portada los complejos habitacionales en San Antonio Abad, Eje Central, Bucareli e Insurgentes. Actualmente la página oficial dejó de funcionar, pero los datos pueden consultarse en línea todavía a través de otro portal. El anuncio remataba con la leyenda: “buenos cimientos para hogares más fuertes”.

Pero el 20 de marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Seguridad Pública de la delegación Gustavo A. Madero le entregó a Jazmín, Tadeo y a sus vecinos un documento que dice que el edificio donde viven no está bien calculado:

Además, ese mismo oficio avisa a los vecinos que deberán pagar por trabajos de reforzamiento estructural y no pueden habitarlo en tanto no se repare.

El diagnóstico fue hecho por peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, coincide con otro más hecho por un despacho particular de ingeniería: Proyecto y Diseño Estructural y un análisis de un ingeniero estructurista.

En todas las evaluaciones se determinó que el coeficiente sísmico era menor a la zona en donde se asentó el edificio. La esquina de Insurgentes y Poniente 116 está en una zona de lago, pero las estimaciones de la construcción son para un suelo de transición. Eso quiere decir que se estimó un edificio menos resistente porque consideraba un terreno más sólido del que tenía realmente.

Ingenieros estructuristas consultados por MCCI aseguran que estas variaciones en los proyectos repercuten en el costo de la construcción, porque de ello depende si se requiere más o menos acero, concreto o espacios de refuerzo.

— (Cuando cambia el índice sísmico) se incrementa la cantidad de muros que necesito, (o hacerlos) más anchos, pero no puedo hacerlos más anchos porque el tamaño del tabique es estándar, entonces lleva acero. O hay más costo del concreto. Cuando son columnas, necesito columnas más anchas, eso rompe espacio, o le tengo que poner muros donde no tenía pensado el arquitecto y los tengo que hacer con rigidez—explicó José Antonio López Meza, ingeniero civil con maestría en estructuras.

Medio minuto para dañarse

La construcción arrancó en 2009, en ese entonces el predio en Insurgentes Norte no resaltaba entre la arquitectura de la colonia Calputitlán: era una bodega de materiales a la salida de la estación del metro Potrero.

Para octubre de ese año se fijó una manta que anunciaba la venta del terreno. Nueve meses después, el 23 de julio de 2010 se realizó un contrato de compraventa con reserva de dominio para apartar el terreno.

El 26 de julio 2010 se funda Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V., una sociedad de Eduardo Neuman Lembert y su padre Marcos Neuman Margules, ambos empresarios, según el folio mercantil 425133.

Para el 12 de noviembre de 2010 esa firma adquirió el predio pero la numeración cambió y quedó como Insurgentes Norte 1260 como la dirección oficial.

Una semana después, el 20 de noviembre, la empresa Tecnología en Control de Suelos entregó un estudio de mecánica de suelos del predio Insurgentes 1260, dirigido al arquitecto Daniel Dickter, accionista de Vertical Homes.

El 24 de febrero de 2011 se expidió el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 7698-181NEED11. Dicho documento permitió que, en un terreno para seis niveles, se lograran construir 13 niveles debido a la aplicación de la norma de áreas con potencial de desarrollo.

Esa regla permite que haya construcciones más altas en avenidas principales, siempre y cuando se muestre y se respete un estudio de impacto urbano presentado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

En marzo de ese año se demolieron las bodegas que había en el predio, según la licencia SLIU/006/010/2011/07. Después, Insurgentes Norte 1160 nombra como representante legal a Martín Muñoz Ruiz y es él quien el 18 de agosto de 2011 recibe el dictamen del estudio de impacto urbano para la construcción de un edificio habitacional y cuatro locales.

En agosto de 2011 a través del oficio DGAU.11/DEIU/028/2011, la Seduvi determinó que el inmueble podía construirse siempre y cuando se cumpliera con el proyecto presentado, que requería normas para el espacio público y que la compañía hiciera algunas adecuaciones en materia de drenaje.

Los detalles y memorias de cálculos estuvieron firmadas por el Director Responsable de Obra (DRO) Salomón Saad Saad, arquitecto por la Universidad Anáhuac con número de registro 2007. Actualmente según su perfil laboral es gerente de construcción y equipamiento en la Desarrolladora Park, empresa que encabeza la construcción de plazas comerciales en la Ciudad de México.

Los cálculos estructurales inscritos ante la delegación están hechos por Mata y Triana, Ingenieros consultores SC. Según este despacho, la zona sísmica estaba catalogada en II, pero los mapas del reglamento de construcciones vigente lo ubican en una zona III, completamente de lago.

La inspección que hizo el Instituto de la Seguridad de las Construcciones después del terremoto, también lo coloca en la zona III.

Según la manifestación de construcción FGMC-0001-09-71, el Corresponsable de Seguridad Estructural fue el ingeniero Jorge Luis Ángeles Vigueras, mientras que la Corresponsable de Desarrollo Urbano y Arquitectónico es Liset de la Caridad Molina.

El dictamen preveía que el edificio se levantaría en un terreno de mil 671 metros cuadrados y tendría como máximo 15 mil metros cuadrados de construcción final.

En los hechos el proyecto terminó en un predio de dos mil 93 metros cuadrados y 23 mil 596 metros cuadrados de construcción; no cumplió con los metros necesarios de área libre y tampoco con las especificaciones hechas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Esto según una investigación SV/INVEA/CYE/047/2017 hecha por el Instituto de Verificaciones Administrativas que la inició ante una queja por uso de suelo.

A pesar de todas las deficiencias, la constructora vendió los 165 departamentos durante 2014.

En 2017, horas después del sismo acudió a revisar el edificio el arquitecto Jorge Katthain Vilches con registro de DRO 1992, tras esa inspección determinó que había daños severos en los muros, las escaleras y los elevadores. Catalogó el edificio como de seguridad incierta, aunque no consideró que existieran fallas estructurales.

En contraste, el 23 de septiembre acudió otro DRO y calificó la construcción como segura debido a que los daños no se habían registrado en muros de carga.

La firma de dicho documento corresponde a Salomón Saad Saad, el mismo arquitecto que estuvo a cargo del proyecto durante su construcción.

Esa revisión fue presentada por la constructora para demostrar que era segura y forma parte de las pruebas de defensa que hay en la carpeta que tienen abierta los vecinos por fraude ante la delegación. MCCI contactó a Saad vía telefónica, pero se negó a dar una postura sobre el tema.

Ninguno de los propietarios de los departamentos de entre 57 y 67 metros cuadrados en el edificio de Insurgentes, considera estar en un complejo de ensueño: pagaron desde 700 mil hasta millón y medio de pesos en su mayoría a través de créditos bancarios y del Infonavit y tuvieron quejas por defectos en la construcción y los acabados desde el primer año.

Mariana Monroy, vecina del piso 12, tiene un expediente ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por reparaciones de humedad desde 2015. Por un mal diseño en los materiales, la constructora reparó dos años consecutivos las paredes de su departamento.

Sin embargo, hasta el proceso de reclamación ha sido tortuoso. La venta del edificio se hizo con varios esquemas, unos firmaron compromisos de compra venta con Vertical Homes, otros más hicieron los pagos del enganche y la liquidación directamente a la empresa Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V.

Casi el 80 por ciento de los inquilinos obtuvo su propiedad con enganches otorgados a la Inmobiliaria Dekah, una empresa ligada también con los Neumann, debido a que uno de los socios es Simón Neumann quien fuera titular de la Seduvi.

Esta última empresa recibió los pagos iniciales de los inquilinos y les extendió un recibo, más tarde, durante el proceso de escrituración el trato sólo fue con Residencial Insurgentes.

Esta triangulación del dinero en empresas con socios ligados entre sí, sólo provocó que cuando los inquilinos acudieron a presentar reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor, tanto la inmobiliaria como la constructora argumentaran que no tenían que ver con el proceso.

La primera dijo que no era su responsabilidad porque no construía los departamentos, mientras que la constructora dijo que el trato comercial no se había firmado directamente con ella.

Relaciones verticales

Vertical Homes e Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V. están relacionadas entre sí ya sea por sus accionistas o por los representantes legales.

Eduardo Neumann accionista de Insurgentes Norte 1160, también aparece como socio en Vertical Homes y comparte participación en la empresa con José Antonio Fernández Garza Lagüera, Jaime Eduardo Alatorre Bernard, Mario Federico Sicilia Bernand y con Daniel Dickter, según el folio 502103 del Registro Público.

En ambas compañías están inscritos como representantes Martín Muñoz Ruiz y Daniel Dickter.

Sin embargo, la mayoría de los propietarios intermediaron con la Promotora Inmobiliaria Dekah, a quien le entregaron el anticipo.

El trabajo firmado por Paris Alejandro Salazar, Gloria Piña y Sandra Romandía resaltó que los fundadores de Dekah fueron compañeros de Miguel Ángel Mancera en su paso por la iniciativa privada, así como las facilidades que obtiene esta desarrolladora y sus filiales para construir y comercializar departamentos sin cumplir con todas las especificaciones de ley.

La falta de acción de las autoridades no parece ser exclusiva del gobierno central. Según los vecinos de Residencial Insurgentes, la delegación Gustavo A. Madero notó varias deficiencias en el proceso de construcción, pero se hicieron clausuras temporales que se subsanaron con multas que suman menos de 500 mil pesos.

Incluso, el 20 de septiembre de 2017 el entonces delegado Víctor Hugo Lobo acudió al edificio, ahí vestido con un chaleco fosforescente platicó con los vecinos y ofreció “presionar juntos” para que las empresas cumplieran con lo pactado en los contratos.

Como parte de la presión que presumía el jefe delegacional, el director jurídico y de gobierno de la delegación, José Augusto Velázquez, interpuso una denuncia por uso de documentos falsos y delito ambiental por uso de suelo distinto al permitido, colocando como probable responsable a Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V., pero también al “poseedor, ocupante o encargado del inmueble”.

Por ese motivo, los vecinos resultaron acusados de un delito ambiental e incluso fueron citados como imputados.

—Además del daño que teníamos en las casas y el probable fraude porque no había aviso de terminación de obra, nosotros teníamos que pagar las multas por la mala construcción. No veíamos la salida— recordó Jazmín, quien pertenece al comité de administración del edificio.

En diciembre Víctor Hugo Lobo pidió licencia para competir por una diputación local, después de eso, nadie de la delegación dio seguimiento al estatus de los vecinos de Residencial Insurgentes.

Los vecinos acudieron a las oficinas centrales de Gustavo A. Madero pero les respondieron que ya no podían acompañarlos más y el apoyo sería solo moral. A Víctor Hugo Lobo no lo han vuelto a ver.

MCCI buscó la postura de la delegación varias ocasiones. La petición la atendió Rubén Chavarría quien dijo que era su decisión no dar información por teléfono. También se contactó a los representantes de la Inmobiliaria por correo y vía telefónica, pero hasta el cierre de la edición no habían respondido.

Casi un año después, los condóminos siguen recogiendo tabiques de las paredes aunque decidieron organizarse e ir reparando poco a poco los muros sin dejar las demandas que buscan la reparación de los cimientos.

Mientras buscan dónde vivir.

En el 2007, la empresa Lonai Group Property Services S.A. de C.V vendió departamentos en una torre de la colonia Narvarte Poniente. Los publicitó como nuevos y quienes compraron creyeron que así era. En realidad, el edificio ubicado en el 308 de la calle Nicolás San Juan se construyó entre 1966 y 1968.

Con el tiempo, los vecinos que ocuparon esos departamentos se enteraron que el inmueble no sólo contaba con casi 40 años de edad si no que, además, cargaba el peso adicional de dos penthouses añadidos en un proceso de remodelación realizado en 2006. Según una investigación realizada por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) y publicada en abril del 2018, las obras en la azotea se realizaron en forma ilegal, añadiendo 184 metros cuadrados de construcción.

Cuando el edificio se levantó, en 1968, tenía 12 departamentos distribuidos en siete niveles; en la azotea había pequeños cuartos de servicio y jaulas para tender ropa. El desarrollo estuvo a cargo de Inmobiliaria y Constructora Güitrón Rivera Castellanos, cuyo representante legal, en ese momento, era Julián Güitrón Fuentevilla, catedrático en derecho de la UNAM y quien años después, en el 2012, fue senador suplente por el partido Movimiento Ciudadano.

El 15 de febrero del 2006, Armando Gálvez Pérez, de la Notaría 103, dejó su testimonio por escrito, así como fotografías, donde se observan los dos pisos adicionales en el edificio del 308. En las imágenes también se registró el material atorado en la estrecha colindancia entre ese inmueble y su vecino.

El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México establece que es responsabilidad de las delegaciones verificar que las obras realizadas en su territorio se apeguen a la ley. Esto no sucedió en el caso de la remodelación y ampliación del edificio 308 de Nicolás San Juan.

Dos alertas

Cinco años después de que el edificio se ocupó, una autoridad se pronunció sobre la construcción ilegal de los dos penthouses: en marzo de 2012, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal visitó el inmueble tras una queja de los vecinos del edificio de Nicolás San Juan 304, por la inclinación que el número 308 mostraba hacía su edificio. Protección Civil identificó al inmueble 308 de Nicolás San Juan como “en Alto Riesgo para sus ocupantes, predios colindantes e incluso transeúntes a la zona”.

El entonces secretario de protección civil, Elías Moreno Brizuela, solicitó que los poseedores del inmueble contrataran a un Director Responsable de Obras (DRO), para determinar los trabajos de mitigación de riesgo necesarios para asegurar la estructura.

Los propietarios contrataron al arquitecto Enrique Estrada Romero, con carnet de DRO número 0539. En mayo de 2012, Estrada observó que el edificio mostraba desplomes, tanto al sur como al norte, pero también señaló que el inmueble presentaba “buena apariencia” y concluyó que en ese momento no representaba un riesgo para habitantes ni terceros. Recomendó seguir midiendo el desplome cada tres meses, durante un año; sustituir los materiales de acabado en una esquina por otros más ligeros y reubicar los tinacos del lado norte al lado sur de la azotea.

La Secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino no dio seguimiento a sus observaciones sobre el “alto riesgo” que representaba el edificio. Para este reportaje se solicitó a esta dependencia que indicara cómo procedió después de pedir que se realizaran trabajos para disminuir la vulnerabilidad del inmueble. Dijeron desconocerlo, explicando que en ese momento el secretario de protección civil era distinto al actual.

Unos años más tarde, en marzo del 2016, los vecinos del edificio número 304 de Nicolás San Juan presentaron una segunda queja ante autoridades por la inclinación que el edificio 308 mostraba hacia el suyo. Su demanda ciudadana fue entregada a la delegación Benito Juárez, entonces encabezada por Christian Von Roehrich, quien ahora es diputado local electo por la coalición “Por la CDMX al Frente”.

Funcionarios de la delegación visitaron el inmueble, confirmaron la inclinación y pidieron que los poseedores del edificio en el 308 de Nicolás San Juan obtuvieran, “ante un DRO y un Corresponsal en Seguridad Estructural, un dictamen de las condiciones presentes y las medidas de corrección por los pisos extra incorporados y el desplome existente." El oficio fue firmado por Jorge Alonso Elizalde Cruz, en ese momento titular de la Unidad Departamental Técnica de Protección Civil de la delegación Benito Juárez.

Las autoridades delegacionales tampoco dieron seguimiento a su petición. A través de una solicitud de información pública, MCCI preguntó a la delegación si se habían realizado las actividades señaladas. Respondieron que no tenían registro de que así hubiera sucedido.

Tres edificios dañados

Cuando el 19 de septiembre del 2017 las ondas sísmicas provenientes del sur sacudieron a la Ciudad de México, el edificio de Nicolás San Juan 308 se movió bruscamente de lado a lado, chocando con los edificios vecinos: el 304 (al norte) y el 314 (al sur).

Los dos niveles que se le añadieron en 2006 provocaron que su movimiento fuera más extremo y, por lo tanto, más brusco el golpeteo con los edificios colindantes. El dictamen postsísmico realizado por el ingeniero Bernardo Gómez, quien fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural entre 2015 y 2016, describe al inmueble del 308 como un “edificio con incremento de niveles que empeora la excentricidad de carga gravitacional en dirección del inmueble ubicado en Nicolás San Juan 304".

La falta de separación entre los edificios hizo más fuerte el choque. La ley marca que la distancia que debe existir entre la separación de dos inmuebles depende de la altura de las estructuras. Evidentemente, cuando se añadieron los dos penthouses, la separación entre los edificios en la calle de Nicolás San Juan no aumentó de manera correspondiente.

El edificio 304 de Nicolás San Juan —con seis niveles y 21 departamentos— quedó gravemente dañado. Este edificio contaba con una “planta baja débil”, en el lenguaje de los ingenieros, lo cual lo hacía más vulnerable. Una “planta baja débil” es un primer nivel, usualmente destinado a estacionamiento, que cuenta con un sistema de estructuración compuesto de columnas de concreto reforzado pero una ausencia de muros de carga. El edificio número 304 se demolió en abril de 2018.

El otro inmueble contiguo al 308, el ubicado en el número 314, también presentó daños, por lo que fue deshabitado.

El edificio de Nicolás San Juan 308 sufrió daños estructurales.

Fue hasta después del sismo que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) realizó una investigación sobre este inmueble. En su resolución, publicada el 26 de abril del 2018, confirmó que “rebasa los niveles permitidos” y que “la carga extra de la superficie de construcción representa un riesgo, toda vez que el sobre esfuerzo de los elementos estructurales y la cimentación no contemplaban el peso que se adicionó”. También concluyó que los desarrolladores violaron el reglamento de construcción al realizar la obra sin contar con la manifestación de construcción.

El 16 de mayo de 2018, en un comunicado firmado por el director general del Instituto para la Seguridad en las Construcciones (ISC), Renato Berrón, se informó a los vecinos que su edificio no solamente había sufrido daño estructural a raíz del sismo, sino que la estructura seguía deteriorándose desde entonces.

Este instituto también señaló que los dos pisos adicionales representaban una vulnerabilidad para la estructura y que el edificio estaba en “alto riesgo de colapso”, por lo que se determinó su demolición.

La Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano (Seduvi) será la que decida si se premiará la ilegalidad: esa dependencia determinará si los dos niveles añadidos ilegalmente en 2006 se podrán reconstruir.