Desde septiembre de 2017, quien camina frente al número 24 de la calle Agustín Delgado, en la colonia Tránsito, puede leer lo escrito en la cartulina verde fosforescente pegada sobre la puerta: “Vecinos unidos a favor del derrumbe de los edificios dañados desde hace 32 años”. La frase da la bienvenida a la unidad habitacional en donde 45 familias viven bajo el asedio de su vecino: una mole de cemento cuyas paredes se desmoronan.

Todas las mañanas, la sombra del edificio de 13 niveles, ubicado en Agustín Delgado número 28, cae sobre la unidad habitacional que Daniel Covarrubias y sus vecinos construyeron después de que su vecindad se cayó durante el terremoto, de magnitud 8.1, que el jueves 19 de septiembre de 1985 despertó a la Ciudad de México.

Ese día, la colonia Tránsito —muy cerca del Centro Histórico y a unos pasos del metro San Antonio Abad— se llenó de escombros. En la zona colapsaron inmuebles de oficinas o que aparentaban serlo. El sismo mostró que, en realidad, varias de esas construcciones escondían talleres clandestinos de costura.

Uno de los edificios que no colapsó, pese a que sufrió graves daños, fue el que se levantó en el número 28 de Agustín Delgado, un inmueble de 13 pisos recién construido.

La construcción de junto, el inmueble de 13 niveles de Agustín Delgado 28, fue uno de los 5 mil 728 edificios dañados o destruidos en el sismo del 19 de septiembre de 1985, de acuerdo con cifras del Comité Metropolitano para Emergencias. El 38 por ciento de estos edificios sufrió daño estructural.

En un informe realizado por investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y que se difundió en noviembre de 1985, se determinó que el inmueble de Agustín Delgado 28 presentaba daños “graves” causados, sobre todo, por la “sobrecarga de la edificación”.

En los documentos a los que se tuvo acceso no existe evidencia de cuándo se terminó la obra. Habitantes de la zona recuerdan que la construcción se detuvo varias veces y tardó años en ser terminado. Lo que no olvidan es que fue en 1985 cuando policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal comenzaron a llegar al edificio; en el sótano —aseguran— estaban las celdas y el anfiteatro; la planta baja y los dos primeros niveles se destinaron a ser estacionamiento y el resto de los pisos, oficinas.

Daniel y sus vecinos se organizaron, formaron una cooperativa y con donativos internacionales construyeron la unidad habitacional en donde viven desde finales de la década de los 80. La unidad habitacional se levantó en el mismo terreno que, alguna vez, ocupó su antigua vecindad.Desde entonces despiertan con la sombra del edificio dañado.

En marzo de 1988, en respuesta a uno de los tantos oficios que Daniel Covarrubias y sus vecinos repartieron por oficinas de gobierno, el entonces secretario de Obras del Departamento del Distrito Federal, Francisco Noreña Casado, les informó que las autoridades habían estado “ejerciendo presión con los propietarios para que el inmueble sea reparado”. Y se explicó que los dueños del edificio presentaron una propuesta de proyecto de restructuración, a la que el personal técnico de la coordinación realizó varias observaciones, pero que no habían sido atendidas por los propietarios, por lo que se solicitó a la delegación “se le apliquen las sanciones y clausura correspondiente”.

En ese entonces, Ramón Aguirre Velázquez era el jefe del Departamento del Distrito Federal, y Enrique Jackson Ramírez, el delegado en Cuauhtémoc.

Un año después, el 20 de octubre de 1989, el entonces delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc, Ignacio Vázquez Torres, firmó un edicto que se publicó en varios periódicos y que se dirigía a los propietarios de los edificios dañados por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985:

“Se les notifica que con motivo de la investigación de daños realizada en el inmueble de su propiedad se dictaminó que, por el estado en que se encuentra, es necesario efectuar trabajos de demolición como medida de seguridad y con el propósito de que no causen daños a inmuebles aledaños o a terceros… de no cumplir con este requerimiento se hará acreedor a las sanciones correspondientes y se procederá a realizar las obras necesarias con cargo a su cuenta mediante un crédito fiscal”.

Cinco días después de haber sido publicado el edicto, Isidoro Kichik Behar se presentó ante las autoridades delegacionales como representante legal de la empresa Condominios Industriales S.A., propietaria del edificio. Se hizo acompañar del ingeniero Jacobo Gorodezky Lauferman, Director Responsable de Obra (DRO) y Corresponsable de Seguridad Estructural para las obras de reforzamiento de la estructura del edificio. En los documentos que se encuentran en la delegación Cuauhtémoc no se encontró alguna evidencia de que esos trabajos se realizaron.

El 21 de octubre de 1991, los dueños del edificio solicitaron la regularización del uso de suelo del inmueble. En ese documento, las autoridades de la entonces Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica reconocen que el edificio de 13 niveles no tenía que haberse construido, porque en esa zona sólo podían edificarse inmuebles de hasta cinco pisos. Aún así, por “derechos adquiridos”, se regularizaron los 13 niveles.

Negocio planificado con anticipación

En sus tres décadas de existencia, el edificio de Agustín Delgado 28 ha tenido, por lo menos, tres dueños, de acuerdo con diversos documentos, entre ellos los antecedentes notariales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Condominios Industriales fue propietaria hasta, por lo menos, principios de la década de los noventa. En 1987 y 1990, el inmueble fue embargado por deudas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En mayo de 2006, BBVA Bancomer remató la propiedad —un terreno de mil 898.55 metros cuadrados y la construcción de 20 mil 44 metros cuadrados— a un precio de ganga: 12 millones 300 mil pesos.

Salomón Cojab Farca y Adela Fallena, por ejemplo, son propietarios de otros edificios en la Ciudad de México, los cuales rentan a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Algunos de estos inmuebles son los ubicados en el número 4 de Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, y en el número 31 de la calle Topacio, en la colonia Centro.

Y aunque, en los papeles, la venta del edificio de Agustín Delgado 28 se concretó en 2006 los planes para su transformación en departamentos comenzarón mucho antes, tan sólo unas semanas después de haber sido creada la Inmobiliaria Sacomo.

En agosto de 2004 se formó la inmobiliaria y en septiembre de ese mismo año se realizó el estudio de mecánica de suelos para el predio. La memoria descriptiva se hizo en julio de 2005, un año antes de la compra del edificio.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a estos documentos, a través de una solicitud de información.

En la memoria descriptiva se detalló que los trabajos de remodelación y reestructuración de la obra consistirían en habilitar 130 departamentos, 249 espacios para estacionamiento y tres locales comerciales.

La reestructuración del inmueble —se señaló en la memoria descriptiva— se realizaría por medio de “estructura metálica adosada por medios eficientes a la estructura original de concreto”.

Además, se argumentó, las dimensiones mínimas de los patios de ventilación no se apegaban a lo indicado en las normas y no se cumplió con el área libre “jardinada y permeable”. Y, en especial, “no existen antecedentes de las lecturas de nivelaciones propuestas o de las calas para determinar la existencia de pilotes de cimentación. Tampoco se hace referencia a posibles trabajos de reforzamiento en la cimentación y/o en la superestructura”.

Sin embargo, seis meses después de este oficio, el 22 de octubre de 2010, el arquitecto Martín Miguel Ruiz Ramírez, director general de obras y desarrollo urbano de la delegación Cuauhtémoc, firmó y autorizó el uso y ocupación del edificio.

En los documentos sobre Agustín Delgado número 28, obtenidos a través de solicitudes de información, no se encontró alguno en donde autoridades de la delegación hayan verificado que la Inmobiliaria Sacomo realmente reforzó la cimentación del edificio dañado en el sismo de 1985.

Lo único que sí sucedió es que la delegación Cuauhtémoc impuso una multa por aviso de terminación de obra extemporánea, equivalente a ocho mil 619 pesos.

Los departamentos de Agustín Delgado 28, en la colonia Tránsito, comenzaron a promocionarse para su venta. Incluso, se presumieron como si fueran una obra nueva. En algunos sitios de internet aún es posible encontrar anuncios que los publicitan: “Departamentos nuevos con elevador, roof garden, estacionamieto cubierto, pasillos amplios. Deptos desde 73 M2 hasta 79 M2, de dos y tres recamaras… precio desde 1,200,000 hasta 1,500,000… Año de construcción 2013”.

Negocio frustrado

El martes del 19 de septiembre de 2017, durante el sismo de magnitud 7.1, la construcción remodelada de 13 pisos volvió a crujir como ya lo había hecho en sismos anteriores; algunas de sus paredes se desmoronaron como sucedió 32 años atrás, la herrería de varias de sus ventanas se torció y la estructura se hundió todavía más.

La mole de cemento no cayó para fortuna de sus vecinos, las 45 familias que viven en la unidad habitacional y, sobre todo, para suerte de quienes, en 2014, invadieron el edificio.

—Ya lo tenía vendido (el edificio), pero tres días antes de que lo entregaran, vinieron y lo invadieron… Eso fue como en mayo del 2014. —señala Salomón Cojab, accionista de la Inmobiliaria Sacomo, empresa que presentó varias demandas en contra de los invasores.

—¿A quién lo vendió? —se le pregunta a Salomón Cojab vía telefónica.

—A otra persona que, es más, ni siguiera la conocí...La verdad es que no quiero platicar eso por teléfono. —Salomón Cojab aseguró que días después daría una entrevista para hablar del tema.

En el dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, fechado el 22 de febrero de 2018, se señala que el edificio tiene inundado el cajón de cimentación, “lo cual pone de manifiesto la existencia de fisuras y la falta de mantenimiento que ha prevalecido en él”.

Aún así, el edificio de 13 pisos de Agustín Delgado 28 estuvo habitado durante casi diez meses después del sismo de septiembre de 2017.

Durante varios días de junio, MCCI se presentó en el lugar y solicitó una entrevista con los habitantes del edificio. Fue hasta la tarde del sábado 23 de junio de 2017, cuando dos hombres, que se negaron a dar sus nombres, aseguraron que los inquilinos del inmueble pertenecían al “grupo de los Francisco Villa”.

—¿Hace cuánto viven aquí?

—Ya tenemos un buen rato —respondió uno de ellos.

—Hay un dictamen donde se señala que el edificio no es seguro, que está en riesgo…

—Ya vinieron a ver el edificio y nos dijeron que está bien —interrumpió el hombre de mayor edad.

—¿Cuánta gente vive aquí?

—No te puedo dar esa información… Aquí tenemos niños, tenemos gente y tenemos seguridad. Ahorita estamos en un asunto legal y no podemos decir más sobre el edificio… ¿Conoces el grupo Francisco Villa? Somos nosotros. Si le sigues, vas a detonar cosas que no vas a poder detener… Si tu comprendes estas palabras, Francisco Villa, vas a entender mucho.

La mañana del viernes 6 de julio, el edificio de Agustín Delgado 28 fue desalojado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Retomar el negocio

El viernes 27 de julio de 2018, MCCI volvió a hablar vía telefónica con Salomón Cojab. Para entonces, el edificio seguía resguardado por personal de Seguridad Pública de la CDMX.

—Cuando compró el edificio y lo remodeló, ¿cómo se reforzaron los cimientos y la estructura?

—Le quité entre el 50 y 60 por ciento del peso. Le quité el montacargas que tenía; se le colocó una estructura de acero. El edificio está perfectamente bien. Voy a entrar a repararlo; se va a resanar, pintar y listo.

—Pero hay un dictamen que señala que el edificio tiene una inclinación importante, fracturas en sus columnas y que es de alto riesgo…

—El edificio está bien. Si aguantó este temblor, aguantará otros 20 temblores más.

—¿Usted ya vio el edificio?

—No he ido en años, pero no hay por qué preocuparse. El edificio está bien… Mire, yo mandé que le pusieran la bandera roja para que se pensara que el edificio estaba mal y así poder sacar a la gente que estaba dentro. Lo hice con algunas amistades.

—¿Algunas amistades del gobierno?

—No puedo decirle más. Lo que sí le puedo decir es que el edificio está bien.

Lo que el dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones señala es que el edificio no está bien y representa un alto riesgo. Quien visite el inmueble notará que tiene una inclinación pronunciada, además de que sus muros exteriores presentan fracturas e, incluso, parte de sus paredes se están cayendo.

Daniel Covarrubias y sus vecinos no se cansan de mandar oficios, de tocar la puerta de las autoridades y de advertir que el edificio que tienen a un lado está al punto del colapso.

—La demolición de un edificio no es un asunto que le corresponda a la delegación; no está dentro de sus facultades. Eso le corresponde al gobierno central. —dijo Dolores Padierna a MCCI, vía telefónica. Además, señaló no recordar ese edificio.

Las 45 familias que viven en la Unidad Habitacional de Agustín Delgado número 24 aún tienen la esperanza de que su petición, aquella que escribieron en la cartulina verde fosforescente y pegaron en su puerta, ahora sí sea escuchada.

No quieren que la historia se repita: que, en el siguiente terremoto, el edificio vecino, el que todas las mañanas cubre con su sombra a su unidad habitacional, vuelva a crujir y sus muros caigan encima de sus viviendas.

No se conoce con precisión cuántas personas estaban en el lugar durante el sismo. Algunos reportes periodísticos señalan que había 77 nombres escritos en la libreta de registros de la entrada del inmueble; otros mencionan que eran 76. Además de ellos ahí estaban los empleados de las empresas que rentaban oficinas, entre ellas Valora Consultores, la Clínica Crisálida, DM Link, Ayni Coworking, Aguilera Contadores Públicos y la Academia de Idiomas Speak. En el lugar también se encontraban los dueños del edificio y de la Inmobiliaria Álvaro Obregón.

Tampoco hay una cifra precisa sobre las personas que fueron rescatadas. El Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) reportó 22; el gobierno de la Ciudad de México informó que eran 27. Lo que sí se sabe es que 35 horas después del colapso se encontró a la última persona con vida.

Entre los escombros de lo que fue el edificio de Álvaro Obregón 286 murieron 49 personas.

A casi un año de esos fallecimientos se han realizado, por lo menos, dos estudios en busca de una explicación que permita entender por qué cayó ese inmueble cuya estructura, incluso, fue diseñada con estándares más altos a los que exigía el reglamento vigente en 1959, año en el que se construyó. Los peritajes dan razones diferentes.

Documento olvidado

Martha Patricia Parras, de 55 años, trabajaba como jefa de cocina de la empresa DM Link. Ella falleció en el colapso del edificio. Su esposo, Ernesto Franco Gómez buscó asesoría legal. Fue de los primeros familiares en presentar una denuncia, por homicidio culposo, en contra de quien resulte responsable.

El 21 de noviembre del 2017, el abogado de Ernesto Franco Gómez presentó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) croquis del tercer y quinto piso del edificio, en los cuales se mostraba que en esos niveles no existían pilares. Así se cita en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-7/UI2S/D/3409/09-2017, de la Fiscalía en Cuauhtémoc.

La versión de que el inmueble presentaba irregularidades en su construcción, y que por ello colapsó, partió inicialmente de una declaración de Humberto Morgan, coordinador de asesores de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y quien en aquellos días de la emergencia fue uno de los enlaces con las familias de las víctimas.

Varios medios difundieron esas declaraciones en las que el funcionario aseguraba que en el edificio “se hicieron dos cosas terribles”; la primera fue aumentar los niveles y la otra fue colocar, a partir del tercer piso “losa catalana”. Más allá de los dichos de Morgan —filósofo de profesión— existían documentos que advertían de problemas en la estructura del inmueble desde 20 años atrás.

»Existió un cambio en el uso del edificio: se construyó para funcionar como “apartamentos”, pero se utilizó para oficinas; esto provocó un mayor peso para su estructura.

»Se cambió el elevador y esto también implicó una carga adicional por el cuarto de máquinas que se instaló.

»En los últimos años no se tramitó ninguna constancia de seguridad estructural.

»Además, el edificio tenía una inclinación de 15 centímetros hacia el oriente.

En este peritaje se aseguraba que, entre junio de 1994 y abril de 1997, se le construyó un nivel más al inmueble. “Los últimos trabajos reportados fueron en 1993, cuando aún tenía seis niveles y cuando se hace la inspección ocular por parte del ingeniero Urzúa se da cuenta de siete niveles. Este nivel adicional modificó las condiciones de seguridad y estabilidad estructural del inmueble”, detalla el informe que se encuentra en la carpeta de investigación.

Jesús Valdez Aguilar, ingeniero de la empresa Miyamoto Internacional, fue uno de los responsables de apuntalar las zonas del edificio que no se derrumbaron tras el sismo, para rescatar a las personas atrapadas. Durante los días que estuvo en el lugar realizando tareas de rescate observó que las columnas responden a las técnicas de construcción vigentes en los años cincuenta, cuando se levantó el edificio.

—La losa del sexto nivel era plana, con trabes, pero si veíamos más adentro, la del quinto nivel también tenía impermeabilizante. Eso indicaba que fue una azotea y le agregaron un piso más. En otras losas no era tezontle, era tepetate— explicó el especialista Valdez en entrevista con MCCI.

Jesús Valdez y José Antonio López Meza, experto en ingeniería estructural de la UNAM, coinciden en que lo que también contribuyó al colapso del edificio fue el choque que durante el sismo tuvo con sus inmuebles vecinos, principalmente el marcado con el número 284, en donde se encontraba una clínica quiropráctica.

El ingeniero López Meza, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, analizó las memorias de cálculo del inmueble, obtenidas por MCCI, y estableció que era un edificio calculado con mucha más aceleración sísmica respecto a la que pedía el reglamento de aquella época. “Por eso sobrevivió tanto”, explicó.

Si las columnas del edificio se diseñaron para seis niveles y al final se le añadió otro piso, debió reforzarse porque un peso excedente puede generar fallas en la estructura, añadió López Meza.

—Cada que se le hace una modificación a una estructura, como echarle un piso extra, se tiene que tramitar un permiso de construcción y se debe revisar mediante cálculo estructural. ¿Quién hace eso? ¡Casi nadie! —aseguró López Meza.

La importancia de los planos

Después del sismo, Daniela Molina fue a buscar a su hermano Julio César, que trabajaba en uno de los despachos de contadores que tenían oficinas en Álvaro Obregón 286. Esperó varios días para tener alguna noticia sobre él.

El rescate de las personas atrapadas y de los cuerpos de quienes fallecieron se complicó, en buena parte, porque no se tenían desde un inicio todos los planos del edificio. En redes sociales circularon croquis de algunos pisos y gracias a estas imágenes (fotocopias) y a la orientación de los sobrevivientes se logró rescatar a personas atrapadas. Álvaro Obregón 286 fue el inmueble donde más personas murieron el 19 de septiembre del 2017. Tan sólo de Aguilera y Contadores fallecieron 31 de sus empleados; Julio César Molina Flores fue uno de ellos.

Además de los voluntarios, 110 elementos del ERUM trabajaron en la zona durante 15 días.

Jesús Valdez Aguilar, ingeniero estructurista y quien participó en el rescate, consideró que hubiera sido deseable contar con esos planos desde el primer momento y no con croquis que apenas detallaban lo básico.

—Todos los edificios debieran tener una especie de caja negra en el acceso o en un lugar cercano, para tener la información sobre el inmueble, para saber dónde estaban las rutas de evacuación. Yo tuve, al segundo día, unos planos básicos de arquitectura, lo que tenía era un plano arquitectónico de los que se usan para hacer la distribución de las oficinas. No esperaba encontrar planos estructurales, pero al menos teníamos los planos de distribución.

El Ministerio Público solicitó todos los documentos sobre Álvaro Obregón a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a la delegación Cuauhtémoc, a la Secretaría de Obras, al Instituto de Verificación Administrativa (Invea), a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Se entregaron algunos documentos, pero no los planos.

El 23 de octubre de 2017, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc, Humberto Chavarría Echartea, entregó un expediente que incluía copias de la licencia de construcción de 1959, una memoria de cálculo y constancia de alineación y número oficial. No había planos.

“No contamos con planos arquitectónicos, ni estructurales, dado que los archivos donde se contenían se encontraban en el inmueble colapsado”, respondió José Luis Carrasco Tovar, apoderado legal de Inmobiliaria Álvaro Obregón a MCCI en una carta enviada el 23 de agosto de 2018.

Ernesto Sota López, uno de los propietarios del edificio, se presentó al Ministerio Público el 7 de noviembre de 2017, para explicar que no tenía esos documentos. Y defendió la seguridad del edificio señalando que algunas dependencias de gobierno rentaron oficinas en el inmueble durante muchos años. Por ejemplo, la Secretaría de Pesca tuvo sus oficinas ahí desde finales de los 70 y hasta los primeros años de la década de los 90.

En su comparecencia dijo que, cuando esa dependencia dejó el edificio, aprovecharon para hacer “ciertas adecuaciones” como cambiar la fachada, poner otros acabados, construir la escalera de emergencia y cambiar el elevador.

Sota López aseguró que se realizaron revisiones estructurales del edificio. Cuando el Ministerio Público le solicitó los nombres de las empresas o personas físicas que las realizaron, dijo que no lo recordaba. Tampoco presentó documentos.

Sin embargo, aseguró que después del sismo del 7 de septiembre se revisaron las estructuras y los niveles del edificio, “sin que se hubiera apreciado ninguna falla”, de acuerdo con su declaración.

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (ISCDF) ni Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc tienen algún documento sobre esta revisión. En el oficio INVEADF/CJSL/DCA/22988/2017, Invea también manifestó que “no se identificó procedimiento administrativo que se encuentre relacionado con el predio de referencia”.

Rentarle edificios al gobierno

De lo que sí hay antecedentes notariales es de Inmobiliaria Acalotenco, S.A., la cual tiene entre sus accionistas a Teresa Gabriela López García de Sota; los apoderados y representantes legales son Ernesto Sota Cisneros y su hijo, Ernesto Sota López.

En la actualidad, Inmobiliaria Acalotenco renta el edificio donde tiene sus oficinas la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT): el número 202 de la calle Medellín, de la colonia Roma Norte.

De acuerdo con la copia de un contrato que obtuvo MCCI, tan sólo en 2014, la PAOT pagó a Inmobiliaria Acalotenco un millón 309 mil 624 pesos por el arrendamiento del inmueble. Además de la renta, la dependencia capitalina también paga a esta empresa por el mantenimiento del edificio.

En entrevista funcionarios de la PAOT rechazaron que hubiera algún conflicto de interés con la inmobiliaria.

Antes de ocupar ese edificio, entre 2008 y 2009, la PAOT rentó oficinas en Álvaro Obregón 286, el edificio que colapsó en septiembre de 2017.

La PAOT tiene entre sus funciones investigar todas aquellas denuncias realizadas por ciudadanos, así como por diversas dependencias de la Ciudad de México, sobre violaciones a los usos de suelo y construcciones irregulares.

Y aunque la PAOT renta un edificio a los mismos representantes de Inmobiliaria Álvaro Obregón 286, el Ministerio Público solicitó a esa procuraduría realizar un estudio para conocer si en el inmueble colapsado se construyeron niveles de más o se realizaron otros cambios en su estructura original.

La PAOT concluyó que entre 1986 y 2016 “no se identificaron modificaciones estructurales en el cuerpo constructivo”, lo cual contrasta con lo señalado por el ingeniero Jesús Valdez Aguilar y con el dictamen realizado por el despacho Nava Díaz y Asociados, cuyos especialistas mencionaron que el piso de más modificó las condiciones de estabilidad estructural del edificio.

En los documentos que la delegación Cuauhtémoc entregó al Ministerio Público, y de los cuales MCCI tiene copia, hay una licencia de construcción de 1993, la cual no especifica cuáles son las obras que se realizaron.

Sin programa de protección civil

El periodista Rubén Vázquez Pérez trabajaba cerca de Álvaro Obregón 286. De vez en cuando pasaba al edificio para saludar a su prima, María del Pilar Solorio Pérez. Ella era contadora, soltera, sin hijos y socia de la firma Contadores Aguilera.

—Me extraña que mi prima no haya alcanzado a salir, si se sentaba cerca de la salida de emergencia —asegura Vázquez Pérez.

María del Pilar falleció durante el colapso del edificio, al igual que su socio Jaime Aguilera Rodríguez y su sobrina Carolina Solorio Romero.

El piso del que debieron salir era el cuarto, donde hubo el mayor número de personas atrapadas durante el colapso.

Cuando Ernesto Franco Gómez presentó su denuncia por el fallecimiento de su esposa Martha Patricia Parras declaró: “Las escaleras de emergencia daban al interior del propio edificio en lugar de tener salida hacia la calle o un punto de seguridad, faltando además señalizaciones de emergencia o plan de evacuación”.

Además, las escaleras internas que rodeaban el cubo del elevador, por donde intentaron salir algunas personas, estaban hechas de puro tabique, señaló el ingeniero Jesús Valdez, quien recuerda que “el ducto del elevador y de la escalera, a la hora del colapso, se hicieron polvo”.

Algunas personas sobrevivieron al colapso porque, cuando el edificio comenzaba a caer, ellos saltaron a los inmuebles contiguos. Así lo hizo Mauricio, quien llevaba a una bebé en brazos. Ellos estaban en el sexto piso.

Otros más salieron por la planta baja, que no colapsó. Durante el primer y segundo día fueron rescatadas con vida alrededor de 16 personas, entre ellas Diana Pacheco Ortiz, Edith Valencia, Óscar Cantellano y Gwendoline Blondel. Los rescates más sonados fueron los de Isaac Ayala Avilés, Paulina Sánchez y Lucía Zamora; ellos estuvieron más de 30 horas bajo los escombros.

Ernesto Sota Cisneros, de 76 años de edad, también fue rescatado, al igual que su hijo, Ernesto Sota López, de 46 años de edad. Ellos tenían sus oficinas en el sexto piso. El ingeniero Jesús Valdez Aguilar quien estuvo en el lugar como brigadista recuerda:

—De milagro no se cayó (el edificio) completito, pues le ayudaron un poco los edificios contiguos. Pudo haber muerto más gente, ya que la escalera de emergencia daba a un patio sin salida. Para escapar de ahí, la gente tenía que pasar por debajo del edificio.

La escalera de emergencia fue una de las adecuaciones que hicieron los dueños del inmueble en 1993, ya que en ese entonces todos los edificios debían cumplir con esa norma, incluyendo la de un plan de Protección Civil.

Cuando la escalera se separó del inmueble, las personas que intentaban desalojar el edificio tuvieron que brincar ese espacio para poder alcanzar los escalones. Esto generó aún más desesperación entre quienes buscaban cómo salir.

Cuando el Ministerio Público solicitó las revisiones que se realizaron en el edificio, la dirección de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc respondió que no existían, ya que la inmobiliaria nunca entregó sus programas internos de protección civil.

Expropiación fast-track

Noemí Manuel acudía todos los días, alrededor de la una de la tarde, al despacho de contadores que tenía sus oficinas en el cuarto piso de Álvaro Obregón 286. Ese día, iba a firmar su contrato para ya trabajar en la empresa. Ella también murió en el colapso del edificio.

Su primo Juan Pedro Filomeno Manuel recuerda lo que le dijeron a la familia algunos de los compañeros de trabajo de Noemí: la última vez que la vieron iba hacia las escaleras de la salida de emergencia.

Noemí fue de las últimas personas en ser rescatadas. Cuando sus familiares la identificaron, aseguran que no tenía mucho tiempo de haber fallecido.

La familia de Noemí es una de las pocas que continúa adelante con la demanda. Hasta finales de agosto de 2017, de las 49 familias de personas fallecidas, 42 ya habían desistido, según información del mismo Ministerio Público. Llegaron a un acuerdo con los dueños del edificio, quienes les entregaron una indemnización “como reparación del daño por los hechos probablemente constitutivos de delito de homicidio culposo”.

Ernesto Sota López y Ernesto Sota Cisneros, de la Inmobiliaria Álvaro Obregón, indemnizaron a los familiares de los deudos, después de que el gobierno de la Ciudad de México les pagara 46 millones de pesos por la expropiación del terreno en donde estaba el edificio.

A cada uno de los indemnizados les otorgaron de 600 mil a 950 mil pesos por víctima (alrededor de 42 millones de pesos entre todos los familiares de las víctimas).

Los dueños de las empresas que rentaban oficinas en el edificio también denunciaron a la Inmobiliaria Álvaro Obregón por fraude, ya que exigen el pago de las primas del seguro que ellos pagaban. Y es que, la inmobiliaria cobró el seguro de 25 millones de pesos.

Dos meses después del sismo, el 10 de noviembre de 2017, Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda (Seduvi) envió a la Procuraduría el oficio ISCDF/DG/1511/2017 en el que se consideraba crear un parque público memorial de las víctimas del sismo en el predio de Álvaro Obregón 286. Para ello, necesitaban incorporar el terreno a los bienes bajo dominio del Gobierno de la Ciudad de México.

La justificación para expropiar el inmueble fue “para la construcción de un Parque Memorial y, en su caso, un espacio con servicios gubernamentales, con el fin de mejorar la infraestructura y equipamiento de la zona… así como favorecer una cultura de resiliencia en la Ciudad de México”, según señala el Decreto Expropiatorio publicado el 13 de marzo de 2018.

El gobierno de la Ciudad de México lanzó una convocatoria para seleccionar el proyecto arquitectónico para el memorial. Este proyecto está suspendido, después de que organizaciones de damnificados del sismo se opusieron a ese plan.

Todos los días, a la una de la tarde, Lorna Martínez Skossowska se instalaba en su estudio para trabajar en su más reciente novela. Desde su escritorio tenía una vista privilegiada a las copas de los árboles afuera del edificio número 107 de la avenida Ámsterdam, en la colonia Hipódromo de la Ciudad de México. El 19 de septiembre del 2017 no fue la excepción.

Ese martes, la escritora de 87 años esperaba al profesor que la ayudaba en el manejo de su computadora. A la 1:10 de la tarde su maestro aún no había tocado el timbre; Lorna le pidió a Constanza López, quien trabajaba con ella desde hace siete años, que le sirviera un whisky en las rocas. Cuatro minutos más tarde, el suelo se movió.

—¡Mi whisky! —exclamó Lorna, justo cuando su retrato, donde ella lucía joven con un vestido de terciopelo guinda, cayó al piso.

—¡Vámonos señora! —le dijo Constanza, quien ya había servido el vaso con el whisky.

—No, no voy a bajar. ¡Córrele…! —Lorna sabía que no tenía la velocidad necesaria para desalojar el edificio. Su edad no era lo único que se lo impedía. Semanas antes se había caído y eso limitaba sus movimientos.

Al ver que algunas paredes comenzaban a cuartearse, Constanza tomó su celular y salió corriendo del departamento. Al bajar las escaleras del segundo piso, se tropezó; pero eso no le impidió llegar a tiempo al camellón de avenida Ámsterdam. Nadie salió del edificio después de ella. Pocos segundos después, la construcción colapsó.

El inmueble de nueve niveles, construido en 1980, se desplomó en dirección noreste. Sólo se mantuvo en pie la planta baja, los otros ocho pisos quedaron como si fueran grandes fichas de dominó derrumbadas sobre la calle, aplastando tres coches y quebrando varios árboles. Fallecieron siete personas dentro del edificio, entre ellas Lorna.

En la licencia de construcción —que la delegación Cuauhtémoc entregó como respuesta a una solicitud de información— el nombre del ingeniero Max Tenenbaum Rosenfeld aparece como el perito que supervisó la construcción del edificio donde vivía Lorna, el número 107 de la avenida Ámsterdam.

Además de ese edificio, hay otros dos que también colapsaron durante un sismo y cuyos documentos tienen el nombre de Max Tenenbaum como el ingeniero responsable del diseño de la estructura o de la supervisión de la construcción. Uno de ellos, el ubicado en el número 12 de la calle de Tehuantepec, cayó el 19 de septiembre de 1985; el otro, el número 4 de la calle de Edimburgo, se vino abajo el mismo día, pero 32 años después.

El 5 de julio del 2018, MCCI se reunió con Tenenbaum. En esa segunda entrevista, el ingeniero negó una vez más haber sido el perito de la construcción de los dos edificios colapsados en el sismo del 2017.

Al mostrarle la licencia de construcción de Ámsterdam 107, Tenenbaum aseguró que su firma había sido falsificada.

—Esa no es mi firma —repitió en varias ocasiones.

La historia se repite

Max Tenenbaum se recibió como ingeniero civil de la UNAM en 1968; tres años después ingresó al Colegio de Ingenieros Civiles de México.

En 1978 Max Tenenbaum y el arquitecto Abelardo Meneses Vara fueron los responsables del diseño y la construcción de un edificio en el número 12 de la calle de Tehuantepec, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. Durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, este inmueble colapsó. Entre sus escombros quedaron sepultadas más de 120 personas, de acuerdo con información publicada por The New York Times en noviembre de 1986.

Uno de los inquilinos de Tehuantepec 12, el ingeniero estructuralista Raúl Pérez Pereyra, investigó las causas del colapso. En el derrumbe del edificio fallecieron su esposa, su hija y dos de sus nietos.

Pérez Pereyra, especialista en el diseño de edificios altos, organizó un equipo de expertos para realizar la investigación. Fueron ellos quienes, de entre los escombros, tomaron muestras de concreto, las analizaron y encontraron que el ingeniero Tenenbaum utilizó muy poco acero en las columnas que sostenían a la estructura.

Tras un año de investigación, Pérez Pereyra y su equipo descubrieron que Tenenbaum y Meneses incumplieron 43 de las 45 normas que estipulaba el Reglamento de Construcción de ese entonces. Con base en esa investigación, la procuraduría giró órdenes de aprehensión contra Tenenbaum y Meneses.

Según el reportaje publicado en The New York Times, en noviembre de 1986, Tenenbaum y Menseses se fugaron del país. Hasta ese momento, esas dos órdenes de aprehensión eran las únicas que se habían emitido por los hechos del sismo de 1985. “Más de un año después del sismo, el gobierno mexicano ha dejado claro que investigar las causas del colapso de edificios es una prioridad baja”, escribió en ese entonces el reportero William Stockton.

En la primera entrevista con Tenenbaum, éste aseguró a MCCI que nunca hubo una orden de aprehensión y que, por lo tanto, no se había fugado del país. Tres días más tarde, en la segunda entrevista, el ingeniero aceptó que sí se fugó:

—La verdad no sé si hubo órdenes (de aprehensión), pero nunca fueron a buscarme.

—¿Usted salió del país? —se le preguntó una vez más.

—Sí, sí salí del país… Es que mis amigos me dijeron: “Max, vete por si las dudas”.

—¿A dónde se fue?

—Me fui a Los Ángeles.

El ingeniero Tenenbaum acepta que él realizó el diseño estructural del edificio de Tehuantepec, número 12. Pero, asegura, que los encargados de construir el edificio no cumplieron con las indicaciones señaladas en los planos. En ese edificio, remarca: “no fui perito ni corresponsable ni nada. A mi nunca me dijeron ve a revisar, ¿yo por qué tenía que ir a revisar si no era el perito?”

—¿Qué pasó con Abelardo Meneses?

—Me dijo el dueño (del edificio) que se fue a Aguascalientes.

—¿Meneses no fue a la cárcel?

—Nunca entró… El dueño del edificio era muy amigo de ¿cómo se llamaba el presidente de entonces?

—Miguel de la Madrid.

—Sí, de la Madrid.

Nuevo sistema, viejos vicios

El sismo del 19 de septiembre de 1985 dejó claro que el sistema de verificación de las construcciones tenía que cambiar. El gobierno dio de baja a todos los peritos y comenzó a trabajar con ingenieros, tanto académicos como practicantes, para crear un nuevo sistema.

Se reconoció como un exceso que una sola persona (el perito o Director Responsable de Obra) se encargara de todos los aspectos estructurales de una edificación, entonces se creó una figura adicional: la del Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE).

El CSE sería el encargado de verificar que los planos del edificio cumplieran con las normas de seguridad estructural, mientras que el DRO se haría responsable de que la construcción se apegara a los planos y a la normatividad. Este nuevo sistema entró en marcha con el reglamento de construcción de 1987.

El 9 de noviembre de 1988, tan sólo tres años después del colapso del edificio de Tehuantepec 12, Max Tenenbaum tramitó su carnet como CSE. Unos meses más tarde, el 17 de mayo de 1989, Tenenbaum también recibió su carnet como DRO. Tanto los Corresponsables de Seguridad Estructural, como los Directores Responsables de Obra, son considerados “auxiliares de la autoridad pública”, según la propia Secretaría de Desarrollo Urbana y Vivienda (Seduvi), dependencia que emite los carnets.

De acuerdo con varios ingenieros consultados, Max Tenenbaum incluso formó parte de los esfuerzos de reconstrucción tras el sismo de 1985. Participó, por ejemplo, en un panel de expertos que se realizó en marzo de 1989 y en donde se discutieron los avances en la reconstrucción y la necesidad de hacer adecuaciones a las normas de construcción.

Aunque el nuevo sistema de DROs y CSEs buscó separar en dos la figura del perito, en la práctica esto no siempre sucede. Tenenbaum es, por ejemplo, tanto el DRO como el CSE para un edificio de seis niveles que se construye en el número 40 de la calle de Ohio, en la colonia Nápoles. Lo mismo en el inmueble de 12 niveles que se levanta en el número 41 de Havre, en la colonia Juárez.

Hasta que se publicó el nuevo Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, en diciembre del 2017, la ley no impedía que la misma persona diseñara la estructura de un edificio, revisara su idoneidad (CSE) y se encargara de que no se escatimara en materiales al momento de la construcción (DRO).

Ese no es el único vicio que permite el sistema implementado tras el sismo de 1985. Los desarrolladores son quienes contratan y les pagan a los DROs y a los CSEs. Si un CSE sugiere que se necesita más acero para reforzar la estructura, el desarrollador estaría en libertad de despedir a ese CSE y contratar a otro. Esto dio pie a la creación de un mercado de DROs y CSEs que cobran barato por firmar planos y otros documentos que los desarrolladores les presentan sin hacer una revisión a cabalidad. Son conocidos, tanto por desarrolladores como por las autoridades, como “firmones”.

En junio del 2016 el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera promulgó un decreto modificando el reglamento de construcciones, con el objetivo de eliminar este conflicto de intereses. Sin embargo, tan sólo cinco meses después, en noviembre del 2016, Mancera suspendió los nuevos artículos.

Este vicio del sistema creado en 1987 no fue corregido por el nuevo reglamento de diciembre del 2017. Hasta ahora son los desarrolladores quienes escogen y contratan a su DRO y al CSE.

Más colapsos

El edificio donde vivía la escritora Lorna Martínez Skossowska, el de avenida Ámsterdam 107, no fue el único que colapsó el 19 de septiembre de 2017 y en donde aparece el nombre de Tenenbaum.

En la colonia Del Valle, el edificio ubicado en el número 4 de la calle de Edimburgo también se derrumbó. De acuerdo con vecinos del inmueble el colapso causó la muerte de, por lo menos, 16 personas: diez que vivían en el lugar, dos trabajadores de una empresa de mudanza que se encontraban dentro, una persona que caminaba por la calle y tres pasajeros de un taxi que fue aplastado por los restos de la construcción. Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) no ha publicado cifras oficiales del número de fallecidos.

Adolfo Nieto, ingeniero mecánico de 38 años, perdió a su padre en ese edificio.

Ni los habitantes de Ámsterdam 107 ni los de Edimburgo 4 sabían que sus edificios tenían en común el nombre de un ingeniero que ya tenía en su historial un inmueble colapsado en el sismo de 1985 y que, por ello, había sido sujeto de una orden de aprehensión.

Estos edificios, tanto el de Ámsterdam 107 y el de Edimburgo 4, fueron constituidos en régimen de propiedad en condominio por las mismas cuatro personas, según documentos del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Se trata de Isaac Marcos Chamah, Alberto Marcos Chamah, Ruth Misri Zonana y Iafa Cohen Shemtov.

En la segunda entrevista con MCCI, el ingeniero Max Tenenbaum admitió que trabajó con la familia Marcos Chamah; pero aseguró que no colaboró en ninguno de los dos edificios colapsados en el sismo de 2017. Además, insistió en que las firmas que aparecen en los documentos de estos dos inmuebles son falsas.

MCCI no logró contactar ni a Issac ni a Alberto Marcos Chamah. El ingeniero Tenembaum dijo ya no tener contacto con ellos. También se les buscó, sin suerte, a través de diversos desarrolladores y arquitectos.

Los edificios de avenida Ámsterdam y de la calle de Edimburgo tienen otras semejanzas. Además de tener un perfil arquitectónico similar —con fachadas asimétricas y balcones rectangulares en cada nivel—los dos inmuebles se encontraban en esquina y tenían un estacionamiento en la planta baja.

Las imágenes de los edificios tras el colapso también presentan similitudes. Los dos inmuebles se torcieron y colapsaron hacia la calle, con sus escombros extendiéndose varios metros desde la base del edificio.

El ingeniero José Luis Trigos —quien ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 1970, donde impartió la clase de Ingeniería Sísmica durante 30 años— resalta que estas no son las únicas estructuras en las que Tenenbaum ha participado como ingeniero y que han quedado a deber en la calidad de su edificación.

En entrevista, el ingeniero Trigos lo explica así: “Yo tuve la oportunidad de estudiar dos edificios, uno en la colonia Polanco y otro en la colonia Del Valle, en cuyos planos aparece que el cálculo lo hizo el ingeniero Max Tenenbaum. Al revisarlos meticulosamente me di cuenta que se habían incumplido disposiciones del reglamento vigente en ese entonces, en lo que atañe a seguridad y estabilidad estructural. A mi juicio, en estos casos se denota incompetencia profesional”.

El edificio aledaño al de Edimburgo 4, en el número 29 de la calle de Escocia, también tuvo como perito responsable de la construcción al ingeniero Max Tenenbaum.

De una inspección post sísmica, publicada por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México el 8 de noviembre del 2017, se desprende que ese edificio sufrió daños estructurales graves tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Hasta la fecha sigue deshabitado.

Presente en la reconstrucción

En el número 219 de la calle de Londres, en la colonia Juárez, hay otro edificio para el cual el ingeniero Tenenbaum fungió como perito. El inmueble de 13 niveles y 44 departamentos se construyó en 1981.

En diciembre de 2016, Azarell Anzures compró un departamento en ese edificio. Pagó 2.6 millones de pesos, para lo cual usó sus ahorros de 10 años trabajando como pediatra en infectología. Nueve meses después, cuando el sismo del 19 de septiembre cimbró a la Ciudad de México, Azarell tuvo que abandonar su departamento.

El edificio de Londres 219 sufrió daños estructurales tras el sismo, por lo cual tiene que ser reforzado antes de que los inquilinos lo vuelvan a habitar. En una reunión vecinal, el 21 de octubre del 2017, se postularon nombres de distintos ingenieros que podrían hacerse cargo del proyecto. Una vecina sugirió que contrataran a Max Tenenbaum; nadie señaló que el ingeniero fue quien supervisó la construcción de su inmueble. Los vecinos pidieron varias propuestas para luego escoger la más barata. Ganó Tenenbaum.

Como primer paso, Tenenbaum propuso hacer un diagnóstico de qué tanto se tendría que reforzar el edificio. Por ese análisis, el ingeniero cobró 120 mil pesos, cantidad que los vecinos terminaron de pagar en diciembre del 2017.

El ingeniero Tenenbaum concluyó que se debían invertir 11.8 millones de pesos en el reforzamiento. A pesar de que la cifra era elevada para muchos de los vecinos, se decidió que no quedaba alternativa y que había que seguir adelante.

El 12 del marzo, Tenenbaum presentó su propuesta de reconstrucción al ingeniero Fabián Martínez, del Instituto para la Seguridad en las Construcciones de la Ciudad de México, el cual depende de la Secretaría de Obras. Ese Instituto es la dependencia que debe aprobar los planes de reforzamiento. De acuerdo con una minuta de esa reunión, el ingeniero Martínez rechazó el plan porque éste no cumplía con el reglamento de obras. Le solicitó al ingeniero Tenenbaum una nueva propuesta.

Tras la junta con el Instituto, Tenenbaum dijo a los vecinos que para elaborar el nuevo plan iba a requerir un nuevo estudio por el que cobraría otros 60 mil pesos. En una junta vecinal, el 19 de mayo, la propuesta de buscar a un ingeniero distinto recibió la mayoría de los votos.

Tras el colapso del edificio de avenida Ámsterdam 107, la PGJ tomó posesión del inmueble y levantó un acta para investigar posibles responsables del colapso. Días después, la procuraduría liberó el inmueble. Hasta la fecha no se han deslindado responsabilidades.

El 15 de noviembre del 2017, menos de un mes después del sismo, Tenenbaum solicitó ante la Seduvi que se le volviera a sellar su carnet de Corresponsable en Seguridad Estructural. Cada carnet tiene 20 espacios, uno por obra, y se tiene que resellar cuando se agotan esos espacios.

El 1 de diciembre de 2017, el ingeniero Max Tenenbaum recibió su nuevo carnet, firmado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez.

En la Ciudad de México hay alrededor de 70 Corresponsables de Seguridad Estructural activos. El ingeniero Max Tenenbaum es uno de ellos.

El sismo agarró a Jaime en el elevador. Bajaba para ir a comprar tortillas cuando sintió la sacudida. Al abrirse la puerta del ascensor en el primer piso, escuchó gritos de angustia: era un grupo de obreras y empleadas de los niveles superiores del edificio que intentaban escapar pero la puerta principal estaba trabada. Corrió a ayudarlas, y apenas logró que salieran, subió por las escaleras dando grandes zancadas, para rescatar a su esposa Marcela Guadalupe que estaba en un cuartito que ocupaban en la azotea, esperándolo para comer.

“El señor Jaime verdaderamente fue un héroe, no pensó en su vida, sino en la de todos los del edificio”, le escribió agradecida una señora de nombre Sofía, que trabajaba en el primer piso del edificio que se desplomó. “No soy un héroe”, respondió Jaime el día que volvió del coma, 22 días después del sismo. “Simple y sencillamente soy una persona como tú que se preocupa por el bienestar y la seguridad de quien lo rodea”.

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Las últimas personas a las que Jaime logró ver antes del desplome del edificio fue a María Teresa Lira Infante, de 70 años de edad, y a su hija María Elena Sánchez Lira. El encargado de mantenimiento estaba por llegar al tercer piso cuando las vio a punto de salir de las instalaciones de la maquiladora SEO Young International S.A. de C.V., en donde trabajaban. En medio del caos, se le ocurrió llegar a ellas para meterlas a la bodega, que estaba llena de mercancía nueva (textiles), lo que les daría una oportunidad de sobrevivir, pero no lo logró. Madre e hija estaban en el umbral, caminando con dificultad por la violenta sacudida. Buscaban enfilarse a las escaleras para tratar de salir del edificio, cuando en sólo tres segundos todo se vino abajo. Justo por donde intentaban bajar, el edificio se ladeó y en un parpadeo se cayó.

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En el costado sur de la azotea, junto a lo que era el cubo de elevador y de escaleras, había una estructura de telecomunicaciones que –ahora se sabe- podría haber influido en el derrumbe. Jaime sobrevivió entre los escombros, pero no las dos mujeres, ni tampoco tres de sus compañeras de trabajo (Ana Ramos González, de 23 años; Sonia Rico Montoya, de 43 y Maricruz Lucía Rosas Hernández, de 42). También falleció aquel 19 de septiembre Kyong Jea Lee (se hacía llamar Esteban Choo), ciudadano surcoreano de 40 años, quien era el gerente de la empresa.

“Mi mamá tenía aproximadamente nueve años trabajando en SEO Young, y desgraciadamente no tenía ni IMSS”, recordó Fernando Sánchez Lira, hijo de doña María Teresa y hermano de María Elena, las dos mujeres que no lograron escapar. Otras dos trabajadoras que murieron tampoco tenían seguridad social.

Fernando aseguró en entrevista con MCCI que Sup Cho Han, un surcoreano dueño de la compañía Seo Young donde trabajaron su madre y su hermana está desaparecido. El abogado que lo representa para tramitar una demanda laboral lo ha buscado infructuosamente. Su hipótesis es que huyó del país para no indemnizar a las familias afectadas. De hecho, hay un expediente abierto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (16/2008).

“A sus 70 años, mi mamá tenía una vitalidad envidiable, a su edad todavía trabajaba, le gustaba sentirse productiva. Tenía unos ojos verdes bellísimos. Se daba para toda la gente, era muy generosa en todos los aspectos, ayudaba a la gente que podía, a su familia. Era feliz, muy sonriente, “de carcajada sonora”, recuerda con nostalgia su hijo Fernando.

El 19 de septiembre de 2017 doña Teresa salió temprano de su casa, en la delegación Iztacalco, abrigada con una chamarra negra, tipo rompeviento, y cargando un bolso de mano azul marino, de vinil. Su hijo la acercó en su auto a la estación del Metro y la despidió con un beso. Fue un adiós para siempre. A la 1:14 de la tarde, el sismo sacudió a la ciudad.

Fernando tuvo un funesto presagio: como pudo, llegó a la zona centro de la ciudad, y al arribar al sitio donde trabajaba su mamá y su hermana, sintió que se moría al ver que sólo había escombros y una multitud tratando de encontrar sobrevivientes.

En la referida carpeta de la Procuraduría capitalina se sigue una línea de investigación sobre el peso y las deficiencias en la instalación de las antenas y del resto del equipo para telefonía. Por separado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también explora esa posibilidad como una de las principales causas del desplome del edificio, de acuerdo con una fuente de ese organismo consultada por MCCI que no puede revelar su nombre toda vez que se trata de un expediente sin cerrar.

En dos videos tomados el día del sismo, los cuales fueron integrados a la investigación del caso, se aprecia que el edificio se desplomó justo del lado donde estaba instalada la estación base de telefonía móvil, la cual era propiedad de Radiomóvil Dipsa, filial de América Móvil, del empresario Carlos Slim. MCCI buscó una entrevista con algún representante de esa compañía, pero hasta concluir este reportaje no hubo respuesta.

Dicha estación era una estructura de más de dos metros de alto y ocupaba entre 25 y 30 metros cuadrados en el costado sur del techo del edificio, hacia la avenida Chimalpopoca.

En una visita de supervisión realizada desde octubre de 2004, especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtieron que esa repetidora de telefonía se había colocado sin tomar en cuenta los soportes estructurales del inmueble.

“Los puntos de apoyo de estas instalaciones no coinciden con los ejes de trabes y las columnas de los niveles inferiores”, advirtió en aquel entonces el especialista Óscar López Bátiz, quien como prueba anexó un mapa de distribución de los elementos de seguridad estructural y de la estación de telecomunicaciones, de acuerdo con su informe (04-20DI/IEG-11112004).

De hecho, en respuesta a una petición de información de MCCI, autoridades de la Ciudad de México dijeron que no cuentan con evidencia documental de que se haya realizado un análisis estructural previo, para saber si el edificio podía soportar el peso adicional que representó la estación y las antenas que según especialistas consultados podría superar las diez toneladas.

“La primera vez que consulté la carpeta de investigación (en la Procuraduría), en marzo de ese año, no había documentos sobre las antenas, y en agosto ya los hicieron aparecer, incluso los permisos de protección civil”, reveló el arquitecto forense Sergio Beltrán, quien ha colaborado en la investigación de otras tragedias, como la discoteca News Divine en la Ciudad de México y la guardería ABC, que ardió en Hermosillo, Sonora. También trabaja en el proyecto de reconstruir virtualmente el edificio de Álvaro Obregón 286, que se desplomó en el sismo, para conocer las causas del colapso.

El especialista consideró que se debe hacer un análisis para determinar la autenticidad de los documentos.

Lo que nunca apareció en la carpeta –añadió Beltrán- son las memorias de cálculo sobre las condiciones del inmueble antes de recibir una carga extra.

“La memoria de cálculo tendría que arrojarnos qué carga podía soportar el edificio y con eso se pueden comparar las dimensiones y características que nos muestran los planos arquitectónicos”, dijo.

Aun si existiera ese estudio, el dictamen de uso de suelo (habitacional con comercio en planta baja) prohibía instalar antenas o estaciones repetidoras de comunicación celular, de acuerdo con el programa de Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc.

Una estación de telefonía móvil –como la que estaba en la azotea- consta de una caseta de equipos electrónicos, antenas transmisoras y receptoras, planta eléctrica, sistema de refrigeración y armazón.

La instalación de la estación en Bolívar 168 se realizó en 2004. Al frente del edificio había una antena de más de cuatro metros de altura y dos de menor tamaño en la parte posterior.

En la carpeta de investigación iniciada por la Procuraduría se menciona que Inmobiliaria Inmobico rentaba la azotea a Radiomóvil Dipsa.

En la misma indagatoria se señala otra hipótesis: el peso del gran volumen de rollos de telas en uno de los pisos también pudo influir en el derrumbe, pero el dictamen al respecto no es concluyente.

Expansión irregular

Durante décadas, las autoridades de la Ciudad de México toleraron la expansión irregular del edificio de Bolívar 168. En los planos originales consta que la autorización fue para cuatro pisos de departamentos –incluida la planta baja-, pero al paso de los años se transformó en una torre de oficinas, talleres y bodegas, a la que añadieron un nivel más y un par de cuartos en la azotea. Además desaparecieron muros en la planta baja para ampliar el estacionamiento.

Antes de que se cumplieran tres semanas, la Dirección de Obras emitió la licencia de construcción. Pasaron diez meses para que se pudiera estrenar el inmueble pero desde entonces se desvirtuó el uso original del edificio, pues en un documento de agosto de 1943 la Dirección de Obras -que un año antes había aprobado los planos para apartamentos- avaló que fuera utilizado “para establecimiento industrial”, así como para oficinas y bodegas.

Fue así que, a lo largo de siete décadas, el edificio lo ocuparon distintas empresas y organismos gubernamentales, como la Procuraduría Agraria y el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).

En 1949 el inmueble lo ocupó Life Savers Corporation, empresa estadounidense creadora de los famosos dulces de colores conocidos como ‘Salvavidas’, que en ese sitio instaló un depósito y expendio de confitería.

El 29 de septiembre de 2008, la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano aprobado por la Asamblea Legislativa, a partir del cual se determinó que al predio de Bolívar 168 le correspondía obligatoriamente la zonificación de vivienda con comercio, no para uso de oficinas y mucho menos para industrias.

Con base en esta normatividad, el 23 de septiembre de 2015 –dos años antes del sismo- la Seduvi emitió el certificado único de zonificación sobre el mencionado predio, con uso de suelo autorizado HC/4/20/A, que corresponde a habitacional con comercio en planta baja, cuatro niveles máximos de construcción y 20% de área libre.

No obstante, cuando ocurrió el sismo, el edificio no cumplía con lo establecido en el certificado y prácticamente la totalidad del inmueble era de uso industrial y de oficinas. En el primer piso estaba una bodega de telas, en el segundo una fábrica de vestidos, en el tercero varias distribuidoras de productos chinos, en el cuarto una maquiladora de bisutería importada y el quinto nivel lo compartían una comercializadora de productos automotrices, también de importación, y un taller de diseño textil.

En el mismo cuarto nivel se identificaron grietas en tres trabes, es decir, el concreto se estaba separando de las columnas de acero.

Hace 13 años el Cenapred realizó una evaluación aproximada de la resistencia lateral del edificio (la capacidad de resistir fuerzas sísmicas horizontales) y los resultados arrojaron índices muy bajos, que representaban desde entonces “un problema de insuficiencia”, según el diagnóstico de los expertos.

Por ejemplo, en el primer piso se estimó una resistencia lateral de 0.16, y el parámetro ideal para la zona de alta sismicidad en que se ubicaba el edificio era de 0.40. Los peritos también identificaron que no había suficiente separación respecto a la escuela primaria que estaba a un costado, de manera que se evitara el choque de ambos edificios ante la acción de algún sismo.

El Cenapred hizo ese estudio a petición de la Procuraduría Agraria que estaba instalada en el cuarto piso. Ante el resultado, salieron de ahí pero no existe certeza que los dueños hayan reparado los daños localizados.

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Un centro de comercialización asiático

Fue hasta el 22 de septiembre que los cuerpos de ambas fueron encontrados, tras ser sacados de entre los escombros. Un día antes había sido identificado Pepe Lin –su socio y empleado- quien también falleció en el derrumbe del edificio.

Tras una velación con rituales budistas, Amy Huang y Helen Chin fueron llevadas el 2 de octubre a su lugar de origen: la isla de Taiwán, al otro lado del mundo. Pepe Lin, en tanto, fue llevado a Asunción, Paraguay, en donde reside su hermano David y otros integrantes de su familia.

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Cuando el edificio de Bolívar 168 se desplomó a causa del sismo, el rumor que circuló de inmediato fue que en el lugar operaban maquiladoras textiles y que bajo los escombros habían quedado sepultadas decenas de costureras.

Pero en realidad en el edificio de Bolívar 168 había sólo dos talleres textiles: uno en el segundo piso, de nombre Línea Moda Joven S.A. de C.V., en el que el día del sismo había 22 trabajadoras, y otro en el quinto nivel, New Fashion, dedicado al diseño de prendas, en el que laboraban cuatro trabajadoras que carecían de Seguro Social. Una parte de la planta baja era usada como bodega de telas.

En el piso cuatro estaba SEO Young International, de socios coreanos, que importaba bisutería para adornar ropa de mujer, principalmente vestidos. La labor de las empleadas era revisar la mercancía que llegaba en paquetes, armar las piezas sueltas y reparar las que estaban dañadas.

Mientras que en el piso tres operaba la representación en México de Unisia Pacific Holding Limited, consorcio trasnacional que tiene su base de operaciones en Hong Kong, con presencia en tres continentes.

Establecida en 1983, Unisia está integrada por distintas empresas dedicadas a comercializar una línea de más de 5 mil artículos fabricados en China, entre juguetes, vajillas, muñecas de porcelana, artículos decorativos y regalos, así como luces, adornos y árboles de Navidad.

MCCI hizo contacto con la oficina de Cojab Sacal en la Ciudad de México para que emitiera una postura sobre el contenido de este reportaje, pero no hubo respuesta.

Cuando ocurrió el sismo de 2017, Inmobico tenía dos años y dos meses de haber tomado posesión del edificio, aunque el deterioro del mismo venía desde muchos años antes. En 2004, cuando el Cenapred advirtió de los daños y el riesgo, el inmueble estaba en manos de Grupo Garaz de las familias Roffe y Cherem, que actualmente desarrollan otros proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México, como los de las empresas Dakota 31 y Coyoacán 1523.

Al igual que sucedió con otros empresarios citados, MCCI trató de entrevistar los dueños de Grupo Garaz pero hasta terminar esta investigación no fue posible obtener una respuesta de su parte.

Renato Flores Cartas, coordinador de comunicación corporativa de Grupo Carso, confirmó que las antenas y la estación de telefonía pertenecían a Radiomóvil DIPSA, y que la Procuraduría ya los ha llamado para que aporten información para integrarla a la carpeta de investigación. Informó que las antenas y la base se instalaron en junio de 2002 con el visto bueno de un corresponsable de seguridad estructural y sus respectivos permisos, y aseguró que sí se realizó un análisis estructural previo. Sobre la observación del Cenapred acerca de que la instalación de la base repetidora no coincide con los soportes estructurales del edificio, Flores Cartas dijo: “Las instalaciones fueron construidas “de conformidad con la normativa aplicable en esa época”.

MCCI solicitó —a través de solicitudes de acceso a la información— copias de las manifestaciones o licencias de construcción, los proyectos estructurales de obra, el aviso de terminación de obra, así como la autorización y ocupación del inmueble.

La Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez informó que esos documentos no estaban en sus archivos, por lo que tenían que ser solicitados a la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor. Sin embargo, para tener acceso a los documentos por esa vía, se necesitaba demostrar ante el Director General de Patrimonio Inmobiliario el interés jurídico (ser titular del inmueble o estar ligado a él), por lo que no fue posible acceder a ellos.

Hermanos “sin localizar”

El edifico de Bretaña 90 tenía seis pisos. No obstante, en ese predio sólo podían construirse cuatro niveles, además de contar con un mínimo de área libre equivalente al 20%, según consta en un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo.

Aún así ninguna autoridad delegacional clausuró las obras de construcción de los departamentos. Y, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, tampoco se realizaron visitas de verificación de uso de suelo.

Lo que sí hicieron las autoridades de la delegación Benito Juárez fue que, siete días después del sismo, difundieron un comunicado de prensa en el que responsabilizaron a la constructora Dijon GP de todos los daños en Bretaña 90 por haber utilizado materiales de baja calidad, además de mentir y evadir a las autoridades.

Christian Von Roehrich, quien entonces ocupaba el cargo de Jefe Delegacional de Benito Juárez —hasta que pidió licencia para contender por una diputación local— aseguró en aquel boletín que la empresa tendría que pagar e indemnizar a cada uno de los propietarios.

También pidió que se iniciaran investigaciones en la Contraloría Interna de la Delegación para sancionar a la empresa constructora. Y se informó que la delegación presentó denuncias penales por los delitos de daño en propiedad ajena, homicidio, lesiones y delitos contra el ambiente.

Sin embargo, la delegación Benito Juárez no dio seguimiento a sus propias acusaciones enumeradas en su boletín. Diez meses después de ese comunicado, reconocieron que no había información sobre las denuncias presentadas ante su Contraloría Interna. Un año después del sismo del 19 de septiembre de 2017 no hay detenidos ni tampoco funcionarios con, por lo menos, procesos administrativos, como reconocieron en una respuesta a una solicitud de información.

En octubre de 2017, varios medios de comunicación —entre ellos Proceso, El Universal y El Heraldo de México— publicaron que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de los propietarios de la constructora Dijon GP.

Hasta agosto de 2018, Daniel y Clemente Estrada Niño, dueños de Dijon GP, no habían sido detenidos.

El 15 de agosto pasado, MCCI buscó a los hermanos Estrada Niño en una de las direcciones registradas en los documentos del Registro Público de la Propiedad. En Isabel la Católica 767, colonia Álamos, donde actualmente se rentan oficinas, informaron que la constructora Dijon GP sí tuvo su domicilio ahí, pero desde hace dos años dejaron las instalaciones.

MCCI también se presentó en la otra dirección que se registró cuando se constituyó Dijon GP: Circunvalación Oriente, número 10, fraccionamiento Ciudad Satélite, en Naucalpan, Estado de México. En este domicilio se encuentra el World Trade Center Mexiquense. Al preguntar por Daniel Estrada Niño, la recepcionista respondió que “no se encontraba en ese momento”. Minutos después, cambió su versión y aseguró que no estaban ahí sus oficinas.

El Colegio Enrique Rébsamen, que el 19 de septiembre de 2017 se desplomó y provocó la muerte de 26 personas, en realidad comenzó a caerse en 1974.

Ese año, por lo menos en los documentos, inició la historia de esta escuela que durante poco más de cuatro décadas se expandió —tanto en metros cuadrados como en altura— en la esquina que forman las calles de Rancho Tamboreo y Brujas, en la colonia Nueva Oriental Coapa, al sur de la Ciudad de México.

Su crecimiento fue paulatino y, en ocasiones, nada discreto. Lo que empezó como jardín de niños y primaria terminó en cuatro edificios que ocupaban casi media cuadra y en donde cerca de 400 alumnos cursaban desde preescolar hasta secundaria. El Rébsamen, como se le conocía, llegó a tener ingresos que rondaban el millón de pesos mensuales, tan sólo por el concepto de colegiaturas.

En los cuatro edificios había 21 aulas, laboratorios, talleres y oficinas, así como tres departamentos en donde siempre vivieron integrantes de la familia García Villegas, entre ellos Mónica García, dueña y directora del colegio.

Ese martes de septiembre, a las 13:14 horas, dos edificios de la escuela colapsaron; ahí fallecieron 19 niños y siete adultos. Ellos no lograron salir a tiempo y quedaron atrapados en esos inmuebles que tuvieron varias modificaciones y ampliaciones sin contar con los permisos oficiales.

El sismo mostró, en el caso del Colegio Enrique Rébsamen, las consecuencias que traen la negligencia, la modificación y ampliación de inmuebles sin una supervisión profesional, la falsificación de documentos y la existencia de planes de protección civil sólo para cumplir trámites.

De uno a cuatro terrenos

Rosa Elena y Francisco, una pareja de 70 años, terminó de guardar las bolsas de supermercado en el refrigerador cuando empezó a moverse todo. A trompicones lograron salir del departamento 502, en Rancho Tamboreo 21; predio, a un costado del patio de la secundaria del Rébsamen, que aloja un par de edificios rojos. La pareja llegó a la azotea, desde donde se mira por completo la escuela. Ahí escuchó el estruendo.

—Si algo no voy a olvidar en la vida es ese ruido —dice Rosa, sentada en el sillón de la sala de su departamento, al que logró regresar tres meses después del terremoto. Mientras recuerda se cubre las orejas con sus manos manchadas por la edad.

Rosa y Francisco oyeron el crujir del salón que tenía una pared cubierta con espejos; ahí los alumnos hacían yoga y artes marciales. Escucharon cómo tronaron las mesas del laboratorio; cómo cayeron los archiveros y un par de cajas fuertes. El ruido se hizo más intenso cuando las planchas de concreto de los edificios cayeron una sobre otra.

En esos dos edificios colapsados se encontraban, además, una sala de juntas, la cooperativa, las oficinas administrativas, el salón de usos múltiples y, en el segundo y tercer piso, el departamento donde vivía la dueña del colegio, quien también era la directora de la secundaria, Mónica García Villegas.

El estruendo que Rosa y Francisco escucharon también fue ocasionado por la caída de los muebles blancos, los aparatos de gimnasio, la cocina, los dos calentadores y la pérgola recién colocada en ese departamento.

Desde la azotea de su edificio, Rosa y Francisco oyeron el colapso del Rébsamen. También, durante décadas, fueron testigos de la expansión de la escuela.

El colegio ocupó la mitad de una manzana de la colonia Nueva Oriental Coapa. A diferencia de otras escuelas del rumbo, el Rébsamen concentró todas sus sedes en un mismo sitio.

Si se le miraba desde afuera, el colegio daba la impresión de ser un solo edificio con un mismo estilo arquitectónico. Por ello, algunos vecinos y padres de familia creían que la escuela ocupaba un predio. En las noticias se enteraron que, en realidad, ocupaba cuatro: dos en Rancho Tamboreo —en el número 11 estaba la entrada de la primaria y en el 19, la secundaria— y otros dos en la calle de Brujas con los números 34 y 40.

En esos cuatro predios se fue dando forma, a través del tiempo, al Colegio Enrique Rébsamen.

Todo junto: negocio y casa

A mediados de los setenta, la Nueva Oriental Coapa lucía como un conjunto de terrenos de siembra, lotes baldíos y algunas construcciones incipientes. Tenía menos de una década que en la colonia vecina se había levantado el Estadio Azteca.

De esos años data el documento más antiguo que se encuentra en el expediente del Colegio Rébsamen, el cual se solicitó a la delegación Tlalpan a través de solicitudes de acceso a la información. Se trata de una licencia de construcción, con fecha del 22 de noviembre de 1974, para el predio de Brujas 34; se solicitó permiso para edificar una “barda perimetral”, no más.

Ese documento contemplaba la firma de un Director Responsable de Obra (DRO), figura que se creó dos años después en el reglamento de la Ley de Construcciones de 1976, para garantizar la supervisión de las obras. Por ello, llama la atención que en esa licencia de 1974 se incluya a un DRO. Sin embargo, hasta ahora nadie se ha pronunciado sobre la validez de ese documento.

Los padres de familia, a través de su abogado, han solicitado el original de esta licencia de construcción; pero no se les ha entregado.

En septiembre de 2017, en Brujas 34 había una cancha de basquetbol y una construcción que se utilizaba para la coordinación de inglés y la oficina de Enrique García, padre y socio de Mónica García, la directora de la escuela. Sin embargo, por lo menos en el expediente, no hay evidencia de que se haya solicitado licencia para hacer estas obras.

No hay otro permiso para construir hasta septiembre de 1982, cuando la delegación Tlalpan otorgó una licencia para levantar una “casa habitación unifamiliar de tres niveles” en el predio de Brujas 40. En ningún lugar de ese documento se mencionó que ahí se instalaría una escuela.

En ese terreno, Brujas 40, nunca se construyó esa casa de tres niveles. Lo que ahí se hizo fue un estacionamiento con techo de láminas.

Fue en julio de 1983 cuando comenzó la construcción de los edificios del colegio en Rancho Tamboreo 11. La licencia 1/245/83/14 permitía la construcción de dos mil metros cuadrados destinados a dos departamentos y un jardín de niños. La firma que aparece en el documento es del entonces delegado en Tlalpan, el priista Gilberto Nieves.

Lo que se construyó fueron dos edificios: en uno, de forma rectangular, se levantaron dos departamentos y 15 salones para el jardín de niños y la primaria.

En el segundo piso, además de las aulas, estaba un departamento donde vivía Gloria Villegas, una de las dueñas iniciales del colegio y mamá de Mónica García. El departamento tenía dos recámaras, un baño, sala y comedor. En ese mismo nivel se construyó otro departamento que, tiempo después, se ocupó como bodega.

El otro inmueble de Rancho Tamboreo 11 se ubicó en forma perpendicular al edificio de la primaria. En su primera etapa sólo albergó las oficinas administrativas; en el segundo piso, además de bodegas había un salón de juegos que no formaba parte de la escuela, sino que era utilizado por las hijas de Mónica García.

En el expediente que hay en la delegación Tlalpan sobre el Rébsamen sólo se encuentran planos estructurales, arquitectónicos y memorias de cálculo de los edificios que se construyeron en Rancho Tamboreo 11.

Estas memorias formaron parte de los documentos que utilizaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para revisar la estructura del colegio después del colapso en 2017.

El 25 de noviembre de 1983, cuando aún se realizaban obras de construcción en Rancho Tamboreo 11, los dueños del colegio solicitaron una licencia para construir en el número 19 de la misma calle. Se expidió la número 1/420/81/14 con la que se edificaron, en ese predio, un taller mecánico en la planta baja y un departamento.

Así que para 1984, en los terrenos que ocupaba el Colegio Rébsamen se tenían tres departamentos y 15 salones, poco más de tres mil 600 metros cuadrados de construcción.

En 2004, según las escrituras del acta 33744, el terreno de Rancho Tamboreo 19 se le adjudicó a Mónica García, después de un litigio entre los hermanos. Para entonces ya había comenzado la construcción del nuevo edificio para la secundaria.

No se puede establecer la fecha exacta de esas obras, ya que en el expediente no hay ningún documento sobre ellas. Quienes aún recuerdan esos trabajos son los vecinos de la escuela. Ellos ubican que la construcción sucedió entre 2003 y 2005.

—Nosotros nos quejábamos (con la delegación y con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) del ruido. Donde estamos prácticamente es una concha que reproduce todo el sonido. Un día no escuchamos nada y hasta gusto nos dio. Lo malo es que dejaron los sellos (de clausura) ahí puestos, pero empezaron a meter a los trabajadores y el material por la parte de atrás, por el terreno que estaba baldío —dice Francisco Fontano desde la azotea del edificio donde vive.

De acuerdo con los vecinos, las obras de construcción de la secundaria se clausuraron, pero en el expediente que tiene la delegación no hay ningún documento sobre ello.

Entre 2003 y 2006, Tlalpan fue gobernada por Carlos Imaz —entonces esposo de quien era la secretaria de Medio Ambiente del DF, Claudia Sheinbaum. Imaz duró apenas cinco meses en el cargo y renunció por escándalos relacionados con Carlos Ahumada y la entrega de efectivo para las campañas del PRD— en su lugar quedó Eliseo Moyao.

Con clausura o sin ella, con permiso o sin él, el edificio de la secundaria se terminó con un estilo arquitectónico casi idéntico al que se hizo para la primaria 20 años antes.

Con ese nuevo inmueble, el Colegio Rébsamen contaba con más salones y una cafetería; además, podía aumentar la población de sus estudiantes. En 2017 tan sólo en la secundaria asistían 140 alumnos, de acuerdo con información del personal docente.

Además de la nueva obra, entre 2003 y 2006, se hicieron varias modificaciones a los otros edificios: se quitaron muros y se adecuaron espacios para que las cuatro construcciones parecieran ser una sola estructura. Esas transformaciones, hechas sin el permiso correspondiente según verificaciones posteriores, se aprovecharon para ampliar el departamento en el segundo piso de Rancho Tamboreo 19, el cual después ocupó Enrique García, padre de Mónica.

Es decir, el Colegio Rébsamen debería haber tenido una secundaria antes de 1987 para obtener el uso de suelo por “derechos adquiridos”. Pero en realidad la secundaria abrió hasta 2003. Incluso, Fernando Ríos, exalumno de la escuela, dejó el Rébsamen a inicios de los noventas, justo porque el plantel no contaba con secundaria.

En 2016 el Instituto de Verificaciones Administrativas (Invea) abrió el proceso INVEADF/OV/DUYUS/2916/2016, por el uso de documentos apócrifos en el predio de Rancho Tamboreo 19.

Crece el colegio y también las irregularidades

La apertura de la secundaria provocó que se realizaran, además, varias modificaciones y ampliaciones en los otros tres edificios. Varias de esas obras fueron denunciadas por los vecinos, a través del Comité de Defensa Residencial Acoxpa y Nueva Oriental.

Las ampliaciones irregulares y denuncias no impidieron que en 2006 todos los edificios del Colegio Rébsamen recibieran su constancia de seguridad estructural, firmada por el ingeniero civil Javier Macías Fernández, Corresponsable de Seguridad Estructural.

En notas periodísticas, publicadas entre 2016 y 2018, se menciona el nombre de este ingeniero como el corresponsable de seguridad en una obra irregular que se edificó en Minería 88, en la colonia Escandón, cuando la delegación Miguel Hidalgo era gobernada por Víctor Hugo Romo. Esta obra, que tendría que haber sido de tres niveles, terminó en un edificio de cinco pisos. Incluso, en uno de los departamentos vivía David Razú, quien fue director jurídico de Miguel Hidalgo.

El 24 de agosto de 2009, los vecinos denunciaron que en el Colegio Rébsamen se construía un cuarto piso, lo cual estaba prohibido en el Programa de Desarrollo Delegacional de Tlalpan, en donde sólo se permitían tres niveles.

Días después de esa queja vecinal, el 28 de agosto, la delegación Tlalpan —con Guillermo Sánchez Torres como titular— renovó el visto bueno de seguridad y operación para los edificios del colegio.

El arquitecto Octavio Rivera Ibelles fue el Director Responsable de Obra (DRO) que firmó esos documentos indispensables para la operación del plantel; y fue quien respaldó la seguridad de los edificios, dos de esos inmuebles colapsaron.

Las quejas de los vecinos siguieron y llevaron a que, en diciembre de 2009, las autoridades en Tlalpan revisaran la documentación de la escuela. Hasta entonces se determinó que las obras que se hacían en Rancho Tamboreo 19 no tenían permiso.

Cuando los representantes de la delegación visitaron la escuela, los empleados no dejaron ingresar a la verificadora Paola Mendoza, quien en su reporte escribió que el cuarto piso, que no estaba permitido, “es utilizado como gimnasio, al cual no nos permiten el acceso… y no se presentó Manifestación de Construcción, documento idóneo con el que se avala la legalidad de los trabajos de construcción”.

Al frente de la delegación se encontraba Higinio Chávez; el entonces director jurídico de Tlalpan, Marco Antonio Arellano, consideró que se debía clausurar la obra y demoler los 90 metros que se habían hecho en el último nivel, según el oficio DT/SCI/1471/Bis/2010. La directora del colegio apeló y logró que se detuviera la demolición de acuerdo con el oficio DT/SCI/0014/2011.

La delegación tardó dos años, después de la primer queja vecinal, en colocar los sellos de clausura en la puerta de entrada de la secundaria, en agosto de 2011. Los dueños del Rébsamen no cerraron la escuela, decidieron que todos los alumnos entraran por la puerta de la primaria. En el colegio todo siguió igual. Tan es así que la demolición del cuarto nivel nunca ocurrió.

Dos años después, en octubre de 2013, la dueña del colegio ingresó un “aviso de obras” en el que informó sobre trabajos de mantenimiento, pintura y cambio de plafones y pisos en el cuarto nivel, justo el que se construyó en forma ilegal. En realidad, lo que se hizo fue una modificación mayor.

Una denuncia vecinal, que se registró como anónima, advirtió que en el Rébsamen se estaba modificando el edificio. En noviembre de 2013, un verificador acudió al colegio y confirmó que “se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el 3° y 4° nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción”.

Durante ese tiempo —recuerdan exalumnos y maestras— uno de los edificios se transformó: se instalaron oficinas administrativas, un laboratorio y se construyó el salón de usos múltiples, el cual también se utilizaba como auditorio. Se trataba de un espacio grande, sin columnas que estorbaran a la vista, en donde se hacían las juntas de padres de familia, premiaciones, clases muestra de artes marciales y de ballet.

En diciembre de 2013 se hizo otra inspección por parte de la delegación, que posteriormente generó una investigación del Invea, y se reportó que se había tirado un pedazo de techo, con la intención de colocar una escalera que uniera el tercer piso con el cuarto, una zona en donde vivía la dueña de la escuela, Mónica García. En ninguna de las verificaciones se notificó que dentro de la escuela había tres departamentos; y que en uno de ellos se realizaron varias de las modificaciones estructurales.

Dos meses después, el 22 de septiembre, firmó una responsiva que garantizaba que: "Existe evidencia suficiente de que la edificación inspeccionada no tiene daños estructurales ni los ha tenido, ni ha sido reparado y el comportamiento de la cimentación ha sido satisfactorio… Y que el sistema estructural es el idóneo para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas".

También ese año Francisco Pérez Rodríguez, Corresponsable de Seguridad Estructural dio constancias en ese tema para el mismo predio y las ratificó tres años después.

Para los corresponsables de seguridad, los edificios del colegio no tenían ningún problema estructural. Pero dos de esos inmuebles —modificados para hacer el salón de usos múltiples, el laboratorio y ampliar el departamento donde vivía Mónica García—colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

—Era un secreto a voces que la directora vivía en la escuela. A los padres de familia de nuevo ingreso no se les informaba, teníamos prohibido hablar de eso. Yo no entendía cómo le hacíamos para pasar las revisiones de los inspectores de la SEP —admitió una maestra que laboró en la escuela durante 2013 y 2014, que prefirió no dar su nombre.

En los archivos de la SEP están las constancias de las revisiones e inspecciones del plantel, pero la información fue reservada por la dependencia porque consideró que se deberá entregar al proceso judicial abierto por la muerte de las 26 personas. Según los abogados de las víctimas, quienes presentaron una denuncia el 9 de mayo de 2018, la información que la SEP reservó aún no está en el expediente judicial.

En el salón de tercero B de primaria, Pilar Martí —maestra desde hace 34 años— explicó a sus alumnos cómo sería el simulacro. Cuando sonó la alerta sísmica, Pilar y sus estudiantes utilizaron una ruta de evacuación en sentido contrario a la que había sido marcada por las autoridades de la escuela.

—Me regañaron (las maestras que supervisaban) y me dijeron que siguiera los protocolos. Tenía que bajar por las escaleras del área administrativa. Para mí (la ruta de evacuación oficial) era un camino demasiado largo —recuerda durante una entrevista realizada a unas cuadras del colegio. A las 13:14 del 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México se cimbró con un sismo de magnitud 7.1.

Pilar intentó cumplir las indicaciones del colegio, pero el edificio administrativo, aquél por el que tenían que pasar si seguían la ruta oficial de evacuación, colapsó. Ella y sus alumnos desalojaron el edificio por la escalera contraria.

Karla, Santiago, André, Daniela, Valentina, Aned, Diego, Eduardo, Francisco, Gustavo, Eileen, Mónica, José Eduardo, Paola, Daniela Itzel, Alexis, Fernanda y la maestra Claudia trataron de salir por la misma ruta que siguieron durante el simulacro de la mañana. No lo lograron. Esa ruta falló.

Alexandra, una niña de secundaria, decidió poner a salvo a varios niños de primaria. La encontraron sin vida, junto con otro chico. Joshua iba en secundaria y, de acuerdo con varios testimonios, durante el sismo estaba en las instalaciones del laboratorio; también intentó seguir la ruta de evacuación establecida.

Gema —prefecta de la escuela—, María Reyna, Yéssica, Marcela, Gloria y María de la Luz, empleadas de intendencia y administrativas, no lograron salir a tiempo.

Todas fallecieron en el Rébsamen.

Según Pilar y otras tres maestras entrevistadas que prefirieron no dar sus nombres, la escuela hacía sus simulacros dos veces al año y, en alguna ocasión, tuvo una jornada de capacitación sobre el tema, aunque —confiesan— ésta fue corta y hasta cierto punto deficiente, ya que sólo se proyectó un video y se dieron algunas pláticas.

En 2012, una revisión de los protocolos de emergencia realizada de manera informal por una empresa de protección civil del familiar de uno de los alumnos, señaló que el colegio tenía recorridos demasiado largos para llegar a zonas despejadas. Se recomendó activar otras salidas de emergencia.

El 13 de julio de 2017, la delegación Tlalpan respondió al programa interno de protección civil que el Colegio Rébsamen presentó para el terreno de Tamboreo 11. Las autoridades solicitaron que se actualizara y que colocaran señalizaciones de la ruta de evacuación.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Invea de la Ciudad de México, los dueños del colegio tenían cinco días hábiles para presentar lo solicitado por las autoridades, de no hacerlo, el aviso se consideraría rechazado.

En el expediente, no hay un documentos que compruebe que se subsanaron los puntos que pidió la Dirección de Protección Civil de la delegación Tlalpan. Tampoco hay documentos sobre protección civil relacionados con el edificio en Rancho Tamboreo 19.

A través de una solicitud de información, se pidió copia de los planes internos de protección civil del Colegio Rébsamen. La delegación Tlalpan contestó que sólo tenía información de archivos de 2012 a 2017, pero en ninguno de ellos se había localizado un programa interno.

Días después, la delegación rectificó y entregó en versión electrónica dos planes de protección civil, uno para el edificio de Rancho Tamboreo 11 y otro para uno de los inmuebles del número 19. Estos documentos incluyen croquis y algunas de las rutas de evacuación, pero no cuentan con los sellos de recibido o algún tipo de anotación oficial.

El silencio alrededor del Rébsamen

El 22 de julio de 2018, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México detuvo al Director Responsable de Obra (DRO) Juan Mario Velarde, quien firmó una de las últimas constancias de seguridad con la que funcionó el Colegio Rébsamen.

Karla
Santiago
André
Daniela
Valentina

Aned
Diego
Francisco
Gustavo
Eileen

Eduardo
Mónica
Joshua
José Eduardo
Paola

Alexandra
Daniela Itzel
Alexis
Fernanda

María Reyna Dávila Martínez
Yessica Laura Castrejón Hernández
Claudia Ramírez González
María de la Luz González Sandoval

Marcela Castellano Urbano
Gema Galván Rodríguez
Gloria González Pérez

Gerardo Rioseco Orihuela es un hombre que ha demostrado experiencia para manejar asuntos inmobiliarios y turísticos en México: fue fundador y director del proyecto Fiesta Americana Vacation Club en Los Cabos, Baja California Sur, y también fungió como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur).

En noviembre del 2011, el ingeniero egresado de la Universidad Anáhuac del Sur fue designado Vicepresidente de Propiedades Vacacionales en Grupo Posadas, el grupo más importante en hotelería de Latinoamérica.

Además de su influencia en los negocios, Rioseco Orihuela tuvo una compañía llamada South America Investment Ltd, registrada en Bahamas, uno de los paraísos fiscales del Caribe, como evidenció Bahamas Leaks, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En ese mismo 2011, Rioseco Orihuela amplió su portafolio de negocios incorporando la venta de departamentos en la Ciudad de México. Junto con sus socios, Juan Carlos Herrera Velhagen y Juan Herrera González, constituyeron la constructora Operadora 2HR.

En el sitio web de HIP HABITAT, la empresa se compromete a entregar “departamentos que cumplen los criterios más exigentes, acabados de máxima calidad y atención al detalle”. Uno de los complejos habitacionales que, se supone, cumpliría con estas expectativas fue el que estuvo ubicado en la colonia Anzures, sobre Copérnico 45, justo en el corazón de la zona poniente de la Ciudad de México.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) buscó, en varias ocasiones, una entrevista con algún directivo de Operadora 2HR para conocer su versión de los hechos. Pero, Erika Luna, una de las encargadas del departamento de recursos humanos de la empresa dijo que “las peticiones habían sido canalizadas al área correspondiente”.

Al cuestionarla sobre cuál era esa área y la identidad de quién podría dar la entrevista, ella respondió: “No tengo autorización para brindarle esa información. Ellos se comunicarán contigo”. No sucedió.

Pisos de más y sin permiso

Cuando personal de la PAOT visitó el lugar se encontró con un edificio de planta baja y tres niveles, en el cual realizaban obras en la azotea. La procuraduría —a través del oficio PAOT/300-3454-2008, con fecha del 3 de septiembre de 2008— solicitó a la delegación Miguel Hidalgo que verificara si esos trabajos tenían permiso. Sin embargo, las autoridades delegacionales, entonces presididas por la panista Gabriela Cuevas, no realizaron ninguna acción.

La clausura de la delegación llegó hasta mayo de 2009, cuando en Copérnico 45 ya se habían construido dos niveles más, violando con ello el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.

Cinco meses más tarde, en octubre de ese mismo año —cuando el panista Demetrio Sodi ya era delegado de Miguel Hidalgo—, se volvió a clausurar el inmueble y se impuso una multa de 50 días de salario mínimo, equivalente a 2 mil 873 pesos.

El 28 de julio del 2010, la PAOT solicitó a la delegación Miguel Hidalgo que verificara si las obras en Copérnico 45 —los dos pisos de más— tenían permiso, de acuerdo con la resolución administrativa PAOT-05-300/300-3519-2010.

En ese documento, la PAOT señaló que una eventual clausura y otra multa no subsanarían las irregularidades cometidas por los dueños de Copérnico 45, por lo que solicitaban a la delegación Miguel Hidalgo ordenar la demolición de los niveles construidos de más. Esto no sucedió.

Si se pasaba por la calle de Enrique Rébsamen, rumbo al Viaducto, se le encontraba del lado izquierdo. Su color lo distinguía. Era difícil no mirar el verde limón que daba luz a su planta baja y a las columnas que flanqueaban las ventanas de sus cuatro pisos. En otro tiempo, el tono naranja fue su divisa. Ese edificio de la colonia Narvarte dio señales de su existencia y también de su ocaso.

Lo hizo desde 2014, cuando los sismos de ese año dejaron marcas en su estructura. Soportó varios temblores más, pero el de septiembre de 2017, lo tumbó. Laura Ramos, de 52 años, no alcanzó a salir. Falleció en el área de las escaleras. Su cuerpo lo encontraron cinco días después.

La zona de Narvarte, en la delegación Benito Juárez, fue una de las que más resintió el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre. Por ejemplo, a unos pasos de Enrique Rébsamen 241, otro inmueble (el número 249) quedó inhabitable y en las manzanas de alrededor por lo menos otros 20 resultaron con algún daño.

El edificio verde de Enrique Rébsamen 241 fue de los que más llamó la atención en esos días de septiembre de 2017. No sólo porque en su colapso la planta baja desapareció, el primer piso quedó a nivel de banqueta y el resto de la construcción parecía estar sostenida con alfileres. Lo fue, además, porque en las redes sociales se compartieron fotografías y videos sobre la lenta respuesta que existió de parte de las autoridades para buscar y rescatar a Laura Ramos; también se difundieron documentos sobre lo que protección civil hizo o dejó de hacer.

Las primeras señales

En la colonia Narvarte aún es posible encontrar algunas de las casas que fueron poblando la zona durante las primeras décadas del siglo XX. En el terreno de Enrique Rébsamen 241 existió una de ellas que, incluso, en los años cuarenta funcionó como sede de una radiodifusora, de acuerdo con documentos obtenidos a través de solicitudes de información realizadas a la delegación Benito Juárez.

Esa casa se derrumbó a finales de 1972. En su lugar se construyó un condominio de 16 departamentos distribuidos en dos torres unidas por el área de las escaleras. Su cimentación, según los documentos, se resolvió con 32 pilotes colocados a una profundidad de 24 metros.

Si se comparan fotografías del edificio y los planos originales, obtenidos por solicitudes de información, es posible afirmar que durante los 44 años que estuvo en pie no se le añadieron pisos ni tampoco se le hicieron modificaciones mayores.

No hay evidencias documentales ni testimoniales que muestren que el edificio sufrió algún daño durante los terremotos de 1979 y de 1985. Lo que sí hay son testimonios de quienes vivieron ahí en años recientes y notaron que algo sucedía con el inmueble.

—El edificio presentaba cierto movimiento cuando transitaban vehículos pesados sobre la calle de Enrique Rébsamen, pero nos llegamos a acostumbrar a ese movimiento. Además, estaba un poco inclinado hacia la parte final del estacionamiento, en donde había dos pequeñas bardas que estaban tronadas. Por esa zona nadie pasaba —cuenta Rosario Acosta.

Ella y sus hijas llegaron al condominio en agosto de 2013. Durante cuatro años rentaron el departamento 203. El edificio les gustaba porque no era muy alto, tenía su estacionamiento en la planta baja y su ubicación era ideal: a menos de cinco cuadras de Viaducto Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc.

Rosario Acosta fue administradora del edificio entre 2014 y 2015. En ese tiempo conoció un poco más sobre el inmueble y sus habitantes. Muy pocos eran dueños de los departamentos y todavía eran menos aquellos que compraron su vivienda cuando el condominio se inauguró a principios de los setenta. En ese edificio era común mirar los letreros de “Se Vende” o “Se Renta”.

El papel que se difundió tres años después

En 2014 tres sismos de fuerte intensidad sacudieron a la Ciudad de México. El primero, de magnitud 7.2, se registró el 18 de abril. Semanas después, el 8 y 10 de mayo, se sintieron dos más: uno de 6.5 y otro de 6.1.

—Recuerdo que esos sismos los sentí muy fuertes. Me asusté y no me quedé tranquila. Decidí buscar a Protección Civil, porque yo veía grietas en algunos castillos y en la zona del estacionamiento.

Rosario Acosta envió mensajes de twitter al entonces delegado de Benito Juárez, el panista Jorge Romero.

Como no tuvo respuesta llamó a los teléfonos de la oficina de Protección Civil de Benito Juárez. Ahí tomaron su reporte. El 29 de mayo de 2014, trabajadores de la delegación llegaron al edificio.

—Cuando fueron yo no estaba. Los recibió la portera. Estuvieron ahí menos de diez minutos. Hicieron una inspección rápida, dijeron que las grietas eran superficiales, que se tenía que cambiar una de las bardas y fue todo. No dejaron sus nombres. No dejaron documentos —asegura Rosario Acosta.

Dirigir Protección Civil sin tener experiencia

La hoja que el entonces delegado en Benito Juárez difundió en Twitter describía que al exterior del edificio se encontró “separación de juntas en escaleras de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular, específicamente se manifiesta en todo el parámetro del predio (donde comienza vía pública)”.

En el acceso peatonal se describe que había una “fisura en jardinera, desprendimiento de aplanado en muro”. En el cubo de escaleras y planta baja, “separación de juntas de rampa de escalera y losa”. También se describió un “agrietamiento de muro de colindancia sur, separación, grieta 5 cm, requiere sustitución (asentamiento). Separación de guarnición de desnivel entre la zona jardinada y estacionamiento”.

Sin embargo, en el espacio de recomendaciones y conclusiones se escribió que “no hay afectaciones en la estructura del conjunto”. Lo contrario a lo que Christian von Roehrich afirmaba en Twitter.

La persona que “valoró” el inmueble fue Dulce Valera, de acuerdo con lo escrito en la hoja de revisión. Este nombre no se encuentra en la relación de personas que en 2014 laboraban en la Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil y que la misma delegación subió a su página web.

Luna Pacheco nombró como Subdirectora de Protección Civil a Gisela Estrada Carrizosa, licenciada en derecho por la Universidad del Valle de México y quien también trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con sus currículums, Luna Pacheco no había tenido alguna experiencia o formación en protección civil antes de ser funcionario en la delegación Benito Juárez. Mientras que, entre noviembre del 2000 y octubre de 2002, cuando aún era estudiante Estrada Carrizosa trabajó por honorarios en la Dirección General de Protección Civil del GDF; sus siguientes empleos nada tuvieron que ver con esa área.

Los nombramientos de Luna Pacheco y Estrada Carrizosa se realizaron sin respetar la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, norma que establece que “al frente de cada unidad de protección civil estará un director que en todos los casos deberá contar una experiencia comprobable de tres años en materia de protección civil u obtener la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil”.

En sus currículums, Luna Pacheco ni Estrada Carrizosa informan que cuenten con esa acreditación.

Cuando Jorge Romero dejó el cargo como delegado, para ser asambleísta, y al frente de la delegación Benito Juárez quedó Christian von Roehrich, tanto Luna Pacheco y Estrada Carrizosa continuaron como director y subdirectora de protección civil, respectivamente. Christian von Roehrich dejó la delegación, se postuló como candidato y fue electo como diputado local. Jorge Romero es hoy diputado federal.

En febrero de 2018, Ángel Luna Pacheco fue designado como delegado suplente en Benito Juárez. Gisela Estrada Carrizosa seguía como subdirectora de protección civil. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó entrevistas con Christian von Roehrich y Ángel Luna. Hasta la publicación de este reportaje no se tuvo respuesta.

Grietas que se ignoran

El 7 de septiembre de 2017, cuando se registró el sismo de magnitud 8.2, el edificio de Enrique Rébsamen 241 se sacudió de tal forma que algunos inquilinos decidieron mudarse. Otros pidieron que se llamara a Protección Civil de la delegación Benito Juárez. En los siguientes días ninguna autoridad se presentó al inmueble para realizar alguna revisión postsísmica.

Ese sismo causó grietas en algunos departamentos, entre ellos el 204, donde Jessica Mazón y su amiga vivían desde 2014.

—Reportamos las grietas con el dueño del departamento y la administración. Nos dijeron que eran superficiales y que se repararían.

Las antiguas fisuras que estaban en la planta baja del edificio se hicieron más grandes. Esos daños se registraron en fotografías y videos, pero esas imágenes no se difundieron entre los habitantes del inmueble. Jessica Mazón, por ejemplo, las miró hasta después del sismo del 19 de septiembre, cuando el edificio colapsó.

—En el chat de los vecinos comenzaron a difundir esas fotografías y videos. Había grietas muy grandes en los muros que estaban al fondo del estacionamiento, en la parte de la azotea donde estaban los cuartos donde vivía la portera y quien se encargaba de la limpieza del edificio. Eran áreas que no frecuentaba mucho la mayoría de los que ahí vivíamos. Cuando vimos eso, preguntamos por qué nadie nos había avisado. Nos enteramos que el edificio estaba dañado cuando colapsó.

El martes 19 de septiembre Jessica Mazón no estaba en su departamento. Por la fotografía que subió un vecino a las redes sociales se enteró que el edificio había colapsado. Cuando llegó al lugar miró, desde la calle, que algunos cuadros de su recamara y de la sala seguían en la pared. Horas después se enteró de que toda la parte de atrás de esa torre estaba destruida.

Ese día Rosario Acosta fue al edificio de Enrique Rébasamen 241 para auxiliar a quienes habían sido sus vecinos. Algunos de ellos lograron salir por la parte trasera del edificio. Otros, como la enfermera jubilada y la estudiante que estaba a unos días de titularse, quedaron atrapados en sus departamentos, porque cuando abrieron la puerta se encontraron con la escalera colapsada. Ellas salieron horas después, gracias a que algún vecino de la zona llevó una escalera.

Laura Ramos vivía en uno de los departamentos del cuarto piso. Sus vecinos aseguran que cada que temblaba, ella prefería ir a la azotea, porque le implicaba mucho tiempo bajar las escaleras y llegar a la calle.

A Laura nadie la encontraba. Su hija, Renata Ramos, difundió su fotografía en las redes sociales para tener noticias de ella. Dos días después del sismo, Renata grabó un video que se hizo viral; en él denunció que protección civil no permitía entrar a ningún rescatista, que ninguna autoridad realizaba acciones para buscar a su mamá.

Cinco días después, el cuerpo de Laura se encontró en el área donde colapsaron las escaleras.

Jessica Mazón, como la mayoría de sus vecinos, no recuperó casi nada de su departamento. Les dijeron que no podían entrar por su ropa y otras pertenencias, porque era peligroso. Pero días después, miró en la nube fotografías tomadas con sus dispositivos.

Los constructores del edificio Elite Apartments dieron información falsa a las autoridades para obtener permisos y ejecutar la obra. La torre de ocho pisos, ubicada en Eje Central 418, en la colonia Portales, fue concluida el 14 de julio de 2017 y a los dos meses colapsó parcialmente y sufrió daños en su estructura durante el sismo del 19 de septiembre.

En el momento del desastre estaban ocupados sólo nueve de los 21 departamentos, los cuales tuvieron que ser desalojados de inmediato debido al desplome de los muros interiores.

La Procuraduría determinó que el inmueble sufrió daño “en 90 por ciento de su estructura”. Mientras que el diagnóstico realizado el día del sismo por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones concluyó que el edificio era inseguro y de riesgo alto, por lo que se requería apuntalarlo.

Sin embargo, los constructores presentaron dos dictámenes en los que aseguran que el edificio es estructuralmente confiable para volverlo a ocupar, y de hecho ya volvieron a levantar los muros interiores que se habían desplomado.

Uno de esos diagnósticos favorables a la empresa fue emitido días después del sismo por el Director Responsable de Obra (DRO) Mauricio Arturo Aguilera, quien es acusado por la Procuraduría de haber solapado la construcción irregular.

Información falsa en estudio de suelo

En ambos casos se trata de datos que pudieron haber afectado la seguridad del edificio. En las páginas 187 y 188 correspondientes al estudio de mecánica de suelos, mencionan que la colindancia norte del terreno donde se construyó Elite Apartments era una casa de tres pisos, cuando en realidad junto al predio hay desde hace más de 10 años un edificio de departamentos de ocho niveles.

El mismo estudio menciona que al sur, el terreno colindaba con una casa de dos pisos, cuando lo que hay es una finca de un nivel parcialmente techada con lámina.

En un croquis y una tabla incluida en el expediente se detallan las falsas características de los inmuebles colindantes, e incluso se aportan datos de sus supuestas cimentaciones.

“Dadas las características de las estructuras que predominan en el sitio, se sabe que de forma típica los inmuebles de hasta dos niveles se encuentran cimentadas por medio de zapatas corridas de mampostería, que están desplantadas a no más de 1.5 metros de profundidad”, menciona el documento.

El estudio de mecánica de suelos es básico para garantizar que un edificio no se colapse o sufra daños en caso de un sismo, por ello la importancia de información fidedigna. Con ese análisis se determina la resistencia del terreno sobre el que se hará una construcción y es la base para determinar el tipo de cimentación.

El Reglamento de Construcciones para el DF y las Normas Técnicas complementarias para diseño por sismo establecen que toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos a una distancia no menor de 50 milímetros (cinco centímetros), y el espacio aumentará de acuerdo con la altura del edificio y la zona de sismicidad en que se encuentre.

La normatividad indica tres parámetros o coeficientes sísmicos; el menor es para la zona I, que tiene terrenos más estables, mientras que el mayor es para la zona III, en donde antiguamente se encontraban lagos y que actualmente tienen en el subsuelo depósitos lacustres y superficie más blanda que favorecen la amplificación de las ondas sísmicas.

En la zona III la separación entre edificios debe ser mayor que en las zonas I y II, porque hay más riesgo de que choquen entre sí en caso de sismo. Por ello, es grave que se hayan modificado los parámetros para el inmueble.

La memoria arquitectónica entregada por Elite Apartments a las autoridades asegura que se cumplió con el reglamento y la normatividad para la separación de edificaciones, aunque al revisar la fórmula utilizada se aprecia que se utilizaron parámetros distorsionados.

En la fórmula se utilizó el coeficiente sísmico de la zona II, que es de 0.009, y no el de la zona III, que es de 0.012. Esta medida se debe multiplicar por la altura del edificio, desde nivel de terreno. En el caso del inmueble de Eje Central 418 es de 22.15 metros. El resultado de esa fórmula para la zona III fue de 0.2658, que equivale a 26 centímetros de separación entre edificios, mientras que al usar el coeficiente de la zona II el resultado fue de 20.

La carpeta de investigación

Por las irregularidades detectadas, la Procuraduría inició una carpeta de investigación por los delitos de fraude y responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO), Mauricio Ortega Aguilera.

Además, un oficio fechado el 7 de marzo de 2018, firmado por la agente del Ministerio Público Eunice Pérez Mercado, refiere que se había iniciado una carpeta de investigación también por homicidio, aunque hasta ahora se desconoce si hubo víctimas en ese edificio.

El Código Penal para la Ciudad de México establece, en su artículo 329 Bis, que se le impondrá de cuatro a seis años de prisión al Director Responsable de Obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial.

La misma sanción se le impondrá al dueño del inmueble, su representante legal o el constructor, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la normatividad.

En el caso del edificio Elite Apartments, elementos de la Procuraduría detuvieron en noviembre de 2017 al Director Responsable de Obra (DRO), Mauricio Arturo Aguilera, y al Corresponsable en Seguridad Estructural, Manuel Morán Garza, al encontrar elementos de posible delito.

“El dictamen pericial en arquitectura establece que el proyecto estructural y memoria de cálculo no corresponden al tipo de estructura construida, la especificación en planos no corresponde a la realidad. Además de que hay diferencias entre la obra ejecutada y los planos realizados”, detalló la Procuraduría en un informe del 9 de noviembre de 2017.

Con estos elementos se logró establecer la responsabilidad penal del DRO y del Corresponsable en Seguridad Estructural por haber autorizado la obra sin apego a la licencia de construcción y a las normas vigentes.

Ambos firmaron cartas responsivas, el 4 de junio de 2015, en las que se comprometieron a respetar y cumplir los lineamientos, además de hacerse responsables de la seguridad estructural del inmueble, de que se siguiera el correcto proceso de edificación y de que el proyecto de obra cumpliera con todos los requisitos previstos en la normatividad.

Informes contradictorios

En contradicción con el peritaje de la Procuraduría, los inversionistas de Elite Apartments han presentado dos dictámenes en los que se asegura que el edificio es estructuralmente confiable.

El DRO del edificio –el mismo que está acusado por la Procuraduría— fue quien realizó uno de los dictámenes en los días inmediatos al sismo.

“No existen deformaciones verticales y/o laterales, ni fisuramientos en elementos estructurales como son losas, trabes principales/secundarias y columnas”, aseguró en su informe el ingeniero Mauricio Arturo Aguilera.

Con base en este dictamen, el apoderado legal de la constructora, Abraham Darwish, solicitó al director de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, René Aridjis Vázquez, autorización para iniciar obras de reparación del edificio, por el riesgo de un desprendimiento en fachadas principales y posteriores.

A los siete días del sismo, el funcionario avaló que se continuara con la reparación del edificio. “Esta autoridad considera pertinente que el proyecto continúe con su proceso constructivo, en virtud de lo declarado y de conformidad con lo señalado por el DRO y el Corresponsable en Seguridad Estructural”, autorizó el 26 de septiembre de 2017.

En ese momento, sin embargo, la Procuraduría apenas estaba en curso de investigar las causas del desplome. Fue hasta medio año después, el 7 de marzo de 2018, cuando la agente del Ministerio Público Eunice Pérez hizo entrega del inmueble, una vez que había concluido las diligencias en el mismo para integrar la carpeta de investigación. Y sólo hasta entonces autorizó iniciar las medidas de mitigación de riesgos del edificio.

Otro dictamen que descartaba daño estructural del edificio fue presentado por los constructores el 1 de octubre de 2017, a las dos semanas del sismo.

“Después de la inspección ocular a todo el inmueble, sí cumple con las condiciones de seguridad estructural para lo que fue diseñado como edificio de departamentos”, aseguró el arquitecto Rubén Prado Camacho, con número de DRO 1860. “El inmueble sí es estructuralmente confiable”, añadió.

Al igual que su colega que hizo el anterior estudio, lo que observó en la visita de inspección es que todos los muros estaban en mal estado.

Planta baja débil

Un diagnóstico del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, elaborado el 19 de diciembre de 2017, identificó que el edificio presenta planta baja débil debido a la existencia de accesos al estacionamiento en la fachada principal.

La institución recomendó que un especialista debe evaluar el inmueble, en sus desplazamientos laterales generados por un sismo y verificar que estos se encuentren dentro de los límites establecidos en el Reglamento de Construcciones.

En distintos estudios, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha advertido de los riesgos de construir edificios con planta baja débil, e incluso ha demostrado gráficamente que son uno de los factores de derrumbes en sismos en todo el mundo.

En un documento difundido en septiembre de 2012, para recordar los 27 años del sismo de 1985, la dependencia federal advirtió: “En edificios construidos en zonas sísmicas se debe evitar la ausencia de muros en planta baja y la sustitución de éstos por columnas delgadas (…) En estos casos se genera una “planta baja débil o flexible” que concentrará elevados esfuerzos en la planta baja, pudiendo comprometer la estabilidad general del inmueble”.

Sin embargo, pese a los riesgos no hay un reglamento o ley que prohíba totalmente este tipo de construcción. Hasta el pasado 15 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó una nueva normatividad en la que se endurecen los criterios de construcción, para evitar la llamada “planta baja débil”.

En 2009, Rubén Pablos Soto y su familia se mudaron a su nuevo departamento en Eje Central 526 sin saber que habían invertido en un edificio mal construido. Lo mismo les sucedió a otras cuatro familias que llegaron a la par. Se enteraron de ello después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuando todos los muros de sus viviendas se llenaron de grietas y varias columnas se debilitaron.

Rubén Pablos —un jubilado de 72 años— consiguió un préstamo bancario por 1.6 millones de pesos para pagar el departamento que la empresa Vívelo publicitó con anuncios en la calle. La apuesta no parecía mala: un edificio nuevo, con tan sólo cinco departamentos de 106.47 metros cuadrados cada uno y planta baja como estacionamiento.

El día del sismo, Rubén Pablos Soto, su esposa, su hijo y la novia de éste estaban en casa cuando inició el terremoto. Las paredes empezaron a cuartearse, todo se destrozaba y el edificio crujía. Mientras huían, las escaleras se partían a su paso.

—Nos cruzamos la calle y, desde ahí, vimos como el edificio se sacudía. Se escuchaba el ruido de las cosas que se caían —recordó Rubén Pablos en mayo de 2018.

El edificio de Eje Central 526, en la colonia Portales, quedó con daños severos en columnas del primer y segundo piso, con fisuras en el resto de las columnas, con la “total destrucción” de los muros y con afectaciones en elementos no estructurales, de acuerdo con evaluaciones postsísmicas realizadas por los ingenieros Humberto González Ortiz y Alfredo Mendizabal, el 17 de octubre y el 2 de noviembre, respectivamente.

Esta empresa, Grupo Inmobiliario Vívelo, tiene como accionistas a Mónica Cortina del Valle, Genaro Kim Villatoro y Santiago Legorreta Cortina. Su administrador único es Alejandro Joaquín Legorreta Chauvet.

En el documento de GMA Arquitectura e Ingeniería —del cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia— se señala que en Eje Central Lázaro Cárdenas 526 se construyó algo que no coincide del todo con los planos y con la memoria de cálculo que se entregó a la delegación cuando se registró la obra.

Por ejemplo, en los documentos se señaló que ciertos muros eran de carga, pero “durante la visita al sitio y las pláticas de trabajo que se han tenido se ha manifestado que los muros son de relleno”.

También se menciona que “existe una incongruencia entre las cargas consideradas en el peso de la losa reticular y la que se lee en los planos estructurales”. Además, al hacer un análisis de la memoria de cálculo, concluyen que “no fue bien concebido el proyecto, a lo cual se suma la ejecución de obra donde se modificaron las piezas de muros y los recubrimientos del concreto”. Y se resalta que ninguna columna cumplió con la cantidad de acero requerida.

El DRO que ahora es asesor en Seduvi

El que no se haya concebido en forma adecuada el proyecto estructural implica, entre otras cosas, que se cometieron errores en el cálculo sobre la resistencia del inmueble ante sismos.

Dos ingenieros estructuralistas consultados por MCCI coincidieron en que el edificio no fue preparado para el peor escenario posible, toda vez que hubo un cálculo erróneo entre algunas variables como las horas de ocupación máxima, el número de personas que habitarían ahí y el menaje de las casas, de acuerdo con los expertos.

El documento de GMA Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V resalta que en la memoria de cálculo se señaló que el destino del edificio sería de oficinas, lo cual modifica aún más los criterios mínimos necesarios que impone la legislación de construcciones de la Ciudad de México.

En suma, el proyecto no debió ser aprobado.

—El constructor sí hizo ajustes durante el proceso de construcción… Si a mí me preguntas: “¿fuiste enterado de esto?” No fui enterado en su momento de ese ajuste que se hizo en el proceso de construcción.

—¿No siente ninguna responsabilidad pese a la construcción mal hecha?

—No. Los factores que yo revisé eran los adecuados y esos estaban cumpliendo.

—En el gremio de los DRO se conoce como “firmones” a quienes sólo firman los documentos sin realmente revisar el desarrollo de una construcción, ¿usted fue un “firmón”?

—Si te vas a investigar, yo tengo fama de ser un DRO muy estricto… Si aún siendo estricto llegan a pasar cosas como estas, imagínate. Lo que está pasando es una situación atípica y la estoy tomando así.

El artículo 35, del Reglamento de Construcciones del DF de 2004 —el que estaba vigente cuando se construyó el edificio— señala que en caso de que los propietarios de la obra no cumplieran con lo establecido en la ley, el DRO tendría que notificarlo a la delegación. Esto no sucedió.

MCCI solicitó a la delegación Benito Juárez todos los documentos relacionados con la construcción del edificio de Eje Central Lázaro Cárdenas 526; en el expediente que se entregó el único papel que tiene la firma de Fernando Méndez Bernal es la Manifestación de Construcción.

De acuerdo con el mismo Reglamento de Construcciones del DF de 2004, la responsabilidad de los DRO termina a los diez años contados a partir de la fecha en que se expidió la autorización de uso y ocupación. En el expediente que la delegación entregó sobre esta obra no se encontraba el aviso de terminación de obra ni la autorización de uso y ocupación del edificio. Pese a que Fernando Méndez Bernal asegura que sí se tramitaron estos documentos y aunque dice no recordar la fecha exacta en que se ingresaron a la delegación, señala que fue alrededor del 2008.

Fernando Méndez Bernal fue presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, entre 2012 y 2014. También ha sido funcionario público. Entre enero de 2015 y principios de 2017 fue el director general de administración urbana en la Seduvi. Cuando ocurrió el sismo, Méndez Bernal ya era asesor de Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de Seduvi.

Hoy nace una constructora; mañana, otra

En esta historia hay, por lo menos, tres empresas involucradas que han pertenecido al mismo grupo: Vívelo en Eje Central 526 S.A. de C.V. —la que hizo el edificio dañado—, Grupo Inmobiliario Vívelo y Vívelo Arquitectos.

Cuando se terminó la construcción del edificio y se vendieron los departamentos, la empresa Vívelo en Eje Central 526 SA de CV se liquidó. Eso sucedió el 22 de abril de 2013. La liquidación se realizó por petición de Santiago Gregorio Legorreta Cortina, apoderado legal de la constructora y también del Grupo Inmobiliario Vívelo SA de CV.

El 6 de abril de 2018, personal de este grupo inmobiliario pegó en una pared del edificio un aviso de realización de obra, otorgado por la Delegación Benito Juárez, para reforzar la estructura del inmueble. Los trabajos, según informaron a los vecinos, durarían tres meses. Eso no sucedió, hasta agosto de 2018 los trabajos de reconstrucción continuaban.

Los vecinos afirmaron que la constructora responsable incluso les pidió que comenzaran a gestionar recursos para seguir con los pagos de la obra, ya que a la empresa “se le había acabado el dinero”.

A un año del sismo, Rubén Pablos Soto y sus vecinos siguen sin poder regresar a sus departamentos.

—La constructora se niega a respondernos, es más, no responden ni los mensajes por whats. Hemos agendado dos juntas con ellos; la primera la cancelaron y en la otra no se presentaron —explicó Rubén Pablos.

—¿La constructora ha reconocido que hizo mal el edificio?

— Ellos no van a reconocer que tienen la culpa de lo que aquí sucedió. No en vano es por lo que están aquí trabajando. Es porque saben los errores en los que incurrieron.

Pese a todas las anomalías, hasta ahora los vecinos no quieren denunciar a la constructora. Temen que una denuncia pública pueda ocasionar que se pare de manera definitiva la obra.

Sin embargo, en algunos de ellos hay dudas sobre el proyecto de reconstrucción para el edificio y los materiales que están utilizando.

—Necesitamos que un especialista esté supervisando constantemente la obra. Aunque ya tenemos la experiencia con el DRO original, quien se prestó para que las cosas no se hicieran bien y ahora trabaja en SEDUVI. Entonces, ¿qué confianza podemos tener en otro DRO? —pregunta Rubén Pablos Soto.

La vida después del sismo

A pesar de las afectaciones que tiene el edificio de Eje Central Lázaro Cárdenas 526, fue hasta abril del 2018 cuando se registró en la Plataforma CDMX, donde el gobierno de la Ciudad de México concentra los dictámenes sobre los edificios dañados en el sismo.

—Entrar a la plataforma fue toda una odisea. Solicitamos revisiones de más de un DRO, hasta que nos dijeron quién era el ingeniero indicado del Instituto para la Seguridad de las Construcciones —explicó Rubén Pablos Soto.

Tras el apoyo que obtuvieron para tres meses de renta, los afectados tuvieron que buscar opciones de vivienda, algunos rentando, otros viviendo con familiares o amigos.

Rubén Pablos y su esposa viven con una cuñada. Él diario visita su antiguo hogar. De lunes a sábado, pasa algunas horas en el inmueble.

—Entiendo que no todos los que vivíamos aquí pueden estar diario (en el edificio). Soy jubilado y siento que debo dedicar mi tiempo a supervisar. Vengo para ver si hay correspondencia y principalmente para ver si vienen a trabajar los dos empleados de la constructora. Son sólo dos y decían que iban a acabar en julio, pero con sólo dos personas fue imposible.

Rubén quisiera que ya acabara la pesadilla. Él mismo cataloga lo que ha vivido como la que podría ser la última de sus batallas. Una batalla que no piensa perder y en la que la única opción aceptable es conseguir un patrimonio realmente seguro.

El edificio de Insurgentes Norte 1260 tiene más datos falsos que en regla. Los constructores Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V. presentaron una memoria de cálculo que no correspondía al tipo de suelo, incumplieron con el proyecto de construcción y vendieron los departamentos sin contar con la terminación de obra y el aviso de ocupación; todo sin que la delegación Gustavo A. Madero clausurara definitivamente la obra.

El terremoto del 19 de septiembre de 2017 dañó el edificio en los muros y las escaleras. Como el coeficiente sísmico estaba calculado para un suelo más firme, el inmueble tuvo menos acero y concreto que el necesario para no sufrir daños. La construcción resultó más barata, pero a cuatro años de estrenarse, ya requiere refuerzos estructurales.

Jazmín podía ver la sala de su departamento desde el patio del edificio. Una grieta atravesaba toda la pared. Se interrumpía sólo por el espacio de la puerta. Tadeo entró por algunos papeles y escuchaba crujir el muro de la cocina. Ejemplos parecidos había en los 165 departamentos del complejo.

A pesar de que los vecinos se quejaron reiteradamente antes del sismo, las revisiones de la delegación sólo derivaron en clausuras temporales. El 20 de septiembre de 2017, cuando el daño fue evidente, la dirección jurídica de la delegación Gustavo A. Madero interpuso una denuncia por uso de documentos falsos y delitos ambientales. El entonces titular Víctor Hugo Lobo prometió que se repararía el edificio “así fuera con dinero de la GAM”.

Los condóminos integraron 126 carpetas de investigación por fraude. Los que no interpusieron una queja se arreglaron con la aseguradora. La constructora se acercó a los residentes y ofreció un millón de pesos en reparaciones a cambio de que retiraran los procesos legales.

Los vecinos se negaron porque la reparación requiere más de 45 millones de pesos. Con ayuda de sus abogados aún intentan llevar a juicio a quienes construyeron y les vendieron un edificio que literalmente se cae a pedazos.

Pasado el periodo electoral, y después de la renuncia de Lobo para ocupar una curul como diputado local, el encargado en la demarcación dijo a los vecinos que sólo podía ofrecerles apoyo moral y abandonó el acompañamiento.

—Ya pasó casi un año y no hemos podido recuperar nuestra vida. Pagamos reparaciones, mantenimiento e hipoteca, pero no tenemos dónde vivir—dijo Jazmín Hurtado, una de las vecinas de Grand Insurgentes.

Calcular en suelos duros, construir en un lago

A las 13:14 del 19 de septiembre en los 13 pisos del inmueble de Insurgentes Norte 1260 los muros crujieron, se agrietaron y comenzaron a caer algunos tabiques y pedazos de decoración.

Un minuto antes de que terminara el sismo, ya había fracturas en los muros de todos los pisos. Desde el departamento 502, a través de la pared color rosa de la sala, se alcanzaba a distinguir todo el tráfico de avenida Poniente 116, calle con la que hace esquina el edificio. El hueco era del ancho de un puño.

La construcción, terminada en 2014, está al norte de la ciudad, en la colonia Capultitlán delegación Gustavo A. Madero, a unos dos kilómetros de la Basílica de Guadalupe. “Yo llegué y pensé que el edificio se iba a caer. Vimos las paredes agrietadas, los vecinos que sí habían estado en los departamentos cuando temblaba, no estaban seguros de poder regresar a vivir ahí”, dijo Jazmín Hurtado, mamá de dos niñas que hoy tiene que vivir en casa de familiares de su esposo.

A principios de 2011 en la página web y en folletos que se repartían en la zona, se hacía publicidad al proyecto que prometía en el terreno, a la salida del metro Potrero, un complejo enorme de 165 departamentos con cuatro comercios abajo, salón de fiestas, gimnasio, áreas verdes y vigilancia las 24 horas.

—Vi el volante del departamento, vi el gimnasio y dije: quiero estar ahí. El roof garden se veía como algo a lo que quieres llegar cuando estás en casa. Era más céntrico y ubicado que donde estaba viviendo— platicó Tadeo Piña, propietario de un departamento en el tercer piso y originario de Ecatepec.

En enero de 2014 la página web de Vertical Homes presumía en su portada los complejos habitacionales en San Antonio Abad, Eje Central, Bucareli e Insurgentes. Actualmente la página oficial dejó de funcionar, pero los datos pueden consultarse en línea todavía a través de otro portal. El anuncio remataba con la leyenda: “buenos cimientos para hogares más fuertes”.

Pero el 20 de marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Seguridad Pública de la delegación Gustavo A. Madero le entregó a Jazmín, Tadeo y a sus vecinos un documento que dice que el edificio donde viven no está bien calculado:

Además, ese mismo oficio avisa a los vecinos que deberán pagar por trabajos de reforzamiento estructural y no pueden habitarlo en tanto no se repare.

El diagnóstico fue hecho por peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, coincide con otro más hecho por un despacho particular de ingeniería: Proyecto y Diseño Estructural y un análisis de un ingeniero estructurista.

En todas las evaluaciones se determinó que el coeficiente sísmico era menor a la zona en donde se asentó el edificio. La esquina de Insurgentes y Poniente 116 está en una zona de lago, pero las estimaciones de la construcción son para un suelo de transición. Eso quiere decir que se estimó un edificio menos resistente porque consideraba un terreno más sólido del que tenía realmente.

Ingenieros estructuristas consultados por MCCI aseguran que estas variaciones en los proyectos repercuten en el costo de la construcción, porque de ello depende si se requiere más o menos acero, concreto o espacios de refuerzo.

— (Cuando cambia el índice sísmico) se incrementa la cantidad de muros que necesito, (o hacerlos) más anchos, pero no puedo hacerlos más anchos porque el tamaño del tabique es estándar, entonces lleva acero. O hay más costo del concreto. Cuando son columnas, necesito columnas más anchas, eso rompe espacio, o le tengo que poner muros donde no tenía pensado el arquitecto y los tengo que hacer con rigidez—explicó José Antonio López Meza, ingeniero civil con maestría en estructuras.

Medio minuto para dañarse

La construcción arrancó en 2009, en ese entonces el predio en Insurgentes Norte no resaltaba entre la arquitectura de la colonia Calputitlán: era una bodega de materiales a la salida de la estación del metro Potrero.

Para octubre de ese año se fijó una manta que anunciaba la venta del terreno. Nueve meses después, el 23 de julio de 2010 se realizó un contrato de compraventa con reserva de dominio para apartar el terreno.

El 26 de julio 2010 se funda Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V., una sociedad de Eduardo Neuman Lembert y su padre Marcos Neuman Margules, ambos empresarios, según el folio mercantil 425133.

Para el 12 de noviembre de 2010 esa firma adquirió el predio pero la numeración cambió y quedó como Insurgentes Norte 1260 como la dirección oficial.

Una semana después, el 20 de noviembre, la empresa Tecnología en Control de Suelos entregó un estudio de mecánica de suelos del predio Insurgentes 1260, dirigido al arquitecto Daniel Dickter, accionista de Vertical Homes.

El 24 de febrero de 2011 se expidió el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 7698-181NEED11. Dicho documento permitió que, en un terreno para seis niveles, se lograran construir 13 niveles debido a la aplicación de la norma de áreas con potencial de desarrollo.

Esa regla permite que haya construcciones más altas en avenidas principales, siempre y cuando se muestre y se respete un estudio de impacto urbano presentado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

En marzo de ese año se demolieron las bodegas que había en el predio, según la licencia SLIU/006/010/2011/07. Después, Insurgentes Norte 1160 nombra como representante legal a Martín Muñoz Ruiz y es él quien el 18 de agosto de 2011 recibe el dictamen del estudio de impacto urbano para la construcción de un edificio habitacional y cuatro locales.

En agosto de 2011 a través del oficio DGAU.11/DEIU/028/2011, la Seduvi determinó que el inmueble podía construirse siempre y cuando se cumpliera con el proyecto presentado, que requería normas para el espacio público y que la compañía hiciera algunas adecuaciones en materia de drenaje.

Los detalles y memorias de cálculos estuvieron firmadas por el Director Responsable de Obra (DRO) Salomón Saad Saad, arquitecto por la Universidad Anáhuac con número de registro 2007. Actualmente según su perfil laboral es gerente de construcción y equipamiento en la Desarrolladora Park, empresa que encabeza la construcción de plazas comerciales en la Ciudad de México.

Los cálculos estructurales inscritos ante la delegación están hechos por Mata y Triana, Ingenieros consultores SC. Según este despacho, la zona sísmica estaba catalogada en II, pero los mapas del reglamento de construcciones vigente lo ubican en una zona III, completamente de lago.

La inspección que hizo el Instituto de la Seguridad de las Construcciones después del terremoto, también lo coloca en la zona III.

Según la manifestación de construcción FGMC-0001-09-71, el Corresponsable de Seguridad Estructural fue el ingeniero Jorge Luis Ángeles Vigueras, mientras que la Corresponsable de Desarrollo Urbano y Arquitectónico es Liset de la Caridad Molina.

El dictamen preveía que el edificio se levantaría en un terreno de mil 671 metros cuadrados y tendría como máximo 15 mil metros cuadrados de construcción final.

En los hechos el proyecto terminó en un predio de dos mil 93 metros cuadrados y 23 mil 596 metros cuadrados de construcción; no cumplió con los metros necesarios de área libre y tampoco con las especificaciones hechas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Esto según una investigación SV/INVEA/CYE/047/2017 hecha por el Instituto de Verificaciones Administrativas que la inició ante una queja por uso de suelo.

A pesar de todas las deficiencias, la constructora vendió los 165 departamentos durante 2014.

En 2017, horas después del sismo acudió a revisar el edificio el arquitecto Jorge Katthain Vilches con registro de DRO 1992, tras esa inspección determinó que había daños severos en los muros, las escaleras y los elevadores. Catalogó el edificio como de seguridad incierta, aunque no consideró que existieran fallas estructurales.

En contraste, el 23 de septiembre acudió otro DRO y calificó la construcción como segura debido a que los daños no se habían registrado en muros de carga.

La firma de dicho documento corresponde a Salomón Saad Saad, el mismo arquitecto que estuvo a cargo del proyecto durante su construcción.

Esa revisión fue presentada por la constructora para demostrar que era segura y forma parte de las pruebas de defensa que hay en la carpeta que tienen abierta los vecinos por fraude ante la delegación. MCCI contactó a Saad vía telefónica, pero se negó a dar una postura sobre el tema.

Ninguno de los propietarios de los departamentos de entre 57 y 67 metros cuadrados en el edificio de Insurgentes, considera estar en un complejo de ensueño: pagaron desde 700 mil hasta millón y medio de pesos en su mayoría a través de créditos bancarios y del Infonavit y tuvieron quejas por defectos en la construcción y los acabados desde el primer año.

Mariana Monroy, vecina del piso 12, tiene un expediente ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por reparaciones de humedad desde 2015. Por un mal diseño en los materiales, la constructora reparó dos años consecutivos las paredes de su departamento.

Sin embargo, hasta el proceso de reclamación ha sido tortuoso. La venta del edificio se hizo con varios esquemas, unos firmaron compromisos de compra venta con Vertical Homes, otros más hicieron los pagos del enganche y la liquidación directamente a la empresa Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V.

Casi el 80 por ciento de los inquilinos obtuvo su propiedad con enganches otorgados a la Inmobiliaria Dekah, una empresa ligada también con los Neumann, debido a que uno de los socios es Simón Neumann quien fuera titular de la Seduvi.

Esta última empresa recibió los pagos iniciales de los inquilinos y les extendió un recibo, más tarde, durante el proceso de escrituración el trato sólo fue con Residencial Insurgentes.

Esta triangulación del dinero en empresas con socios ligados entre sí, sólo provocó que cuando los inquilinos acudieron a presentar reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor, tanto la inmobiliaria como la constructora argumentaran que no tenían que ver con el proceso.

La primera dijo que no era su responsabilidad porque no construía los departamentos, mientras que la constructora dijo que el trato comercial no se había firmado directamente con ella.

Relaciones verticales

Vertical Homes e Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V. están relacionadas entre sí ya sea por sus accionistas o por los representantes legales.

Eduardo Neumann accionista de Insurgentes Norte 1160, también aparece como socio en Vertical Homes y comparte participación en la empresa con José Antonio Fernández Garza Lagüera, Jaime Eduardo Alatorre Bernard, Mario Federico Sicilia Bernand y con Daniel Dickter, según el folio 502103 del Registro Público.

En ambas compañías están inscritos como representantes Martín Muñoz Ruiz y Daniel Dickter.

Sin embargo, la mayoría de los propietarios intermediaron con la Promotora Inmobiliaria Dekah, a quien le entregaron el anticipo.

El trabajo firmado por Paris Alejandro Salazar, Gloria Piña y Sandra Romandía resaltó que los fundadores de Dekah fueron compañeros de Miguel Ángel Mancera en su paso por la iniciativa privada, así como las facilidades que obtiene esta desarrolladora y sus filiales para construir y comercializar departamentos sin cumplir con todas las especificaciones de ley.

La falta de acción de las autoridades no parece ser exclusiva del gobierno central. Según los vecinos de Residencial Insurgentes, la delegación Gustavo A. Madero notó varias deficiencias en el proceso de construcción, pero se hicieron clausuras temporales que se subsanaron con multas que suman menos de 500 mil pesos.

Incluso, el 20 de septiembre de 2017 el entonces delegado Víctor Hugo Lobo acudió al edificio, ahí vestido con un chaleco fosforescente platicó con los vecinos y ofreció “presionar juntos” para que las empresas cumplieran con lo pactado en los contratos.

Como parte de la presión que presumía el jefe delegacional, el director jurídico y de gobierno de la delegación, José Augusto Velázquez, interpuso una denuncia por uso de documentos falsos y delito ambiental por uso de suelo distinto al permitido, colocando como probable responsable a Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V., pero también al “poseedor, ocupante o encargado del inmueble”.

Por ese motivo, los vecinos resultaron acusados de un delito ambiental e incluso fueron citados como imputados.

—Además del daño que teníamos en las casas y el probable fraude porque no había aviso de terminación de obra, nosotros teníamos que pagar las multas por la mala construcción. No veíamos la salida— recordó Jazmín, quien pertenece al comité de administración del edificio.

En diciembre Víctor Hugo Lobo pidió licencia para competir por una diputación local, después de eso, nadie de la delegación dio seguimiento al estatus de los vecinos de Residencial Insurgentes.

Los vecinos acudieron a las oficinas centrales de Gustavo A. Madero pero les respondieron que ya no podían acompañarlos más y el apoyo sería solo moral. A Víctor Hugo Lobo no lo han vuelto a ver.

MCCI buscó la postura de la delegación varias ocasiones. La petición la atendió Rubén Chavarría quien dijo que era su decisión no dar información por teléfono. También se contactó a los representantes de la Inmobiliaria por correo y vía telefónica, pero hasta el cierre de la edición no habían respondido.

Casi un año después, los condóminos siguen recogiendo tabiques de las paredes aunque decidieron organizarse e ir reparando poco a poco los muros sin dejar las demandas que buscan la reparación de los cimientos.

Mientras buscan dónde vivir.

En el 2007, la empresa Lonai Group Property Services S.A. de C.V vendió departamentos en una torre de la colonia Narvarte Poniente. Los publicitó como nuevos y quienes compraron creyeron que así era. En realidad, el edificio ubicado en el 308 de la calle Nicolás San Juan se construyó entre 1966 y 1968.

Con el tiempo, los vecinos que ocuparon esos departamentos se enteraron que el inmueble no sólo contaba con casi 40 años de edad si no que, además, cargaba el peso adicional de dos penthouses añadidos en un proceso de remodelación realizado en 2006. Según una investigación realizada por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) y publicada en abril del 2018, las obras en la azotea se realizaron en forma ilegal, añadiendo 184 metros cuadrados de construcción.

Cuando el edificio se levantó, en 1968, tenía 12 departamentos distribuidos en siete niveles; en la azotea había pequeños cuartos de servicio y jaulas para tender ropa. El desarrollo estuvo a cargo de Inmobiliaria y Constructora Güitrón Rivera Castellanos, cuyo representante legal, en ese momento, era Julián Güitrón Fuentevilla, catedrático en derecho de la UNAM y quien años después, en el 2012, fue senador suplente por el partido Movimiento Ciudadano.

El 15 de febrero del 2006, Armando Gálvez Pérez, de la Notaría 103, dejó su testimonio por escrito, así como fotografías, donde se observan los dos pisos adicionales en el edificio del 308. En las imágenes también se registró el material atorado en la estrecha colindancia entre ese inmueble y su vecino.

El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México establece que es responsabilidad de las delegaciones verificar que las obras realizadas en su territorio se apeguen a la ley. Esto no sucedió en el caso de la remodelación y ampliación del edificio 308 de Nicolás San Juan.

Dos alertas

Cinco años después de que el edificio se ocupó, una autoridad se pronunció sobre la construcción ilegal de los dos penthouses: en marzo de 2012, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal visitó el inmueble tras una queja de los vecinos del edificio de Nicolás San Juan 304, por la inclinación que el número 308 mostraba hacía su edificio. Protección Civil identificó al inmueble 308 de Nicolás San Juan como “en Alto Riesgo para sus ocupantes, predios colindantes e incluso transeúntes a la zona”.

El entonces secretario de protección civil, Elías Moreno Brizuela, solicitó que los poseedores del inmueble contrataran a un Director Responsable de Obras (DRO), para determinar los trabajos de mitigación de riesgo necesarios para asegurar la estructura.

Los propietarios contrataron al arquitecto Enrique Estrada Romero, con carnet de DRO número 0539. En mayo de 2012, Estrada observó que el edificio mostraba desplomes, tanto al sur como al norte, pero también señaló que el inmueble presentaba “buena apariencia” y concluyó que en ese momento no representaba un riesgo para habitantes ni terceros. Recomendó seguir midiendo el desplome cada tres meses, durante un año; sustituir los materiales de acabado en una esquina por otros más ligeros y reubicar los tinacos del lado norte al lado sur de la azotea.

La Secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino no dio seguimiento a sus observaciones sobre el “alto riesgo” que representaba el edificio. Para este reportaje se solicitó a esta dependencia que indicara cómo procedió después de pedir que se realizaran trabajos para disminuir la vulnerabilidad del inmueble. Dijeron desconocerlo, explicando que en ese momento el secretario de protección civil era distinto al actual.

Unos años más tarde, en marzo del 2016, los vecinos del edificio número 304 de Nicolás San Juan presentaron una segunda queja ante autoridades por la inclinación que el edificio 308 mostraba hacia el suyo. Su demanda ciudadana fue entregada a la delegación Benito Juárez, entonces encabezada por Christian Von Roehrich, quien ahora es diputado local electo por la coalición “Por la CDMX al Frente”.

Funcionarios de la delegación visitaron el inmueble, confirmaron la inclinación y pidieron que los poseedores del edificio en el 308 de Nicolás San Juan obtuvieran, “ante un DRO y un Corresponsal en Seguridad Estructural, un dictamen de las condiciones presentes y las medidas de corrección por los pisos extra incorporados y el desplome existente." El oficio fue firmado por Jorge Alonso Elizalde Cruz, en ese momento titular de la Unidad Departamental Técnica de Protección Civil de la delegación Benito Juárez.

Las autoridades delegacionales tampoco dieron seguimiento a su petición. A través de una solicitud de información pública, MCCI preguntó a la delegación si se habían realizado las actividades señaladas. Respondieron que no tenían registro de que así hubiera sucedido.

Tres edificios dañados

Cuando el 19 de septiembre del 2017 las ondas sísmicas provenientes del sur sacudieron a la Ciudad de México, el edificio de Nicolás San Juan 308 se movió bruscamente de lado a lado, chocando con los edificios vecinos: el 304 (al norte) y el 314 (al sur).

Los dos niveles que se le añadieron en 2006 provocaron que su movimiento fuera más extremo y, por lo tanto, más brusco el golpeteo con los edificios colindantes. El dictamen postsísmico realizado por el ingeniero Bernardo Gómez, quien fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural entre 2015 y 2016, describe al inmueble del 308 como un “edificio con incremento de niveles que empeora la excentricidad de carga gravitacional en dirección del inmueble ubicado en Nicolás San Juan 304".

La falta de separación entre los edificios hizo más fuerte el choque. La ley marca que la distancia que debe existir entre la separación de dos inmuebles depende de la altura de las estructuras. Evidentemente, cuando se añadieron los dos penthouses, la separación entre los edificios en la calle de Nicolás San Juan no aumentó de manera correspondiente.

El edificio 304 de Nicolás San Juan —con seis niveles y 21 departamentos— quedó gravemente dañado. Este edificio contaba con una “planta baja débil”, en el lenguaje de los ingenieros, lo cual lo hacía más vulnerable. Una “planta baja débil” es un primer nivel, usualmente destinado a estacionamiento, que cuenta con un sistema de estructuración compuesto de columnas de concreto reforzado pero una ausencia de muros de carga. El edificio número 304 se demolió en abril de 2018.

El otro inmueble contiguo al 308, el ubicado en el número 314, también presentó daños, por lo que fue deshabitado.

El edificio de Nicolás San Juan 308 sufrió daños estructurales.

Fue hasta después del sismo que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) realizó una investigación sobre este inmueble. En su resolución, publicada el 26 de abril del 2018, confirmó que “rebasa los niveles permitidos” y que “la carga extra de la superficie de construcción representa un riesgo, toda vez que el sobre esfuerzo de los elementos estructurales y la cimentación no contemplaban el peso que se adicionó”. También concluyó que los desarrolladores violaron el reglamento de construcción al realizar la obra sin contar con la manifestación de construcción.

El 16 de mayo de 2018, en un comunicado firmado por el director general del Instituto para la Seguridad en las Construcciones (ISC), Renato Berrón, se informó a los vecinos que su edificio no solamente había sufrido daño estructural a raíz del sismo, sino que la estructura seguía deteriorándose desde entonces.

Este instituto también señaló que los dos pisos adicionales representaban una vulnerabilidad para la estructura y que el edificio estaba en “alto riesgo de colapso”, por lo que se determinó su demolición.

La Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano (Seduvi) será la que decida si se premiará la ilegalidad: esa dependencia determinará si los dos niveles añadidos ilegalmente en 2006 se podrán reconstruir.

El terremoto que sacudió a la capital del país evidenció la fragilidad en que se encontraba ese edificio desde hace 32 años, cuando otro sismo, el de 1985 le provocó daños que nunca fueron atendidos. Los problemas fueron minimizados por sus antiguos dueños e ignorados por las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México.

Xóchitl tenía su estética en Niños Héroes 173 gracias a su hermana y a su mamá, quienes habitaban uno de los departamentos y le donaron el cajón de estacionamiento, ubicado en la planta baja del edificio construido en 1951.

Ese cajón de estacionamiento, de dos por cuatro metros cuadrados, fue adaptado como estética. Ahí atendía a los 10 o 15 clientes que llegaban por día para cortes de pelo, tintes y otros servicios. Xóchitl, en su negocio, había invertido entre 50 y 80 mil pesos, el ahorro de su vida.

El edificio que se levantaba sobre este modesto negocio tenía cuatro niveles con dos departamentos en cada uno. En total, había ocho viviendas en donde habitaban 12 personas que se quedaron en la calle. La planta baja, también fue utilizada como estacionamiento.

Una persona que ha trabajado en la lavandería instalada en un local contiguo al edificio colapsado —quien no quiso dar a conocer su nombre, pero que puede ser identificada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)—, advirtió que el inmueble caído estaba dañado desde el terremoto de 1985, de acuerdo con un dictamen de Protección Civil de la delegación Benito Juárez, en ese entonces encabezada por Eugenia Moreno Gómez.

Esta misma persona recordó que, en septiembre de 1985, los habitantes del edificio fueron desalojados de los departamentos debido a que el inmueble se inclinó 80 centímetros. Los dueños –dijo— pintaron la fachada, pero no reforzaron la estructura del inmueble.

En el Registro Público de la Propiedad, Miguel Ángel Guzmán Huerta continúa apareciendo como el único dueño del inmueble. Los vecinos no hicieron el cambio de propietario.

El Reglamento de Construcciones para el DF en 1942 —vigente cuando se construyó el edificio— no contemplaba las deformaciones por desplazamientos que distintas estructuras pueden tener a consecuencia de los sismos; ya que los análisis sísmicos eran muy simplificados y correspondían a los conocimientos que en ese entonces había sobre el comportamiento de los edificios durante un temblor.

Sin embargo, de acuerdo con un ingeniero especializado en estructuras consultado por MCCI, un edificio como el de Niños Héroes 173, que ya había sufrido una inclinación en el sismo del 1985, sí debió reforzarse en su estructura, además de resanarse los muros y darle mantenimiento en las tuberías.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la delegación Benito Juárez informó que no hay documentos oficiales sobre alguna verificación de Protección Civil realizada al edificio de Niños Héroes 173. Sin embargo, Xóchitl de la Paz y la empleada de la lavandería contigua sostuvieron que sí hubo un dictamen de la dependencia en 1985 advirtiendo del peligro en que se encontraba el edificio.

De acuerdo con una nota publicada en Excélsior el 7 de octubre de 2017, en 2001 vecinos del edificio presentaron una demanda ciudadana ante la delegación Benito Juárez para que se realizara una revisión del inmueble. Eso no sucedió. Xóchitl de la Peña –de 38 años de edad— aún lamenta haber perdido su negocio, la inversión recién hecha ahí y, sobre todo, la muerte de su madre, María Salomé López, quien ese 19 de septiembre fue rescatada aún con vida de entre los escombros por un grupo de albañiles que trabajaban en una obra cercana. No obstante, falleció horas después en un hospital de traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta julio de 2018, Xóchitl de la Peña seguía atendiendo a sus clientes en la estética que improvisó sobre la banqueta, junto al terreno en donde estuvo el edifico colapsado, bajo una sombrilla de colores trabada dentro de un rin de automóvil, con un espejo sostenido por un alambre y un clavo incrustado sobre el tapiado de madera colocado en el perímetro donde sucedió el desplome.

Tres bancos de plástico blancos sirven para que los clientes esperen ser atendidos. Sus instrumentos de trabajo los ha colocado dentro de un pequeño recipiente de plástico azul. También hay una escoba que sirve para limpiar la acera cuando termina la jornada de trabajo.

“Si para las viviendas no hay nada, imagínate para los negocios”, dijo Xóchitl de la Paz sobre si, de alguna manera, el Gobierno de la Ciudad de México ha hecho algo para apoyarla.

“Las delegaciones se supone que tienen un fondo de vivienda, pero el delegado nunca ha salido a dar la cara y decir que lo está gestionando”, agregó sobre quien encabezó esa demarcación entre 2015 y febrero de 2018, Christian Damián Von Roehrich, hoy diputado local por esa misma zona tras las elecciones del pasado 1 de julio.

Alejandra Brito habitó el departamento 501 de Avenida Nuevo León 230, en la colonia Hipódromo, poco más de diez años: desde principios del 2007 hasta el 19 de septiembre del 2017. El día del sismo ella y sus vecinos tuvieron que desocupar sus viviendas. Doce meses después, varios de ellos aún no pueden regresar a su casa.

Un año antes del terremoto, los vecinos de Nuevo León 230 comenzaron una lucha en contra de la construcción de un helipuerto ilegal justo al lado de su edificio, en el número 238 de la misma avenida. Fue una batalla contra la construcción ilegal, pero también contra las autoridades delegacionales y capitalinas que no frenaron las obras a tiempo y que nunca impusieron los castigos que marca la ley.

Desde que Alejandra se mudó a Nuevo León 230, el edificio colindante al sur, el 238, había operado como una torre de oficinas. Alrededor de 200 trabajadores entraban y salían cada día de ese inmueble de nueve niveles y construido en 1961.

Hasta donde recuerda, en sus primeros nueve años viviendo en esa calle, nunca se dio algún acontecimiento fuera de lo ordinario en el edificio vecino. Pero en noviembre de 2016, sin aviso previo y sin cumplir la norma de construcción vigente —que obliga a quienes realicen una obra a proteger de la misma a sus vecinos colindantes—comenzó una construcción en la azotea del número 238.

Durante esos trabajos, Alejandra y sus vecinos del 230 tenían que subir a su azotea para recoger el cascajo que la obra de junto dejaba caer sobre su edificio.

Los residentes del 230 se manifestaron en contra de la obra, ya que tampoco contaba con un aviso de construcción en su fachada como también lo exige la ley. Pero las autoridades no frenaron los trabajos. Ni la delegación Cuauhtémoc ni el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) se presentaron en el sitio durante los últimos meses de 2016, cuando la construcción se llevaba a cabo tanto de día, como de noche.

En enero del 2017, la obra empezó a tomar forma. Una serie de columnas de acero estaban ancladas con descuido sobre los costados del edificio. Arriba de las columnas se colocaron unas láminas de metal corrugado. Por lo improvisada que se veía la estructura, los vecinos creyeron que era un roof garden. Para cerciorarse decidieron volar un dron sobre la azotea del edificio 238. Así se dieron cuenta que, en realidad, la nueva plataforma pretendía ser un helipuerto.

Un helipuerto en plena zona residencial, en una colonia que ha hecho de la bicicleta su estandarte de movilidad.

Durante los primeros días del 2017, el Comité Vecinal de la colonia Hipódromo presentó formalmente su queja en una reunión con Zuleyma Huidobro, titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Su reclamo tenía fundamentos: el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Hipódromo del año 2000 prohíbe, de manera explícita, los helipuertos.

Días más tarde, ante la inacción gubernamental, vecinos de la zona convocaron a una manifestación afuera del 238 de Nuevo León. Eso funcionó. El 27 de enero, un día antes de la protesta, Huidobro acudió a frenar los trabajos que todavía se realizaban en la azotea del edificio, poniendo sellos de clausura de obras a la entrada del inmueble.

Huidobro compartió la acción tardía de la delegación en su cuenta de Twitter: “Seguimos atendiendo las quejas vecinales como prioridad del gobierno del jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila con total transparencia”.

Hay, sin embargo, un detalle que la delegación nunca transparentó: miembros del equipo de campaña de Ricardo Monreal ocuparon oficinas en el edificio número 238 de avenida Nuevo León durante el 2015, año en que el zacatecano fue electo para el cargo de delegado.

La autoridad y el infractor no eran del todo ajenos.

En entrevista telefónica, Paris Cervantes confirmó que tanto Macías como Portillo fueron miembros del equipo de comunicación social de Monreal en campaña. También aceptó que se incorporaron al equipo de comunicación social de la delegación una vez que Monreal asumió como titular. Sin embargo, dijo no recordar si algún día visitó esas oficinas. Aseguró que durante el periodo de transición él solía despachar desde su casa.

Clausura sin efecto

Las obras en la azotea de Avenida Nuevo León 238 continuaron aún con los sellos sobre el inmueble, como consta en un video que grabó el propio Comité Vecinal el 15 de julio de 2017.

—Los sellos, tanto de la delegación como del Invea, fueron una farsa. El helipuerto terminó de construirse sin la más mínima molestia por parte de autoridades y con el inmueble supuestamente clausurado —recuerda Mony de Swaan, propietario de un departamento en el edificio de Avenida Nuevo León 230.

El artículo 286 del Código Penal del Distrito Federal establece que romper los sellos colocados por la delegación es un delito que se castiga con dos a siete años de cárcel.

No se impuso castigo alguno por el quebrantamiento de sellos, de acuerdo a Mariana Gil, abogada que representa a vecinos del edificio 230.

También en respuesta a la movilización vecinal, en febrero del 2017 el Invea dictaminó que el helipuerto construido en el corazón de la Condesa era ilegal, por lo que ordenó su demolición y fijó una multa de 110 mil 281 pesos.

La empresa detrás del inmueble, Helicópteros de Puebla S.A. de C.V., salió de inmediato a proteger su construcción. Se amparó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y pidió un juicio de nulidad sobre la decisión del Invea. Los representantes legales de la compañía son los empresarios poblanos Julián Manuel Ventosa Aguilera y Julián Ventosa Tanus.

Una empresa de la familia Ventosa, Grupo JV (Julián Ventosa), ha desarrollado edificios de oficinas, plazas comerciales y proyectos residenciales en Veracruz y Puebla. Dos de sus torres de oficinas en la ciudad de Puebla cuentan con helipuertos.

El amparo promovido por Helicópteros de Puebla se resolvió siete meses más tarde, casualmente la mañana del 19 de septiembre del 2017. El magistrado Rubén Minutti Zanatta negó el amparo que buscaba anular la decisión del Invea y ordenó proceder con la demolición. A las pocas horas llegó el sismo. Cuando los vecinos ganaban la partida legal, perdían sus casas.

Demuelen helipuerto, continúa impunidad

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2018, nueve propietarios del edificio 230 presentaron una denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México (Fedapur) en contra de las autoridades o los particulares que resultaran culpables de la construcción ilegal en el edificio colindante con el suyo.

En su denuncia, los propietarios citan el dictamen postsísmico aprobado por el arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, miembro del Colegio de Arquitectos, en el que se describe una “afectación severa” al edificio en Nuevo León 230, “por estructura irregular (helipuerto) en predio colindante Nvo. León 238”.

La denuncia también cita tres dictámenes estructurales postsísmicos realizados por el ingeniero civil Ernesto Rodríguez Hernández y que fueron entregados a los propietarios del edificio 230 por la Directora de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc, Cynthia Murrieta.

El primero, con fecha del 27 de septiembre del 2017, señala el fuerte golpeteo de los dos edificios y el daño que eso provocó, pero no se hace mención del helipuerto.

Dos días después, el 29 de septiembre, el mismo ingeniero Rodríguez Hernández presentó—de nueva cuenta a través de funcionarios de la delegación Cuauhtémoc—un segundo dictamen. En ese documento asegura que “la plataforma que se está construyendo [el helipuerto] no tuvo nada que ver con el golpeteo entre los dos edificios”.

El 2 de octubre, Rodríguez Hernández presentó un tercer dictamen a la delegación Cuauhtémoc. Ahí modifica una vez más su conclusión; asegura que al edificio 232 le fueron retiradas estructuras en la azotea aligerándolo. Nada dice del helipuerto. En su denuncia, los propietarios del edificio número 230 señalan que esos tres dictámenes fueron pagados y encargados por los propietarios del inmueble número 238, los señores Ventosa. Aunque no presentan pruebas de que así haya sido, lo que sí se sabe es que los señores Ventosa presentaron, ante la Fedapur, uno de los dictámenes del ingeniero Rodríguez Hernández —el que contiene la conclusión que más les favorece— como evidencia a su favor.

La denuncia que presentaron los propietarios del edificio 230 llevó a que la Fiscalía de Delitos Ambientales abriera una carpeta de investigación con número CI-FEDAPUR/A/UI3CD/1577/10-2017. Sin embargo, esta fiscalía contó con pocos elementos para realizar su investigación.

Unas semanas después del sismo y en contra de las solicitudes de los vecinos afectados que demandaban al Subsecretario de Obras de la Ciudad de México levantar periciales independientes, el helipuerto se demolió.

Sin el helipuerto es difícil determinar si el peso que agregó al edificio fue un factor que incrementó el golpeteo con el inmueble vecino, como el arquitecto Villaseñor Jiménez sugirió en su dictamen postsísmico.

Otro impedimento para la Fedapur fue la falta de documentos. Los ministerios públicos de esa instancia no tuvieron acceso a planos arquitectónicos y estructurales, memorias de cálculo ni tampoco a las bitácoras de obra del edificio número 238; documentos cruciales para determinar el comportamiento del edificio durante el sismo. Según un dictamen técnico realizado por el arquitecto Saúl Díaz Godínez, y que forma parte de la carpeta de investigación, la Fedapur le solicitó esos documentos a la delegación Cuauhtémoc, pero esta dependencia nunca se los proporcionó.

El 1 de junio de 2018, Mercedes Gutiérrez Salinas, ministerio público de la Fedapur, propuso no ejercer acción penal con el argumento de que no se contaba con elementos suficientes para fincar responsabilidades.

Los vecinos de Avenida Nuevo León 230 no se dan por vencidos; han decidido que darán seguimiento a su denuncia por los cauces legales que tengan a su alcance.

Entre esos 16 edificios hay seis que son iguales en su arquitectura, ya que fueron diseñados o comercializados por el mismo despacho de arquitectos: Arelle Hermanos. Los seis se construyeron a principios de la década de los ochenta, cada uno de ellos tiene 24 departamentos; se distinguen porque sus muros son de tabique rojo y cuentan con seis pisos. El día del sismo presentaron una similitud más: fueron los que más daños sufrieron, tanto que sus dictámenes postsísmicos los consideraron como inhabitables.

Uno de esos seis edificios, el de Rancho del Arco 32, colapsó segundos después del sismo. Mauricio Alvarado logró salir del inmueble antes de que desaparecieran casi por completo los primeros tres niveles.

—Se empezó a sentir cómo el departamento se iba hacia abajo. Pero yo no sabía si se estaba derrumbando o si se había inclinado. Simplemente sentí cómo se iba hacia abajo y de repente se paró, pero mi departamento ya estaba inclinado (…) los vecinos empezaron a gritar, a pedir ayuda. Son una familia de cuatro personas, tres de ellos estaban atrapados. Me fui a ayudar. Estuvimos como media hora moviendo escombro, hasta que pudieron salir (…) Había sido algo gravísimo. Estaba todo hecho piedra, hecho pedacitos. La azotea llegó hasta la calle. Todo era losa contra losa —recordó Mauricio en el predio donde había estado su edificio y en donde ahora sólo hay una plancha de concreto.

En la misma colonia, el condominio ubicado en Miramontes 3010 quedó tan dañado que se demolió dos meses después del sismo. Cuatro edificios más —los que están en Canal de Miramontes 2990, 2998, 3032 y 3040— siguen sin poder ser habitados.

Los seis edificios fueron construidos cuando estaba vigente el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de 1976. Esta norma —elaborada tomando en cuenta los conocimientos que entonces se tenían sobre el comportamiento de las estructuras ante los terremotos en el país y en otras naciones— contemplaba sismos de una intensidad media y dividía el territorio de la Ciudad de México en dos tipos de suelo: duro y blando.

Ingenieros estructuristas y geólogos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) coinciden en que los criterios sobre la intensidad de los sismos, así como la clasificación de los suelos que se tomaron en cuenta para la construcción de estos edificios, vigentes en el reglamento de 1976, podrían ser uno de los varios factores que contribuyeron a los daños presentados en los inmuebles de la colonia Los Girasoles.

De haciendas a zona urbana

Coapa se encuentra al sur de la Ciudad de México, en el límite de la delegación Coyoacán, entre lo que fueron los lagos de Chalco y lo que aún queda de la zona lacustre de Xochimilco. En los años 50 era una zona donde abundaban las haciendas y ranchos de vacas lecheras.

La colonia Los Girasoles se levantó en una área de tierra fértil. Justo por eso, cuando el lugar comenzó a llenarse de casas, comercios y escuelas, las calles fueron bautizadas con nombres como Cacahuatales, Sauzales, Cafetales, Granjas Coapa y una variedad de Ranchos.

La urbanización de esos predios inició con la Unidad Habitacional Narciso Mendoza construida en 1968. Esta unidad, más conocida como Villa Coapa, se utilizó para alojar a los jueces que participaron en los juegos olímpicos realizados ese año. Cuando terminaron las competencias deportivas, las casas dúplex y los departamentos se vendieron como vivienda particular.

Para 1980 la edificación de vivienda en la zona tuvo su mayor auge. La llegada de nuevos vecinos se intensificó después del terremoto de septiembre de 1985. A Coapa llegaron muchas familias que buscaban vivir en una área que no fuera tan vulnerable en caso de un sismo.

En la urbanización de la zona participó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), que promovió la adquisición de departamentos a través de créditos para sus agremiados. Uno de esos proyectos fue el llamado Girasoles Universidad.

Los conjuntos habitacionales Girasoles se desarrollaron con construcciones similares en tres etapas: Girasoles I, II y III. Se ubicaron en distintos predios en la zona de Coapa, entre calles delimitadas por Calzada de las Bombas, Del Hueso, División del Norte y Cafetales.

—Nosotros compramos con los créditos sindicales, fuimos maestros universitarios y casi la mayoría ahora vivimos de la pensión. La zona adquirió plusvalía después. Pero nuestros ingresos siguen siendo de clase media —cuenta Margarita Suárez, jubilada de 65 años que vivía en uno de los condominios de Miramontes y mantiene la esperanza de que su edificio pueda repararse.

Entre las inmobiliarias que participaron en el diseño y construcción de edificios en la zona está Arelle Hermanos S.A. de C.V. Esa empresa, de los hermanos David y Alberto Arelle, comercializó el condominio de Miramontes 3010.

Reglamentos viejos, nuevos temblores

Para entonces, las fórmulas matemáticas que se utilizaban para calcular la resistencia de las estructuras consideraban resistencias que estaban entre el cuatro y seis por ciento respecto a la gravedad. Después del terremoto de 1985, esos números aumentaron. En la actualidad, el porcentaje que se utiliza para esos cálculos es de entre 24 y 30 por ciento.

Además, el Reglamento de Construcciones de 1976 no tomaba en cuenta con mucho detalle el tipo de suelo en el que se levantaría el edificio, como ahora se tiene que hacer. En ese entonces sólo se consideraba si era un suelo duro o blando.

En la actualidad, el reglamento considera que el suelo de la Ciudad de México se divide en seis clasificaciones; los parámetros que se toman en cuenta para calcular la resistencia sísmica dependen de la zona en donde se construye el edificio.

—Hasta que no pasa algo, no hay evidencias, no se modifican las cosas. Seguramente en el 76 había evidencias de que ahí era un suelo de lago, pero no sabíamos qué efectos había en esas zonas; qué tanto se amplifica la onda sísmica. En la zona de transición o a la zona de lago, ya hay evidencias de que se incrementa hasta 500 veces (la intensidad del sismo) —explica el ingeniero con maestría en estructuras, José Antonio López Meza.

Investigadores del Intituto de Geología de la UNAM explicaron a MCCI que en el sur de la Ciudad de México la onda sísmica del 19 de septiembre del 2017 se replicó de manera particular y se amplificó aún más. Esto no había pasado en terremotos anteriores.

Además señalaron que la historia del subsuelo en la ciudad de México se reconstruye poco a poco, conforme se van obteniendo muestras del suelo.

—Habíamos vivido terremotos varias veces. Pensamos que era uno más. No pensamos que todo iba a quedar así. No pensamos que todo iba a salir tan mal —lamenta Angélica Ramírez, quien vivía en Rancho del Arco 32.

En busca de documentos

Los habitantes de los seis edificios de la colonia Los Girasoles no sólo se dieron cuenta que la zona de Coapa ya no es inmune a los daños por sismo. También se han enfrentado a una realidad que el terremoto develó: las delegaciones y el gobierno central no conservan la memoria documental de cómo se ha construido la ciudad.

Desde el mismo 19 de septiembre del 2017 los habitantes de los seis edificios dañados comenzaron a preguntar quién tenía planos y otros documentos sobre la construcción de sus inmuebles. Como parecía que ningún vecino los tenía, realizaron solicitudes de información a la delegación Coyoacán, en las que pidieron copias de la licencia de construcción, la memoria de cálculo y los planos.

Las autoridades delegacionales respondieron que en sus archivos sólo guardaban información a partir del 2012 a la fecha y argumentaron que, según la Ley de Archivos del Distrito Federal, la delegación sólo tiene obligación de guardar la documentación de cinco años atrás; los papeles más antiguos los envían al gobierno central.

Lo que dice esta Ley de Archivos, en su artículo 34, es que: “la baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales y que no posean valores secundarios o históricos; evidenciales, testimoniales o informativos”.

Los vecinos requieren los planos y las memorias de cálculo de sus edificios para que los especialistas puedan diseñar un proyecto para su reforzamiento o para determinar las causas que contribuyeron al colapso de algunos y considerarlas en las nuevas construcciones.

-(Los planos) No sabemos dónde están y nos dicen que si la zona (en el Archivo) donde estaban los planos fue la más afectada y se cayó no pueden entrar. ¿Y luego? Una empresa se comprometió a hacer el proyecto y sacar los planos, la memoria de cálculo, todo, todo —explicó Margarita Suárez.

Esa empresa cobraba 500 mil pesos por hacer esos documentos. Los vecinos solicitaron al gobierno de la Ciudad de México que se destinaran recursos del Fondo de Reconstrucción para esto, pero su propuesta no fue aprobada.

MCCI también acudió al Archivo General de Notarías para acceder a planos de diversos puntos de la ciudad; ahí aseguraron que los documentos estaban en un lugar inaccesible a consecuencia del terremoto.

Casi un año después, los vecinos aún no han logrado tener a la documentación completa.

Es más sencillo obtener la relación de lo que encontró Hernán Cortés al llega a la Nueva España —en la página web del Archivo de Indias del gobierno español— que los planos de las construcciones realizadas en 1980 en la delegación Coyoacán.

Una personas que alguna vez vivió en Canal de Miramontes 3010 fue quien ayudó a conseguir un juego de planos del edificio. Él los había guardado en su archivo personal.

Esos documentos están fechados en enero de 1981; fueron realizados por la inmobiliaria Arelle Hermanos y sólo en algunos de ellos aparece, escrita a mano, la dirección de Miramontes 3010.

—Nos dijeron que prácticamente los planos son iguales en todos los edificios y sí, la distribución es la misma. Incluso de los que se ven diferentes por afuera —explicó Angélica Ramírez, quien vivía en el edificio que colapsó en Rancho del Arco.

Las autoridades del Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México dan por buenos estos documentos para los seis edificios, y se toman como referencia inicial para hacer estudios y para dar constancia legal a quienes perdieron su casa.

Según el plano de cimentación del edificio de Canal de Miramontes 3010, en ese inmueble sólo se contemplaban cinco pisos, pero en otro documento se dibuja una fachada que incluye seis niveles.

De acuerdo con lo que recuerdan algunos vecinos, la construcción del último nivel se acordó entre el sindicato y la delegación. Sin embargo, no es posible saber si los constructores realizaron cálculos nuevos para la resistencia de la estructura con el piso extra.

Alguno de los vecinos señalan que la constancia del acuerdo entre el sindicato y la constructora se incluyó en los antecedentes de su escritura; pero esos papeles quedaron en los escombros y aún no los han podido obtener del Archivo General de Notarías.

El ingeniero José Antonio López Meza revisó algunos de los planos que los vecinos consiguieron y señaló que, en los papeles, se cumplió con el Reglamento de Construcción vigente a principios de los ochenta.

En el caso Rancho del Arco 32, el edificio pudo fallar porque en su diseño se consideraron parámetros de seguridad estructural insuficientes para resistir un sismo como el del 19 de septiembre. La forma en que colapsó el edificio, de acuerdo con fotografías, muestra que es posible que la estructura sufriera una torsión en la segunda planta; por lo que el resto del edificio se habría venido abajo al no tener cómo sostenerse.

La diferencia entre el edificio que cayó y los que aún están en pie con daños severos puede estar en los valores de cálculo de resistencia sísmica que se aplicaron, la forma en que los edificios tenían distribuidos los pesos y otros factores que se tendrían que determinar en los peritajes.

Además, vistos desde arriba, los edificios tienen una forma parecida a una letra H. El ingeniero José Antonio López Meza explica que esa forma irregular pudo influir en los daños que presentaron durante el sismo.

—Estas formas irregulares requieren de un proyecto estructural y de cimentación más reforzados. Sobre todo, por el tipo de suelo. En los planos no se ven esos refuerzos —explicó en entrevista.

Por su parte, cuando se demolió el condominio que se encontraba en Miramontes 3010, los vecinos descubrieron a través de un estudio de mecánica de suelos que el predio que ocupaba su edificio estaba relleno con cascajo en la parte de los cimientos. Hasta ahora, ningún especialista ha determinado si eso contribuyó a que el inmueble sufriera tanto daño.

Lo cierto es que será complicado saber con certeza qué falló en las construcciones porque no se cuenta con los planos estructurales, memorias de cálculo y de cimentación de cada uno de los seis edificios.

Los vecinos siguen en su recorrido para recuperar escrituras y planos; además de solicitar proyectos para la reconstrucción de los edificios que todavía están en pie.

Algunos inquilinos tienen la confianza de no pasar otra Navidad en la calle, bajo una tienda de campaña. Otros, como Octavio que vivía en el 503 de Rancho del Arco, resumen lo que han vivido hablando de la flor que da nombre a su colonia: —Los girasoles cuando no encuentran la luz del sol, se ven unos a otros. Nosotros hace mucho que no vemos la luz del sol.

El Gobierno de la Ciudad de México fue alertado, con once días de anticipación, del riesgo de colapso en el edificio que ocupaban mil 300 empleados en San Antonio Abad 122, por una sobrecarga de documentos oficiales en los pisos superiores. La autoridad nunca acató la advertencia y el 19 de septiembre de 2017 el inmueble se desplomó parcialmente.

El dictamen estructural donde se había dado la advertencia se emitió el 8 de sep- tiembre de 2017, un día después de que había ocurrido un sismo de magnitud 8.2, cuyo epicentro fue Tonalá, Chiapas, y que sacudió a la Ciudad de México.

Especialistas de la firma estadounidense WSP, líder en servicios de ingeniería, realizaron aquel día una inspección en el sótano y en los ocho niveles del edificio y reportaron que no había sufrido daños estructurales ni grietas, sólo desprendimientos de algunos acabados.

Sin embargo, en el recorrido apreciaron un factor de riesgo: el acumulamiento de pesados expedientes oficiales, por lo que emitieron la siguiente recomendación: “Se deberá tener especial cuidado con las concentraciones de carga, en este caso de archivos, en los niveles superiores del edificio ya que esto propicia un comportamiento de péndulo invertido en la estructura, el cual no es deseable en caso de sismo”.

Para aminorar el riesgo, se recomendó mudar esos archivos a los niveles más bajos de la estructura, de acuerdo con el dictamen del que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia, el cual fue autorizado por Rodolfo Valle Mattox, doctorado en Ingeniería Sísmica por la State University of New York y actual director de WSP en México.

El dictamen fue compartido a las dependencias del Gobierno de la Ciudad que rentaban seis pisos del edificio.

No obstante, la recomendación no se atendió y once días después, durante el sismo del 19 de septiembre, una parte del quinto piso prácticamente desapareció. En el nivel superior había acumulación de archivos que se había solicitado reubicar, según consta en fotografías.

El 9 de octubre del 2017 —tres semanas después del sismo—, el mismo Berrón Ruiz emitió una advertencia en el sentido de que la estructura del inmueble presentaba alto riesgo de colapso que ponía en riesgo la vida de los ocupantes, vecinos, peatones y automovilistas, por lo que recomendó su demolición.

“La edificación, a raíz del terremoto, presentó la fractura de las columnas en varios niveles, lo que originó el colapso casi total del quinto nivel y parcialmente hacia la esquina nororiente de la edificación del sexto, séptimo y octavo niveles, así como apreciar columnas fracturadas con acero expuesto y totalmente deformado en el nivel planta baja, situación por la que la estructura remanente quedó muy dañada y susceptible al colapso”, describió el funcionario en el informe, el cual fue acompañado de fotografías que mostraban el daño.

El Gobierno de la Ciudad de México ocupaba seis pisos. Ahí despachaban empleados administrativos de la Secretaría de Gobierno, del Instituto de Reinserción Social, del Centro para la Atención de la Diversidad Sexual, de la Oficina para el Reordenamiento del Comercio Ambulante, del Consejo de Pueblos y Barrios, de la Procuraduría del Trabajo y del Cuerpo de Bomberos.

El ISSSTE ocupaba una parte de la planta baja y el piso dos, para atender trámites de créditos de vivienda. El inmueble lo ocupaban mil 300 personas, según estimaciones de las autoridades.

Junto al edificio colapsado había otro, también rentado por el gobierno de la ciudad para albergar la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el cual también será demolido.

Lo reforzaron tras sismo del 85

El edificio fue construido en 1984 y se ubica en la zona geotécnica III, la de mayor sismicidad en la Ciudad de México. Prácticamente desde que se estrenó lo ha ocupado el gobierno capitalino.

A raíz del sismo de 1985, las columnas de esa torre fueron reforzadas mediante un encamisado de ángulos y soleras, de acuerdo con un diagnóstico del ISC.

El ingeniero Heberto Castillo, destacado académico y político de la izquierda mexicana, elaboró los cálculos estructurales e intervino para reforzar las columnas con cinturones de placas de acero. Eso permitió que el edificio resistiera otros sismos.

El nivel superior —el sexto— era ocupado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el cual, ante las pérdidas económicas y materiales, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia el 30 de octubre de 2017.

El representante legal de los Bomberos, Guillermo Raya Salgado, citó en la denuncia tres presuntos delitos que vinculó con el colapso del edificio:

1.- Responsabilidad de los Directores Responsables de Obra o Corresponsables, por autorizar o permitir el desarrollo de una construcción sin apego a la licencia.

2.- Delitos contra el ambiente (ilícitamente realizar cambio de uso de suelo).

3.- Dolosamente hacer un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtener un beneficio económico.

A la denuncia se añadió el testimonio de los titulares de las áreas administrativa, jurídica y técnica de Bomberos, quienes enlistaron ante el Ministerio Público las pérdidas de archivos, expedientes y oficios que resguardaban en el edificio colapsado.

El 15 de diciembre de 2017, el comité técnico de administración de documentos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, integrado por 23 funcionarios, acordó dar de baja los miles de expedientes que estaban en el edificio de San Antonio Abad, ante la imposibilidad de rescatar los documentos.

Del volumen perdido, 217 mil 285 expedientes correspondían a la Dirección General de Administración, además de 27 facturas originales de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, por montos sin cuantificar, según el reporte presentado por Silvia Alejandra Limón Carmona, titular del área.

El Instituto de Reinserción Social reportó la pérdida de 14 mil 79 expedientes relacionados con internos liberados de centros penitenciarios de la Ciudad de México. Otros 6 mil 887 expedientes siniestrados corresponden a dependencias encargadas del ordenamiento del comercio ambulante.

El 15 de diciembre de 2017, una comisión del Gobierno de la Ciudad de México se presentó en las ruinas de San Antonio Abad 122, y constató la imposibilidad de acceder al inmueble, lo que impidió identificar, analizar y describir con exactitud la cantidad de los documentos de cada uno de los expedientes siniestrados.

Desde el día del sismo se impidió el acceso al edificio porque se temía que en cualquier momento se desplomara.

Un primer diagnóstico, realizado por dos peritos el 20 de septiembre, mencionó que el edificio tenía hundimiento, una inclinación notoria en entrepisos y daños en elementos estructurales, por lo que recomendó impedir el acceso.

El 22 de septiembre, otro evaluador describió con más detalles los daños: columnas colapsadas, quinto entrepiso prácticamente desaparecido, grietas, movimiento del suelo, edificio parcialmente colapsado, inestable, con alto riesgo de derrumbe y posibilidad de caída hacia la Calzada de San Antonio Abad, lo que representaba un peligro para automovilistas y peatones.

Una semana después, el director del ISC, Renato Berrón, ratificó la prohibición de ingresar al edificio. “El inmueble con uso de oficinas públicas, bodegas y estaciona- miento es de riesgo alto, pues no cumple con condiciones de seguridad estructural, de servicio y de habitabilidad, motivo por lo cual deberá permanecer desalojado y no se permitirá el acceso a persona alguna por ningún motivo”.

El mismo ISC emitió el 9 de octubre una recomendación para proceder a la brevedad a la demolición. “La estructura se considera en alto riesgo de colapso, por lo que no podrá ser ocupado en razón de que por las condiciones de inestabilidad que presenta dicho inmueble pone en riesgo la vida de los ocupantes, vecinos, peatones y automo- vilistas; asimismo compromete la seguridad y estabilidad de las edificaciones colindantes”.

La demolición inició al día siguiente de esta recomendación, y hasta la última semana de agosto del 2018, seguía en proceso. MCCI buscó a Berrón para una entrevista, pero no hubo respuesta.

“¡Oigan! ¡Oigan, aquí arriba! ¡Oigan, voy a llamar al 911, esto es una emergencia! ¡Oigan… ustedes, los de la máquina! Vamos a hablar al 911 porque esto es una emergencia: el edificio se está moviendo horrible. Tengan listos sus permisos, en este instante vamos a llamar porque esto es una emergencia ¡Todo está absolutamente grabado! ¡Se nos va a caer el edificio! ¡Por favor, yo les ruego que mientras llega Protección Civil detengan la excavación!”, gritaba Celia Enríquez Brito, habitante del departamento número 204 del edificio de Saratoga 714, a unos trabajadores que usaban un enorme martillo neumático montado sobre una oruga mecánica para demoler una vieja fábrica contigua.

Era la mañana del 20 de junio del 2017, cuando ella y el resto de los vecinos sintieron el piso vibrar y escuchaban, angustiados, el crujir de las ventanas. Sin embargo, los hombres ataviados con chalecos amarillos y cascos no se detenían. El único que podía hacer algo era su jefe, un arquitecto, que no estaba ahí.

Cuatro meses después, en el terremoto del 19 de septiembre del 2017, los habitantes de ese inmueble perdían sus departamentos: la planta baja y el primer piso del edificio se desplomaron. Además, la torre quedó recargada sobre una vivienda contigua; en total, 14 familias se quedaron en la calle.

Por otra parte, la Memoria Descriptiva de Demolición —entregada a la delegación Benito Juárez— para iniciar los trabajos en el predio de Saratoga 706, donde se encontraba la fábrica, especificó que éstos se realizarían con “herramientas manuales propias para los mismos, como son picos, marros, palas y desarmadores”.

De acuerdo con ese mismo documento, la excavadora modelo CAT-320 sólo ingresaría a la obra “para la carga de materiales producto de la demolición”. No obstante, esta maquinaria fue usada para remover la tierra que estaba justo por debajo de la barda perimetral del edificio que vibraba. Los trabajadores pretendieron así apresurar el derrumbe de la vieja fábrica, como consta en videos tomados por vecinos de Saratoga 714, en poder de MCCI.

La demolición fue autorizada por la delegación Benito Juárez el 22 de marzo de 2017, cuando estuvo encabezada por el panista Christian Von Roehrich, mediante la licencia de Construcción Especial No. 16/14/393/2017, folio FBJ-0156-17, para una superficie de 2 mil 704.5 metros cuadrados y fue expedida “bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y del Director Responsable de Obra”, arquitecto José Ignacio Huesca de la Peza, con número de registro DRO 0532.

Frenar la demolición

Javier Enríquez es ingeniero geólogo. Su especialidad es la geotecnia y los modelos matemáticos aplicados al estudio de fenómenos en el subsuelo. Actualmente, trabaja para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

La mañana del 20 de junio de 2017, Javier recibió una llamada de emergencia de su hermana, Celia Enríquez, contándole cómo se movía su departamento. Acudió inmediatamente a Saratoga 714 y constató que la demolición en el predio contiguo generaba “vibraciones que cimbraban fuertemente” al edificio. El ingeniero consideró que el movimiento del inmueble —de cinco pisos y 13 departamentos, con estacionamiento en planta baja— no era “normal ni inofensivo y que, por el contrario, tendría consecuencias graves” para su estructura.

Celia Enríquez llamó al número de emergencias 911. Un operador le informó que enviarían personal de Protección Civil a monitorear la situación, pero nadie llegó. Celia volvió a llamar: tampoco entonces obtuvo respuesta.

Javier Enríquez bajó al predio para hablar con los encargados de la demolición. Al recorrer la tapia que cercaba el terreno buscando una puerta de acceso, notó que no estaban a la vista “ni el aviso del tipo de obra ni los nombres de los responsables”, ni ninguna de las demás señalizaciones establecidas en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.

—En esas condiciones era una obra clandestina— dijo en entrevista con MCCI.

Tampoco pudo encontrar a José Ignacio Huesca de la Peza, el Director Responsable de Obra (DRO) de Saratoga 706. En su lugar, lo atendió el operador de la máquina 320: llevaba el rostro cubierto por un tapabocas y se negó a proporcionar su nombre. Dijo que “el ingeniero” ya se había arreglado con los vecinos, y que no le correspondía a él decidir si continuar o no con las obras.

—Me gustaría hablar con él, para darle nuestro punto de vista —comentó Javier.

—Ahorita el maestro se fue a comer, y es quien tiene contacto con el ingeniero —le respondió el trabajador.

— Me gustaría tener una entrevista con el DRO —insistió Javier—, en términos técnicos de maquinaria, vibraciones, mecánica de suelos, para ver qué podemos hacer todos.

Vecinos en alerta

Celia Enríquez —la hermana del ingeniero— no fue la única alarmada por las vibraciones en su edificio. Otros vecinos de Saratoga 714 intentaron contactar a los responsables de la demolición en el 706. Uno de ellos fue Arnulfo Pérez, quien vivía en el departamento 104 del primer piso. Después del sismo del 19 de septiembre y la posterior demolición de su edificio, su casa y sus pertenencias quedaron enterradas.

Él recuerda cómo era la vida en el edificio mientras se realiza el derrumbe en el predio contiguo:

—En el horario en que trabajaban los albañiles y los operadores de las máquinas se experimentaba mucho movimiento. Temblaba y temblaba y temblaba. Todos los cuadros se enchuecaron.

Sin embargo, los trabajos seguían, y los vecinos se tranquilizaron. A pesar de que su edificio se cimbraba de diez de la mañana a seis de la tarde, no percibían daños en sus departamentos.

—El edificio estaba aparentemente bien —dice Arnulfo.

Hasta la mañana del 20 de junio de 2017.

Los vecinos del área Este del edificio —la más cercana al sitio donde trabajaban las máquinas de demolición— fueron los más afectados. Varios de ellos comentaron que la excavación en la barda perimetral pegada a sus departamentos provocó “movimientos más fuertes” y “violentos” de los normales hasta ese momento.

Tras lo ocurrido ese día, se incrementaron las alarmas entre los residentes de Saratoga 714. Arnulfo y otros vecinos hablaron con uno de los ingenieros encargados de la obra. Le pidieron no utilizar la excavadora Cat 320 para la demolición, por la vibración que generaba en su edificio.

—Nos prometieron meter una máquina más chica —dice Arnulfo— pero la que trajeron era igual de efectiva para los golpes.

En junio de 2017, los residentes de Saratoga 714 reunieron firmas y elaboraron un escrito dirigido a Ángel Luna Pacheco, actual delegado de Benito Juárez —en sustitución de Christian Von Roehrich— y entonces director general de Prevención del Delito y Protección Civil de la delegación, para pedir que revisaran los trabajos en el predio contiguo. También marcaron copia a la jefatura de Gobierno, donde aún despachaba Miguel Ángel Mancera.

La respuesta los dejó anonadados. Protección Civil de la delegación Benito Juárez aseguró por escrito que no podían ingresar al predio “porque la obra estaba clausurada y ellos no podían entrar”, de acuerdo con la versión de Arnulfo, quien califica el argumento de las autoridades como “inadmisible”. Los trabajos de demolición en Saratoga 706 continuaron sin contratiempos hasta su conclusión, a finales de junio.

Se buscó una entrevista con el delegado Ángel Luna Pacheco. No obstante, su equipo de prensa no agendó una cita con él para obtener una postura oficial.

El sismo y los daños

En septiembre de 2017, los habitantes del edificio de Saratoga 714 no fueron los únicos que perdieron sus viviendas.

Judith Rodríguez vivía en la casa de Saratoga 720, al otro lado del inmueble que vibraba con el derribo de la fábrica. Ella y su esposo, Raúl, llegaron ahí en 1990, a una casa que ya tenía unos 15 años de haber sido construida.

Durante casi treinta años, formaron una familia en Saratoga 720. Primero nació su hijo. Después, llegaron su nuera y su nieto. Todos se acomodaron en la casa, cuyas habitaciones fueron modificadas y divididas con tabla roca.

El 19 de septiembre de 2017, Judith, Raúl y su nieto se encontraban descansando en la habitación principal de la casa. La sacudida los tomó por sorpresa.

—Fue impresionante —narró Judith—. Se escuchó como una explosión, y luego, todo se llenó de polvo. Nos costó mucho trabajo salir.

—La puerta se abría y cerraba por el movimiento —agrega su esposo—. No podía yo salir con la cuna del bebé. Cuando se pudo, corrimos hacia la puerta, pero el edificio colapsó y todo se llenó de tierra. No veíamos nada. Todo se movía y tronaba. Corrimos hacia el otro lado, pero cayó la parte trasera del edificio. Nos regresamos, estábamos como ratones. Tratamos de cubrirnos de todo lo que estaba cayendo. Nos quedamos en el claro del pasillo.

Cuando lograron salir, Judith y Raúl vieron que el edificio vecino —Saratoga 714— quedó “tirado” y “estaban sacando gente del edificio”. Como había una fuga de gas, se alejaron hasta la esquina, a unos 50 metros.

Después de un rato, Raúl intentó regresar a su casa.

—Ya había gente de Protección Civil y prohibían la entrada al edificio. Después de un rato, saqué la maleta del bebé. Primero les dije que mi departamento estaba bueno, pero luego miré que el edificio contiguo estaba recargado sobre nuestra casa.

El impacto del sismo del 19 de septiembre afectó gravemente al edificio de Saratoga 714. La planta baja colapsó y los niveles superiores del edificio le cayeron encima, sepultando los dos primeros pisos bajo el suelo. Después de caer, la base del edificio se deslizó hacia la izquierda, provocando que su techo se recargara sobre la casa de Saratoga 720, en el costado opuesto. Dos trabes cayeron sobre el patio trasero de la casa de Judith y Raúl.

El edificio quedó parcialmente colapsado, y así permanecería durante varias semanas, hasta que se concretó su demolición. Candelaria Villegas —quien se dedicaba al trabajo doméstico— quedó atrapada dentro del cubo de escaleras y murió bajo los escombros dos días después, porque ni la Marina ni Protección Civil permitieron que los rescatistas ingresaran al edificio a buscarla.

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones emitió un dictamen sobre los daños que provocó el sismo en el edificio de Saratoga 714, con fecha del 23 de octubre de 2017. El documento consigna el colapso de los dos primeros niveles del inmueble y advierte sobre los daños estructurales que obligaron a demoler la casa vecina del 720, pero no hace ninguna referencia a las posibles causas del derrumbe ni a la demolición que meses atrás se realizó en el predio contiguo.

La fábrica de etiquetas

Los testimonios de vecinos de la calle Saratoga coinciden en un punto: los problemas de vibración en el suelo están directamente relacionados con la demolición de la fábrica de etiquetas, realizada entre mayo y junio del 2017, en el predio número 706.

La planta de High Tech Labels tenía varios años en la calle Saratoga, pero en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México no hay rastro de sus dueños. Los propietarios del terreno son los hermanos León Azlan Levy Micha, Mauricio Levy Micha y Rafael Levy Micha, quienes lo heredaron de su padre, Issac Mauricio Levy Derwich.

Mauricio Levy Micha es abogado. Tiene un despacho legal en Polanco. Su hermano, Rafael, aparece en registros de páginas web como representante legal de la empresa Grupo Salud GLM. Por su parte, Azlan Levy Micha es miembro de la Federación Mexicana de Motonáuticas, donde ha competido en eventos como la Copa Náutica Bajío 2017.

Los hermanos Levy Micha fueron quienes obtuvieron el permiso para demoler por parte de la delegación Benito Juárez, según la licencia especial 16/14/090/2017, otorgada en marzo del 2017.

Hasta el cierre de esta investigación, ninguno de los dueños del terreno pudo ser entrevistado. MCCI intentó contactar con el despacho de Mauricio Levy para obtener su postura, sin embargo, no respondió a las llamadas telefónicas.

La fábrica de etiquetas ya estaba ahí cuando Judith y Raúl llegaron a ocupar la casa del número 720, a principios de los 90. Hasta junio de 2017, cuando comenzaron los trabajos de demolición, nunca habían sentido que se cimbraran sus viviendas.

—Había de repente problemas porque tiraban solventes por la coladera y olía mal. Pero realmente nunca nos quejamos mucho de eso —dice Judith.

Todos coinciden en que los problemas comenzaron con la demolición. Raúl vio cómo utilizaban maquinaria pesada para tirar la barda exterior “de un solo trancazo”.

—Resulta que cuando empezaron a golpetear con las máquinas, empezó a vibrar. El edificio de al lado nos contactó para que fuéramos a levantar un acta, pero no pasó gran cosa —cuenta Javier.

En la actualidad, el predio donde estaba la fábrica de etiquetas se encuentra vacío. Es un terreno baldío.

¿Licuación del suelo?

Los vecinos de Saratoga dicen que la forma en que cayó el edificio es “sintomática”.

—La sospecha es que donde se hundió y se quebró el edificio a la mitad, da exactamente hacia el hoyo que hicieron (con la excavadora) —dice Arnulfo.

Raúl y Judith Rodríguez también piensan que la excavación en la barda colindante con Saratoga 714 afectó al edificio:

—Escarban y dejan inclinada esta zona (el suelo debajo del muro lateral de Saratoga 714). No hicieron hoyos para que quedaran pilotes de contención. Hicieron la zanja, y los vecinos se quejan, porque vieron que la barda se empezaba a desmoronar. Nada más pusieron alambre de gallinero.

Para el ingeniero Javier Enríquez, el colapso parcial del edificio en Saratoga 714 tiene una causa clara: la “licuación del suelo” debajo de los cimientos del edificio, producto de la intensidad de las ondas del sismo del 19 de septiembre y agravado por el daño previo que había sufrido el subsuelo, debido al impacto de los trabajos de excavación en el predio contiguo.

La licuación es un fenómeno geológico que afecta a los suelos granulares. Es decir, a aquellos formados en su mayoría por arena y arcilla. Cuando las ondas de un terremoto impactan en un suelo granular, hacen que se comporte como si fuera líquido. Es algo parecido a lo que sucede en la playa, cuando las olas mojan la orilla del mar y la vuelven lodosa.

Cuando el suelo se licua, provoca que un edificio se incline hacia uno de sus costados, como como si se hundiera bajo arenas movedizas. Eso fue justo lo que pasó con el inmueble de Saratoga 714.

La licuación tiene un potencial destructivo muy alto. Ha provocado daños severos en sismos como el de Anchorage, Alaska, en 1964; Niigata, Japón, ese mismo año; y California, Estados Unidos, en 1994. En México existen antecedentes de licuación de suelos por los temblores ocurridos en 1958 en Michoacán, y en 1995, en Manzanillo, de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Pero también existen opiniones contrarias a la del ingeniero. La doctora Silvia García, del Instituto de Geología de la UNAM, duda sobre la hipótesis de la licuación del suelo bajo el edificio de Saratoga. Dice que el fenómeno es prácticamente exclusivo de zonas costeras donde existen regiones de playa que combinan arena con arcilla húmeda.

Para Javier Enríquez, esto es un elemento a favor de su hipótesis:

—La zona de playas es la zona del antiguo lago. En realidad eran cinco lagos, no uno. Cuando llovía mucho, se unían y parecían uno sólo. Fue lo que vio Hernán Cortés. Alrededor de ese lago y los pequeños hay playas arenosas. Esas arenas son las que, cuando las agitas, se licuan.

Más aún. Después del sismo, Javier aprovechó la confusión que generaron los medios de comunicación y los rescatistas para ingresar una cuadrilla de trabajadores a tomar muestras de materiales y documentar el estado del suelo en el 714. Cuando entraron, notaron que se formaban “olas de terreno” y “ondulaciones” en la tierra húmeda. Para él, esto también es indicativo de la licuación del suelo.

Otro factor que puede explicar el nivel de daños en el edificio de Saratoga 714 tiene que ver con su estructura. Como muchos otros inmuebles construidos en los años 70 y 80, tenía estacionamientos para automóviles en el primer nivel. En términos constructivos, se le llama planta baja débil.

El Sistema Nacional de Protección Civil la define como “la ausencia de muros en planta baja y la sustitución de éstos por columnas delgadas (normalmente para disponer de áreas libres que son utilizadas para estacionamientos o comercios), en tanto que en todos los pisos superiores hay muros que delimitan espacios para un uso distinto, por ejemplo para vivienda”.

Cuando un terremoto impacta a un edificio con planta baja débil, la fuerza de las ondas se concentra en las columnas del primer nivel, provocando que colapse sobre sí misma, y que el peso de los niveles superiores aplaste los primeros pisos. El caso de Saratoga 714 también podría encuadrar dentro de esta hipótesis, como lo demuestran las imágenes tomadas por vecinos después del temblor.

Las autoridades capitalinas todavía no han informado las causas exactas por las que el edificio de Saratoga 714 se vino abajo. Sin embargo, éste se encontraba vulnerable ante un sismo como el ocurrido el 19 de septiembre de 2017 debido a los daños ocasionados por la vibración de la maquinaria pesada usada en el predio contiguo, y por contar con una planta baja débil.

Jaqueline Carmona ocupaba el piso 10 de la torre Osa Mayor, en Doctor Lucio 103. En 2014, a sus 29 años se convirtió en la administradora del inmueble de 16 pisos en el que vivían más de 250 personas, repartidas en 56 departamentos. Su edificio formaba parte del Centro Residencial Morelos, mejor conocido como Los Soldominios.

En aquel año, ella observó que el inmueble sufrió daños severos durante el sismo que sacudió a la Ciudad de México el 18 de abril: los escalones y los descansos de la escalera principal se separaron unos 40 centímetros.

En esos días, Jaqueline acudió junto con otros vecinos a Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc para solicitar dictámenes y revisiones al edificio. Tenían miedo. A cambio, les entregaron 115 mil pesos para reforzar las escaleras dañadas. En los sismos de 1985 y 2012 también se afligieron por la separación de escalones y descansos, pero en esta ocasión les preocupaba el tamaño de los boquetes.

En el 2014, los problemas mayores estaban desde el piso 7 al 14. Jaqueline pensaba que hasta un niño podía caer a través de esos espacios.

Desde ese año, las dos torres de 56 departamentos tuvieron daños estructurales pero las autoridades no lo informaron a los vecinos, de acuerdo con la versión de la última administradora. Según ella, hubo negligencia por parte de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc y del gobierno capitalino, porque sólo se limitaron a darles recursos para reparar las escaleras.

Hoy, Osa Mayor ya no existe. El inmueble fue demolido por las propias autoridades capitalinas tras el terremoto del 19 de septiembre del 2017 y los afectados están a la espera de la construcción de un nuevo edificio. Sus vecinos, en la torre Centauro ubicada en Doctor Lucio 102, también están a la espera de lo mismo.

Dictamen perdido

En el temblor del 18 de abril de 2014, los vecinos de Osa Mayor fueron desalojados de emergencia. La intensidad fue de magnitud 7.2 y las torres parecían tambalearse a las 9:27 de la mañana cuando comenzó la sacudida. En distintos videos se observa la separación de escaleras por el choque de un edificio contra otro.

Alejandro Romero, quien fuera administrador durante ocho años en esos condominios -antes que Jaqueline-, recordó haber recibido en 2014 un dictamen estructural hecho por ingeniero amigo de un vecino que vivía en Osa Mayor.

“Fue poco dinero, comparado con lo que puede costar otro dictamen cualquiera. El ingeniero pertenecía al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de la UNAM”, dijo.

No obstante, esos trabajos eran caros y no todos los vecinos estaban en posibilidades de tomar parte de los presupuestos familiares para apuntalar el inmueble. El dinero no les alcanzaba para eso.

“Sugirieron varios tipos de reforzamiento, pero cualquiera que hubiéramos elegido tenía un costo bastante alto. Por ejemplo, entre las sugerencias había una que consisitía en amarrar las cuatro esquinas. Piso por piso. ¡Imagínate! ¡De extremo a extremo! ¡Era costosísimo! Era más fácil quedarse ahí, esperar a que se derrumbara solo que reparar. Y eso hicimos”, soltó Alejandro Romero, en tono de broma.

Alejandro Romero perdió ese dictamen. Durante los años que fue administrador conseguía dinero público para mantenimiento de Osa Mayor. Sin embargo, esos recursos sólo alcanzaban para impermeabilizar o alumbrar áreas comunes.

Pero también había desorganización entre vecinos. El ex administrador menciona que, en una ocasión, por falta de quórum no pudo acordarse cómo gastar el dinero ofrecido por el gobierno local y, finalmente, esos recursos los perdieron.

Cuando tembló el 7 de septiembre de 2017, Jaqueline –la última administradora– buscó a responsables de Protección Civil y autoridades capitalinas para saber cómo se encontraban sus departamentos.

En ese momento –dijo– pudo enterarse de la existencia de un dictamen oficial que advertía un daño estructural en Osa Mayor. La carpeta con esos documentos se la entregaron el 12 de octubre del 2017, aseguró.

Vecinos y autoridades, omisas

El 14 de julio de 2014 el ingeniero Renato Berrón Ruiz, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISCDF), envió un dictamen a Fausto Lugo García, director de Protección Civil del gobierno local con la revisión de Centauro, el edificio contiguo a Osa Mayor. Ambos compartían las escaleras que históricamente sufrieron daños con los sismos.

Centauro –de acuerdo con los ingenieros– se encontraba en buen estado para aguantar fuerzas sísmicas y los pilotes (cimientos) estaban en condiciones adecuadas, aunque los muros y la fachada presentaron daños, se añade en ese dictamen elaborado hace cuatro años.

Los especialistas vieron como una alerta que la zona donde se encontraban las celdas de cimentación estaban anegadas por lo que era urgente –desde entonces– vaciarlas mediante bombas para reducir el riesgo.

También pidieron corregir las grietas en muros divisorios y arreglar las separaciones en las escaleras usando tapajuntas: placas de metal que sirven para reforzar la unión entre escalones y descansos.

“Es fundamental realizar el reforzamiento de la estructura, con la finalidad de que esta cumpla con los requerimientos establecidos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 2004 vigente”, detallaba el informe escrito por Renato Berrón, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF).

Estos trabajos de reforzamiento –conocido como encamizado– fueron los mismos que no pudieron pagar en su momento los vecinos del edificio Osa Mayor. De hecho, en ambos nunca se hicieron esas obras.

Protección Civil sin facultades

Justo el 19 de septiembre de 2017, Jaqueline Carmona, Felipe Zepeda y otros vecinos de Los Soldominios fueron citados en las oficinas del Instituto para la Seguridad de las Construcciones para la entrega de los dictámenes de Osa Mayor y Centauro.

La cita era a la una de la tarde, pero esos estudios nunca los tuvieron entre sus manos: a las 13:14 horas ocurrió el sismo con epicentro entre Morelos y Puebla que devastó algunas zonas en la ciudad de México.

“Cuando nos iban a entregar el estudio del reforzamiento del edificio que hicieron después del sismo del 7 de septiembre, comenzó a temblar. Sentí un algo que no había sentido. Yo nací en 1985, así que ni cuenta me di del terremoto. Pero ese día, empezamos a sentir el movimiento y suena la alarma. Fue terrible, la verdad”, recuerda Jaqueline.

“Ya no nos entregaron nada porque decían que ya no servía. Muchos dejamos cosas en la sala de juntas. Lo que esperábamos es que el edificio estuviera en pie porque había muchos vecinos aún adentro. El daño era evidente a lo lejos. Se veía chueco y la gente muy asustada. El primero que vimos fue el de Centauro con muchas paredes tiradas. Fue algo muy fuerte, pero afortunadamente no se cayó”, agregó.

Los vecinos pidieron un nuevo dictamen después del sismo del 19 de septiembre. El resultado: alto riesgo.

“En noviembre (2017) ya firmamos con Protección Civil las cédulas de demolición”, dijo.

—¿Nunca hubo dictamen?

—Nos llegaron las tres hojas que han visto en otros edificios. Eso fue todo. Eso no es un dictamen, es una cédula postsísmica. Pero a las autoridades hazles saber que eso no es suficiente. Se estuvieron basando en un postsísmico. No un dictamen.

Fernando Zepeda, quien habitaba el edificio de Centauro, también tiene su versión de los hechos:

“Cuando llegamos de la junta, vimos (cómo cayó) el edificio en Chimalpopoca (Bolívar 168) y empezamos a preguntar por WhatsApp cómo estaban en nuestro edificio. A mí me dejaron subir como a la cuatro de la tarde y pues el panorama es muy escandaloso por dentro. El yeso se caía. Bajé lo esencial; mis bicis, ropa, tres mudas y ya. Y a moverse en bici en la ciudad”, comentó.

Zepeda también recuerda que desde 1985 las torres ya estaban dañadas; aun así –dijo– eran muy resistentes.

“Desde el 85 el edificio vivió una separación. Con otros temblores, los edificios se juntaba y se separaban. Ahorita, en este último se juntaron, pero luego se desplazaron hacia un lado”, lamentó.

Historia del inmueble

El Centro Residencial Morelos se construyó en 1968 y para 1970 los departamentos se comenzaron a vender, a través del Banco Nacional de México S.A. (Banamex), propietario inicial de toda la unidad habitacional.

El proyecto surgió del arquitecto y político Guillermo Rossell de la Lama, quien se unió con los Arquitectos Asociados Molinar Hermanos.

Se proyectaron tres torres tipo “A”, que contaban con 14 pisos, planta baja y sótano (16 niveles en total); dos edificios tipo “B”, de 11 niveles; cinco edificios tipo “B”, de 13 niveles; 31 edificios tipo “C”; un edificio tipo “E” de siete niveles; un edificio “E”, de dos niveles y zona comercial de un nivel.

Los documentos del Registro Público de la Propiedad, fotocopias de documentos dañados, dan cuenta de la Constitución de Régimen de Propiedad y Condominio.

La nueva unidad habitacional tendría jaulas tendedero, espacios arbolados, áreas comunes especiales, estacionamientos, áreas de juegos infantiles, entre otras amenidades.

Los nuevos inquilinos llegarían a ocupar los terrenos de lo que antes se conocía como Los Soldominios, pues así recibieron su nombre los condominios que construyó Miguel Ángel de Quevedo a principios del siglo XX, gracias al empresario Ernesto Pugibet, quien era dueño de la fábrica de cigarros El Buen Tono.

Afectó la zona aledaña a las torres. El inmueble que se ubicaba en Avenida Chapultepec, a la misma altura de los condominios, conocido como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), quedó inservible y fue demolido. Lo mismo ocurrió con el Cine Internacional. Actualmente en ese espacio se ubica el Jardín Doctor Ignacio Chávez.

Los Televiteatros, Televisa Chapultepec, Centro Médico y parte del Hospital General, todos inmuebles de la colonia Doctores, también quedaron destruidos en 1985.

Los mismos vecinos dan cuenta de que en ese año sus edificios resultaron afectados y desde entonces, tanto Osa Mayor como Centauro contaban con tapajuntas de aluminio para pasar de un piso a otro los escalones.

Negar la demolición

Desde el sismo del 7 de septiembre de 2017, varios residentes, incluso dueños, dejaron el inmueble de Osa Mayor por temor a que el edificio colapsara.

“Nosotros ya fuimos damnificados desde ese día. Ya no podíamos habitar el edificio del piso siete hacia arriba porque la separación ya era bastante pronunciada. Ahora ya corría el riesgo de irse por los huecos una persona adulta. Nosotros que vivíamos en el piso diez, decidimos dejar el departamento y más porque teníamos dos niñas”, recuerda Jaqueline.

En el caso de Centauro, ante la división de vecinos y la falta de papeles de algunos para acreditar la propiedad, la demolición se retrasó.

Sergio Alcocer Martínez de Castro, del ISCDF emitió una opinión el 15 de febrero de este año en la que propuso dejar el edificio siempre y cuando se hiciera una rehabilitación sísmica.

Este tipo de reforzamiento –de acuerdo con la versión de las autoridades ante los inquilinos– costaría alrededor de 30 millones de pesos.

Aunque ellos consideraban que el gobierno podía realizar la tarea, eso no ocurrió. Esto contrasta con las reparaciones que sí hizo el gobierno local con recursos públicos destinados para damnificados del sismo en la zona de Santa Fe. El monto fue de 17 millones de pesos, para reforzar el talud del Fraccionamiento Vista del Campo, según lo publicado por el diario Reforma el 13 de agosto de este año.

El caso de Osa Mayor fue similar pero el inmueble tenía daños más visibles, como la separación de escaleras hasta por casi un metro –la gente brincaba de un piso a otro usando tablones de madera— y sin más, aceptaron la demolición.

Los vecinos de Centauro, inconformes con la presión que según ellos ejercía el gobierno de la Ciudad de México para demoler, se dieron a la tarea de investigar cuánto había costado tirar Osa Mayor. Supieron que costó lo mismo que costaba la reparación de su inmueble.

Reclamos añejos

Los vecinos acusan que, si se hubieran hecho las reparaciones a tiempo para reforzar el inmueble, estos no se hubieran dañado tanto en los pasados sismos de 2017.

La familia de Leslie Nequiz presentó un amparo para evitar la demolición del edificio, pues no tienen más que un contrato de compra - venta y no tienen otra manera de comprobar la propiedad del departamento.

Leslie señala: “No tenemos certeza jurídica. No hay un documento que diga eso. Hay un vecino que tiene 16 años pagando, pero no tiene escrituras. La mayoría de familias apoyaron la demolición pero si Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno de la Ciudad de México electa) dijo que eso no debe costar ¿por qué entonces quieren cobrar 1 millón 200 mil pesos por levantar de nuevo el edificio?”, añadió.

Otro tema a discusión es la redensificación. El INVI, que construirá a través de terceros la mayoría de los inmuebles colapsados, busca incrementar uno o dos pisos para que el costo no sea tan alto.

En la misiva, tenía como asunto el edificio Centauro y tras citar los diversos dictámenes elaborados y después de realizar una visita ocular, consideró que el inmueble podía mantenerse en pie si se realizaba una “rehabilitación sísmica”.

"Algunos ingenieros como él vinieron y dijeron que estaba mucho más fuerte y seguro que otros inmuebles. Pero el barco ya zarpó. No hay mucho más qué hacer", concluyó Zepeda.

A Juan Carlos Álvarez Díaz-González lo mató la corrupción que él odiaba. A sus 19 años, prefirió estudiar ingeniería en sistemas en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México que ingresar a ingeniería civil en la UNAM porque, como le dijo a su papá, en esa profesión había mucha corrupción. Un mes y medio después, tras el terremoto del 19 de septiembre del 2017, su muerte puso al descubierto una serie de fallas y omisiones en la construcción de las instalaciones de su nueva escuela, que tanto los directivos como las autoridades capitalinas han intentado minimizar.

El sismo provocó daños severos en las instalaciones ubicadas en la Calle del Puente 222, en la colonia San Bartolo el Chico de la delegación Tlalpan, al sur de la ciudad. Los puentes —que conectaban la cafetería con el edificio de Aulas III, así como los que unían Aulas II con Oficinas III— colapsaron, y los inmuebles presentaron daños importantes en sus muros exteriores e interiores.

Juan Carlos quedó atrapado bajo los escombros junto con otra amiga, Laila Salamán Sánchez, quien sobrevivió al derrumbe pero quedó herida de gravedad. Además de él, fallecieron los alumnos Édgar Michel Azano González, Rubén Ortiz García, Alejandro Meza Guerrero y Luis Manuel Pacheco Rosales, todos por la caída de los puentes. Ninguno de ellos tenía más de 20 años.

—Lo que no quieren es que la gente se entere de cómo estaba construido su campus. Por eso dirigieron todas las noticias y toda la visión hacia los puentes —agrega Juan Carlos Álvarez Blanco, padre de Juan Carlos Álvarez Díaz-González y uno de los dos promotores de la demanda contra el Tecnológico, junto con Otilia Berenice González Neri, madre de Édgar Azano González.

Tras el sismo del 19 de septiembre, Alejandro Del Pliego Olivares realizó un segundo Dictamen de Seguridad Estructural, esta vez con una extensión de 172 cuartillas. En sus conclusiones, el ingeniero recomienda que “a la brevedad se retire... la conexión que todavía exista por medio de puentes” en el campus, “debido a la experiencia obtenida” y sugiere que sean sustituidos por escaleras de emergencia.

Alejandro González Del Pliego no especifica cuáles fueron los puentes que se cayeron en el análisis fotográfico. Se limita a hacer notar que “en otros edificios, éstos se colapsaron”.

Además, en sus conclusiones, el ingeniero afirma que “la mayoría de los edificios dentro del campus no fueron afectados” y que se encontraban “en buenas condiciones en su estructura principal”. Especifica que los inmuebles “Aulas 3, Oficinas 3, Cafetería, Aulas 2, Oficinas 2” —donde cayeron los puentes— no presentaron “daños importantes”, y los declara “aptos para ser utilizados una vez que sean reparados en sus acabados.”

MCCI buscó a Alejandro González Del Pliego para una entrevista. No hubo una respuesta hasta el momento de concluir este reportaje.

Otra evaluación posterior al sismo del 19 de septiembre, elaborada a solicitud del Tec de Monterrey por el despacho García Jarque Ingenieros —cuyas conclusiones fueron presentadas en un video subido a internet el 27 de octubre de 2017— sí reconoce que los puentes colapsaron por una falla de diseño.

En ese video, el ingeniero Francisco García Álvarez, detalla que las dimensiones de las ménsulas donde se apoyaban los puentes que unían a los edificios del Tec “evidentemente resultaron escasas”. Agrega que el diseño de los edificios, con “claros grandes” y “alturas generosas”, provocó “amplias deformaciones”, es decir, que los inmuebles se desplazaron en direcciones distintas y los puentes resintieron ese movimiento.

El Tecnológico de Monterrey entregó a la procuraduría capitalina, como prueba, el dictamen de García Jarque Ingenieros, en el cual se destaca que las instalaciones fueron levantadas con base en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal de 1987 y que todas sus estructuras se diseñaron “con apego a las normas”. Ambos dictámenes, el de Alejandro González del Pliego y el de García Jarque Ingenieros, evitan fincarle responsabilidades al Tecnológico, de acuerdo con los abogados que llevan el caso de los padres de las víctimas.

El 13 de diciembre de ese mismo año, la empresa Nava Díaz & Asociados, elaboró un nuevo análisis, a petición de la procuraduría capitalina, cuyos resultados coincidieron con los estudios que había presentado como pruebas el Tecnológico. Este documento señala que los edificios de la escuela sufrieron “importantes desplazamientos no deseados” y que las “aceleraciones experimentadas durante el sismo fueron superiores a las propuestas en el estudio de mecánica de suelos” entregado cuando se levantó la escuela.

No todos los edificios del Tec están sujetos al Reglamento de Construcciones del 87. De acuerdo con el dictamen, firmado por el arquitecto Saúl Díaz Godínez, esa ley —y sus normas complementarias— únicamente aplican para el edificio Aulas II, porque su licencia de construcción data del 5 de agosto de 1992.

El resto de los edificios afectados fueron construidos en años posteriores, y solamente les aplican las Normas de 1987, pero no el reglamento de ese año.

Esta no es la única irregularidad en el procedimiento de investigación. El DRO González Del Pliego, por ejemplo, no ha sido citado por la procuraduría para rendir testimonio sobre las distintas evaluaciones de daño que hizo en los dictámenes que le solicitó el Tec, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Para los abogados y los padres de las víctimas, la demora en el desahogo del expediente contrasta con la celeridad con que las autoridades han actuado en otros casos de alto impacto mediático.

Juan Carlos Álvarez Blanco —uno de los papás de los alumnos fallecidos— pone como ejemplo el Colegio Rébsamen, donde inmediatamente se emitió una orden de aprehensión contra su directora, Mónica García Villegas.

Demanda congelada, padres silenciados

Tras el sismo, la procuraduría capitalina inició una carpeta de investigación de oficio por la muerte de los cinco jóvenes en el Tec de Monterrey. La indagatoria se abrió el 21 de septiembre de 2017, por el delito de fraude. El argumento de las autoridades era que el material utilizado en la construcción de los puentes pudo haber sido de mala calidad. Esta línea de investigación se privilegió por encima de la de los cinco fallecimientos ocurridos el 19 de septiembre de 2017.

Un familiar de Juan Carlos Álvarez Blanco acudió a identificar el cuerpo del estudiante fallecido, pero en general los deudos no fueron notificados por el Ministerio Público para que comparecieran o se enteraran de cómo avanzaba esa indagatoria.

En octubre de 2017, los familiares de Juan Carlos Álvarez Díaz González y Édgar Michel Azano —a través de Regino Abogados— presentaron su propia denuncia por homicidio ante la procuraduría capitalina. El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, bajo el argumento de que el DRO podría haber incurrido en faltas a la ley. No obstante, accedieron a la carpeta de investigación hasta el siete de enero, tres meses después.

Interviene la CNDH

El 22 de febrero de 2018, Juan Carlos Álvarez Blanco presentó un escrito ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el cual acusaba cuatro omisiones por parte de las autoridades capitalinas en el manejo del caso del Tecnológico de Monterrey.

La queja número CNDH/2/2017/8978/Q detalla que, tras el sismo del 7 de septiembre, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México no realizaron visitas ni pidieron informe alguno sobre el estado de los edificios del Tec. Esto constituye la primera omisión.

Finalmente, la cuarta omisión: los familiares de las víctimas se enteraron sobre la existencia de una indagatoria oficial hasta enero de 2018, a través de medios de comunicación. Cuando acudieron a la Procuraduría a reclamar que no se les hubiera integrado en esa investigación, la autoridad pretextó que “tenía mucha carga de trabajo”.

Además, su caso no estaba radicado en ningún juzgado, ni había información para avisarles.

Tras el sismo, el Tec aportó de inmediato documentos y licencias de construcción a la delegación Tlalpan. El Instituto presentó una querella contra quien resultara responsable por la construcción de los puentes, y las autoridades capitalinas identificaron a dos empresas: Acueducto y Urbanizaciones S.A. de C.V. y Acefor S.A. de C.V.

Acueductos y Urbanizaciones no pudo ser localizada para que testificaran sus apoderados legales. Por otra parte, Acefor no ha sido citada porque la firma cambió de razón social y sus dueños viven en Cancún, según informó el Ministerio Público. Por otra parte, el DRO que autorizó la construcción de los edificios donde colapsaron los puentes, Francisco Wiechers, falleció en febrero de 2012.

En paralelo, las autoridades del Tecnológico se movilizaron a través de sus representantes legales, el despacho Zínser, Esponda y Gómez Mont Abogados: buscaron a los padres de las víctimas y les ofrecieron el pago de un seguro. Lograron convencer a tres de ellos. Aunque evitaron involucrarse directamente con Juan Carlos Álvarez Blanco y Otilia González, hubo al menos un acercamiento con el primero:

—El que nos ha estado buscando es Fernando Gómez Mont —cuenta Juan Carlos—. Yo no me he sentado con él, una persona de mi familia ha estado en contacto. Esta persona le dijo a mi familiar: “Podemos hacer cualquier cosa: les podemos dar becas a nombre de Juan Carlos, podemos poner un auditorio a nombre de Juan Carlos. Podemos hacer mil cosas para homenajear a Juan Carlos, pero la culpabilidad no la vamos a aceptar.”

—Por todos lados están buscando que la gente no haga ruido del tema—, agrega Gabriel Regino. Mucha gente buscó sumarse al esfuerzo, incluyendo exalumnos. Extrañamente, después dejaron de tener contacto, ya no quisieron hablar del tema. ¿Qué hizo el Tec? No lo sé, pero es extraño, porque antes estaban interesados.

La magnitud de los daños

Para Juan Carlos Álvarez Blanco la actuación del Tecnológico de Monterrey en este caso responde a un objetivo concreto: ocultar la verdadera magnitud de los daños y el mal manejo de la emergencia.

—Si el terremoto hubiera durado un minuto más se les viene abajo todo el campus, y en vez de cinco fallecidos hubieran sido miles —afirma.

Él y su esposa, Ana Laura Díaz-González, llegaron a las instalaciones de Calle del Puente 222 minutos después del sismo. Poco antes de las 13:14 horas, su hijo les envió un mensaje para avisarles que comería en la cafetería porque tenía que estudiar. Fue la última vez que estuvieron en contacto. Así que cuando se enteraron de la emergencia, corrieron a buscar a Juan Carlos.

—La gente estaba muy mal, había muchachos por todos lados. Había muchísimos más de 40 heridos (la cifra oficial difundida por el Tecnológico de Monterrey a través de un comunicado). En todos los pasillos y los carriles de la explanada había mucha gente, más de cien personas con heridas graves o leves —asegura Álvarez Blanco.

De acuerdo con su testimonio, la cafetería y los edificios de Aulas II y III no fueron los únicos inmuebles dañados por el impacto del terremoto:

—Estando adentro quisimos ir al baño en uno de los edificios del fondo, y así como entramos salimos —narra Juan Carlos—. Las paredes estaban desfasadas. Si el terremoto hubiera durado un poco más, se viene todo el campus abajo. Por eso ya no dejaron entrar a nadie, nadie vio el estado de los demás edificios. Esa es la premisa que ellos tienen: “sí fue la culpa de los puentes, los puentes están mal construidos.”

Juan Carlos y Ana Laura alcanzaron a llegar al área de la cafetería, donde se habían derrumbado los puentes, y permanecieron ahí varias horas pese a los intentos del personal de vigilancia del Tec por sacarlos del campus.

Alrededor de las cinco y media de la tarde, maquinaria pesada ingresó a la zona del desastre para remover los escombros de los puentes colapsados. Los padres de Juan Carlos Álvarez protestaron, recordándole al personal del Instituto que, por ley, no estaba permitido que removieran escombros hasta que hubieran concluido las labores de rescate.

—Total, nos cambiaron de lugar —recuerda Juan Carlos—. De los puentes, en la zona que se derrumbó, nos llevaron atrás y ahí nos tuvieron con gente de seguridad. No nos dejaban movernos ni a los baños. Ya como a las dos y media de la mañana nos dijeron que había aparecido el cuerpo, que lo habían sacado ya.

Días después, a través de un rescatista, Juan Carlos Álvarez Blanco y Ana Laura González Díaz se enteraron de que el cuerpo de su hijo había sido sacado de entre los escombros alrededor de las tres de la tarde. Para entonces, el personal que coordinaba las labores de rescate ya sabía que los padres de Juan Carlos estaban buscándolo, porque Ana Laura le entregó una fotografía del joven a una mujer que llevaba un altavoz, para facilitar su identificación.

Otilia González, la madre de Édgar Azano, pasó por una experiencia similar:

—Las autoridades del plantel instaban a que nos retirásemos del área colapsada. No daban información sobre las personas desaparecidas, y llegaron a asegurarme que entre los escombros no había ninguna persona. Uno de mis hijos llegó también al campus del Tec de Monterrey y juntos continuamos su búsqueda en medio del caos. Fue hasta pasada la media noche que nos dieron la terrible noticia de que mi hijo, Édgar Michel, había fallecido por el derrumbe de los puentes que se encontraban a la salida de la cafetería —narró ante las autoridades capitalinas como parte de la investigación del caso.

Fallas en el protocolo de Protección Civil

Los abogados de los padres de las víctimas del Tecnológico de Monterrey destacan una línea de investigación en particular que no ha sido explorada por la procuraduría capitalina: las fallas en el protocolo de protección civil.

La única salida de emergencia funcional del campus del Tec estaba a un costado del área donde se ubicaban la cafetería y el edificio de Aulas III. Para alcanzarla, había que pasar justo por debajo de los puentes que colapsaron. Alrededor de la cafetería todas las escaleras conducían a esos puentes.

Esto se puede apreciar en los planos presentados por el Tecnológico de Monterrey como parte de su Programa de Protección Civil para 2017. En el edificio Aulas III, por ejemplo, la ruta de evacuación conduce a la salida principal, la cual desemboca en los puentes colapsados.

Así lo confirma también el testimonio de Otilia González Neri, madre de Édgar Azano, en su declaración judicial. Afirma que las autoridades del Tecnológico “pudieron prever lo previsible”:

—Podían terminar por desplomarse o colapsarse produciendo daños a quienes estuvieran en el lugar, como a la postre ocurrió, máxime que era la salida principal de la cafetería (debajo de los puentes), y por la cual tenían que pasar los alumnos para el caso de que, por una emergencia, tuvieran que abandonar el edificio, como ocurrió —declaró ante las autoridades.

La segunda salida de emergencia, ubicada en el ala contraria de las instalaciones, no se utilizaba, porque daba a un espacio cerrado. Incluso estaba bloqueada por jardineras.

—Era obligado salir del puente, no había un protocolo correcto de seguridad —considera el abogado Irving Arellano Regino.

Las autoridades del Tecnológico de Monterrey eran conscientes de que los puentes representaban un riesgo en caso de emergencia, de acuerdo con testimonios de exalumnos en poder del abogado Gabriel Regino:

—Desde que entramos a la carrera, nos indicaban en el auditorio cuando nos daban la bienvenida: si llega a temblar, no usen los puentes —afirma uno de ellos.

Una de esas advertencias quedó registrada en el reporte fotográfico de la carpeta de investigación.

Los argumentos del Tec

El Tec niega que exista una contradicción entre las dos constancias de seguridad estructural emitidas por el DRO González del Pliego, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. Para ellos, el colapso de los puentes no tiene relación alguna con el primer sismo, porque “no era posible ni para el perito ni para ningún otro experto, advertir la deficiencia en la longitud de los apoyos”.

De acuerdo con su versión, la falla en el diseño de los puentes solamente se hizo visible tras el impacto del segundo sismo, el cual “dejó expuesta la estructura de los mismos y, por ende, hizo visible la escasa longitud de sus apoyos”.

Los abogados del instituto argumentan que el estudio de González del Pliego fue únicamente una “revisión” para corroborar el estado de las instalaciones del campus, mientras que el documento elaborado por García Jarque Ingenieros, sí constituye para ellos un dictamen estructural para determinar las causas del colapso.

La investigación, sin resolverse

Mientras tanto, las autoridades capitalinas no han citado a comparecer a todos los involucrados en el derrumbe de los puentes como parte de la demanda interpuesta por los abogados de las víctimas. Uno de ellos es el Director Responsable de Obra que realizó los dos dictámenes tras el sismo.

Rashid Abella Yunes, Vicepresidente de la Región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, sí fue citado como parte de la indagatoria oficial sin avisar a los deudos. En palabras de Irving Arellano Regino, “no se han realizado actos de investigación”.

En cambio, los padres de los jóvenes fallecidos sí fueron convocados por la procuraduría a una “junta multidisciplinaria” con peritos y abogados del Tec, para platicar “en términos sencillos” en qué estatus se encontraba la pesquisa, pero no accedieron por el impacto que para ellos representaba la pérdida de sus hijos.

A pesar de ser uno de los casos relacionados con el sismo que más atención acaparó, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, la procuraduría capitalina llegará al primer aniversario de esa tragedia con el expediente abierto y sin fincar ninguna responsabilidad por la muerte de cinco estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México.