¿Por qué se cayó mi edificio?

La Ciudad de México está a merced de una nueva catástrofe.

Las lecciones que dejaron los terremotos del pasado se olvidaron.

La gente no tiene forma de saber si la escuela en que deja a sus hijos, las oficinas donde pasará horas de trabajo, el departamento recién comprado, la vivienda rentada años atrás o el sitio en que hará el próximo trámite van a desplomarse o quedar inservibles en cualquier momento.

Salvar la vida o perder el patrimonio dependen del azar más que de las políticas públicas de los gobiernos en los últimos 32 años. No importa la ideología ni las banderas de identidad de quienes han tomado decisiones.

Cinco días después del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lanzó una convocatoria para que los ciudadanos enviaran información sobre edificios que sufrieron algún tipo de afectación. El objetivo fue mostrar qué había causado esos daños, independientemente de las versiones gubernamentales.

Se recibieron datos de 200 inmuebles que se complementaron con recorridos, información recopilada por ingenieros de la UNAM, así como de la Plataforma CDMX del Gobierno de la Ciudad de México.

Al final se construyó una base de datos de 365 registros y se eligieron 28 edificios para realizar su autopsia. Los criterios de la elección fueron el nivel de daños, su ubicación y el año de construcción.

Para tener un mayor acercamiento a la historia de esos edificios se realizaron alrededor de 800 solicitudes de información a diferentes delegaciones y dependencias gubernamentales. Se acudió al Registro Público de la Propiedad para obtener la información de predios y empresas; se consultó a especialistas en ingeniería estructural y geotecnia. Y, sobre todo, se buscó a los habitantes de esos inmuebles.

Cada una de las 28 investigaciones periodísticas que aquí se presentan muestran varios de los eslabones que han formado esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad que hace más vulnerables a los ciudadanos. Los hallazgos son los siguientes:

El Reglamento de Construcciones, catalogado como uno de los mejores del mundo, se ignora tanto por las autoridades como por los constructores.

Los ciudadanos quedaron atrapados en edificios en donde se hicieron modificaciones en los cálculos de ingeniería para aumentar los márgenes de ganancias de las constructoras; en inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos. Las familias afectadas invirtieron sus ahorros o comprometieron su patrimonio en cascarones.

Entre las empresas involucradas están Vertical Homes, Canada Building Systems de México, Promotora e Inmobiliaria Dekah, Dijon GP, Vívelo en Eje Central 526, Elite Apartments, Inmobiliaria Sacomo, Lonai Group Property Services, Inmobiliaria Álvaro Obregón, Helicópteros de Puebla y HIP HABITAT.

Después del sismo de 1985 se creó la figura de los Directores Responsables de Obra (DRO) y la de los Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE). La intención, entonces, era contar con profesionales que garantizaran que las nuevas edificaciones cumplían con el Reglamento de Construcciones.

Con el tiempo, esa figura se pervirtió. Sobre todo, porque son contratados por las inmobiliarias y con ello pierden independencia. Además, se creó una especie de mercado negro de firmas de DRO: los documentos y planos para obtener permisos sólo se firman, sin que se revise la autenticidad de la información que ahí se plasma.

En varios de los edificios que se analizaron aparecen nombres ligados con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Entre ellos familiares de Simón Neumann, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) al inicio del Gobierno de Miguel Ángel Mancera. Así como Fernando Méndez Bernal, quien en algún tiempo fue presidente del Colegio de Arquitectos —instancia que se encarga de certificar a los DRO— y ahora es asesor del actual director de la misma Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez.

Las delegaciones y las administraciones capitalinas ignoraron las voces de vecinos que alertaron y denunciaron sobre inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el sismo de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos.

Los edificios cayeron o quedaron inhabitables porque las autoridades no escucharon los llamados de los ciudadanos. Eso provocó la pérdida de vidas y de patrimonio.

Los vecinos no son los únicos que alertaron sobre cómo la corrupción y la negligencia construían una atmósfera de vulnerabilidad.

Desde 2006 —once años antes de la emergencia del 19 de septiembre del 2017— los investigadores Eduardo Reinoso, Miguel A. Jaimes y Marco A. Torres, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, publicaron el estudio “Evaluación de la Observancia al Reglamento de Construcción en la Ciudad de México”, en donde presentaron resultados de la revisión que hicieron a edificios construidos después de 2004. Ahí advirtieron que muchos de ellos “tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso”, ya que no cumplían con los mínimos requeridos en el Reglamento de Construcciones.

No sólo se hacen a un lado las normas. En algunos de los edificios seleccionados para esta investigación se encontró que se utilizan documentos falsos, con información imprecisa o datos que no corresponden a lo que se construye.

Las autoridades del gobierno central y delegacionales otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo. Y aunque los revisaran, muchos de ellos no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación.

MCCI realizó solicitudes de información a todas las delegaciones para conocer los perfiles de quienes ocupan cargos en la Dirección de Obras. Se encontró que del 2000 al 2017 por lo menos 27 funcionarios que ocupaban ese puesto no tenían formación en ingeniería civil o arquitectura. Hay quienes son agrónomos, ingenieros mecánicos, geógrafos, abogados, administradores de empresas e, incluso, licenciados en entrenamiento deportivo.

Lo mismo sucede con quienes están a cargo de las Direcciones de Protección Civil en las delegaciones. De acuerdo con la ley, estos funcionarios deberían tener una experiencia en esta área de, por lo menos, tres años. Pero muchos de ellos, como en el caso de las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc, son cercanos a los políticos que dirigen esas demarcaciones.

Se ha diseñado un sistema en el que autoridades de todos los niveles, DRO y empresas inmobiliarias se lavan las manos. Nadie asume la responsabilidad. Además, no existen programas ni presupuesto para revisar los edificios dañados que sufrieron algún daño en el sismo de 1985 o aquellos que son vulnerables, como las unidades habitacionales.

Vía solicitudes de acceso a la información realizadas a la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) se conoció que, entre 2001 y 2017, los gobiernos capitalinos entregaron sólo mil 640 millones de pesos para reparaciones en unidades habitacionales. El dinero alcanzó para levantar rejas, pintar bardas, reforestar áreas verdes, pero no fue suficiente para atender daños estructurales detectados en esos edificios.

En el oriente de la Ciudad de México, donde miles de casas resultaron dañadas por las fracturas que con el sismo se hicieron más evidentes, se cortaron los recursos y cancelaron programas de colaboración entre autoridades y científicos para monitorear lo que sucedía en el suelo y atenderlo.

La Ciudad de México tiene un grave problema con sus archivos.

Información vital para conocer cómo se ha construido la metrópoli —planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelos, manifestaciones de construcción— no se encuentra en los archivos delegacionales o está incompleta.

En todas las demarcaciones se tuvieron negativas a solicitudes de información; incluso, se reservaron documentos, no contestaron o simplemente respondieron que no los tenían como fue el caso de Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

A doce meses del sismo, la vida de la gente que perdió a su familia y su patrimonio aún no se restablece. La impunidad es lo que predomina.

En la Ciudad de México 228 personas murieron en los edificios colapsados; cuatro más fallecieron en los hospitales durante los siguientes días. Además de los 38 edificios que colapsaron, las autoridades de la ciudad no han informado sobre la totalidad de inmuebles con daños. En octubre de 2017, las estimaciones del gobierno federal para la capital del país eran de 5 mil 765 viviendas afectadas; de las cuales 2 mil 273 tuvieron daño total. Se abrieron 204 carpetas de investigación; 135 por oficio, 65 por denuncia y obtuvieron 65 órdenes de aprehensión, según los datos del Programa de Reconstrucción que presentó el Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, los dueños de empresas inmobiliarias y DRO están prófugos. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo.

Los habitantes en la Ciudad de México saben qué hacer durante un sismo; cómo salir de un departamento o dónde resguardarse mejor. Quienes han fallado han sido las autoridades. En el siguiente terremoto, estaremos condenados a que se repita la historia si no se termina con esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad.

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La Unidad
Habitacional
que se hunde

texto: Agustín Paniagua
video: lucía vergara

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Hace poco más de tres décadas, la imagen de la Agrícola Pantitlán comenzó a cambiar. Terrenos baldíos, balnearios y fábricas se transformaron en edificios. Agua Caliente III fue una de las primeras Unidades habitacionales en construirse; también es la que más resintió los efectos de encontrarse en una zona llena de fracturas y con un hundimiento cada vez más evidente. Aun así la expansión inmobiliaria en la colonia no se detiene.

Calle y número:

Agua Caliente 30

Colonia:

Agrícola Pantitlán

Delegación:

Iztacalco

Año de construcción:

1984

La tarde del 19 de septiembre de 2017, en la colonia Agrícola Pantitlán no sólo se sorprendieron por el impacto del sismo, también descubrieron que el hundimiento del suelo era mayor de lo que pensaban. Quienes lo constataron aún más fueron los residentes de laUnidad Habitacional Agua Caliente III.

Desde 1987, los vecinos de esta Unidad notaron que algunos de sus edificios se hundían o se inclinaban, pero no pusieron demasiada atención al asunto hasta que, después del sismo del 19 de septiembre de 2017, seis de las 12 edificaciones presentaron daños que los colocaron al borde del colapso. Hoy esos inmuebles están clasificados, por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, como en “riesgo alto” de desplome. Los seis restantes, que también presentan inclinación, están en “riesgo medio”.

Estudios de la UNAM y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) coinciden en que el hundimiento de la zona se debe a la “gran concentración de fracturas” que hay en el subsuelo; así como a los socavones formados por las constantes fugas de agua.

Un análisis realizado por especialistas en geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a petición de vecinos, destaca que la mitad del territorio de la delegación Iztacalco presenta el “hundimiento regional con la tasa más alta de toda la ciudad”; una zona que, de acuerdo con el mismo estudio, ha registrado un “vertiginoso y descontrolado crecimiento habitacional”.

El mapeo de las grietas en la colonia Agrícola Pantitlán, realizado por expertos en geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, coincide con la dirección hacia la cual se desplomaron los edificios de la Unidad Habitacional Agua Caliente III. (descarga documento)

Fue justo Agua Caliente III —una de las primeras Unidades habitacionales de la Agrícola Pantitlán— la que sufrió más, los tres factores que se conjuntaron el 19 de septiembre de 2017: el impacto de un fuerte movimiento telúrico, el hundimiento del suelo y la falta de mantenimiento de sus edificios.

Los daños tomaron por sorpresa a sus residentes, como a Silvia Téllez, habitante de la Unidad desde 1985.

—No sabíamos que fuera tan peligroso el suelo abajo de los edificios.

De balneario a departamentos

La Agrícola Pantitlán comenzó su andar siendo una zona rural, llena de milpas, caminos de terracería y con baja densidad poblacional. En este territorio existían varios balnearios que, durante la decada de los treintas y cincuentas, convirtieron a Iztacalco en un destino turístico para los habitantes.

A partir de los años 60, las milpas y balnearios se transformaron en bodegas, plantas de producción e instalaciones industriales, flanqueadas por algunas casas construidas por los habitantes originales del lugar.

Miguel Ángel García vive en la Agrícola Pantitlán desde hace décadas y ha visto cómo se ha transformado su entorno:

—Junto al terreno que ahora ocupa el conjunto habitacional Agua Caliente III estaba la bodega de una fábrica de ropa; en frente había una fábrica de chiles en conserva y varios negocios que los dueños fueron vendiendo poco a poco. Del otro lado, donde ahora hay un Chedraui, estaban los autobuses de la Cristóbal Colón. Había poca gente y poco trasporte. Para llegar a la colonia era necesario atravesar un montón de baldíos.

A principios de los 80, el terreno de Agua Caliente 30 —que años atrás albergó un balneario— fue comprado por la empresa Promociones Galaxia. En anuncios transmitidos por la radio, la constructora ofrecía la posibilidad de adquirir departamentos que podían pagarse con créditos bancarios. Las viviendas de 40 metros cuadrados costaron, en promedio, tres millones de pesos de esa época.

En aquel entonces, las únicas Unidades habitacionales que existían en la colonia eran Agua Caliente I y II, ambas edificadas con financiamiento del Estado y vendidas a través de créditos del Infonavit.

La Unidad Habitacional Agua Caliente III marcó la llegada de la iniciativa privada al negocio de la construcción en la Agrícola Pantitlán. Sus 250 departamentos, distribuidos en 12 edificios de cinco niveles, se construyeron en 1984. Sus habitantes comenzaron a llegar en mayo de 1985, meses antes del terremoto que cimbró la vida en la Ciudad de México.

Llegan el metro y los hundimientos

Agua Caliente III resistió casi sin rasguños el terremoto de 1985. Los daños fueron mínimos.

—Nada más fue el susto. (Los edificios) estaban nuevecitos. No vinieron (las autoridades) a revisarlos; nosotros tampoco buscamos a alguien que lo hiciera —cuenta Eugenia Martínez, quien acababa de llegar a vivir en la Agrícola Pantitlán.

Vista panorámica de la Unidad Habitacional Agua Caliente III y la Línea 9 del Metro, cuya construcción provocó hundimientos en los edificios del conjunto desde 1987.
Fotografía: Isabel Mateos

La Unidad funcionó sin contratiempos hasta 1987, cuando se inauguró la Línea 9 del Metro, que entonces sólo corría desde Pantitlán hasta Centro Médico. Silvia Téllez y Alejandra Ortega, de las primeras vecinas que llegaron al desarrollo, recuerdan que trabajadores del Metro realizaron obras para ampliar la barda perimetral de su predio, con el argumento de que “necesitaban hacer espacio para los respiraderos” de la nueva línea.

Casi de inmediato comenzaron los problemas de hundimiento en la zona: el edificio Cedro se recargó en el inmueble vecino. Los residentes consideraron que los daños y la inclinación no eran motivo de preocupación; continuaron haciendo su vida con normalidad. Hoy, para ingresar a los departamentos de la planta baja del edificio Cedro, hay que bajar un “escalón” de casi 30 centímetros.

Además del hundimiento, las fugas de agua son otro problema que aqueja a la Unidad Habitacional Agua Caliente III. La problemática es compartida con el resto de los inmuebles de la Agrícola Pantitlán: las tuberías subterráneas son de concreto y no de material flexible, como establece el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal desde el 2004.

Vista panorámica de la Unidad Habitacional Agua Caliente III.
Fotografía: Isabel Mateos
Seis de los 12 edificios de la Unidad Habitacional Agua Caliente III chocaron entre sí a raíz del sismo del 19 de septiembre.
Fotografía: Lucía Vergara

Las constantes fugas que se registran en la zona aumentan una vulnerabilidad más al conjunto habitacional: el anegamiento de sus cajones de cimentación, que los deteriora y añade un peso que los edificios no están diseñados para soportar.

La cimentación de los edificios de Agua Caliente III fue resuelta con cajones de concreto reforzado, los cuáles van sumiéndose y anegándose conforme el suelo se resquebraja debajo de ellos.

Para especialistas en geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, los cimientos de la Unidad se diseñaron en forma errónea. El suelo de la zona está compuesto por “arcillas altamente compresibles” que se hunden con facilidad, por lo que la opción más adecuada era realizar “cimentaciones profundas”; es decir, instalar pilotes que permitieran fijar los edificios al subsuelo e impedir que se deslizaran a medida que la tierra se comprimía cada vez más.

Comprobante de gastos del programa Ollin Callan para el mantenimiento de multifamiliares otorgado a la unida habitacional Agua Caliente III.

Para contar con fondos que permitieran dar mantenimiento a su Unidad, en el año 2001 los residentes de Agua Caliente III se inscribieron al Programa de Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social del gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con información proporcionada a travéz de solicitudes de acceso a la información, entre 2001 y 2006 la Unidad recibió 372 mil 784 pesos para mantenimiento. A partir de 2008, el Programa de Rescate fue rebautizado como “Ollin Callan”. Desde entonces, Agua Caliente III sólo recibió dinero en tres años: 96 mil pesos en 2008 y 2009, respectivamente, y 144 mil en 2014.

La administradora de la Unidad, Silvia Téllez, reconoce que no se inscribieron al padrón de la Procuraduría Social (Prosoc), por lo que ya no recibieron el apoyo.

Los fondos que en su momento recibieron fueron utilizados para acciones diversas: pintar fachadas, lavar cisternas, cambiar algunas tuberías averiadas —que se colocaron, de nuevo, de concreto—, construir la barda perimetral e, incluso, para instalar la imagen de una virgen a la entrada de la Unidad.

La fragilidad del suelo

Estudios estratigráficos, realizados por especialistas en geotecnia, muestran que el área donde se construyó Agua Caliente III combina arcilla del antiguo lago, relleno superficial poco compacto y arena con tezontle. Esta mezcla acelera los procesos de hundimiento en la Unidad, y sus efectos se manifiestan en forma de “sacudidas” que asustan a los vecinos.

—De repente está una cocinando y se escuchan ruidos fuertes en el piso, como si estuviera temblando otra vez. La primera vez (que pasó eso) salí corriendo —cuenta María Alejandra Ortega.

El Atlas de Riesgos de Cenapred del 2016 clasifica a buena parte del territorio que ocupa la delegación Iztacalco como de “alto índice de peligro” por inundaciones y granizo. Estos fenómenos naturales, combinados con la serie de fallas geológicas y las fugas, provocan la formación de socavones que hunden aún más el subsuelo.

Además, el predio de Agua Caliente III está en una de las 12 zonas identificadas con “deformación crítica”; ya que la formación de grietas y fracturas provoca que el subsuelo se hunda de manera irregular, en un rango de entre 20 y 40 centímetros al año, de acuerdo con el Análisis de Vulnerabilidad Física a la Subsidencia y al Fracturamiento en la Capital, elaborado por la UNAM y Cenapred y presentado en octubre de 2017.

Para tener una idea del hundimiento en esta zona, se puede recordar lo documentado en el caso de la Catedral Metropolitana. Este edificio se hundió, en promedio, 32.4 milímetros durante 1989, año que se considera como uno de los más críticos para este inmueble, de acuerdo con el estudio Catedral Metropolitana, Hundimiento y Rescate, publicado en 2013 por el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Vivir en edificios dañados

Cuando se ingresa al patio central de Agua Caliente III, donde están los juegos infantiles, es notorio el hundimiento del suelo. Y conforme se camina por el lugar, es posible mirar la inclinación de algunos edificios. Aún así, cerca de 800 personas viven en la Unidad.

Durante el temblor del 19 de septiembre de 2017, los vecinos que se encontraban en sus departamentos en Agua Caliente III escucharon el estruendo provocado por el golpeteo de cuatro edificios: Roble contra Sauce y Tabachín contra Álamo.

—Se oyó un ruido fuertísimo, como si hubiera explotado algo. Yo iba bajando las escaleras en Fresno (el edificio), y las ventanas nada más crujían. Afuera se veía un montón de polvo de los edificios que chocaron —recuerda Miguel, cartero que ese día repartía correspondencia en la Unidad.

Ese día, seis de los 12 edificios de la Unidad se inclinaron a tal grado que rebasaron, por más del doble, los límites establecidos por la ley para garantizar la seguridad de una construcción. Los inmuebles registraron movimientos de entre 27 y 34 centímetros, en dirección este-oeste o norte-sur, o ambas. El límite máximo de inclinación considerado en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal es de 15 centímetros.

Después del sismo, ingenieros en geotecnia de la UNAM realizaron un mapeo del área, el cual dejó al descubierto la existencia de una serie de fallas geológicas “muy cercanas” a la Unidad Habitacional Agua Caliente III.

El dictamen realizado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, con fecha del 28 de febrero de 2018, señala que las viviendas de la Unidad Agua Caliente III sufrieron deformaciones que “modifican las condiciones de trabajo de sus estructuras”. Si estas condiciones se incrementan, “las viviendas pueden inclinarse y quedar desplomadas”.

El Instituto recomienda realizar “un estudio de mecánica de suelos y de la cimentación”, para “considerar la factibilidad de verticalizar” los seis edificios que están en riesgo de colapso.

El instituto también advierte sobre la necesidad de “verificar que las instalaciones hidrosanitarias, que pasan por los cajones de cimentación, se encuentren en condiciones óptimas de operación, ya que se observa que las fugas en las mismas han propiciado la inundación de las celdas que los conforman”. En algunos casos, el nivel de agua rebasa los dos metros de altura.

En cuanto los vecinos notaron que los sótanos de la Unidad se inundaban, comenzaron a bombear el agua, lo cual ha provocado que la tierra debajo de ellos se vuelva más reseca y compacta, hundiendo aún más los cajones de cimentación. Las recomendaciones del Instituto para la Seguridad de las Construcciones han terminado por confundir a los vecinos.

—Nos dicen que se debe sacar el agua para que no se nos dañen los cimientos, pero también que si sacamos mucha agua, el suelo se va a resecar y hundirse aún más —explica Silvia Téllez.

Geotecnistas de la UNAM señalan que es necesario realizar un análisis exhaustivo del subsuelo en Agua Caliente III, para mapear adecuadamente las fallas geológicas y determinar si es factible rehabilitar los edificios o si los daños en la zona los han dejado inhabitables.

Hasta entonces, advierten, es imperativo suspender la construcción de cualquier estructura cuyo peso pueda poner en riesgo a las edificaciones ya existentes, además de la carga que supone la entrada de maquinarias de demolición y construcción en una colonia que, de por sí, ya rebasó sus capacidades máximas de servicio.

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Las puntas de los edificios chocaron y se desmoronaron en Roble y Sauce. Vino Protección Civil y dijo: no se ve grave esto”

Silvia Téllez, administradora de la Unidad Agua Caliente III; habitante del edificio Cedro.

Obras nuevas, problemas añejos

En la actualidad, la realidad de Iztacalco y la colonia Agrícola Pantitlán es muy distinta a la de sus orígenes. De ser una zona rural y después industrial, hoy presenta un acelerado crecimiento urbano, caracterizado por la construcción de Unidades habitacionales.

Los propios vecinos señalan que en la última década se construyeron, al menos, quince conjuntos habitacionales en esta colonia con un área de poco más de tres kilómetros cuadrados, lo cual equivale a la mitad de las tres secciones del Bosque de Chapultepec.

Pese al hundimiento y la cada vez más notoria escasez de agua, la construcción de conjuntos habitacionales continúa en la Agrícola Pantitlán. Y una muestra son los 350 departamentos, en edificios de seis niveles, que se planean construir en la calle de Comunal 50, a un costado de Agua Caliente III.

El nuevo conjunto habitacional se levantará en el predio que ocupaban las bodegas de Manufacturas Yedid, S.A. Antes de eso, y hasta 1973, en el lugar funcionaba un balneario.

El uso de suelo para Comunal 50 es habitacional mixto, con un máximo de tres niveles de construcción permitidos, pero éstos pueden ampliarse hasta 15, gracias a la Norma de Ordenación Particular para el Incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre.

En 2016, Arayot S.A.P.I. compró el predio a Manufacturas Yedid. Después, el terreno fue adquirido por la Constructora Himish S.A. de C.V. El apoderado legal de ambas empresas —Arayot y Himish— es José Shabot Cherem, director de la desarrolladora Quiero Casa.

Vecinos de la Unidad Agua Caliente y de la colonia denuncian la opacidad que existe alrededor de la construcción del nuevo edificio. Ni la constructora ni las autoridades delegacionales o de la Ciudad han querido informar sobre las características del futuro inmueble.

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, residentes de las casas ubicadas en Privada Río Churubusco realizaron solicitudes de acceso a la información ante la delegación Iztacalco; la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano (Seduvi); el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVI) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Pidieron copias de los permisos de construcción y del proyecto de obra del predio de Comunal 50, así como el análisis de factibilidad hídrica de la colonia. En ninguno de los casos obtuvieron la información.

Los habitantes de la Agrícola Pantitlán también han solicitado a la constructora que les presente un estudio integral sobre el suelo en la zona, un estudio de impacto urbano y una evaluación de la factibilidad hídrica. Sus peticiones han encontrado oídos sordos.

Y mientras se levantan nuevos edificios a su alrededor y el subsuelo se hunde, los residentes de Agua Caliente III no tienen claro cuál será el futuro de su Unidad Habitacional.

Altar a la Virgen de Guadalupe colocado en la Unidad Habitacional Agua Caliente III.
Fotografía: Lucía Vergara

El gigante que se desmorona

Texto: Thelma Gómez Durán
video: lucía vergara

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Todo estaba listo para que se inaugurara como una sede de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero el terremoto de 1985 lo dejó inhabitable. Por años estuvo en el olvido hasta que se vendió y, al amparo de las autoridades, se transformó en un edificio de departamentos. Otro sismo, el de 2017, revivió los temores de aquellos que conocen su historia.

Calle y número:

Agustín Delgado 28

Colonia:

Tránsito

Delegación:

Cuauhtémoc

Año de construcción:

1985

Desde septiembre de 2017, quien camina frente al número 24 de la calle Agustín Delgado, en la colonia Tránsito, puede leer lo escrito en la cartulina verde fosforescente pegada sobre la puerta: “Vecinos unidos a favor del derrumbe de los edificios dañados desde hace 32 años”. La frase da la bienvenida a la unidad habitacional en donde 45 familias viven bajo el asedio de su vecino: una mole de cemento cuyas paredes se desmoronan.

Todas las mañanas, la sombra del edificio de 13 niveles, ubicado en Agustín Delgado número 28, cae sobre la unidad habitacional que Daniel Covarrubias y sus vecinos construyeron después de que su vecindad se cayó durante el terremoto, de magnitud 8.1, que el jueves 19 de septiembre de 1985 despertó a la Ciudad de México.

Ese día, la colonia Tránsito —muy cerca del Centro Histórico y a unos pasos del metro San Antonio Abad— se llenó de escombros. En la zona colapsaron inmuebles de oficinas o que aparentaban serlo. El sismo mostró que, en realidad, varias de esas construcciones escondían talleres clandestinos de costura.

Uno de los edificios que no colapsó, pese a que sufrió graves daños, fue el que se levantó en el número 28 de Agustín Delgado, un inmueble de 13 pisos recién construido.

Acuerdo para crear la 45ª Agencia del Ministerio Público en Agustín Delgado 28.

Ese 19 de septiembre de 1985, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo para crear la 45ª Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el DF, ubicada justo en Agustín Delgado 28.

Todo estaba listo para que la entonces Procuradora General de Justicia del Distrito Federal, Victoria Adato de Ibarra, inaugurara las oficinas; incluso, ahí ya se guardaban expedientes. Pero llegó el temblor y restos de los muros de la nueva construcción cayeron sobre la vecindad de junto, donde Daniel y varios de sus vecinos habían crecido. Esa antigua vecindad quedó inhabitable y poco después se demolió.

La construcción de junto, el inmueble de 13 niveles de Agustín Delgado 28, fue uno de los 5 mil 728 edificios dañados o destruidos en el sismo del 19 de septiembre de 1985, de acuerdo con cifras del Comité Metropolitano para Emergencias. El 38 por ciento de estos edificios sufrió daño estructural.

En el terremoto de 1985, parte de los muros del edificio cayeron sobre la vecindad que se encontraba a lado, la cual también quedó inhabitable.
Cortesía: Daniel Covarrubias

En un informe realizado por investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y que se difundió en noviembre de 1985, se determinó que el inmueble de Agustín Delgado 28 presentaba daños “graves” causados, sobre todo, por la “sobrecarga de la edificación”.

Viejas irregularidades

En algún tiempo, en la colonia Tránsito era posible encontrar vecindades con baños y lavaderos comunitarios que hoy sólo se miran en las películas de los años cincuenta. Tres predios que en el pasado ocuparon esas antiguas viviendas se fusionaron para construir el gran edificio de Agustín Delgado 28.

En noviembre de 1971, la entonces Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal otorgó un permiso para levantar el edificio “en diez niveles, con sótano y estacionamiento”, de acuerdo con la licencia de construcción que se encuentra en los archivos de la delegación Cuauhtémoc, y a la cual se tuvo acceso a través de una solicitud de información.

Y aunque la vigencia del permiso de construcción era por 12 meses, el edificio comenzó a levantarse años después, los vecinos recuerdan que fue en 1979 cuando inició la excavación para hacer los cimientos.

—Tardó mucho en construirse —cuenta Daniel Covarrubias— Cuando excavaron extrajeron mucha agua; también sacaron varias piezas arqueológicas, muchas figuras, platos prehispánicos... El edificio se construyó rompiendo todas las normas. Aquí no podían hacer edificios tan altos y, aún así, lo hicieron.

El edificio que se levantó no tenía diez pisos, como se planteó en los planes originales; al final se construyeron 13 y un sótano, en una zona donde sólo se permitía tener hasta cuatro niveles.

Las autoridades publicaron.

En los documentos a los que se tuvo acceso no existe evidencia de cuándo se terminó la obra. Habitantes de la zona recuerdan que la construcción se detuvo varias veces y tardó años en ser terminado. Lo que no olvidan es que fue en 1985 cuando policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal comenzaron a llegar al edificio; en el sótano —aseguran— estaban las celdas y el anfiteatro; la planta baja y los dos primeros niveles se destinaron a ser estacionamiento y el resto de los pisos, oficinas.

Demolición postergada

—Después del sismo de 1985, desde los primeros días, pedimos que el edificio se demoliera. Mandamos oficios, vinieron varios funcionarios y nada —dice Daniel Covarrubias.

Durante dos años, Daniel y sus vecinos vivieron a un costado de la Iglesia de Santa Cruz Acatlán; en ese lugar instalaron las casas de campaña que les donaron. Desde ahí, desde su campamento de damnificados, miraban al gigante de cemento que se resistía a caer.

Daniel y sus vecinos se organizaron, formaron una cooperativa y con donativos internacionales construyeron la unidad habitacional en donde viven desde finales de la década de los 80. La unidad habitacional se levantó en el mismo terreno que, alguna vez, ocupó su antigua vecindad.Desde entonces despiertan con la sombra del edificio dañado.

Los habitantes de la vecindad que resultó dañada por el edificio de Agustín Delgado 28 estuvieron en un campamento de damnificados, hasta que se construyó la unidad habitacional donde ahora viven.
Cortesía: Daniel Covarrubias

En marzo de 1988, en respuesta a uno de los tantos oficios que Daniel Covarrubias y sus vecinos repartieron por oficinas de gobierno, el entonces secretario de Obras del Departamento del Distrito Federal, Francisco Noreña Casado, les informó que las autoridades habían estado “ejerciendo presión con los propietarios para que el inmueble sea reparado”. Y se explicó que los dueños del edificio presentaron una propuesta de proyecto de restructuración, a la que el personal técnico de la coordinación realizó varias observaciones, pero que no habían sido atendidas por los propietarios, por lo que se solicitó a la delegación “se le apliquen las sanciones y clausura correspondiente”.

En ese entonces, Ramón Aguirre Velázquez era el jefe del Departamento del Distrito Federal, y Enrique Jackson Ramírez, el delegado en Cuauhtémoc.

Un año después, el 20 de octubre de 1989, el entonces delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc, Ignacio Vázquez Torres, firmó un edicto que se publicó en varios periódicos y que se dirigía a los propietarios de los edificios dañados por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985:

“Se les notifica que con motivo de la investigación de daños realizada en el inmueble de su propiedad se dictaminó que, por el estado en que se encuentra, es necesario efectuar trabajos de demolición como medida de seguridad y con el propósito de que no causen daños a inmuebles aledaños o a terceros… de no cumplir con este requerimiento se hará acreedor a las sanciones correspondientes y se procederá a realizar las obras necesarias con cargo a su cuenta mediante un crédito fiscal”.

Cinco días después de haber sido publicado el edicto, Isidoro Kichik Behar se presentó ante las autoridades delegacionales como representante legal de la empresa Condominios Industriales S.A., propietaria del edificio. Se hizo acompañar del ingeniero Jacobo Gorodezky Lauferman, Director Responsable de Obra (DRO) y Corresponsable de Seguridad Estructural para las obras de reforzamiento de la estructura del edificio. En los documentos que se encuentran en la delegación Cuauhtémoc no se encontró alguna evidencia de que esos trabajos se realizaron.

Los pisos de más que se le construyeron al edificio terminaron regularizados en 1991

El 21 de octubre de 1991, los dueños del edificio solicitaron la regularización del uso de suelo del inmueble. En ese documento, las autoridades de la entonces Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica reconocen que el edificio de 13 niveles no tenía que haberse construido, porque en esa zona sólo podían edificarse inmuebles de hasta cinco pisos. Aún así, por “derechos adquiridos”, se regularizaron los 13 niveles.

Negocio planificado con anticipación

En sus tres décadas de existencia, el edificio de Agustín Delgado 28 ha tenido, por lo menos, tres dueños, de acuerdo con diversos documentos, entre ellos los antecedentes notariales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Condominios Industriales fue propietaria hasta, por lo menos, principios de la década de los noventa. En 1987 y 1990, el inmueble fue embargado por deudas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En mayo de 2006, BBVA Bancomer remató la propiedad —un terreno de mil 898.55 metros cuadrados y la construcción de 20 mil 44 metros cuadrados— a un precio de ganga: 12 millones 300 mil pesos.

Antecedentes notariales de la Inmobiliaria Sacomo, la cual fue creada en 2004.

El edificio de Agustín Delgado 28 fue adquirido por Inmobiliaria Sacomo, empresa creada en 2004, y cuyos accionistas son Jacobo, Frida y Matilde Cojab Fallena, Adela Fallena Cohen, Moshe Charabati Cassini y Salomón Cojab Fraca, quien también es el administrador único. Algunos de ellos con experiencia en el negocio de las telas, pero también en el de bienes raíces.

Salomón Cojab Farca y Adela Fallena, por ejemplo, son propietarios de otros edificios en la Ciudad de México, los cuales rentan a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Algunos de estos inmuebles son los ubicados en el número 4 de Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, y en el número 31 de la calle Topacio, en la colonia Centro.

Y aunque, en los papeles, la venta del edificio de Agustín Delgado 28 se concretó en 2006 los planes para su transformación en departamentos comenzarón mucho antes, tan sólo unas semanas después de haber sido creada la Inmobiliaria Sacomo.

En agosto de 2004 se formó la inmobiliaria y en septiembre de ese mismo año se realizó el estudio de mecánica de suelos para el predio. La memoria descriptiva se hizo en julio de 2005, un año antes de la compra del edificio.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a estos documentos, a través de una solicitud de información.

En la memoria descriptiva se detalló que los trabajos de remodelación y reestructuración de la obra consistirían en habilitar 130 departamentos, 249 espacios para estacionamiento y tres locales comerciales.

La reestructuración del inmueble —se señaló en la memoria descriptiva— se realizaría por medio de “estructura metálica adosada por medios eficientes a la estructura original de concreto”.

Proceso de remodelación del edificio para convertirese en departamentos habitacionales. Cortesía: Daniel Covarrubias

En la mecánica de suelos se apuntó: “Esta edificación está deshabitada por presentar daños en sus elementos estructurales… Es mayor el peso de la edificación que la capacidad de carga admisible de la estructura”. Se recomendó realizar, al menos, cuatro calas en la cimentación para verificar la presencia de pilotes de fricción.

En septiembre de 2006, Inmobiliaria Sacomo comenzó los trámites en la delegación para hacer trabajos de “reparación” del edificio; las obras estuvieron a cargo del DRO José Isabel Domínguez Sánchez y de Federico Erick Romo Heredia, como el Corresponsable de Seguridad Estructural. MCCI los buscó para solicitarles entrevista, pero ninguno aceptó. El ingeniero Romo sólo respondió, vía telefónica: “ese edificio estaba mal construido”.

En diciembre de 2006, el subdirector de licencias y uso de suelo de la delegación Cuauhtémoc, Luis Antonio López Soler, autorizó a Inmobiliaria Sacomo realizar trabajos de “reparación del edificio”, los cuales duraron casi tres años.

En febrero de 2009, cuando aún no se tenía el aviso de terminación de obra, la Inmobiliaria Sacomo constituyó el régimen de propiedad en condominio para el edificio; se registraron 130 departamentos, 116 cajones de estacionamiento y tres locales comerciales.

En tan sólo tres años, la inversión rindió frutos. La propiedad que Inmobiliaria Sacomo compró en 12 millones 300 mil pesos, para entonces ya valía ocho veces más: 99 millones 550 mil pesos, de acuerdo con el avalúo registrado entonces.

Sólo una multa

Durante los trabajos de remodelación de Agustín Delgado 28, Daniel Covarrubias y sus vecinos alertaron a las autoridades de lo que ellos ya veían como un riesgo: la construcción de departamentos en un edificio dañado. Por ello, en octubre de 2008, volvieron a insistir y mandaron oficios a diputados y a la delegación, entonces presidida por el perredista José Luis Muñoz Soria.

Su voz, una vez más, no tuvo eco.

Fue hasta marzo de 2010, cuando Inmobiliaria Sacomo ingresó a la delegación el aviso de terminación de obra y solicitó la autorización de uso y ocupación.

Documento de autorización de uso y ocupación para el edificio.

Jaime Martínez Velázquez, entonces subdirector de manifestaciones, licencias de construcción y desarrollo urbano, negó la autorización de uso y ocupación del edificio porque la inmobiliaria no presentó un dictamen de impacto urbano ni planos arquitectónicos.

Además, se argumentó, las dimensiones mínimas de los patios de ventilación no se apegaban a lo indicado en las normas y no se cumplió con el área libre “jardinada y permeable”. Y, en especial, “no existen antecedentes de las lecturas de nivelaciones propuestas o de las calas para determinar la existencia de pilotes de cimentación. Tampoco se hace referencia a posibles trabajos de reforzamiento en la cimentación y/o en la superestructura”.

Sin embargo, seis meses después de este oficio, el 22 de octubre de 2010, el arquitecto Martín Miguel Ruiz Ramírez, director general de obras y desarrollo urbano de la delegación Cuauhtémoc, firmó y autorizó el uso y ocupación del edificio.

En los documentos sobre Agustín Delgado número 28, obtenidos a través de solicitudes de información, no se encontró alguno en donde autoridades de la delegación hayan verificado que la Inmobiliaria Sacomo realmente reforzó la cimentación del edificio dañado en el sismo de 1985.

Lo único que sí sucedió es que la delegación Cuauhtémoc impuso una multa por aviso de terminación de obra extemporánea, equivalente a ocho mil 619 pesos.

Los departamentos de Agustín Delgado 28, en la colonia Tránsito, comenzaron a promocionarse para su venta. Incluso, se presumieron como si fueran una obra nueva. En algunos sitios de internet aún es posible encontrar anuncios que los publicitan: “Departamentos nuevos con elevador, roof garden, estacionamieto cubierto, pasillos amplios. Deptos desde 73 M2 hasta 79 M2, de dos y tres recamaras… precio desde 1,200,000 hasta 1,500,000… Año de construcción 2013”.

Los departamentos de Agustín Delgado 28 se anunciaron en páginas de internet.
Imágenes tomadas del sitio casacompara.com.mx

Negocio frustrado

El martes del 19 de septiembre de 2017, durante el sismo de magnitud 7.1, la construcción remodelada de 13 pisos volvió a crujir como ya lo había hecho en sismos anteriores; algunas de sus paredes se desmoronaron como sucedió 32 años atrás, la herrería de varias de sus ventanas se torció y la estructura se hundió todavía más.

La mole de cemento no cayó para fortuna de sus vecinos, las 45 familias que viven en la unidad habitacional y, sobre todo, para suerte de quienes, en 2014, invadieron el edificio.

—Ya lo tenía vendido (el edificio), pero tres días antes de que lo entregaran, vinieron y lo invadieron… Eso fue como en mayo del 2014. —señala Salomón Cojab, accionista de la Inmobiliaria Sacomo, empresa que presentó varias demandas en contra de los invasores.

—¿A quién lo vendió? —se le pregunta a Salomón Cojab vía telefónica.

—A otra persona que, es más, ni siguiera la conocí...La verdad es que no quiero platicar eso por teléfono. —Salomón Cojab aseguró que días después daría una entrevista para hablar del tema.

En el dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, fechado el 22 de febrero de 2018, se señala que el edificio tiene inundado el cajón de cimentación, “lo cual pone de manifiesto la existencia de fisuras y la falta de mantenimiento que ha prevalecido en él”.

La edificación —se apunta en el dictamen— presenta fracturas en varias columnas de concreto. Además, tiene una inclinación de 48 centímetros hacia el sur y 25 centímetros al poniente. El desplome máximo que se permite, de acuerdo con el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, es de 18 centímetros. Es por ello que se remarca que “la estructura del edificio se considera en alto riesgo, por lo que no podrá ser ocupado”.

Durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, el edificio volvió a presentar daños. Sus muros volvieron a tener grietas. Fotografía: Lucía Vergara

Aún así, el edificio de 13 pisos de Agustín Delgado 28 estuvo habitado durante casi diez meses después del sismo de septiembre de 2017.

Durante varios días de junio, MCCI se presentó en el lugar y solicitó una entrevista con los habitantes del edificio. Fue hasta la tarde del sábado 23 de junio de 2017, cuando dos hombres, que se negaron a dar sus nombres, aseguraron que los inquilinos del inmueble pertenecían al “grupo de los Francisco Villa”.

—¿Hace cuánto viven aquí?

—Ya tenemos un buen rato —respondió uno de ellos.

—Hay un dictamen donde se señala que el edificio no es seguro, que está en riesgo…

—Ya vinieron a ver el edificio y nos dijeron que está bien —interrumpió el hombre de mayor edad.

—¿Cuánta gente vive aquí?

—No te puedo dar esa información… Aquí tenemos niños, tenemos gente y tenemos seguridad. Ahorita estamos en un asunto legal y no podemos decir más sobre el edificio… ¿Conoces el grupo Francisco Villa? Somos nosotros. Si le sigues, vas a detonar cosas que no vas a poder detener… Si tu comprendes estas palabras, Francisco Villa, vas a entender mucho.

La mañana del viernes 6 de julio, el edificio de Agustín Delgado 28 fue desalojado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Retomar el negocio

El viernes 27 de julio de 2018, MCCI volvió a hablar vía telefónica con Salomón Cojab. Para entonces, el edificio seguía resguardado por personal de Seguridad Pública de la CDMX.

—Cuando compró el edificio y lo remodeló, ¿cómo se reforzaron los cimientos y la estructura?

—Le quité entre el 50 y 60 por ciento del peso. Le quité el montacargas que tenía; se le colocó una estructura de acero. El edificio está perfectamente bien. Voy a entrar a repararlo; se va a resanar, pintar y listo.

—Pero hay un dictamen que señala que el edificio tiene una inclinación importante, fracturas en sus columnas y que es de alto riesgo…

—El edificio está bien. Si aguantó este temblor, aguantará otros 20 temblores más.

—¿Usted ya vio el edificio?

—No he ido en años, pero no hay por qué preocuparse. El edificio está bien… Mire, yo mandé que le pusieran la bandera roja para que se pensara que el edificio estaba mal y así poder sacar a la gente que estaba dentro. Lo hice con algunas amistades.

—¿Algunas amistades del gobierno?

—No puedo decirle más. Lo que sí le puedo decir es que el edificio está bien.

Lo que el dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones señala es que el edificio no está bien y representa un alto riesgo. Quien visite el inmueble notará que tiene una inclinación pronunciada, además de que sus muros exteriores presentan fracturas e, incluso, parte de sus paredes se están cayendo.

Daniel Covarrubias y sus vecinos no se cansan de mandar oficios, de tocar la puerta de las autoridades y de advertir que el edificio que tienen a un lado está al punto del colapso.

Promesas recicladas

El 17 de abril de 2018 solicitaron a Cynthia Murrieta Moreno, directora de protección civil de la delegación Cuauhtémoc, que se realizara una evaluación de las condiciones del edificio, ya que “se están desprendiendo los muros y caen al interior del predio de la cerrada Agustín 24. Y estos desechos están cayendo sobre el techo de los vecinos”.

El dictamen de protección civil, realizado por la delegación, concluyó que la unidad habitacional en donde viven las 45 familias está en “riesgo alto”, al encontrarse junto al edificio de Agustín Delgado número 28.

Como si fuera una película ya vista muchas veces, las 45 familias que habitan en Agustín Delgado 24 volvieron a escuchar esa vieja promesa que se recicla en tiempos de elecciones y campañas políticas: “se va a demoler el edificio que tienen aquí junto”.

En el 2000 se los dijo Dolores Padierna cuando hacía campaña para delegada en Cuauhtémoc, como representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). A finales del 2017, la misma Dolores Padierna se los prometió, pero ahora como candidata de Morena. Además, la entonces candidata les entregó una malla de protección para que la colocaran en el patio trasero de su unidad, justo en el lugar donde caen los pedazos de muro del edificio que se desmorona.

—La demolición de un edificio no es un asunto que le corresponda a la delegación; no está dentro de sus facultades. Eso le corresponde al gobierno central. —dijo Dolores Padierna a MCCI, vía telefónica. Además, señaló no recordar ese edificio.

Las 45 familias que viven en la Unidad Habitacional de Agustín Delgado número 24 aún tienen la esperanza de que su petición, aquella que escribieron en la cartulina verde fosforescente y pegaron en su puerta, ahora sí sea escuchada.

No quieren que la historia se repita: que, en el siguiente terremoto, el edificio vecino, el que todas las mañanas cubre con su sombra a su unidad habitacional, vuelva a crujir y sus muros caigan encima de sus viviendas.

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El edificio fue mal construido... Lo que pedíamos es que demolieran la mitad, que le quitaran pisos; pensábamos que con eso podíamos cohabitar, pero no lo hicieron y el problema es que estamos corriendo mucho peligro día a día, peligro de que vuelvan a destruir nuestra unidad y de que vaya a haber muertes”.

Daniel Covarrubias, habitante de Agustín Delgado 24

Álvaro
Obregón 286: la advertencia
que se archivó

Texto: Lilia Saúl

Video: Lucía Vergara

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En 1997 un ingeniero recomendó no alquilar ese edificio porque tenía una visible inclinación. La observación se guardó en un archivo. Dos décadas después, ese inmueble colapsó y provocó la muerte de 49 personas. La mayoría trabajaba en alguna de las empresas que rentaban oficinas en ese lugar. Álvaro Obregón 286 fue el sitio en donde más gente murió el 19 de septiembre de 2017. Casi doce meses después aún no se determina por qué falló esa estructura. Lo que sí se hizo rápido fue expropiar el terreno e indemnizar a familiares.

Calle y número:

Álvaro Obregón 286

Colonia:

Hipódromo

Delegación:

Cuauhtémoc

Año de construcción:

1959

Personas fallecidas:

49

1

Fueron varios los temblores que resistió. En 1979 soportó el movimiento de 7.6 de magnitud que derribó la primera sede de la Universidad Iberoamericana. En el terremoto de 1985 varios fueron los inmuebles que cayeron a su alrededor, ahí sobre la avenida Álvaro Obregón. Pero el edificio con el número 286 continuó en pie. Su prueba mayor la tuvo con el sismo del 19 de septiembre de 2017, ese día la resistencia que le caracterizaba se quedó en el pasado. El inmueble de oficinas colapsó.

El concreto quedó como si fuera los restos de un mazapán. La planta baja no cayó, pero el resto de los pisos parecían un pastel mil hojas partido a la mitad. Las últimas losas, las del sexto nivel, quedaron colgando. La escalera de la salida de emergencia, que se separó entre 20 a 50 centímetros del edificio, siguió en pie.

Boquete elaborado por ingenieros para ingresar a través de las losas de concreto colapsadas y escalera de emergencia de la parte posterior del edificio Álvaro Obregón 286.
Cortesía: Ingeniero Jesús Valdez Aguilar
2

No se conoce con precisión cuántas personas estaban en el lugar durante el sismo. Algunos reportes periodísticos señalan que había 77 nombres escritos en la libreta de registros de la entrada del inmueble; otros mencionan que eran 76. Además de ellos ahí estaban los empleados de las empresas que rentaban oficinas, entre ellas Valora Consultores, la Clínica Crisálida, DM Link, Ayni Coworking, Aguilera Contadores Públicos y la Academia de Idiomas Speak. En el lugar también se encontraban los dueños del edificio y de la Inmobiliaria Álvaro Obregón.

Aspectos de las oficinas que ocupaba el coworking AYN y la Clínica Crisálida al interior del inmueble.
Imagen tomada de los perfiles de Facebook de las empresas

Tampoco hay una cifra precisa sobre las personas que fueron rescatadas. El Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) reportó 22; el gobierno de la Ciudad de México informó que eran 27. Lo que sí se sabe es que 35 horas después del colapso se encontró a la última persona con vida.

Entre los escombros de lo que fue el edificio de Álvaro Obregón 286 murieron 49 personas.

A casi un año de esos fallecimientos se han realizado, por lo menos, dos estudios en busca de una explicación que permita entender por qué cayó ese inmueble cuya estructura, incluso, fue diseñada con estándares más altos a los que exigía el reglamento vigente en 1959, año en el que se construyó. Los peritajes dan razones diferentes.

Aspectos del derrumbe del edificio Álvaro Obregón 286 de la parte posterior y al interior del edificio. Se observa el colapso de la losas en forma de pastel mil hojas.
Cortesía: Ingeniero Jesús Valdez Aguilar
Croquis del edificio Álvaro Obregón 286. En este documento se basaron los rescatistas para encontrar a las personas atrapadas durante el colapso.

Documento olvidado

Martha Patricia Parras, de 55 años, trabajaba como jefa de cocina de la empresa DM Link. Ella falleció en el colapso del edificio. Su esposo, Ernesto Franco Gómez buscó asesoría legal. Fue de los primeros familiares en presentar una denuncia, por homicidio culposo, en contra de quien resulte responsable.

El 21 de noviembre del 2017, el abogado de Ernesto Franco Gómez presentó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) croquis del tercer y quinto piso del edificio, en los cuales se mostraba que en esos niveles no existían pilares. Así se cita en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-7/UI2S/D/3409/09-2017, de la Fiscalía en Cuauhtémoc.

La versión de que el inmueble presentaba irregularidades en su construcción, y que por ello colapsó, partió inicialmente de una declaración de Humberto Morgan, coordinador de asesores de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y quien en aquellos días de la emergencia fue uno de los enlaces con las familias de las víctimas.

Varios medios difundieron esas declaraciones en las que el funcionario aseguraba que en el edificio “se hicieron dos cosas terribles”; la primera fue aumentar los niveles y la otra fue colocar, a partir del tercer piso “losa catalana”. Más allá de los dichos de Morgan —filósofo de profesión— existían documentos que advertían de problemas en la estructura del inmueble desde 20 años atrás.

El ingeniero Pedro Urzúa detectó el desplome de Álvaro Obregón 286 y recomendó no rentar el inmueble.

En 1997, Salvador Wilfrido Merigo Duch, entonces director de administración de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, buscaba un edificio para rentar y llevar ahí las oficinas de esa dependencia. Encontró el inmueble de Álvaro Obregón 286 y solicitó que lo evaluara el área técnica.

El ingeniero Pedro Urzúa Rodríguez, entonces director de Estudios Técnicos de la Secretaría de Obras, respondió que el inmueble no debía ser rentado.

En el oficio DT/1278/97, el cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo del Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (ISCDF) a través de la solicitud de información, Urzúa redactó: “Durante la inspección no se apreciaron daños en la estructura; se detectó que el inmueble presenta un asentamiento hacia el oriente de aproximadamente 15 cm, lo que ocasiona un desplome (inclinación) del edificio originando que esté en contacto con el edificio marcado con el número 284 de la misma calle de Álvaro Obregón; en estas condiciones existe el peligro de que ambas estructuras choquen ante la acción de un sismo intenso. Por lo anterior, no se recomienda rentar el edificio de Álvaro Obregón 286”.

Salvador Wilfrido Merigo Duch atendió la advertencia. Con el tiempo se olvidaron las observaciones de Urzúa.

La existencia de este documento salió a luz después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Cuando la procuraduría capitalina comenzó a integrar el expediente por el colapso de Álvaro Obregón 286; el Instituto de Seguridad de las Construcciones entregó una fotocopia del oficio firmado por Urzúa Rodríguez. Sin embargo, para que tenga validez en el proceso judicial se requiere tener la original o una copia certificada. Esa aún no se encuentra.

El Ministerio Público buscó el documento original en el Instituto y en la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. No se encontró.

Dictámenes contradictorios

A la denuncia de Franco Gómez se sumaron otras. Entre ellas la de Guillermo Rodrigo Solorio Pérez, padre de Carolina Solorio Romero y hermano de María del Pilar Solorio Pérez, quienes laboraban en la empresa Contadores Aguilera. Sus cuerpos fueron rescatados hasta el 27 de septiembre.

En el expediente sobre el colapso del edificio de Álvaro Obregón 286 hay, por lo menos, dos dictámenes.

Algunas de las conclusiones del dictamen que realizaron, a petición de la procuraduría, el ingeniero José Luis Nava Díaz y el arquitecto Saúl Díaz Godínez, del despacho Nava Díaz y Asociados, son las siguientes:

»Las varillas colocadas 58 años atrás no resistieron.

»Existió un cambio en el uso del edificio: se construyó para funcionar como “apartamentos”, pero se utilizó para oficinas; esto provocó un mayor peso para su estructura.

»Se cambió el elevador y esto también implicó una carga adicional por el cuarto de máquinas que se instaló.

»En los últimos años no se tramitó ninguna constancia de seguridad estructural.

»Además, el edificio tenía una inclinación de 15 centímetros hacia el oriente.

En este peritaje se aseguraba que, entre junio de 1994 y abril de 1997, se le construyó un nivel más al inmueble. “Los últimos trabajos reportados fueron en 1993, cuando aún tenía seis niveles y cuando se hace la inspección ocular por parte del ingeniero Urzúa se da cuenta de siete niveles. Este nivel adicional modificó las condiciones de seguridad y estabilidad estructural del inmueble”, detalla el informe que se encuentra en la carpeta de investigación.

Jesús Valdez Aguilar, ingeniero de la empresa Miyamoto Internacional, fue uno de los responsables de apuntalar las zonas del edificio que no se derrumbaron tras el sismo, para rescatar a las personas atrapadas. Durante los días que estuvo en el lugar realizando tareas de rescate observó que las columnas responden a las técnicas de construcción vigentes en los años cincuenta, cuando se levantó el edificio.

—La losa del sexto nivel era plana, con trabes, pero si veíamos más adentro, la del quinto nivel también tenía impermeabilizante. Eso indicaba que fue una azotea y le agregaron un piso más. En otras losas no era tezontle, era tepetate— explicó el especialista Valdez en entrevista con MCCI.

Vista panorámica de las losas colapsadas en Álvaro Obregón 286.
Cortesía: Ingeniero Jesús Valdez Aguilar

Jesús Valdez y José Antonio López Meza, experto en ingeniería estructural de la UNAM, coinciden en que lo que también contribuyó al colapso del edificio fue el choque que durante el sismo tuvo con sus inmuebles vecinos, principalmente el marcado con el número 284, en donde se encontraba una clínica quiropráctica.

El ingeniero López Meza, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, analizó las memorias de cálculo del inmueble, obtenidas por MCCI, y estableció que era un edificio calculado con mucha más aceleración sísmica respecto a la que pedía el reglamento de aquella época. “Por eso sobrevivió tanto”, explicó.

Si las columnas del edificio se diseñaron para seis niveles y al final se le añadió otro piso, debió reforzarse porque un peso excedente puede generar fallas en la estructura, añadió López Meza.

—Cada que se le hace una modificación a una estructura, como echarle un piso extra, se tiene que tramitar un permiso de construcción y se debe revisar mediante cálculo estructural. ¿Quién hace eso? ¡Casi nadie! —aseguró López Meza.

Del lado izquierdo se observan restos del edificio Álvaro Obregón 284, inmueble con el que chocó el edificio donde murieron 49 personas. Ambos fueron demolidos.
Cortesía: Jesús Valdez Aguilar

Sin documentos

Ernesto Sota Cisneros y Ernesto Sota López, apoderados de la Inmobiliaria Álvaro Obregón 286, dueña del edificio, presentaron al Ministerio Público su propio dictamen.

MCCI tiene copia de ese documento, firmado por el ingeniero Francisco García Jarque, de García Jarque Ingenieros S.C., y por el Director General de la empresa Evaluación de Riesgos Naturales (ERN), el ingeniero Eduardo Reinoso Angulo, y en donde se señala: “El edificio colapsó como consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, debido a que en dicha zona las aceleraciones fueron superiores a las que se pudieron emplear para el diseño estructural y a que el contenido de frecuencias de dicho movimiento afectó, principalmente, a edificaciones de media altura”.

En su dictamen, los ingenieros resaltan que “lamentablemente no se dispuso de información teórica de planos, geometría, secciones y materiales, ya que ésta se encontraba dentro de la estructura colapsada”.

MCCI solicitó una entrevista con los dueños del edificio, sus abogados (del despacho Rivera Glaxiola, Carrasco y Kálloi) entregaron sus respuestas por escrito en donde resaltan que “el colapso del edificio se debió a la fuerza y particularidades del terremoto del 19 de septiembre de 2017 y no a la existencia de antecedentes fácticos atribuibles a la inmobiliaria".

Sobre la pregunta que se planteó sobre el oficio del ingeniero Urzúa, quien advertía del choque entre estructuras ante un sismo, los representantes de los Sota, no contestaron nada.

El Ingeniero Francisco García Jarque determinó que “lamentablemente” no contaron con información teórica de planos entre otros documentos para analizar el inmueble.

La importancia de los planos

Después del sismo, Daniela Molina fue a buscar a su hermano Julio César, que trabajaba en uno de los despachos de contadores que tenían oficinas en Álvaro Obregón 286. Esperó varios días para tener alguna noticia sobre él.

El rescate de las personas atrapadas y de los cuerpos de quienes fallecieron se complicó, en buena parte, porque no se tenían desde un inicio todos los planos del edificio. En redes sociales circularon croquis de algunos pisos y gracias a estas imágenes (fotocopias) y a la orientación de los sobrevivientes se logró rescatar a personas atrapadas. Álvaro Obregón 286 fue el inmueble donde más personas murieron el 19 de septiembre del 2017. Tan sólo de Aguilera y Contadores fallecieron 31 de sus empleados; Julio César Molina Flores fue uno de ellos.

Después de varias horas del sismo, los rescatistas se dieron a la tarea de retirar las losas con una grúa para ubicar al resto de las personas atrapadas después del colapso.
Cortesía: Jesús Valdez Aguilar

Además de los voluntarios, 110 elementos del ERUM trabajaron en la zona durante 15 días.

Jesús Valdez Aguilar, ingeniero estructurista y quien participó en el rescate, consideró que hubiera sido deseable contar con esos planos desde el primer momento y no con croquis que apenas detallaban lo básico.

—Todos los edificios debieran tener una especie de caja negra en el acceso o en un lugar cercano, para tener la información sobre el inmueble, para saber dónde estaban las rutas de evacuación. Yo tuve, al segundo día, unos planos básicos de arquitectura, lo que tenía era un plano arquitectónico de los que se usan para hacer la distribución de las oficinas. No esperaba encontrar planos estructurales, pero al menos teníamos los planos de distribución.

El Ministerio Público solicitó todos los documentos sobre Álvaro Obregón a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a la delegación Cuauhtémoc, a la Secretaría de Obras, al Instituto de Verificación Administrativa (Invea), a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Se entregaron algunos documentos, pero no los planos.

El 23 de octubre de 2017, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc, Humberto Chavarría Echartea, entregó un expediente que incluía copias de la licencia de construcción de 1959, una memoria de cálculo y constancia de alineación y número oficial. No había planos.

Carátula del informe que entregó la delegación Cuauhtémoc al Ministerio Público con la información que disponía de Álvaro Obregón 286.

La procuraduría capitalina también solicitó al Archivo General de Notarías información sobre ese inmueble. La respuesta fue que sus oficinas resultaron dañadas por lo que estaban “materialmente imposibilitados” para entregar los documentos.

El Ministerio Público también los pidió a empresas privadas, entre ellas a la Inmobiliaria Álvaro Obregón y a la compañía que cambió el elevador. Tampoco se tuvo éxito.

“No contamos con planos arquitectónicos, ni estructurales, dado que los archivos donde se contenían se encontraban en el inmueble colapsado”, respondió José Luis Carrasco Tovar, apoderado legal de Inmobiliaria Álvaro Obregón a MCCI en una carta enviada el 23 de agosto de 2018.

Ernesto Sota López, uno de los propietarios del edificio, se presentó al Ministerio Público el 7 de noviembre de 2017, para explicar que no tenía esos documentos. Y defendió la seguridad del edificio señalando que algunas dependencias de gobierno rentaron oficinas en el inmueble durante muchos años. Por ejemplo, la Secretaría de Pesca tuvo sus oficinas ahí desde finales de los 70 y hasta los primeros años de la década de los 90.

Licencia de 1959 del edificio Álvaro Obregón y que forma parte del expediente entregado por la delegación al Ministerio Público

En su comparecencia dijo que, cuando esa dependencia dejó el edificio, aprovecharon para hacer “ciertas adecuaciones” como cambiar la fachada, poner otros acabados, construir la escalera de emergencia y cambiar el elevador.

Sota López aseguró que se realizaron revisiones estructurales del edificio. Cuando el Ministerio Público le solicitó los nombres de las empresas o personas físicas que las realizaron, dijo que no lo recordaba. Tampoco presentó documentos.

Sin embargo, aseguró que después del sismo del 7 de septiembre se revisaron las estructuras y los niveles del edificio, “sin que se hubiera apreciado ninguna falla”, de acuerdo con su declaración.

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (ISCDF) ni Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc tienen algún documento sobre esta revisión. En el oficio INVEADF/CJSL/DCA/22988/2017, Invea también manifestó que “no se identificó procedimiento administrativo que se encuentre relacionado con el predio de referencia”.

Vista aérea de la ubicación de Álvaro Obregón 286. En la parte posterior se puede apreciar otros inmuebles que también colapsaron en el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la calle de Ámsterdam en la colonia Hipódromo.
Imagen tomada de Google Street View
Detalle de los croquis de la ubicación de Álvaro Obregón 286 al inicio de su construcción. En la parte inferior izquierda y derecha documentos relacionados con las modificaciones realizadas al inmueble en 1993.

Rentarle edificios al gobierno

Documento del Registro Público de la propiedad en el que se encuentra el detalle de los integrantes del Consejo de Administración de Inmuebles Acalotenco.

Inmuebles Estrella comenzó a construir el edificio de Álvaro Obregón 286 en marzo de 1959, de acuerdo con la licencia de construcción, obtenida por MCCI; ahí se especifica que se levantarían seis niveles (incluyendo la planta baja, donde también se ocuparía como estacionamiento) y sería un edificio de apartamentos.

El edificio que colapsó 58 años después fue diseñado por un arquitecto reconocido a mediados del siglo XX: Ramiro González del Sordo, quien trabajó con la hija del pintor Diego Rivera, Ruth Rivera Marín, y con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Con este último ideó el Centro Cultural del Bosque.

A mediados de la década de los noventa, Inmobiliaria Estrella transfirió sus propiedades a Inmobiliaria Álvaro Obregón. En el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México no se localizaron antecedentes registrales sobre la compañía, sin embargo, Ernesto Sota Cisneros y su hijo, Ernesto Sota López firman como administradores y representantes legales de esta empresa.

De lo que sí hay antecedentes notariales es de Inmobiliaria Acalotenco, S.A., la cual tiene entre sus accionistas a Teresa Gabriela López García de Sota; los apoderados y representantes legales son Ernesto Sota Cisneros y su hijo, Ernesto Sota López.

En la actualidad, Inmobiliaria Acalotenco renta el edificio donde tiene sus oficinas la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT): el número 202 de la calle Medellín, de la colonia Roma Norte.

De acuerdo con la copia de un contrato que obtuvo MCCI, tan sólo en 2014, la PAOT pagó a Inmobiliaria Acalotenco un millón 309 mil 624 pesos por el arrendamiento del inmueble. Además de la renta, la dependencia capitalina también paga a esta empresa por el mantenimiento del edificio.

En entrevista funcionarios de la PAOT rechazaron que hubiera algún conflicto de interés con la inmobiliaria.

El edificio de Medellín 202 en la colonia Roma propiedad de Inmuebles Acalotenco.
Imagen de Google Street View

Antes de ocupar ese edificio, entre 2008 y 2009, la PAOT rentó oficinas en Álvaro Obregón 286, el edificio que colapsó en septiembre de 2017.

La PAOT tiene entre sus funciones investigar todas aquellas denuncias realizadas por ciudadanos, así como por diversas dependencias de la Ciudad de México, sobre violaciones a los usos de suelo y construcciones irregulares.

Y aunque la PAOT renta un edificio a los mismos representantes de Inmobiliaria Álvaro Obregón 286, el Ministerio Público solicitó a esa procuraduría realizar un estudio para conocer si en el inmueble colapsado se construyeron niveles de más o se realizaron otros cambios en su estructura original.

La PAOT concluyó que entre 1986 y 2016 “no se identificaron modificaciones estructurales en el cuerpo constructivo”, lo cual contrasta con lo señalado por el ingeniero Jesús Valdez Aguilar y con el dictamen realizado por el despacho Nava Díaz y Asociados, cuyos especialistas mencionaron que el piso de más modificó las condiciones de estabilidad estructural del edificio.

En los documentos que la delegación Cuauhtémoc entregó al Ministerio Público, y de los cuales MCCI tiene copia, hay una licencia de construcción de 1993, la cual no especifica cuáles son las obras que se realizaron.

Contrato de Inmuebles Acalotenco con la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

De acuerdo con la declaración de Sota López esas obras fueron para modificar la fachada, colocar la escalera de emergencia y remozar el interior del inmueble.

Una inspección realizada en noviembre de 1993 por Víctor Manuel Ortiz G, el entonces titular del área de Licencias y Uso de Suelo de la delegación Cuauhtémoc, se indica que la obra “cumple con todas y cada una de las disposiciones”.

A pesar de que hay testimonios en sentido contrario, en la carta que los abogados de la Inmobiliaria Álvaro Obregón enviaron a MCCI, aseguran que al edificio nunca se le añadió un nivel más.

Sin programa de protección civil

El periodista Rubén Vázquez Pérez trabajaba cerca de Álvaro Obregón 286. De vez en cuando pasaba al edificio para saludar a su prima, María del Pilar Solorio Pérez. Ella era contadora, soltera, sin hijos y socia de la firma Contadores Aguilera.

—Me extraña que mi prima no haya alcanzado a salir, si se sentaba cerca de la salida de emergencia —asegura Vázquez Pérez.

María del Pilar falleció durante el colapso del edificio, al igual que su socio Jaime Aguilera Rodríguez y su sobrina Carolina Solorio Romero.

El piso del que debieron salir era el cuarto, donde hubo el mayor número de personas atrapadas durante el colapso.

La planta baja del edificio Álvaro Obregón 286 no se colapsó despues del sismo, lo que permitió que más personas desalojaran el inmueble por las escaleras de emergencia, pues era la única salida.
Cortesía: Ingeniero Jesús Valdez Aguilar

Cuando Ernesto Franco Gómez presentó su denuncia por el fallecimiento de su esposa Martha Patricia Parras declaró: “Las escaleras de emergencia daban al interior del propio edificio en lugar de tener salida hacia la calle o un punto de seguridad, faltando además señalizaciones de emergencia o plan de evacuación”.

Además, las escaleras internas que rodeaban el cubo del elevador, por donde intentaron salir algunas personas, estaban hechas de puro tabique, señaló el ingeniero Jesús Valdez, quien recuerda que “el ducto del elevador y de la escalera, a la hora del colapso, se hicieron polvo”.

Imágenes de los rescates en Álvaro Obregón 286.
Fotografía: Mario Vázquez de la Torre

Algunas personas sobrevivieron al colapso porque, cuando el edificio comenzaba a caer, ellos saltaron a los inmuebles contiguos. Así lo hizo Mauricio, quien llevaba a una bebé en brazos. Ellos estaban en el sexto piso.

Otros más salieron por la planta baja, que no colapsó. Durante el primer y segundo día fueron rescatadas con vida alrededor de 16 personas, entre ellas Diana Pacheco Ortiz, Edith Valencia, Óscar Cantellano y Gwendoline Blondel. Los rescates más sonados fueron los de Isaac Ayala Avilés, Paulina Sánchez y Lucía Zamora; ellos estuvieron más de 30 horas bajo los escombros.

Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) auxilió en el rescate de 22 personas con vida después del derrumbe en Álvaro Obregón 286.
Fotografía: Cuartoscuro.
Escaleras de emergencia que quedaron intactas después del sismo. Se despegaron unos centímetros de la base, lo que ocasionó que varios tuvieran que brincar para llegar a ellas.
Cortesía: Ingeniero Jesús Valdez Aguilar

Ernesto Sota Cisneros, de 76 años de edad, también fue rescatado, al igual que su hijo, Ernesto Sota López, de 46 años de edad. Ellos tenían sus oficinas en el sexto piso. El ingeniero Jesús Valdez Aguilar quien estuvo en el lugar como brigadista recuerda:

—De milagro no se cayó (el edificio) completito, pues le ayudaron un poco los edificios contiguos. Pudo haber muerto más gente, ya que la escalera de emergencia daba a un patio sin salida. Para escapar de ahí, la gente tenía que pasar por debajo del edificio.

La escalera de emergencia fue una de las adecuaciones que hicieron los dueños del inmueble en 1993, ya que en ese entonces todos los edificios debían cumplir con esa norma, incluyendo la de un plan de Protección Civil.

Cuando la escalera se separó del inmueble, las personas que intentaban desalojar el edificio tuvieron que brincar ese espacio para poder alcanzar los escalones. Esto generó aún más desesperación entre quienes buscaban cómo salir.

Cuando el Ministerio Público solicitó las revisiones que se realizaron en el edificio, la dirección de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc respondió que no existían, ya que la inmobiliaria nunca entregó sus programas internos de protección civil.

Expropiación fast-track

Noemí Manuel acudía todos los días, alrededor de la una de la tarde, al despacho de contadores que tenía sus oficinas en el cuarto piso de Álvaro Obregón 286. Ese día, iba a firmar su contrato para ya trabajar en la empresa. Ella también murió en el colapso del edificio.

Su primo Juan Pedro Filomeno Manuel recuerda lo que le dijeron a la familia algunos de los compañeros de trabajo de Noemí: la última vez que la vieron iba hacia las escaleras de la salida de emergencia.

Noemí fue de las últimas personas en ser rescatadas. Cuando sus familiares la identificaron, aseguran que no tenía mucho tiempo de haber fallecido.

La familia de Noemí es una de las pocas que continúa adelante con la demanda. Hasta finales de agosto de 2017, de las 49 familias de personas fallecidas, 42 ya habían desistido, según información del mismo Ministerio Público. Llegaron a un acuerdo con los dueños del edificio, quienes les entregaron una indemnización “como reparación del daño por los hechos probablemente constitutivos de delito de homicidio culposo”.

Ernesto Sota López y Ernesto Sota Cisneros, de la Inmobiliaria Álvaro Obregón, indemnizaron a los familiares de los deudos, después de que el gobierno de la Ciudad de México les pagara 46 millones de pesos por la expropiación del terreno en donde estaba el edificio.

A cada uno de los indemnizados les otorgaron de 600 mil a 950 mil pesos por víctima (alrededor de 42 millones de pesos entre todos los familiares de las víctimas).

Los dueños de las empresas que rentaban oficinas en el edificio también denunciaron a la Inmobiliaria Álvaro Obregón por fraude, ya que exigen el pago de las primas del seguro que ellos pagaban. Y es que, la inmobiliaria cobró el seguro de 25 millones de pesos.

Dos meses después del sismo, el 10 de noviembre de 2017, Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda (Seduvi) envió a la Procuraduría el oficio ISCDF/DG/1511/2017 en el que se consideraba crear un parque público memorial de las víctimas del sismo en el predio de Álvaro Obregón 286. Para ello, necesitaban incorporar el terreno a los bienes bajo dominio del Gobierno de la Ciudad de México.

La justificación para expropiar el inmueble fue “para la construcción de un Parque Memorial y, en su caso, un espacio con servicios gubernamentales, con el fin de mejorar la infraestructura y equipamiento de la zona… así como favorecer una cultura de resiliencia en la Ciudad de México”, según señala el Decreto Expropiatorio publicado el 13 de marzo de 2018.

El gobierno de la Ciudad de México lanzó una convocatoria para seleccionar el proyecto arquitectónico para el memorial. Este proyecto está suspendido, después de que organizaciones de damnificados del sismo se opusieron a ese plan.

Familiares de Noemí Manuel quien falleciera en el inmueble de Álvaro Obregón 286.
Fotografía: Cuartoscuro

El enojo por el proyecto del gobierno de hacer un memorial va acompañado de los reclamos de quienes perdieron a un familiar entre los escombros del edificio de Álvaro Obregón 286.

—Quien no respetó las reglas, que pague. No nada más el dueño. ¿El gobierno, por qué no revisó esto a fondo? Si ya les habían dado una orden de que no podían estar ahí. ¿Por qué permitieron que siguieran laborando en ese edificio, cuando ya sabían que no podían? ¿Por qué no les levantaron un castigo o mandaron a cerrar ese edificio? —se pregunta Juan Pedro Filomeno Manuel. Su familia, dice, aún no puede creer que Noemí, de 21 años, esté muerta.

Rescatistas y policías al finalizar los trabajos en Álvaro Obregón 286.
Fotografía: Cuartoscuro
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Quien no respetó las reglas, que pague. No nada más el dueño. ¿El gobierno, por qué no revisó esto a fondo? ¿Por qué permitieron que siguieran laborando en ese edificio, cuando ya sabían que no podían?”

Juan Pedro Filomeno Manuel, primo de Noemí Manuel García, quien falleció en AO286.

Personas fallecidas en Álvaro Obregón 286

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Martha Patricia Parra Solís
David Caballero Osorio
Julio César Molina Flores
Karen Nayelly Flores Gámez
Eli Saúl García Flores
Guadalupe Clara Aguilar
Sahid Celestino Guzmán de Luna
Gustavo Alejandro Salinas Núñez
José Rodolfo Molina Campos
Martha Hernández Lázaro
Irma Karenina Rodríguez Mendoza
Deyanira Curiel Álvarez
Jesús Emanuel Navarro Gutiérrez
Jorge Sandoval Chávez
Iván Colín Fernández
Alejandro Bernal Posadas
Gustavo Banda Chávez
José Antonio Guzmán Pérez
Miguel Ángel Chávez López
Guillermo González Mendoza
Karina Gabriela Albarrán Luna
Michelle Fernanda Castillo Rayón
Adrián Moreno Martínez
Dulce Daniela Neri Canales
Esteban Sandoval Ortiz

Personas fallecidas en Álvaro Obregón 286

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Paulino Estrada Villegas
Jessica Rubí Guadalupe Cervantes Nieto
Jaime Aguilera Ramírez
Odin Ruiz Cobis
Jonathan Nor Escamilla Requena
María del Pilar Solorio Pérez
Carolina Solorio Romero
Ángel Javier Saucedo Sandoval
América Margarita Vázquez del Villar
Jesús Alberto Vázquez del Villar
Martín Estrada Zárate
Noemí Manuel García
Leonor Santiago González
Brandon Lee Cerda Barragán
Iván Emmanuel Hernández Barrón
Erick Martín Acosta Hernández
Ana Laura Méndez Cadena
Adrián González Cerafín
Jorge Gómez Varo
Lizeth Elvira López Zambrano
Karen Yoselin Maciel Flores
José Luis Chávez Inés
David Saut López
Carolina Leticia Muñiz Botello

Antenas,
un peso
sospechoso

Texto: Raúl Olmos

Video: Gloria Hernández

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El viejo edificio de Bolívar 168, donde murieron 15 personas el 19 de septiembre del 2017, era tan frágil como un castillo de naipes desde hacía 14 años. El retiro de muros, un piso extra y talleres en todos sus niveles lo debilitaron. Pero hasta ahora no se sabía que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtió desde el 2004 que se colocó erróneamente en la azotea una repetidora telefónica de diez toneladas. Y hay algo más: no aparece toda la documentación necesaria para considerar que esas instalaciones estaban en regla.

Calle y número:

Bolívar 168

Colonia:

Centro

Delegación:

Cuauhtémoc

Año de construcción:

1943

Personas fallecidas:

15

1

El sismo agarró a Jaime en el elevador. Bajaba para ir a comprar tortillas cuando sintió la sacudida. Al abrirse la puerta del ascensor en el primer piso, escuchó gritos de angustia: era un grupo de obreras y empleadas de los niveles superiores del edificio que intentaban escapar pero la puerta principal estaba trabada. Corrió a ayudarlas, y apenas logró que salieran, subió por las escaleras dando grandes zancadas, para rescatar a su esposa Marcela Guadalupe que estaba en un cuartito que ocupaban en la azotea, esperándolo para comer.

Jaime Uribe Rosales en el estacionamiento del edificio que se derrumbó.

Iba esquivando a la gente que bajaba despavorida. En el trayecto se topó con una mujer que en el pánico se había tendido e impedía que más personas bajaran. La convenció de moverse y así logró que continuara el desalojo. Pese al violento zarandeo, siguió subiendo, a tropezones, y cuando estaba por llegar al tercer piso sintió que todo se venía abajo. Todo fue muy rápido. Cuestión de segundos. En un parpadeo ya estaba sepultado, con una losa aprisionando su pierna izquierda. Una montaña de escombros aplastó a otras 15 personas que no habían logrado escapar: los 15 murieron.

Jaime Uribe Rosales conocía mejor que nadie el edificio de Bolívar 168, en la colonia Obrera. Estaba a unos días de cumplir dos años de que la Inmobiliaria Inmobico lo había contratado como el encargado de mantenimiento, cuando el sismo del 19 de septiembre de 2017 le transformó para siempre su vida.

2
Jaime permaneció 22 días en coma.
Tras ser dado de alta, Jaime fue a dar gracias a la Villa.

Permaneció 22 días en coma, hospitalizado. Cuando despertó, el 11 de octubre, lo primero que hizo fue preguntar por su esposa Marcela Guadalupe Arredondo Ávila.

Su familia le informó que había logrado salvarse al agarrar con fuerza unas antenas colocadas en la azotea. El edificio cayó con ella aferrada a la vida. Sólo ella y él habían sobrevivido. Casualmente, el matrimonio había ido a dar al mismo hospital de traumatología y ortopedia del Seguro Social en Villa Coapa. En el momento en que él recuperó la conciencia, después de tres semanas, ella ya estaba fuera de peligro, después de haber sido sometida a dos cirugías en una pierna y en la espalda. En cambio, Jaime se enfrentaba a un panorama sombrío: el 16 de noviembre el médico que lo atendía le informó que era posible que perdiera la pierna izquierda.

Aquella noticia fue devastadora y lo sumió en depresión. Pero a los cinco días retornó la esperanza, cuando se realizó con éxito una nueva cirugía para reconstruirle la pierna, lo cual lo mantuvo inmovilizado con fijadores metálicos. “Ya me siento Robocop”, bromeaba con su familia. “Así agarra buena recepción la televisión”, decía comparando su pierna con una antena. Así estuvo, en espera de la recuperación durante casi un mes, pero al final llegó la mala noticia: había que amputar.

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El conserje de Bolívar 168 busca olvidar la tragedia con el apoyo de su familia.
Jaime ha vuelto a trabajar, ahora como conductor de Uber.

Unos días antes de que se cumplieran cuatro meses del sismo, Jaime acudió con su esposa y su familia a la Basílica de Guadalupe a dar gracias por haber sobrevivido y por haber sido dado de alta. Fue en silla de ruedas, pues todavía no recuperaba la fuerza de su única pierna -la derecha- para ponerse en pie con auxilio de unas muletas. Luego de postrarse ante la virgen en la Villa, se fue a tomar y cantar en trajinera a Xochimilco, para celebrar que estaba vivo. Era enero de 2018.

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Los meses siguientes fueron de duelo: de aceptar su nueva condición de discapacidad.

La familia y sus amigos lo animaban con reuniones cotidianas en su casa en Neza. En marzo lo llevaron de vacaciones a la playa y a los dos meses, el 22 de mayo, él adquirió un Chevrolet modelo Cruze para volver a trabajar, ahora como chofer de Uber. Desde que salió del hospital, todos los días lucha para dejar en el pasado aquel día en que escapó de la muerte.

No obstante, hay quienes nunca podrán olvidarlo. Jaime, de 45 años de edad, quedará para siempre en la memoria de sus compañeros de trabajo como la persona que los salvó de morir.

“El señor Jaime verdaderamente fue un héroe, no pensó en su vida, sino en la de todos los del edificio”, le escribió agradecida una señora de nombre Sofía, que trabajaba en el primer piso del edificio que se desplomó. “No soy un héroe”, respondió Jaime el día que volvió del coma, 22 días después del sismo. “Simple y sencillamente soy una persona como tú que se preocupa por el bienestar y la seguridad de quien lo rodea”.

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Las últimas personas a las que Jaime logró ver antes del desplome del edificio fue a María Teresa Lira Infante, de 70 años de edad, y a su hija María Elena Sánchez Lira. El encargado de mantenimiento estaba por llegar al tercer piso cuando las vio a punto de salir de las instalaciones de la maquiladora SEO Young International S.A. de C.V., en donde trabajaban. En medio del caos, se le ocurrió llegar a ellas para meterlas a la bodega, que estaba llena de mercancía nueva (textiles), lo que les daría una oportunidad de sobrevivir, pero no lo logró. Madre e hija estaban en el umbral, caminando con dificultad por la violenta sacudida. Buscaban enfilarse a las escaleras para tratar de salir del edificio, cuando en sólo tres segundos todo se vino abajo. Justo por donde intentaban bajar, el edificio se ladeó y en un parpadeo se cayó.

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Teresa Lira y su hija, en una fiesta en su casa. Ambas fallecieron en el desplome del edificio de Bolívar.

En el costado sur de la azotea, junto a lo que era el cubo de elevador y de escaleras, había una estructura de telecomunicaciones que –ahora se sabe- podría haber influido en el derrumbe. Jaime sobrevivió entre los escombros, pero no las dos mujeres, ni tampoco tres de sus compañeras de trabajo (Ana Ramos González, de 23 años; Sonia Rico Montoya, de 43 y Maricruz Lucía Rosas Hernández, de 42). También falleció aquel 19 de septiembre Kyong Jea Lee (se hacía llamar Esteban Choo), ciudadano surcoreano de 40 años, quien era el gerente de la empresa.

Fernando y su mamá realizaron su último viaje juntos a California en marzo de 2017.

“Mi mamá tenía aproximadamente nueve años trabajando en SEO Young, y desgraciadamente no tenía ni IMSS”, recordó Fernando Sánchez Lira, hijo de doña María Teresa y hermano de María Elena, las dos mujeres que no lograron escapar. Otras dos trabajadoras que murieron tampoco tenían seguridad social.

Fernando aseguró en entrevista con MCCI que Sup Cho Han, un surcoreano dueño de la compañía Seo Young donde trabajaron su madre y su hermana está desaparecido. El abogado que lo representa para tramitar una demanda laboral lo ha buscado infructuosamente. Su hipótesis es que huyó del país para no indemnizar a las familias afectadas. De hecho, hay un expediente abierto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (16/2008).

Por separado, la Procuraduría capitalina abrió una carpeta de investigación contra Inmobico –firma que apareció como dueña del edificio- por la muerte de 15 personas. (CI/FCHCUA/81/UIS/D/3693/09/2017).

Nacida en León, Guanajuato, el 3 de octubre de 1946, doña María Teresa Lira llegó a vivir al barrio de Tepito, con su familia cuando tenía tres años. Ahí creció y conoció a quien sería su esposo, un excelente bailarín de salsa, cumbia y danzón.

Cuando enviudó, hace 15 años, decidió que tenía que trabajar para valerse por sí sola. Así que consiguió empleo en tareas de mantenimiento en un edificio cercano a la Ciudadela en el que habitaban muchos coreanos, entre ellos una jovencita de nombre Jenny a quien le tomó mucho cariño. A través de ella fue que consiguió trabajo en una comercializadora de textiles de socios asiáticos.

Jenny se fue durante un tiempo del país y al volver entró como empleada administrativa en SEO Young, empresa dedicada a importar bisutería y adornos para vestidos de noche, como pedrería, lentejuelas y herrajes. Una vez más invitó a trabajar a doña Teresa. Su tarea consistía en revisar que la mercancía llegara en buen estado y en arreglar los materiales deteriorados. Era como una supervisora de calidad.

Sus ojos verdes y su gran sonrisa eran características de doña Teresa y de su hija.

“A sus 70 años, mi mamá tenía una vitalidad envidiable, a su edad todavía trabajaba, le gustaba sentirse productiva. Tenía unos ojos verdes bellísimos. Se daba para toda la gente, era muy generosa en todos los aspectos, ayudaba a la gente que podía, a su familia. Era feliz, muy sonriente, “de carcajada sonora”, recuerda con nostalgia su hijo Fernando.

Una mujer generosa, que ayudaba a toda la gente, es como Fernando recuerda a su mamá, fallecida en el sismo.

El 19 de septiembre de 2017 doña Teresa salió temprano de su casa, en la delegación Iztacalco, abrigada con una chamarra negra, tipo rompeviento, y cargando un bolso de mano azul marino, de vinil. Su hijo la acercó en su auto a la estación del Metro y la despidió con un beso. Fue un adiós para siempre. A la 1:14 de la tarde, el sismo sacudió a la ciudad.

Fernando tuvo un funesto presagio: como pudo, llegó a la zona centro de la ciudad, y al arribar al sitio donde trabajaba su mamá y su hermana, sintió que se moría al ver que sólo había escombros y una multitud tratando de encontrar sobrevivientes.

Viajar era uno de los grandes gustos de doña Teresa.
Las antenas que estaban en la azotea del edificio medían más de cuatro metros.

Vivió casi nueve horas de incertidumbre y angustia. Cerca de las 10 de la noche, localizó a su mamá en una pequeña morgue, instalada a unos pasos del edificio desplomado. Un reloj grande, vistoso, de correa negra, con carátula azul y negro, manecillas cromadas y una mica diamantada, fue lo que permitió identificar el cuerpo tendido en una improvisada plancha.

“La reconocí por el reloj que llevaba, porque la noche anterior me había pedido que le cambiara la batería. Así que lo tenía presente”, recordó su hijo Fernando. A su hermana la encontraron a las tres de la mañana del día siguiente. La carpeta de investigación y las actas de defunción mencionan que doña Teresa falleció por contusiones múltiples, mientras que su hija murió de asfixia por aplastamiento.

*****

El peso de una estación repetidora de Telcel, que desde hace 14 años había sido colocada en la azotea influyó para que el edificio se desplomara, según la hipótesis de Sergio Beltrán, arquitecto forense que colabora con familiares de las víctimas para determinar las causas del derrumbe.

En la referida carpeta de la Procuraduría capitalina se sigue una línea de investigación sobre el peso y las deficiencias en la instalación de las antenas y del resto del equipo para telefonía. Por separado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también explora esa posibilidad como una de las principales causas del desplome del edificio, de acuerdo con una fuente de ese organismo consultada por MCCI que no puede revelar su nombre toda vez que se trata de un expediente sin cerrar.

Secuencia del desplome del edificio de Bolívar. La caída ocurrió del lado donde se ubicaba la estación base de telefonía móvil (al sur del inmueble). Estas imágenes fueron integradas a la investigación.

En dos videos tomados el día del sismo, los cuales fueron integrados a la investigación del caso, se aprecia que el edificio se desplomó justo del lado donde estaba instalada la estación base de telefonía móvil, la cual era propiedad de Radiomóvil Dipsa, filial de América Móvil, del empresario Carlos Slim. MCCI buscó una entrevista con algún representante de esa compañía, pero hasta concluir este reportaje no hubo respuesta.

Dicha estación era una estructura de más de dos metros de alto y ocupaba entre 25 y 30 metros cuadrados en el costado sur del techo del edificio, hacia la avenida Chimalpopoca.

En una visita de supervisión realizada desde octubre de 2004, especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtieron que esa repetidora de telefonía se había colocado sin tomar en cuenta los soportes estructurales del inmueble.

En estas imágenes se aprecia la estructura de la base de telefonía que estaba en la azotea del edificio desplomado.
Plano que muestra que la base de telefonía se colocó desalineada de los soportes estructurales del edificio.

“Los puntos de apoyo de estas instalaciones no coinciden con los ejes de trabes y las columnas de los niveles inferiores”, advirtió en aquel entonces el especialista Óscar López Bátiz, quien como prueba anexó un mapa de distribución de los elementos de seguridad estructural y de la estación de telecomunicaciones, de acuerdo con su informe (04-20DI/IEG-11112004).

De hecho, en respuesta a una petición de información de MCCI, autoridades de la Ciudad de México dijeron que no cuentan con evidencia documental de que se haya realizado un análisis estructural previo, para saber si el edificio podía soportar el peso adicional que representó la estación y las antenas que según especialistas consultados podría superar las diez toneladas.

Oficio de la CDHDF en el que advierte la prohibición legal de instalar antenas de telefonía en el edificio que se desplomó.

En la carpeta de investigación de la PGJ –la cual fue revisada para este reportaje- hay copias de permisos otorgados en 2004 para las antenas.

Sin embargo, esos permisos no aparecen en los archivos de dependencias de la Ciudad de México.

El artículo 58 del Reglamento de Construcciones, vigente desde el 29 de enero de 2004, establece que, para obtener ese tipo de licencia se debe entregar un dictamen favorable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Pero ese aval de la Seduvi no existe. En una búsqueda realizada en los archivos de esa dependencia –a petición de MCCI- no se localizaron esos antecedentes para Bolívar 168.

Un visitador de la CDHDF que participa en la investigación para determinar cómo se instaló la repetidora de telefonía, tampoco localizó los permisos en los archivos gubernamentales.

“La primera vez que consulté la carpeta de investigación (en la Procuraduría), en marzo de ese año, no había documentos sobre las antenas, y en agosto ya los hicieron aparecer, incluso los permisos de protección civil”, reveló el arquitecto forense Sergio Beltrán, quien ha colaborado en la investigación de otras tragedias, como la discoteca News Divine en la Ciudad de México y la guardería ABC, que ardió en Hermosillo, Sonora. También trabaja en el proyecto de reconstruir virtualmente el edificio de Álvaro Obregón 286, que se desplomó en el sismo, para conocer las causas del colapso.

El especialista consideró que se debe hacer un análisis para determinar la autenticidad de los documentos.

Lo que nunca apareció en la carpeta –añadió Beltrán- son las memorias de cálculo sobre las condiciones del inmueble antes de recibir una carga extra.

“La memoria de cálculo tendría que arrojarnos qué carga podía soportar el edificio y con eso se pueden comparar las dimensiones y características que nos muestran los planos arquitectónicos”, dijo.

Aun si existiera ese estudio, el dictamen de uso de suelo (habitacional con comercio en planta baja) prohibía instalar antenas o estaciones repetidoras de comunicación celular, de acuerdo con el programa de Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc.

Una estación de telefonía móvil –como la que estaba en la azotea- consta de una caseta de equipos electrónicos, antenas transmisoras y receptoras, planta eléctrica, sistema de refrigeración y armazón.

La instalación de la estación en Bolívar 168 se realizó en 2004. Al frente del edificio había una antena de más de cuatro metros de altura y dos de menor tamaño en la parte posterior.

En la carpeta de investigación iniciada por la Procuraduría se menciona que Inmobiliaria Inmobico rentaba la azotea a Radiomóvil Dipsa.

En la misma indagatoria se señala otra hipótesis: el peso del gran volumen de rollos de telas en uno de los pisos también pudo influir en el derrumbe, pero el dictamen al respecto no es concluyente.

Expansión irregular

Durante décadas, las autoridades de la Ciudad de México toleraron la expansión irregular del edificio de Bolívar 168. En los planos originales consta que la autorización fue para cuatro pisos de departamentos –incluida la planta baja-, pero al paso de los años se transformó en una torre de oficinas, talleres y bodegas, a la que añadieron un nivel más y un par de cuartos en la azotea. Además desaparecieron muros en la planta baja para ampliar el estacionamiento.

En estas imágenes se aprecia que fueron retirados muros de la planta baja para ampliar el área de estacionamiento.

Cuando ocurrió el sismo, el edificio acababa de cumplir 74 años de haber sido ocupado. El 7 de agosto de 1943, en el aviso de terminación de la obra, se incluyó la siguiente descripción: “(…) En la planta baja tiene un salón, tres piezas y dos baños. En el primero y segundo pisos un salón, cuatro piezas y dos baños. Y en el tercer piso, un salón, tres piezas y tres baños”.

El terreno sobre el que se construyó el edificio medía 497 metros cuadrados, y aparte disponía de otros 151 metros libres. Al paso del tiempo, la última zona se perdió por completo.

Antes del 19 de septiembre de 2017, el edificio de Bolívar 168 ocupaba una superficie de 607 metros cuadrados, 22% más respecto a los planos, según documentos oficiales de la Seduvi.

Por ejemplo, los cuatro pisos representaban originalmente poco menos de 2 mil metros cuadrados, pero el día de la tragedia superaban los 3 mil metros cuadrados sumando el nivel de más.

La planta baja, originalmente diseñada para cuatro cuartos y dos baños, se transformó en un estacionamiento y además albergó un almacén de telas de la empresa Línea Moda Joven, cuyas oficinas operaban en el primer piso, según se corroboró en fotografías y testimonios de empleados.

De departamentos a industria

El edificio fue proyectado para uso habitacional, según consta en documentos tramitados en 1942 ante el entonces Departamento del Distrito Federal.

“Con el presente remito a usted un tanto de los planos y cálculos del edificio de apartamentos ubicado en la calle de Bolívar 168, a fin de que se sirva estudiarlos y resolver sobre el particular”, escribió el 10 de octubre de 1942 el arquitecto revisor de licencias a sus superiores.

Oficio de 1942 en el que se remiten planos para edificio de departamentos.

Antes de que se cumplieran tres semanas, la Dirección de Obras emitió la licencia de construcción. Pasaron diez meses para que se pudiera estrenar el inmueble pero desde entonces se desvirtuó el uso original del edificio, pues en un documento de agosto de 1943 la Dirección de Obras -que un año antes había aprobado los planos para apartamentos- avaló que fuera utilizado “para establecimiento industrial”, así como para oficinas y bodegas.

En agosto de 1943 se autorizaron los planos del edificio para uso habitacional.
Un mes después la dirección de Salud avaló la ocupación del edificio.

Fue así que, a lo largo de siete décadas, el edificio lo ocuparon distintas empresas y organismos gubernamentales, como la Procuraduría Agraria y el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).

En 1949 el inmueble lo ocupó Life Savers Corporation, empresa estadounidense creadora de los famosos dulces de colores conocidos como ‘Salvavidas’, que en ese sitio instaló un depósito y expendio de confitería.

Cuando el edificio fue terminado, tenía cuatro pisos, incluida la planta baja. Al paso de los años se le añadió un piso y se sobrecargó la estructura con antenas y una base de telefonía.

El 29 de septiembre de 2008, la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano aprobado por la Asamblea Legislativa, a partir del cual se determinó que al predio de Bolívar 168 le correspondía obligatoriamente la zonificación de vivienda con comercio, no para uso de oficinas y mucho menos para industrias.

Con base en esta normatividad, el 23 de septiembre de 2015 –dos años antes del sismo- la Seduvi emitió el certificado único de zonificación sobre el mencionado predio, con uso de suelo autorizado HC/4/20/A, que corresponde a habitacional con comercio en planta baja, cuatro niveles máximos de construcción y 20% de área libre.

No obstante, cuando ocurrió el sismo, el edificio no cumplía con lo establecido en el certificado y prácticamente la totalidad del inmueble era de uso industrial y de oficinas. En el primer piso estaba una bodega de telas, en el segundo una fábrica de vestidos, en el tercero varias distribuidoras de productos chinos, en el cuarto una maquiladora de bisutería importada y el quinto nivel lo compartían una comercializadora de productos automotrices, también de importación, y un taller de diseño textil.

El certificado de uso de suelo del edificio era habitacional, no industrial como era utilizado. El mismo documento prohibía la instalación de antenas o bases de telefonía.
Informe del Cenapred de 2004, en el que ya se advertían daños en el edificio.
El informe del Cenapred documentó con fotografías la existencia de grietas.

La alerta, 13 años antes

Un diagnóstico del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), realizado en 2004, advertía de los daños que desde entonces presentaba el edificio por la falta de mantenimiento y las modificaciones realizadas al inmueble.

“El estado de deterioro que guardan algunas partes (del inmueble), por falta de mantenimiento en la zona de cubo de servicios y elevadores de la estructura, es de consideración, lo que es un indicativo de un programa de mantenimiento insuficiente”, advirtió en su informe el investigador Óscar López Bátiz.

El especialista también identificó fallas de diseño estructural del edificio, lo cual se manifestaba en agrietamientos en trabes y en los muros.

“Las trabes presentan indicios de diseño inadecuado, por la presencia de agrietamiento por tensión diagonal previo a la aparición del agrietamiento por flexión, lo cual podría redundar en un comportamiento frágil de los elementos”, alertó.

El mayor daño lo detectó en el cuarto piso, que en aquel entonces era ocupado por la Procuraduría Agraria, en donde entre el 30% y el 40% de las trabes presentaban agrietamientos por tensión diagonal cerca de la unión viga-columna.

En el mismo cuarto nivel se identificaron grietas en tres trabes, es decir, el concreto se estaba separando de las columnas de acero.

Hace 13 años el Cenapred realizó una evaluación aproximada de la resistencia lateral del edificio (la capacidad de resistir fuerzas sísmicas horizontales) y los resultados arrojaron índices muy bajos, que representaban desde entonces “un problema de insuficiencia”, según el diagnóstico de los expertos.

Por ejemplo, en el primer piso se estimó una resistencia lateral de 0.16, y el parámetro ideal para la zona de alta sismicidad en que se ubicaba el edificio era de 0.40. Los peritos también identificaron que no había suficiente separación respecto a la escuela primaria que estaba a un costado, de manera que se evitara el choque de ambos edificios ante la acción de algún sismo.

Grietas en las trabes detectadas desde 13 años antes del colapso del edificio.

También había modificaciones en los cubos de servicios y en los elevadores.

Las dimensiones de las columnas variaban en los distintos niveles. En el primer piso eran de 35x35 centímetros, en el resto de 33x33, con excepción del quinto piso, que es el que se añadió a la estructura original, con columnas más delgadas que el resto, de 25x25.

Las trabes también variaban en dimensiones; de 40x25 centímetros en la mayoría de las crujías, aunque en los límites con las fachadas anterior y posterior -donde existen irregularidades en la distribución en planta de los elementos estructurales- el grosor era de 55x25 centímetros.

El Cenapred hizo ese estudio a petición de la Procuraduría Agraria que estaba instalada en el cuarto piso. Ante el resultado, salieron de ahí pero no existe certeza que los dueños hayan reparado los daños localizados.

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Un centro de comercialización asiático

La empresaria taiwanesa Amy Huang falleció en el derrumbe del edificio de Bolívar.

Amy tenía 18 años de edad cuando inició su carrera empresarial. Nacida el 7 de febrero de 1994 en la isla asiática de Taiwán, había emigrado de niña a México, en donde su familia había asentado desde el año 2001 una serie de comercializadoras del sector calzado, jugueterías y regalos, principalmente de importación.

La jovencita se volvió dueña de su primera empresa el 22 de octubre de 2012, cuando en sociedad con una mujer de origen taiwanés estableció Dashcam System México S.A. de C.V., dedicada a la importación y comercialización de cámaras de seguridad para vehículos.

Además de socia, Amy se convirtió en la administradora única de la empresa, a la par que colaboraba con ABC Toys Company, la principal comercializadora de su familia.

Su incursión como empresaria ocurrió cuando iniciaba sus estudios universitarios en la Escuela Bancaria Comercial de la Ciudad de México, de donde egresó en julio de 2016 como Licenciada en Finanzas y Banca.

Amy se graduó de Licenciada en Banca y Finanzas en la Escuela Bancaria Comercial.
Acta de Dashcam System, empresa que Amy creó cuando tenía 18 años de edad.

Siempre sonriente, de trato amable, según recuerdan sus ex compañeros, Amy veía el futuro con mucho optimismo. A los 22 años, recién egresada de la universidad, la empresa de la que era socia y administradora se había consolidado.

Dashcam System había iniciado como comercializadora de unas novedosas cámaras que se instalaban fácilmente en los vehículos, y permitían grabar tanto el interior como el exterior de la unidad, para prevenir robos y registrar accidentes viales.

Para 2017 la empresa diversificó su actividad, como distribuidor de una amplia variedad de autopartes (rótulas, micro interruptores, bombas de aceite y alimentación; discos de freno, filtros y válvulas) de las marcas alemanas DT Spare Parts y Siegel Automotive. Su mercado meta era la industria del autotransporte pesado (autobuses, camiones y tráileres).

La sede de su empresa era el cuarto piso de Bolívar 168, un edificio ubicado en la colonia Obrera, en donde dos pisos abajo operaban las comercializadoras de productos de importación de su familia: ABC Toys Company, Asia Jenny Importaciones, Mextoy y Florina SA de CV, en donde trabajaban 26 personas.

Para crear Dashcam System, Amy había aportado 650 mil pesos de capital y poseía el 50% de las acciones. La otra mitad pertenecía a Ying Yun Yang, esposa de un taiwanés nacionalizado paraguayo que se hacía llamar Pepe Lin (su nombre real era Lin Chia Chin), y quien fungía como el director de la empresa de autopartes y a la vez como el administrador de ABC Toys.

Amy también había adoptado un nombre occidental, pues en realidad se llamaba Hsien Yu Huang, y residía en un departamento de la calle Roma, en la colonia Juárez, con sus hermanos Tony y Jack Huang y sus papás Chin Pei Ju (se hacía llamar Helen Chin) y Po Wen Chen, todos originarios de Taipei.

Helen Chin con su hija Amy Huang. Ambas murieron en el sismo del 19 de septiembre.

El 28 de agosto de 2017, Amy Huang renunció al cargo de administradora única de Dashcam System, aunque permaneció como accionista. Su salida de la empresa que había fundado fue para dedicar más tiempo a las comercializadoras de su familia, ubicadas en el piso dos del edificio de Bolívar 168.

Amy y su mamá Helen estuvieron desaparecidas tres días. Hasta el 22 de septiembre sus familiares recibieron la noticia de que habían localizado los cuerpos.

Por eso tres semanas después, el 19 de septiembre de 2017, el sismo la sorprendió en las instalaciones de ABC Toys, en donde trabajaba con su mamá Helen Chin. El edificio se desplomó y madre e hija permanecieron desaparecidas durante tres días.

Helen con su esposo y su hija.

Fue hasta el 22 de septiembre que los cuerpos de ambas fueron encontrados, tras ser sacados de entre los escombros. Un día antes había sido identificado Pepe Lin –su socio y empleado- quien también falleció en el derrumbe del edificio.

Pepe Lin, quien tenía la doble nacionalidad taiwanesa y paraguaya, también falleció en el desplome.

Tras una velación con rituales budistas, Amy Huang y Helen Chin fueron llevadas el 2 de octubre a su lugar de origen: la isla de Taiwán, al otro lado del mundo. Pepe Lin, en tanto, fue llevado a Asunción, Paraguay, en donde reside su hermano David y otros integrantes de su familia.

*****

Cuando el edificio de Bolívar 168 se desplomó a causa del sismo, el rumor que circuló de inmediato fue que en el lugar operaban maquiladoras textiles y que bajo los escombros habían quedado sepultadas decenas de costureras.

Pero en realidad en el edificio de Bolívar 168 había sólo dos talleres textiles: uno en el segundo piso, de nombre Línea Moda Joven S.A. de C.V., en el que el día del sismo había 22 trabajadoras, y otro en el quinto nivel, New Fashion, dedicado al diseño de prendas, en el que laboraban cuatro trabajadoras que carecían de Seguro Social. Una parte de la planta baja era usada como bodega de telas.

Actas de ABC Toys y de SEO Young, dos de las empresas que operaban en el edificio

En el piso cuatro estaba SEO Young International, de socios coreanos, que importaba bisutería para adornar ropa de mujer, principalmente vestidos. La labor de las empleadas era revisar la mercancía que llegaba en paquetes, armar las piezas sueltas y reparar las que estaban dañadas.

Mientras que en el piso tres operaba la representación en México de Unisia Pacific Holding Limited, consorcio trasnacional que tiene su base de operaciones en Hong Kong, con presencia en tres continentes.

Establecida en 1983, Unisia está integrada por distintas empresas dedicadas a comercializar una línea de más de 5 mil artículos fabricados en China, entre juguetes, vajillas, muñecas de porcelana, artículos decorativos y regalos, así como luces, adornos y árboles de Navidad.

Acta de Florina S.A. de C.V., cuyas marcas pertenecían al consorcio Unisia, de Hong Kong.

Muchos de los productos que se vendían en tianguis de la ciudad de México y de otras zonas del país provenían del centro de comercialización de la empresa de Hong Kong.

En el piso donde estaba la representación de Unisia también operaban Asia Jenny Importaciones, ABC Toys Company, Mextoy y Florina SA de CV, empresas vinculadas entre sí, dedicadas a distribuir los productos chinos.

De los vínculos entre estas compañías quedó constancia en las actas constitutivas y en trámites realizados ante distintas instancias gubernamentales. Por ejemplo, en junio de 2007 la empresa hongkonesa gestionó el registro de la marca Florina Collection, para juguetes, muñecas de porcelana y artículos decorativos, y quien realizó el trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue Silvia Migueles Quintanar –fallecida en el sismo-, quien a la par era la apoderada de las otras compañías orientales que funcionaban en Bolívar 168.

Acta de Asia Jenny, otra empresa que funcionaba en el mismo edificio.
La familia que construyó el edificio lo vendió en 1991 a Grupo Garaz.

Asia Jenny fue constituida el 13 de marzo de 2001 con dos accionistas de origen taiwanés: Chien Ju Chin y Po Wen Chen, mismos dueños de la empresa Florina.

En tanto, ABC Toys fue fundada en noviembre de 2010 por Shi Qingqing, de 21 años, originaria de Zheijang, China, quien permaneció como administradora hasta octubre de 2011, cuando fue suplida por Chia-Ching Lin, el taiwanés-paraguayo que se hacía llamar Pepe Lin.

El edificio, de mano en mano

En las escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad de la Ciudad de México, con el folio real 9529556, consta que el edificio de Bolívar 168 era desde un inicio de uso habitacional.

Durante 48 años, el inmueble perteneció a la familia Villafañe Sabathie. Fue hasta el 10 de abril de 1991, cuando los herederos de los dueños originales vendieron el edificio en 540 mil pesos a Grupo Garaz S.A. de C.V., inmobiliaria creada un día antes de la transacción por los hermanos Salvador, Alfredo, Antonieta y Ruth Roffe Anzarut, en sociedad con Raquel Cherem Smeke de Roffe y René Farca Amiga.

Durante años, la propiedad fue motivo de disputa por adeudos y problemas legales.

El inmueble formaba parte del patrimonio de un fideicomiso.
En julio de 2015 el edificio fue vendido a Inmobiliaria Inmobico.

Fue hasta agosto de 2011 (veinte años después de que se había efectuado la compra-venta) cuando se realizó la consolidación de la propiedad en favor de Grupo Garaz, representada en ese momento por Abraham Roffe Cherem, hijo de uno de los dueños.

En esa misma fecha, el inmueble pasa a formar parte del patrimonio de un fideicomiso formado por Grupo Garaz como fideicomitente y la sociedad FICEIN Unión de Crédito como fideicomisario.

El 8 de julio de 2015, Corporación Financiera de Arrendamiento, en su carácter de fiduciario, revirtió la propiedad del edificio a favor de Grupo Garaz, previo pago de 9 millones 62 mil pesos, con lo que el fideicomiso se extinguió. Casi de inmediato, ese mismo día, el inmueble fue vendido a Inmobiliaria Inmobico S.A. de C.V., a un precio de 16 millones de pesos, representado por Alberto Cojab Sacal, un importante desarrollador de centros comerciales en el país, como La Gran Plaza en Guadalajara, Mazatlán y Acapulco.

MCCI hizo contacto con la oficina de Cojab Sacal en la Ciudad de México para que emitiera una postura sobre el contenido de este reportaje, pero no hubo respuesta.

Cuando ocurrió el sismo de 2017, Inmobico tenía dos años y dos meses de haber tomado posesión del edificio, aunque el deterioro del mismo venía desde muchos años antes. En 2004, cuando el Cenapred advirtió de los daños y el riesgo, el inmueble estaba en manos de Grupo Garaz de las familias Roffe y Cherem, que actualmente desarrollan otros proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México, como los de las empresas Dakota 31 y Coyoacán 1523.

Al igual que sucedió con otros empresarios citados, MCCI trató de entrevistar los dueños de Grupo Garaz pero hasta terminar esta investigación no fue posible obtener una respuesta de su parte.

Renato Flores Cartas, coordinador de comunicación corporativa de Grupo Carso, confirmó que las antenas y la estación de telefonía pertenecían a Radiomóvil DIPSA, y que la Procuraduría ya los ha llamado para que aporten información para integrarla a la carpeta de investigación. Informó que las antenas y la base se instalaron en junio de 2002 con el visto bueno de un corresponsable de seguridad estructural y sus respectivos permisos, y aseguró que sí se realizó un análisis estructural previo. Sobre la observación del Cenapred acerca de que la instalación de la base repetidora no coincide con los soportes estructurales del edificio, Flores Cartas dijo: “Las instalaciones fueron construidas “de conformidad con la normativa aplicable en esa época”.

Personas fallecidas en Bolívar 168

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

Irma Chávez Martínez, 56 años
Irma Sánchez Ramírez, 50 años
Hsien Yu Huang 'Amy, 23 años (taiwanés)
Pei Ju Chin (mamá), 52 años (taiwanés)
Wang Chia Yu, 35 años (taiwanés)
Lai Ying Xia, 25 años (taiwanés indocumentado)
Silvia Migueles Quintanar, 61 años
Ana Ramos González, 23 años.
Sonia Rico Montoya, 43 años.
María Teresa Lira Infante, 70 años.
Maricruz Lucía Rosas Hernández, 42 años.
María Elena Sánchez Lira, 55 años. Kyong
Jea Lee, 40 años (coreano. Sobrenombre de Esteban Choo)
Jaime Achequenaze Asquenazi, 79 años (origen israelita-argentino)
Lin Chia Cin, 40 años, "Pepe Lin" (taiwanés-paraguayo)

Fotografías de las historias de vida de cortesía de Jaime Uribe, Familia Huang y Familia Sanchéz Lira.
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Un negocio mortal:
transformar
una casa en
departamentos

texto: Valeria Durán

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En la colonia Zacahuitzco, los dueños de la empresa Dijon GP levantaron un edificio de departamentos sobre los cimientos de una casa construida en 1958. Lo hicieron sin tener los permisos en regla y sin que ninguna autoridad detuviera los trabajos. El derrumbe de esa obra provocó la muerte de una persona. A un año del sismo, no hay detenidos ni restos de la obra fallida; sólo queda el terreno que, por cierto, está en venta.

Calle y número:

Bretaña 90

Colonia:

Zacahuitzco

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

1958-2017

Personas fallecidas:

Alitzy Judith Carrillo Quintero

1

La vieja casa que existió por muchos años en Bretaña 90, en la colonia Portales, se transformó en unos cuantos meses, de manera ilegal, en un edificio de seis pisos. Con el sismo del 19 de septiembre de 2017, esa construcción colapsó. Ahí murió Alitzy Judith Carrillo Quintero, joven de 19 años que días antes había sido contratada para labores de limpieza.

La muerte de Alitzy, la construcción irregular y las exigencias de vecinos de que no quede impune, lo sucedido podrían quedar en el olvido con un contrato de 31 millones de pesos. Esa es la cantidad en la que, en agosto de 2018, se vendían tanto el terreno de Bretaña 90, como el ubicado justo a un lado y que tiene el número 92.

Imagen tomada el día del colapso del edificio. Fotografía: enviada al correo de MCCI

Después de que se retiraron los restos de la construcción que colapsó en Bretaña 90, el terreno se limpió y ahí se instaló un estacionamiento manejado por una compañía llamada SIE Park. Es posible que ese negocio no dure mucho.

Las lonas clavadas en la pared, con la leyenda “Estacionamiento público y pensión. Servicio las 24 horas”, fueron reemplazadas por otro par de anuncios con el siguiente mensaje:

“Terreno en venta”, acompañado de un correo electrónico y dos teléfonos celulares, asignados a la empresa Coldwell Banker Premium.

2

“Se venden los 2 predios, Bretaña 90 y 92, con la posibilidad de fusionar y potencializar el uso de suelo actual... Ambos terrenos se encuentran sin edificaciones... Actualmente la colonia Zacahuitzco representa un gran potencial en cuanto a desarrollo inmobiliario gracias a ser considerada zona con potencial de reciclamiento y ubicación estratégica”, describe el anuncio de venta publicado en la página de internet de Codwell Banker Premium.

Cualquiera que compre esos dos terrenos, paradójicamente, podrá construir ahí un nuevo edificio más grande e, incluso, con más pisos que el que colapsó el 19 de septiembre de 2017.

Y aunque la compañía Codwell Banker Premium es la que vende los terrenos, los dueños del Bretaña 90, el lugar donde murió Alitzy, son los hermanos Daniel y Clemente Estrada Niño. Por lo menos, lo eran hasta junio de 2018, cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consultó documentos del Registro Público de la Propiedad.

Los hermanos Daniel y Clemente Estrada Niño son los accionistas de Dijon GP, la inmobiliaria que construyó un edificio de seis pisos, sobre los cimientos de una casa construida en la mitad del siglo pasado: en 1958.

Acta constitutiva de la empresa Dijon GP, donde aparecen los hermanos Estrada Niño como accionistas.

Hoy es casa, mañana departamentos “nuevos”

El 19 de septiembre de 2017, cuando ocurrió el sismo, además de Alitzy, había dos personas más dentro del edificio de Bretaña 90: el portero y la agente de ventas, quienes lograron salir antes del derrumbe. El cuerpo de Alitzy fue sacado de entre los escombros por rescatistas japoneses, tres días después.

La imagen de los socorristas guardando un minuto de silencio le dio la vuelta al mundo.

Rescatistas trabajando en la zona donde colapsó el edificio de Bretaña 90. Fotografía: Cuartoscuro

Los departamentos del edificio donde murió Alitzy se rentaban como si fueran nuevos. En realidad, a principios del 2017, la empresa Dijon GP comenzó a construir el inmueble sobre lo que fue una casa y sin que se realizaran nuevos trabajos de cimentación.

Los hermanos Estrada Niño no tenían mucho tiempo como dueños de la vivienda. El 5 de diciembre del 2016 pagaron 7.8 millones de pesos a las dueñas originales, María Concepción García Tapia y Lidia García Tapia, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad.

Planos originales de la casa construída en Bretaña 90.
Fuente: Archivo de la delegación Benito Juárez
Acta donde se registró la compra del terreno por los hermanos Daniel y Clemente Estrada Niño.

Cuarenta y tres días después, el 17 de enero de 2017, Daniel y Clemente Estrada Niño constituyeron la compañía Dijon GP, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable que tuvo como su prioridad la compra y venta de toda clase de inmuebles, entre otros objetivos relacionados con bienes raíces.

Dijon GP rediseñó la fachada, aumentó dos niveles a los cuatro que tenía la vieja casa y, en menos de seis meses, colocó a la venta los 20 departamentos que se presumieron como si se trataran de una obra nueva.

En la página de internet Locanto.com.mx, especializada en bienes raíces, se publicaron las fotografías de los departamentos, antes de que desaparecieran luego del terremoto del 19 de septiembre.

Así se veía la casa dos años antes de ser remodelada. Imagen tomada de Google Street View 2014
Remodelación de Bretaña 90.
Imagen tomada del sitio locanto.mx

“Se rentan amplios departamentos a estrenar, ubicados en Bretaña 90, colonia Zacahuitzco. Cerca del metro Portales, línea azul”, rezaba el anuncio donde también se explicaba que las viviendas de 65 metros cuadrados contaban con dos recámaras, un baño, amplia estancia con sala comedor y cocina integral. Los alquileres eran por 9 mil pesos mensuales.

La renta de los 20 departamentos representaría 180 mil pesos mensuales para los dueños del edificio. En un año obtendrían 2 millones 160 mil pesos.

Quienes sabían que el edificio no era nuevo y conocían el pasado de Bretaña 90 eran los vecinos de la colonia Zacahuitzco. Cuatro días después del sismo, Anaïs Abreu y Emiliano Álvarez, escribieron una carta —que mandaron a varios medios, así como también al correo de MCCI en la que exigían a las autoridades investigar las “irregularidades en la construcción del edificio”.

Los vecinos hicieron su propia investigación y en la carta contaron sus hallazgos: En el predio de Bretaña 90 existió una casa. Esa construcción estuvo vacía y en venta durante varios meses. “Cuando finalmente se vendió, se iniciaron labores de ‘remodelación’. El edificio de cuatro pisos creció y se transformaron la fachada y los interiores. Tras esos trabajos se estuvieron anunciando y vendiendo los departamentos”.

Imágenes que se pueden consultar en Google Maps muestran que, como señalaron los vecinos, en 2013 había una casa de cuatro niveles en Bretaña 90. Los vecinos que viven alrededor del lugar no recuerdan que, en algún momento, se haya demolido la casa para construir desde sus cimientos el supuesto edificio nuevo. Eso era poco probable que ocurriera durante los cerca de seis meses que pasaron entre la creación de Dijon GP y los anuncios de renta de los departamentos.

MCCI solicitó —a través de solicitudes de acceso a la información— copias de las manifestaciones o licencias de construcción, los proyectos estructurales de obra, el aviso de terminación de obra, así como la autorización y ocupación del inmueble.

La Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez informó que esos documentos no estaban en sus archivos, por lo que tenían que ser solicitados a la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor. Sin embargo, para tener acceso a los documentos por esa vía, se necesitaba demostrar ante el Director General de Patrimonio Inmobiliario el interés jurídico (ser titular del inmueble o estar ligado a él), por lo que no fue posible acceder a ellos.

Hermanos “sin localizar”

El edifico de Bretaña 90 tenía seis pisos. No obstante, en ese predio sólo podían construirse cuatro niveles, además de contar con un mínimo de área libre equivalente al 20%, según consta en un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo.

Aún así ninguna autoridad delegacional clausuró las obras de construcción de los departamentos. Y, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, tampoco se realizaron visitas de verificación de uso de suelo.

Lo que sí hicieron las autoridades de la delegación Benito Juárez fue que, siete días después del sismo, difundieron un comunicado de prensa en el que responsabilizaron a la constructora Dijon GP de todos los daños en Bretaña 90 por haber utilizado materiales de baja calidad, además de mentir y evadir a las autoridades.

Christian Von Roehrich, quien entonces ocupaba el cargo de Jefe Delegacional de Benito Juárez —hasta que pidió licencia para contender por una diputación local— aseguró en aquel boletín que la empresa tendría que pagar e indemnizar a cada uno de los propietarios.

También pidió que se iniciaran investigaciones en la Contraloría Interna de la Delegación para sancionar a la empresa constructora. Y se informó que la delegación presentó denuncias penales por los delitos de daño en propiedad ajena, homicidio, lesiones y delitos contra el ambiente.

Sin embargo, la delegación Benito Juárez no dio seguimiento a sus propias acusaciones enumeradas en su boletín. Diez meses después de ese comunicado, reconocieron que no había información sobre las denuncias presentadas ante su Contraloría Interna. Un año después del sismo del 19 de septiembre de 2017 no hay detenidos ni tampoco funcionarios con, por lo menos, procesos administrativos, como reconocieron en una respuesta a una solicitud de información.

Foto aérea donde se aprecia el terreno que actualmente está a la venta Fotografía: Isabel Mateos

MCCI solicitó a Christian Von Roehrich una entrevista; también buscó al área jurídica de la delegación Benito Juárez; sin embargo, hasta la publicación de este reportaje, no se tuvo respuesta.

En octubre de 2017, varios medios de comunicación —entre ellos Proceso, El Universal y El Heraldo de México— publicaron que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de los propietarios de la constructora Dijon GP.

Hasta agosto de 2018, Daniel y Clemente Estrada Niño, dueños de Dijon GP, no habían sido detenidos.

El 15 de agosto pasado, MCCI buscó a los hermanos Estrada Niño en una de las direcciones registradas en los documentos del Registro Público de la Propiedad. En Isabel la Católica 767, colonia Álamos, donde actualmente se rentan oficinas, informaron que la constructora Dijon GP sí tuvo su domicilio ahí, pero desde hace dos años dejaron las instalaciones.

MCCI también se presentó en la otra dirección que se registró cuando se constituyó Dijon GP: Circunvalación Oriente, número 10, fraccionamiento Ciudad Satélite, en Naucalpan, Estado de México. En este domicilio se encuentra el World Trade Center Mexiquense. Al preguntar por Daniel Estrada Niño, la recepcionista respondió que “no se encontraba en ese momento”. Minutos después, cambió su versión y aseguró que no estaban ahí sus oficinas.

Después del sismo del 19S, varias notas periodísticas consignaron que Daniel Estrada Niño era dueño de una de las empresas que manejan el World Trade Center Mexiquense; por lo que también se le buscó en los números telefónicos de ese lugar.

—¿Puedo localizar ahí al señor Daniel Estrada Niño?
— ¿Quién le llama? ¿Para qué asunto es? — preguntó quien contestó y dijo llamarse Angélica.
— Me gustaría hablar con él o con su secretaria.
— Déjeme ver quién le puede atender.
— ¿Si lo puedo localizar ahí?
— Este… pues ahorita no se encuentra aquí. Pero, ¿de dónde le llama, para poder pasar la llamada?
— De MCCI


La llamada fue transferida con otra secretaria que no quiso dar su nombre y que, después de explicarle por qué se buscaba a Daniel Estrada, aseguró que ahí no había nadie con ese nombre.

Después de que se retiraron los restos del edificio colapsado, el terreno se convirtió en un estacionamiento.
Fotografía: Valeria Durán

Daniel Estrada Niño no sólo es uno de los accionistas de la empresa que construyó un edificio de seis pisos en lo que fue una casa vieja y que cuyo colapso causó la muerte de Alitzy. En su biografía también está el haber sido director de Desarrollo y Fomento Económico en el municipio mexiquense de Naucalpan, durante la administración del priista David Sánchez Guevara.

Colegio
Enrique Rébsamen:
las negligencias
que mataron a 26 personas

Texto: Miriam Castillo
Video: Lucía Vergara

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La escuela, cuyo colapso causó la muerte de 19 niños y siete adultos, se edificó y amplió sin contar con todos los planos, estudios y trámites necesarios para hacerlo. Incluso, para funcionar utilizó documentos falsos. Los vecinos alertaron que se construían pisos de más y se hacían modificaciones sin contar con permisos, pero ninguna autoridad actuó. Durante décadas se permitió y solapó el funcionamiento de un colegio en el mismo sitio en donde también había tres departamentos y sus planes de protección civil estaban llenos de inconsistencias.

Calle y número:

Rancho Tamboreo 11 y 19; Brujas 34 y 40

Colonia:

Nueva Oriental Coapa

Delegación:

Tlalpan

Año de construcción:

1983

Personas fallecidas:

26

1

El Colegio Enrique Rébsamen, que el 19 de septiembre de 2017 se desplomó y provocó la muerte de 26 personas, en realidad comenzó a caerse en 1974.

Ese año, por lo menos en los documentos, inició la historia de esta escuela que durante poco más de cuatro décadas se expandió —tanto en metros cuadrados como en altura— en la esquina que forman las calles de Rancho Tamboreo y Brujas, en la colonia Nueva Oriental Coapa, al sur de la Ciudad de México.

Su crecimiento fue paulatino y, en ocasiones, nada discreto. Lo que empezó como jardín de niños y primaria terminó en cuatro edificios que ocupaban casi media cuadra y en donde cerca de 400 alumnos cursaban desde preescolar hasta secundaria. El Rébsamen, como se le conocía, llegó a tener ingresos que rondaban el millón de pesos mensuales, tan sólo por el concepto de colegiaturas.

En los cuatro edificios había 21 aulas, laboratorios, talleres y oficinas, así como tres departamentos en donde siempre vivieron integrantes de la familia García Villegas, entre ellos Mónica García, dueña y directora del colegio.

Ese martes de septiembre, a las 13:14 horas, dos edificios de la escuela colapsaron; ahí fallecieron 19 niños y siete adultos. Ellos no lograron salir a tiempo y quedaron atrapados en esos inmuebles que tuvieron varias modificaciones y ampliaciones sin contar con los permisos oficiales.

El sismo mostró, en el caso del Colegio Enrique Rébsamen, las consecuencias que traen la negligencia, la modificación y ampliación de inmuebles sin una supervisión profesional, la falsificación de documentos y la existencia de planes de protección civil sólo para cumplir trámites.

De uno a cuatro terrenos

Rosa Elena y Francisco, una pareja de 70 años, terminó de guardar las bolsas de supermercado en el refrigerador cuando empezó a moverse todo. A trompicones lograron salir del departamento 502, en Rancho Tamboreo 21; predio, a un costado del patio de la secundaria del Rébsamen, que aloja un par de edificios rojos. La pareja llegó a la azotea, desde donde se mira por completo la escuela. Ahí escuchó el estruendo.

—Si algo no voy a olvidar en la vida es ese ruido —dice Rosa, sentada en el sillón de la sala de su departamento, al que logró regresar tres meses después del terremoto. Mientras recuerda se cubre las orejas con sus manos manchadas por la edad.

Rosa y Francisco oyeron el crujir del salón que tenía una pared cubierta con espejos; ahí los alumnos hacían yoga y artes marciales. Escucharon cómo tronaron las mesas del laboratorio; cómo cayeron los archiveros y un par de cajas fuertes. El ruido se hizo más intenso cuando las planchas de concreto de los edificios cayeron una sobre otra.

En esos dos edificios colapsados se encontraban, además, una sala de juntas, la cooperativa, las oficinas administrativas, el salón de usos múltiples y, en el segundo y tercer piso, el departamento donde vivía la dueña del colegio, quien también era la directora de la secundaria, Mónica García Villegas.

El estruendo que Rosa y Francisco escucharon también fue ocasionado por la caída de los muebles blancos, los aparatos de gimnasio, la cocina, los dos calentadores y la pérgola recién colocada en ese departamento.

Predios que ocupaba el Colegio Rébsamen. Imagen: Organización vecinal de Familias Unidas

Desde la azotea de su edificio, Rosa y Francisco oyeron el colapso del Rébsamen. También, durante décadas, fueron testigos de la expansión de la escuela.

El colegio ocupó la mitad de una manzana de la colonia Nueva Oriental Coapa. A diferencia de otras escuelas del rumbo, el Rébsamen concentró todas sus sedes en un mismo sitio.

Si se le miraba desde afuera, el colegio daba la impresión de ser un solo edificio con un mismo estilo arquitectónico. Por ello, algunos vecinos y padres de familia creían que la escuela ocupaba un predio. En las noticias se enteraron que, en realidad, ocupaba cuatro: dos en Rancho Tamboreo —en el número 11 estaba la entrada de la primaria y en el 19, la secundaria— y otros dos en la calle de Brujas con los números 34 y 40.

En esos cuatro predios se fue dando forma, a través del tiempo, al Colegio Enrique Rébsamen.

Todo junto: negocio y casa

A mediados de los setenta, la Nueva Oriental Coapa lucía como un conjunto de terrenos de siembra, lotes baldíos y algunas construcciones incipientes. Tenía menos de una década que en la colonia vecina se había levantado el Estadio Azteca.

De esos años data el documento más antiguo que se encuentra en el expediente del Colegio Rébsamen, el cual se solicitó a la delegación Tlalpan a través de solicitudes de acceso a la información. Se trata de una licencia de construcción, con fecha del 22 de noviembre de 1974, para el predio de Brujas 34; se solicitó permiso para edificar una “barda perimetral”, no más.

Ese documento contemplaba la firma de un Director Responsable de Obra (DRO), figura que se creó dos años después en el reglamento de la Ley de Construcciones de 1976, para garantizar la supervisión de las obras. Por ello, llama la atención que en esa licencia de 1974 se incluya a un DRO. Sin embargo, hasta ahora nadie se ha pronunciado sobre la validez de ese documento.

Fotografía de la Compañía Mexicana de Aerofoto Estadio Azteca en construcción, 1966. Archivo Fundación ICA.

Los padres de familia, a través de su abogado, han solicitado el original de esta licencia de construcción; pero no se les ha entregado.

En septiembre de 2017, en Brujas 34 había una cancha de basquetbol y una construcción que se utilizaba para la coordinación de inglés y la oficina de Enrique García, padre y socio de Mónica García, la directora de la escuela. Sin embargo, por lo menos en el expediente, no hay evidencia de que se haya solicitado licencia para hacer estas obras.

No hay otro permiso para construir hasta septiembre de 1982, cuando la delegación Tlalpan otorgó una licencia para levantar una “casa habitación unifamiliar de tres niveles” en el predio de Brujas 40. En ningún lugar de ese documento se mencionó que ahí se instalaría una escuela.

En ese terreno, Brujas 40, nunca se construyó esa casa de tres niveles. Lo que ahí se hizo fue un estacionamiento con techo de láminas.

Fue en julio de 1983 cuando comenzó la construcción de los edificios del colegio en Rancho Tamboreo 11. La licencia 1/245/83/14 permitía la construcción de dos mil metros cuadrados destinados a dos departamentos y un jardín de niños. La firma que aparece en el documento es del entonces delegado en Tlalpan, el priista Gilberto Nieves.

Lo que se construyó fueron dos edificios: en uno, de forma rectangular, se levantaron dos departamentos y 15 salones para el jardín de niños y la primaria.

En el segundo piso, además de las aulas, estaba un departamento donde vivía Gloria Villegas, una de las dueñas iniciales del colegio y mamá de Mónica García. El departamento tenía dos recámaras, un baño, sala y comedor. En ese mismo nivel se construyó otro departamento que, tiempo después, se ocupó como bodega.

El otro inmueble de Rancho Tamboreo 11 se ubicó en forma perpendicular al edificio de la primaria. En su primera etapa sólo albergó las oficinas administrativas; en el segundo piso, además de bodegas había un salón de juegos que no formaba parte de la escuela, sino que era utilizado por las hijas de Mónica García.

En el expediente que hay en la delegación Tlalpan sobre el Rébsamen sólo se encuentran planos estructurales, arquitectónicos y memorias de cálculo de los edificios que se construyeron en Rancho Tamboreo 11.

Estas memorias formaron parte de los documentos que utilizaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para revisar la estructura del colegio después del colapso en 2017.

El 25 de noviembre de 1983, cuando aún se realizaban obras de construcción en Rancho Tamboreo 11, los dueños del colegio solicitaron una licencia para construir en el número 19 de la misma calle. Se expidió la número 1/420/81/14 con la que se edificaron, en ese predio, un taller mecánico en la planta baja y un departamento.

Así que para 1984, en los terrenos que ocupaba el Colegio Rébsamen se tenían tres departamentos y 15 salones, poco más de tres mil 600 metros cuadrados de construcción.

Los vecinos fueron testigos del crecimiento y colapso del colegio. Fotografía: Isabel Mateos
Registro: El Rébsamen sólo daba clases de preprimaria y primaria.

En las instalaciones de la escuela ya había alumnos en preescolar y en primer año de la primaria, cuando los dueños realizaron la inscripción del “Colegio Enrique R SC”. En 1986, de acuerdo con los documentos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad, la sociedad se creó con cinco socios, todos de la familia García Villegas.

En esos documentos también se especifica que el objeto de la sociedad era impartir clases de preescolar y de primaria. En ese momento, por lo menos en los papeles, no se contemplaba abrir una secundaria.

Más edificios, más alumnos

Casi 13 años después de que la escuela comenzó a funcionar, los dueños crean la sociedad civil “Secundaria Enrique Rébsamen” el 22 de septiembre de 2003; los socios mayoritarios eran Mónica García Villegas y su padre, Enrique García.

Los documentos disponibles muestran que el señor Enrique García administraba los terrenos de Rancho Tamboreo, donde había un taller mecánico que administraba su hijo, también llamado Enrique.

En 2004, según las escrituras del acta 33744, el terreno de Rancho Tamboreo 19 se le adjudicó a Mónica García, después de un litigio entre los hermanos. Para entonces ya había comenzado la construcción del nuevo edificio para la secundaria.

No se puede establecer la fecha exacta de esas obras, ya que en el expediente no hay ningún documento sobre ellas. Quienes aún recuerdan esos trabajos son los vecinos de la escuela. Ellos ubican que la construcción sucedió entre 2003 y 2005.

—Nosotros nos quejábamos (con la delegación y con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) del ruido. Donde estamos prácticamente es una concha que reproduce todo el sonido. Un día no escuchamos nada y hasta gusto nos dio. Lo malo es que dejaron los sellos (de clausura) ahí puestos, pero empezaron a meter a los trabajadores y el material por la parte de atrás, por el terreno que estaba baldío —dice Francisco Fontano desde la azotea del edificio donde vive.

De acuerdo con los vecinos, las obras de construcción de la secundaria se clausuraron, pero en el expediente que tiene la delegación no hay ningún documento sobre ello.

Entre 2003 y 2006, Tlalpan fue gobernada por Carlos Imaz —entonces esposo de quien era la secretaria de Medio Ambiente del DF, Claudia Sheinbaum. Imaz duró apenas cinco meses en el cargo y renunció por escándalos relacionados con Carlos Ahumada y la entrega de efectivo para las campañas del PRD— en su lugar quedó Eliseo Moyao.

Con clausura o sin ella, con permiso o sin él, el edificio de la secundaria se terminó con un estilo arquitectónico casi idéntico al que se hizo para la primaria 20 años antes.

Con ese nuevo inmueble, el Colegio Rébsamen contaba con más salones y una cafetería; además, podía aumentar la población de sus estudiantes. En 2017 tan sólo en la secundaria asistían 140 alumnos, de acuerdo con información del personal docente.

Además de la nueva obra, entre 2003 y 2006, se hicieron varias modificaciones a los otros edificios: se quitaron muros y se adecuaron espacios para que las cuatro construcciones parecieran ser una sola estructura. Esas transformaciones, hechas sin el permiso correspondiente según verificaciones posteriores, se aprovecharon para ampliar el departamento en el segundo piso de Rancho Tamboreo 19, el cual después ocupó Enrique García, padre de Mónica.

“Derechos adquiridos” con documentos falsos

Los dueños del Rébsamen construyeron y abrieron la secundaria sin contar con el uso de suelo para ello. Aunque en el expediente del colegio sí hay un documento que, supuestamente, les permitía ofrecer ese nivel educativo.

Ese papel, con el membrete de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), se fechó el 16 de marzo de 1990 y tiene el folio 06573. Según ese documento, en Rancho Tamboreo 19 ya había entonces una secundaria, con una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados.

Uso de suelo que la Seduvi no reconoció.

Sin embargo, al verificar el documento en Seduvi, la dependencia respondió vía transparencia que no hay un registro con esa fecha o con las variantes citadas en otros papeles. Además, a raíz de esa solicitud, la Seduvi buscó el folio y lo que encontró es un documento que corresponde a un predio localizado en Santa Martha Acatitla, en la delegación Iztapalapa.

Los dueños del Rébsamen utilizaron un documento similar a los que se han presentado para abrir giros mercantiles irregulares en la delegación Cuauhtémoc y acceder a la figura de “derechos adquiridos”.

Según el Reglamento de la ley de Desarrollo Urbano, un establecimiento puede pedir esta facilidad —derechos adquiridos— si ha tenido un uso continuo durante más de 10 años con ese giro en específico, antes de que la norma lo prohiba.

El Programa de Desarrollo Urbano de 1987 no permitía escuelas privadas dedicadas a la educación secundaria en la colonia Nueva Oriental Coapa. Esta prohibición duró, hasta principios de los años 2000 de acuerdo con la misma Seduvi.

Es decir, el Colegio Rébsamen debería haber tenido una secundaria antes de 1987 para obtener el uso de suelo por “derechos adquiridos”. Pero en realidad la secundaria abrió hasta 2003. Incluso, Fernando Ríos, exalumno de la escuela, dejó el Rébsamen a inicios de los noventas, justo porque el plantel no contaba con secundaria.

En 2016 el Instituto de Verificaciones Administrativas (Invea) abrió el proceso INVEADF/OV/DUYUS/2916/2016, por el uso de documentos apócrifos en el predio de Rancho Tamboreo 19.

Crece el colegio y también las irregularidades

La apertura de la secundaria provocó que se realizaran, además, varias modificaciones y ampliaciones en los otros tres edificios. Varias de esas obras fueron denunciadas por los vecinos, a través del Comité de Defensa Residencial Acoxpa y Nueva Oriental.

Las ampliaciones irregulares y denuncias no impidieron que en 2006 todos los edificios del Colegio Rébsamen recibieran su constancia de seguridad estructural, firmada por el ingeniero civil Javier Macías Fernández, Corresponsable de Seguridad Estructural.

En notas periodísticas, publicadas entre 2016 y 2018, se menciona el nombre de este ingeniero como el corresponsable de seguridad en una obra irregular que se edificó en Minería 88, en la colonia Escandón, cuando la delegación Miguel Hidalgo era gobernada por Víctor Hugo Romo. Esta obra, que tendría que haber sido de tres niveles, terminó en un edificio de cinco pisos. Incluso, en uno de los departamentos vivía David Razú, quien fue director jurídico de Miguel Hidalgo.

El 24 de agosto de 2009, los vecinos denunciaron que en el Colegio Rébsamen se construía un cuarto piso, lo cual estaba prohibido en el Programa de Desarrollo Delegacional de Tlalpan, en donde sólo se permitían tres niveles.

Días después de esa queja vecinal, el 28 de agosto, la delegación Tlalpan —con Guillermo Sánchez Torres como titular— renovó el visto bueno de seguridad y operación para los edificios del colegio.

El arquitecto Octavio Rivera Ibelles fue el Director Responsable de Obra (DRO) que firmó esos documentos indispensables para la operación del plantel; y fue quien respaldó la seguridad de los edificios, dos de esos inmuebles colapsaron.

Las quejas de los vecinos siguieron y llevaron a que, en diciembre de 2009, las autoridades en Tlalpan revisaran la documentación de la escuela. Hasta entonces se determinó que las obras que se hacían en Rancho Tamboreo 19 no tenían permiso.

Cuando los representantes de la delegación visitaron la escuela, los empleados no dejaron ingresar a la verificadora Paola Mendoza, quien en su reporte escribió que el cuarto piso, que no estaba permitido, “es utilizado como gimnasio, al cual no nos permiten el acceso… y no se presentó Manifestación de Construcción, documento idóneo con el que se avala la legalidad de los trabajos de construcción”.

Al frente de la delegación se encontraba Higinio Chávez; el entonces director jurídico de Tlalpan, Marco Antonio Arellano, consideró que se debía clausurar la obra y demoler los 90 metros que se habían hecho en el último nivel, según el oficio DT/SCI/1471/Bis/2010. La directora del colegio apeló y logró que se detuviera la demolición de acuerdo con el oficio DT/SCI/0014/2011.

La delegación tardó dos años, después de la primer queja vecinal, en colocar los sellos de clausura en la puerta de entrada de la secundaria, en agosto de 2011. Los dueños del Rébsamen no cerraron la escuela, decidieron que todos los alumnos entraran por la puerta de la primaria. En el colegio todo siguió igual. Tan es así que la demolición del cuarto nivel nunca ocurrió.

Dos años después, en octubre de 2013, la dueña del colegio ingresó un “aviso de obras” en el que informó sobre trabajos de mantenimiento, pintura y cambio de plafones y pisos en el cuarto nivel, justo el que se construyó en forma ilegal. En realidad, lo que se hizo fue una modificación mayor.

Una denuncia vecinal, que se registró como anónima, advirtió que en el Rébsamen se estaba modificando el edificio. En noviembre de 2013, un verificador acudió al colegio y confirmó que “se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el 3° y 4° nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción”.

La mitad del segundo piso era un departamento, el resto salones.
Fotografía: Isabel Mateos

Durante ese tiempo —recuerdan exalumnos y maestras— uno de los edificios se transformó: se instalaron oficinas administrativas, un laboratorio y se construyó el salón de usos múltiples, el cual también se utilizaba como auditorio. Se trataba de un espacio grande, sin columnas que estorbaran a la vista, en donde se hacían las juntas de padres de familia, premiaciones, clases muestra de artes marciales y de ballet.

En diciembre de 2013 se hizo otra inspección por parte de la delegación, que posteriormente generó una investigación del Invea, y se reportó que se había tirado un pedazo de techo, con la intención de colocar una escalera que uniera el tercer piso con el cuarto, una zona en donde vivía la dueña de la escuela, Mónica García. En ninguna de las verificaciones se notificó que dentro de la escuela había tres departamentos; y que en uno de ellos se realizaron varias de las modificaciones estructurales.

Fue hasta enero de 2014, ya durante el periodo de Maricela Contreras como jefa delegacional, cuando se ordenó la suspensión de la obra y para abril de ese mismo año se colocaron sellos de clausura, después de desechar recursos de inconformidad promovidos por los dueños de la escuela. Se impuso una multa de 21 mil 555 pesos, la cual se pagó y una vez más, el Colegio Rébsamen siguió como si nada. El 15 de julio de 2014, Juan Mario Velarde, Director Responsable de Obra con la licencia 1990, firmó un documento donde se reportaban resultados de las pruebas de carga hechas en Tamboreo 19, donde afirma que se hicieron pruebas y se demuestra la resistencia de la construcción.

Dos meses después, el 22 de septiembre, firmó una responsiva que garantizaba que: "Existe evidencia suficiente de que la edificación inspeccionada no tiene daños estructurales ni los ha tenido, ni ha sido reparado y el comportamiento de la cimentación ha sido satisfactorio… Y que el sistema estructural es el idóneo para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas".

También ese año Francisco Pérez Rodríguez, Corresponsable de Seguridad Estructural dio constancias en ese tema para el mismo predio y las ratificó tres años después.

Una de las modificaciones realizadas a la estructura. Fotografía: Especial

Para los corresponsables de seguridad, los edificios del colegio no tenían ningún problema estructural. Pero dos de esos inmuebles —modificados para hacer el salón de usos múltiples, el laboratorio y ampliar el departamento donde vivía Mónica García—colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

—Era un secreto a voces que la directora vivía en la escuela. A los padres de familia de nuevo ingreso no se les informaba, teníamos prohibido hablar de eso. Yo no entendía cómo le hacíamos para pasar las revisiones de los inspectores de la SEP —admitió una maestra que laboró en la escuela durante 2013 y 2014, que prefirió no dar su nombre.

En los archivos de la SEP están las constancias de las revisiones e inspecciones del plantel, pero la información fue reservada por la dependencia porque consideró que se deberá entregar al proceso judicial abierto por la muerte de las 26 personas. Según los abogados de las víctimas, quienes presentaron una denuncia el 9 de mayo de 2018, la información que la SEP reservó aún no está en el expediente judicial.

Protección civil, sólo en el papel

Como sucedió en todas las escuelas de la Ciudad de México, la mañana del martes 19 de septiembre de 2017, en el Colegio Rébsamen se realizó un simulacro para, de esa forma, recordar lo que se vivió con el terremoto de 32 años atrás y saber cómo reaccionar en caso de un sismo.

Los esquemas no incluían las estructuras que ocupaban los departamentos.
Los planos no coincidian con el edificio que se construyó.

En el salón de tercero B de primaria, Pilar Martí —maestra desde hace 34 años— explicó a sus alumnos cómo sería el simulacro. Cuando sonó la alerta sísmica, Pilar y sus estudiantes utilizaron una ruta de evacuación en sentido contrario a la que había sido marcada por las autoridades de la escuela.

—Me regañaron (las maestras que supervisaban) y me dijeron que siguiera los protocolos. Tenía que bajar por las escaleras del área administrativa. Para mí (la ruta de evacuación oficial) era un camino demasiado largo —recuerda durante una entrevista realizada a unas cuadras del colegio. A las 13:14 del 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México se cimbró con un sismo de magnitud 7.1.

Pilar intentó cumplir las indicaciones del colegio, pero el edificio administrativo, aquél por el que tenían que pasar si seguían la ruta oficial de evacuación, colapsó. Ella y sus alumnos desalojaron el edificio por la escalera contraria.

Karla, Santiago, André, Daniela, Valentina, Aned, Diego, Eduardo, Francisco, Gustavo, Eileen, Mónica, José Eduardo, Paola, Daniela Itzel, Alexis, Fernanda y la maestra Claudia trataron de salir por la misma ruta que siguieron durante el simulacro de la mañana. No lo lograron. Esa ruta falló.

Alexandra, una niña de secundaria, decidió poner a salvo a varios niños de primaria. La encontraron sin vida, junto con otro chico. Joshua iba en secundaria y, de acuerdo con varios testimonios, durante el sismo estaba en las instalaciones del laboratorio; también intentó seguir la ruta de evacuación establecida.

Gema —prefecta de la escuela—, María Reyna, Yéssica, Marcela, Gloria y María de la Luz, empleadas de intendencia y administrativas, no lograron salir a tiempo.

Todas fallecieron en el Rébsamen.

Según Pilar y otras tres maestras entrevistadas que prefirieron no dar sus nombres, la escuela hacía sus simulacros dos veces al año y, en alguna ocasión, tuvo una jornada de capacitación sobre el tema, aunque —confiesan— ésta fue corta y hasta cierto punto deficiente, ya que sólo se proyectó un video y se dieron algunas pláticas.

En 2012, una revisión de los protocolos de emergencia realizada de manera informal por una empresa de protección civil del familiar de uno de los alumnos, señaló que el colegio tenía recorridos demasiado largos para llegar a zonas despejadas. Se recomendó activar otras salidas de emergencia.

El 13 de julio de 2017, la delegación Tlalpan respondió al programa interno de protección civil que el Colegio Rébsamen presentó para el terreno de Tamboreo 11. Las autoridades solicitaron que se actualizara y que colocaran señalizaciones de la ruta de evacuación.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Invea de la Ciudad de México, los dueños del colegio tenían cinco días hábiles para presentar lo solicitado por las autoridades, de no hacerlo, el aviso se consideraría rechazado.

En el expediente, no hay un documentos que compruebe que se subsanaron los puntos que pidió la Dirección de Protección Civil de la delegación Tlalpan. Tampoco hay documentos sobre protección civil relacionados con el edificio en Rancho Tamboreo 19.

A través de una solicitud de información, se pidió copia de los planes internos de protección civil del Colegio Rébsamen. La delegación Tlalpan contestó que sólo tenía información de archivos de 2012 a 2017, pero en ninguno de ellos se había localizado un programa interno.

Días después, la delegación rectificó y entregó en versión electrónica dos planes de protección civil, uno para el edificio de Rancho Tamboreo 11 y otro para uno de los inmuebles del número 19. Estos documentos incluyen croquis y algunas de las rutas de evacuación, pero no cuentan con los sellos de recibido o algún tipo de anotación oficial.

La delegación Tlalpan no renovó su comité de protección civil.

El Consejo Delegacional de Protección Civil tendría que ser el responsable de revisar los planes del Colegio Rébsamen sobre este tema. Sin embargo, este consejo no era una prioridad para las autoridades.

Desde febrero de 2015 y hasta el 29 de febrero 2016, este órgano no se había instalado y durante todo ese periodo no había sesionado, según informó la propia delegación en una solicitud de información hecha en 2016.

El silencio alrededor del Rébsamen

El 22 de julio de 2018, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México detuvo al Director Responsable de Obra (DRO) Juan Mario Velarde, quien firmó una de las últimas constancias de seguridad con la que funcionó el Colegio Rébsamen.

Velarde validó la estructura de los edificios de Rancho Tamboreo 19, meses después de que se le hicieran modificaciones.

El 27 de junio de 2014, la delegación señaló “que no existe suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar de forma confiable la seguridad de la estructura”, por lo que no consideró como válido el aviso de seguridad estructural.

Semanas después, el 16 de julio, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, Corresponsable de Seguridad Estructural, ratificó el dictamen de Juan Mario Velarde. Ahora, Pérez Rodríguez está amparado y prófugo porque también se le giró una orden de aprehensión en su contra por homicidio culposo.

El 2 de junio de 2017, el DRO Juan Apolinar Torales firmó un visto bueno de seguridad en donde aseguró que toda la construcción en Rancho Tamboreo 19 cumplía “con el reglamento y reglas aplicables”. Él está amparado y prófugo.

También está prófuga la dueña del colegio, Mónica García, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Su abogado, Javier Coello —quien también defiende a Emilio Lozoya en el caso Odebrecht—asegura que ella está dispuesta a pagar una indemnización. Pero “no se presentará para que la detengan”.

Respecto a toda la documentación irregular que existe en torno al colegio, aseguró que algunos documentos originales estaban entre los escombros de la escuela y del resto, como formaba parte de la investigación, no podía hacer comentarios al respecto.

También hay denuncias en contra de quien fue director jurídico de la delegación Tlalpan en 2010, Alejandro Zepeda Rodríguez.

Ninguno de los 12 directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural que revisaron la escuela reportaron las modificaciones que se hicieron a los inmuebles sin planos ni supervisión. Ninguno detectó las fallas que podían tener los dos edificios que colapsaron el 19 de septiembre del 2017 y provocaron la muerte de 26 personas.

Uno de los últimos documentos que avalaba la estructura del Rébsamen.

Dejaron pasar detalles, remodelaciones y vieron cómo el colegio creció sin planos. La autoridad no castigó. No hicieron ruido o lo hicieron apenas.

Hoy en el terreno del Rébsamen ya no hay más ruido. Hay un altar con palomas blancas de papel. La gente pasa frente a los escombros y callan. La cuadra casi entera está en silencio.

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Vimos cómo iba creciendo la escuela, cómo tenía cada vez más pisos. Nunca imaginamos que iba a pasar lo que pasó. Por eso nunca sacamos fotos. No tenemos nada. Pero nosotros vimos cómo crecía. Pensamos que iba a parar.”

Francisco Fontano, vecino.

Personas que fallecierón en el Colegio Rébsamen

Niños

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Karla
Santiago
André
Daniela
Valentina

Aned
Diego
Francisco
Gustavo
Eileen

Eduardo
Mónica
Joshua
José Eduardo
Paola

Alexandra
Daniela Itzel
Alexis
Fernanda

Adultos

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María Reyna Dávila Martínez
Yessica Laura Castrejón Hernández
Claudia Ramírez González
María de la Luz González Sandoval

Marcela Castellano Urbano
Gema Galván Rodríguez
Gloria González Pérez

El condominio que el sismo estrenó

Texto: Dulce González

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El condominio que se publicitó como una edificación nueva, en realidad fue modificado y remodelado sin importar las denuncias vecinales por violar el uso de suelo en la colonia Anzures. Todos los departamentos se vendieron. El plan de la inmobiliaria era entregarlos en diciembre de 2017, pero el edificio no aguantó el primer temblor al que se enfrentó.

Calle y número:

Copérnico 45

Colonia:

Anzures

Delegación:

Miguel Hidalgo

Año de construcción:

2017

Gerardo Rioseco Orihuela es un hombre que ha demostrado experiencia para manejar asuntos inmobiliarios y turísticos en México: fue fundador y director del proyecto Fiesta Americana Vacation Club en Los Cabos, Baja California Sur, y también fungió como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur).

En noviembre del 2011, el ingeniero egresado de la Universidad Anáhuac del Sur fue designado Vicepresidente de Propiedades Vacacionales en Grupo Posadas, el grupo más importante en hotelería de Latinoamérica.

Además de su influencia en los negocios, Rioseco Orihuela tuvo una compañía llamada South America Investment Ltd, registrada en Bahamas, uno de los paraísos fiscales del Caribe, como evidenció Bahamas Leaks, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En ese mismo 2011, Rioseco Orihuela amplió su portafolio de negocios incorporando la venta de departamentos en la Ciudad de México. Junto con sus socios, Juan Carlos Herrera Velhagen y Juan Herrera González, constituyeron la constructora Operadora 2HR.

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Resultados obtenidos de la búsqueda realizada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México.
Antecedentes registrales de Operadora 2HR, S.A. de C.V.

Esta compañía ha tenido múltiples filiales que también se han dedicado a la compra, venta, renta, remodelación y construcción de edificios. Algunas de ellas han sido UN1KO​ Renovación Inmobiliaria, UBIRENT Inmuebles para Renta, MAXINVER Desarrollos Inmobiliarios de Lujo y HIP HABITAT.

Esta última, HIP HABITAT ha levantado desarrollos residenciales en algunas de las zonas con mayor poder adquisitivo en la Ciudad de México como Santa Fe, Polanco, Anzures, Desierto de los Leones, el barrio de La Roma y la colonia Del Valle.

En el sitio web de HIP HABITAT, la empresa se compromete a entregar “departamentos que cumplen los criterios más exigentes, acabados de máxima calidad y atención al detalle”. Uno de los complejos habitacionales que, se supone, cumpliría con estas expectativas fue el que estuvo ubicado en la colonia Anzures, sobre Copérnico 45, justo en el corazón de la zona poniente de la Ciudad de México.

Ubicación de Copérnico 45 y fachada de construcción 2017
Imagen: Google Street View

Estos departamentos serían de 122.13 metros cuadrados con dos recámaras, dos baños completos y un medio baño, terraza de 11 metros cuadrados, una bodega, un cajón de estacionamiento, elevador y roof garden común.

Especificaciones de algunos de los departamentos
Imagen: Google Street View

El privilegio de vivir en Copérnico 45 se veía reflejado en los precios: cada departamento tenía un costo de hasta 7 millones 508 mil 985 pesos. La promesa era entregarlos en diciembre del 2017. El edificio estaba casi terminado y tenía la mayor parte de los departamentos vendidos.

El sismo que se registró tres meses antes, en septiembre de 2017, cambió los planes de la desarrolladora. Ese día, el condominio, aún sin terminar, sufrió daños estructurales graves.

Imágenes del proyecto del edificio que sería construído en Copérnico 45.
Imágenes tomadas de propiedades.com

Demoler antes de ser habitados

El movimiento sísmico dejó al descubierto que ese edificio tenía fallas de origen: las trabes se desmoronaron dejando las varillas al descubierto. Las escaleras tenían pedazos de tabiques fracturados, muros con grietas y pedazos de madera que “apuntalaban” los remanentes de Copérnico 45, de acuerdo con lo que se aprecia en las fotografías anexadas en el dictamen de inspección sísmica, realizado el 1 de noviembre del 2017 —mes y medio después del sismo— por el ingeniero y arquitecto Guillermo García Ferrosca.

Algunas de las afectaciones estructurales que el dictamen mencionó son daños en columnas, trabes, losas, en muros de carga de mampostería y de concreto, tensores y estructuras de acero. En cuanto a las afectaciones no estructurales, se dañaron los muros divisorios, cristales, plafones, la fachada, antenas y tuberías.

El dictamen nunca determinó la causa de las fracturas y fallas en la construcción, su diagnóstico se limitó a señalar que la estructura era de alto riesgo.

Dictamen de Copérnico.

A principios del 2018, la constructora demolió el edificio que, antes del sismo, estaba casi terminado y con la mayoría de los departamentos vendidos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) buscó, en varias ocasiones, una entrevista con algún directivo de Operadora 2HR para conocer su versión de los hechos. Pero, Erika Luna, una de las encargadas del departamento de recursos humanos de la empresa dijo que “las peticiones habían sido canalizadas al área correspondiente”.

Al cuestionarla sobre cuál era esa área y la identidad de quién podría dar la entrevista, ella respondió: “No tengo autorización para brindarle esa información. Ellos se comunicarán contigo”. No sucedió.

Pisos de más y sin permiso

Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo d elos años 2010 y 2016 de Copérnico 45.

La construcción de Copérnico 45 no tiene antecedentes limpios. Tres diferentes certificados de zonificación de uso de suelo, consultados por MCCI, muestran que en ese lote sólo podían construirse tres niveles; no los cinco que tenía el edificio que vendía HIP HABITAT.

Este condominio era una obra singular. HIP HABITAT promovió sus departamentos como si se tratara de una construcción cien por ciento nueva; en realidad sólo se remodeló y modificó un edificio que ya se encontraba en Copérnico 45 desde años atrás.

Plano del edifico realizado HIP HABITAT de Copérnico 45. Imagen tomada de propiedades.com

El desarrollo que HIP HABITAT realizaba se conformaría por planta baja, cinco niveles y roof garden, de acuerdo con las imágenes publicadas en distintas páginas de internet especializadas en el tema inmobiliario, como propiedades.com e inmuebles24.

Departamento muestra de Copérnico 45.
Imagen tomada de propiedades.com
Proyecto muestra de Copérnico 45.
Imagen tomada de propiedades.com
Detalles de departamento de Copérnico 45.
Imagen tomada de propiedades.com.

La construcción de los pisos de más que tenía el inmueble, antes de ser adquirido y transformado por HIP HABITAT, fue denunciada por un ciudadano ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), el 8 de julio de 2008, por lo que este organismo abrió una investigación por irregularidades en materia de uso de suelo.

Cuando personal de la PAOT visitó el lugar se encontró con un edificio de planta baja y tres niveles, en el cual realizaban obras en la azotea. La procuraduría —a través del oficio PAOT/300-3454-2008, con fecha del 3 de septiembre de 2008— solicitó a la delegación Miguel Hidalgo que verificara si esos trabajos tenían permiso. Sin embargo, las autoridades delegacionales, entonces presididas por la panista Gabriela Cuevas, no realizaron ninguna acción.

La clausura de la delegación llegó hasta mayo de 2009, cuando en Copérnico 45 ya se habían construido dos niveles más, violando con ello el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.

Cinco meses más tarde, en octubre de ese mismo año —cuando el panista Demetrio Sodi ya era delegado de Miguel Hidalgo—, se volvió a clausurar el inmueble y se impuso una multa de 50 días de salario mínimo, equivalente a 2 mil 873 pesos.

El 28 de julio del 2010, la PAOT solicitó a la delegación Miguel Hidalgo que verificara si las obras en Copérnico 45 —los dos pisos de más— tenían permiso, de acuerdo con la resolución administrativa PAOT-05-300/300-3519-2010.

En ese documento, la PAOT señaló que una eventual clausura y otra multa no subsanarían las irregularidades cometidas por los dueños de Copérnico 45, por lo que solicitaban a la delegación Miguel Hidalgo ordenar la demolición de los niveles construidos de más. Esto no sucedió.

Resolución Administrativa a la denuncia que interpuso un ciudadano ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
Búsqueda realizada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México.

Cuando se construyeron los pisos de más, los dueños de Copérnico 45 eran Hugo Ramírez Franco, Mario Ramírez Franco y Mariana Palazuelos Ramírez, de acuerdo con los documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México.

En febrero del 2017, los tres venden parte de la propiedad a Inmobiliaria 2HR, S.A. de C.V. Cinco meses después, la tercera parte de la propiedad la transfirieron, a través de una donación, a Maritza Ramírez Franco, quien también la vendió a la misma inmobiliaria.

Para poder realizar las obras de remodelación de Copérnico 45, la Inmobiliaria 2HR debió presentar una manifestación de construcción a la delegación Miguel Hidalgo, la cual en 2017 ya dirigía Xóchitl Gálvez. Pero esto tampoco sucedió.

En la delegación no tenían documentos que respaldaran la obra de los departamentos en Copérnico 45. Ante una solicitud de acceso a la información realizada por MCCI, la delegación Miguel Hidalgo respondió que esos archivos, simplemente, no existían.

En junio de 2017, la construcción de Copérnico 45 fue clausurada por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), por violaciones al uso del suelo. Cuando el terremoto llegó, en septiembre de ese mismo año, aún no se resolvía esa clausura, de acuerdo con un punto de acuerdo sobre los edificios dañados por el sismo, publicado por la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del DF, en noviembre de 2017.

A principios de 2018, el condominio que el sismo exhibió ya no existía, se demolió. La constructora tiene planes de volver a construir en ese predio.

En julio de 2018, HIP HABITAT tenía en venta cuatro desarrollos:

-Acanto Residencial, ubicado en Calzada Desierto de los Leones 5886, colonia Cedros.

-Lantana Santa Fe, en Prolongación Vista Hermosa 108, colonia La Rosita, en Santa Fe.

-Ariosto 12, en la calle de Ludovico Ariosto 12, en la tercera sección de Polanco.

-Mariscal Sucre 9, en la calle Parque Mariscal Sucre 9 en la colonia del Valle Norte.

La debilidad de Coquimbo

Texto: Dulce González
video: lucía vergara

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Sus fachadas con balcones, estacionamiento en la planta baja y amplios departamentos, de más de cien metros cuadrados, los distinguían en la colonia Lindavista. Los tres edificios fueron diseñados por el mismo arquitecto; los tres sobresalían en la calle Coquimbo, pero sólo uno de ellos colapsó y provocó la muerte de nueve personas, además de que 42 más se quedaran sin casa. ¿Cómo se construyó? Por ahora, no es posible saberlo, la delegación Gustavo A. Madero reservó su expediente por tres años.

Calle y número:

Coquimbo 909, 911 y 911 Bis

Colonia:

Lindavista

Delegación:

Gustavo A. Madero

Año de construcción:

1975, 1980 y 1985

Personas fallecidas:

9*

“¿Por qué tengo que empezar de cero a los 80 años?”, preguntó Silvia Camargo a su hija, Silvia Rico, mientras se acercaban a la calle de Coquimbo, en donde aún estaba de pie el edificio que solía ser el hogar de ambas por treinta años, pero que ya no podían habitar tras el terremoto del 19 de septiembre del 2017.

Ese día del sismo, Silvia trabajaba en el área de comunicación de una organización civil en Texcoco, Estado México. Su tía, estaba en el departamento del cuarto piso de la calle de Coquimbo 911 Bis, justo en una de las torres del conjunto habitacional de Lindavista que resultó con daños estructurales importantes.

Este inmueble se terminó de construir días después del terremoto de septiembre de 1985 y, al igual que los edificios vecinos (Coquimbo 909 y 911), fue diseñado por el arquitecto Rafael Padilla, fallecido a principios del 2018 y conocido por haber alzado un par de desarrollos más en la misma zona.

En 1970, Padilla compró un terreno sobre el cual construyó tres edificios. El primero, marcado con el número 909 de la misma calle de Coquimbo fue terminado en 1975. Tiempo después, en 1980, quedó listo el 911 y, hasta 1985 —justo después del terremoto que sacudió a la Ciudad de México— se entregaron los departamentos del 911 Bis. En este último vivían Silvia Rico, su mamá y su tía.

Los tres edificios eran prácticamente idénticos por fuera, pero cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, el de la esquina, el 909, tenía 24 departamentos de entre 110 y 120 metros cuadrados. En Coquimbo 911 Bis había 13 departamentos y un penthouse. El número 911, tenía 12 departamentos. Ese edificio se vino abajo el 19 de septiembre de 2017: los tres primeros pisos colapsaron en el momento mismo del terremoto.

Fachadas de Coquimbo 909, 911 y 911 Bis antes del terremoto
Imagen tomada de Google Street View

En Coquimbo 911 murieron nueve personas. Además, seis más permanecieron entre los escombros durante casi 100 horas hasta que fueron rescatados por especialistas mexicanos y chilenos. Las imágenes de esta zona fueron ampliamente difundidas por las televisoras que trasmitían en vivo las consecuencias del terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Transmisiones en vivo después del terremoto del 19 de septiembre de 2017.
Imágenes tomadas de Milenio TV y Excélsior TV

Reservar el expediente

Los tres edificios también tenían similitudes arquitectónicas: todos contaban con balcones y estacionamiento en la planta baja. Incluso, los tres podrían clasificarse como inmuebles con “planta baja débil o flexible”, modelo constructivo en donde hay pocos muros, así como escasas columnas en la planta baja, lo cual hace que se incremente la vulnerabilidad de una construcción ante un sismo.

Tras el terremoto que devastó a la capital del país en 1985 se detectó que muchos de los edificios con daños tenían una planta baja débil o flexible. Y aunque las autoridades implementaron un programa para reforzar inmuebles con daños, éstos trabajos se concentraron sólo en aquellas estructuras como hospitales, escuelas o centros comerciales; no se realizó un plan para revisar y reforzar aquellos edificios habitacionales que presentaran planta baja débil o flexible.

En la Ciudad de México aún se sigue construyendo edificios que tienen esta vulnerabilidad: planta baja débil o flexible. Y, la mayoría de las veces, se hacen para aprovechar el espacio como estacionamiento.

El edificio de Coquimbo 911 se distinguía por sus amplios departamentos, poco comunes para los espacios que ahora se construyen, ya que medían entre 200 y 240 metros cuadrados. Tenían tres recámaras, baño y vestidor en la recámara principal; área de sala y comedor, además de cocina y cuarto de servicio. Cada vivienda costaba alrededor de 5.5 millones de pesos, de acuerdo con el portal de internet propiedades.com consultado el viernes 10 de agosto del 2018.

Consulta realizada el 10 de agosto del 2018 al portal de internet propiedades.com

Cuando Silvia Rico y su mamá compraron su departamento en Coquimbo 911 Bis, el arquitecto Padilla les aseguró que su edificio y los colindantes tenían “cimientos con gato hidráulico”. Eso no lo pudieron verificar.

Respuesta ante el recurso de revision interpuesto por MCCI ante el InfoDf.
Acta de los acuerdos de la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la delegación Gustavo A. Madero.

Las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero no permitieron conocer más detalles sobre cómo se construyó el edificio de Coquimbo 911, así como quiénes estuvieron a cargo de las obras y cómo se autorizaron.

MCCI pidió, a través de una solicitud de información, acceso a las licencias de construcción, a los estudios de mecánica de suelo, a los planos, la memoria de cálculo y a los avisos de terminación de obra. La delegación se negó a entregar esos archivos, bajo el argumento de que formaban parte de una investigación judicial, sin especificar mayores detalles. Después de interponer un recurso de revisión fechado el 31 de enero del 2018, con el folio RR.SIP.2517/2017 y de que el InfoDF ordenó abrir los expedientes, el 12 de abril de 2018, los funcionarios de Gustavo A. Madero determinaron reservar la información durante tres años, a través del acuerdo CTDGAM/4ªSE/5/12-04-18.

La caída de un vecino

El 19 de septiembre de 2017, a los vecinos de la calle Coquimbo sorprendió que el único edificio que colapsó en esa área fue el número 911.

En el dictamen postsísmico, realizado el 7 de octubre del 2017, el ingeniero civil Eric E. Ramírez Díaz describió que el daño estructural del edificio abarcó columnas, trabes, losas, muros de carga de mampostería, muros de carga de concreto y tensores. Además, hubo otro tipo de afectaciones en la fachada, los muros divisorios, los plafones, los cristales así como en el equipo eléctrico y mecánico (tanques, tuberías, elevadores y antenas).

Sin embargo, este documento no da las causas precisas que provocaron el colapso del 911 y los daños del 909 y 911 Bis.

Dictámenes de Coquimbo 909, 911 y 911 -Bis realizados por Protección Civil.
Silvia Rico, damnificada de Coquimbo 911 Bis.
Fotografía: Lucía Vergara

Habitantes de Coquimbo 909 y 911 Bis tuvieron que abandonar sus hogares, ya que sus edificios sufrieron daños graves como consecuencia del colapso de su vecino.

El departamento de Silvia, su madre y su tía fue uno de los que resultaron dañados por el desplome del inmueble de Coquimbo 911. Ellas tuvieron que mudarse con algunos familiares que las han acogido mientras se repara y refuerza la estructura de su edificio, el 911 Bis.

Silvia cuenta que fueron la segunda familia en habitar el inmueble del 911 Bis que adquirieron gracias a sus ahorros y a una herencia familiar. Ahora, en contra de su voluntad, pidió un préstamo bancario, para solventar los estudios y el reforzamiento de su departamento, el cual piensa poner en venta lo más pronto posible.

Reforzamiento del estacionamiento de Coquimbo 911 Bis.
Fotografía: Lucía Vergara

De acuerdo con Silvia, a quien sus vecinos de Coquimbo le delegaron la labor de vocera, la mayor parte de los habitantes de estos edificios eran personas de la tercera edad que tenían pensado heredar sus departamentos. Paradójicamente, ahora quienes cargan con estos problemas que involucran tiempo y, sobre todo, dinero, han sido los hijos y los nietos, es decir, los futuros herederos.

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Desgraciadamente nunca se nos ocurrió ni preguntar si había alguna falla en el suelo o si había una cuestión tectónica que tuviéramos que considerar. Jamás en la vida”.

Silvia Rico, vocera de los vecinos de Coquimbo.

Fallecidos en Coquimbo 911

Georgina García del Río
Jesús Hernández San Miguel
Eleuteria Lorenzo Escamilla
Remedios Lorenzo Chavero
María Josefina Otegui

Laurencio Muñoz Ramírez
María de los Ángeles Barragán
Rafael Camargo
Marisol Souza Reyes

Coquimbo 911. Imágenes de Google Street View y Cuartoscuro

El edificio
que los panistas
capitalinos nunca
atendieron

Texto: Thelma Gómez Durán

Video: Lucía Vergara

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En 2014 los habitantes de Enrique Rébsamen 241 sospecharon que algo andaba mal con su edificio. En su revisión, la delegación Benito Juárez concluyó que el inmueble no tenía daños estructurales. En ese entonces, el titular de Protección Civil en la demarcación era Ángel Luna Pacheco, licenciado en derecho y sin ninguna experiencia previa en el área que dirigía. Hoy es delegado suplente. En septiembre de 2017, el edificio colapsó y Laura Ramos murió ahí.

Calle y número:

Enrique Rébsamen 241

Colonia:

Narvarte Poniente

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

1973

Persona fallecida:

Laura Ramos

1

Si se pasaba por la calle de Enrique Rébsamen, rumbo al Viaducto, se le encontraba del lado izquierdo. Su color lo distinguía. Era difícil no mirar el verde limón que daba luz a su planta baja y a las columnas que flanqueaban las ventanas de sus cuatro pisos. En otro tiempo, el tono naranja fue su divisa. Ese edificio de la colonia Narvarte dio señales de su existencia y también de su ocaso.

Lo hizo desde 2014, cuando los sismos de ese año dejaron marcas en su estructura. Soportó varios temblores más, pero el de septiembre de 2017, lo tumbó. Laura Ramos, de 52 años, no alcanzó a salir. Falleció en el área de las escaleras. Su cuerpo lo encontraron cinco días después.

La zona de Narvarte, en la delegación Benito Juárez, fue una de las que más resintió el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre. Por ejemplo, a unos pasos de Enrique Rébsamen 241, otro inmueble (el número 249) quedó inhabitable y en las manzanas de alrededor por lo menos otros 20 resultaron con algún daño.

El edificio verde de Enrique Rébsamen 241 fue de los que más llamó la atención en esos días de septiembre de 2017. No sólo porque en su colapso la planta baja desapareció, el primer piso quedó a nivel de banqueta y el resto de la construcción parecía estar sostenida con alfileres. Lo fue, además, porque en las redes sociales se compartieron fotografías y videos sobre la lenta respuesta que existió de parte de las autoridades para buscar y rescatar a Laura Ramos; también se difundieron documentos sobre lo que protección civil hizo o dejó de hacer.

2
Planos de la zona de la azotea del edificio que se construyó en 1972. Sus 16 departamentos se distribuyeron en dos torres. La planta baja funcionaba como estacionamiento.

Las primeras señales

En la colonia Narvarte aún es posible encontrar algunas de las casas que fueron poblando la zona durante las primeras décadas del siglo XX. En el terreno de Enrique Rébsamen 241 existió una de ellas que, incluso, en los años cuarenta funcionó como sede de una radiodifusora, de acuerdo con documentos obtenidos a través de solicitudes de información realizadas a la delegación Benito Juárez.

Esa casa se derrumbó a finales de 1972. En su lugar se construyó un condominio de 16 departamentos distribuidos en dos torres unidas por el área de las escaleras. Su cimentación, según los documentos, se resolvió con 32 pilotes colocados a una profundidad de 24 metros.

Si se comparan fotografías del edificio y los planos originales, obtenidos por solicitudes de información, es posible afirmar que durante los 44 años que estuvo en pie no se le añadieron pisos ni tampoco se le hicieron modificaciones mayores.

Antes del sismo del 19 de septiembre de 2017, el edificio ya presentaba algunos signos de que su estructura tenía fallas. Imagen de la izquierda tomada de Google Street View
Fotografía de la derecha: Cuartoscuro

No hay evidencias documentales ni testimoniales que muestren que el edificio sufrió algún daño durante los terremotos de 1979 y de 1985. Lo que sí hay son testimonios de quienes vivieron ahí en años recientes y notaron que algo sucedía con el inmueble.

—El edificio presentaba cierto movimiento cuando transitaban vehículos pesados sobre la calle de Enrique Rébsamen, pero nos llegamos a acostumbrar a ese movimiento. Además, estaba un poco inclinado hacia la parte final del estacionamiento, en donde había dos pequeñas bardas que estaban tronadas. Por esa zona nadie pasaba —cuenta Rosario Acosta.

Ella y sus hijas llegaron al condominio en agosto de 2013. Durante cuatro años rentaron el departamento 203. El edificio les gustaba porque no era muy alto, tenía su estacionamiento en la planta baja y su ubicación era ideal: a menos de cinco cuadras de Viaducto Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc.

Rosario Acosta fue administradora del edificio entre 2014 y 2015. En ese tiempo conoció un poco más sobre el inmueble y sus habitantes. Muy pocos eran dueños de los departamentos y todavía eran menos aquellos que compraron su vivienda cuando el condominio se inauguró a principios de los setenta. En ese edificio era común mirar los letreros de “Se Vende” o “Se Renta”.

Los documentos que, en 1972, se ingresaron a la delegación incluyen dibujos de los pilotes que tenía el edificio.

El papel que se difundió tres años después

En 2014 tres sismos de fuerte intensidad sacudieron a la Ciudad de México. El primero, de magnitud 7.2, se registró el 18 de abril. Semanas después, el 8 y 10 de mayo, se sintieron dos más: uno de 6.5 y otro de 6.1.

—Recuerdo que esos sismos los sentí muy fuertes. Me asusté y no me quedé tranquila. Decidí buscar a Protección Civil, porque yo veía grietas en algunos castillos y en la zona del estacionamiento.

Rosario Acosta envió mensajes de twitter al entonces delegado de Benito Juárez, el panista Jorge Romero.

Como no tuvo respuesta llamó a los teléfonos de la oficina de Protección Civil de Benito Juárez. Ahí tomaron su reporte. El 29 de mayo de 2014, trabajadores de la delegación llegaron al edificio.

—Cuando fueron yo no estaba. Los recibió la portera. Estuvieron ahí menos de diez minutos. Hicieron una inspección rápida, dijeron que las grietas eran superficiales, que se tenía que cambiar una de las bardas y fue todo. No dejaron sus nombres. No dejaron documentos —asegura Rosario Acosta.

Entre el 10 de mayo de 2014 y el 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México recibió las ondas sísmicas de 17 temblores mayores a una magnitud de 5.9, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional. Durante ese tiempo, el edificio se remozó, se pintaron sus muros y se rellenó con cemento la separación que comenzó a formarse entre la construcción y los cinco escalones que se tenían que subir para llegar a la puerta principal. Las grietas en las paredes del estacionamiento comenzaron a ser cada vez más comunes.

—Se arreglaban y se arreglaban para que no se viera feo, para rentar o vender los departamentos... Durante el tiempo que viví ahí, se vendieron varios —recuerda Rosa Acosta. Ella dejó el edificio el primero de septiembre de 2017.

Días después, cuando se enteró del colapso del inmueble de Enrique Rébsamen 241, recordó las grietas que había reportado a protección civil tres años atrás. Los mensajes que en 2014 envió a Jorge Romero fueron rescatados por los twitteros, quienes los usaban para reclamar y evidenciar la inacción de las autoridades de la delegación Benito Juárez.

El 25 de septiembre de 2017, el entonces delegado Christian von Roehrich también recurrió a Twitter para difundir un formato, que se llenó a mano, de una “Revisión de Estado de Inmueble-Evento Post Sísmico”, con fecha del 29 de mayo del 2014

Documento que difundió en su Twitter el panista Christian von Roehrich días después del sismo.

Jorge Romero, quien había sido delegado en Benito Juárez entre 2012 y 2015 y entonces era diputado local por el PAN, también difundió el mensaje de Christian von Roehrich, su compañero de partido y sucesor en la delegación.

Rosario Acosta y los habitantes de Enrique Rébsamen 241 no habían visto antes ese dictamen que, incluso, tenía la firma de recibido de la portera Rosa Díaz.

El garabato que ahí aparece no corresponde a la firma de la portera.

—Así no firma ella. Además, la delegación nunca nos entregó ese documento— reclama Rosario Acosta.

Dirigir Protección Civil sin tener experiencia

La hoja que el entonces delegado en Benito Juárez difundió en Twitter describía que al exterior del edificio se encontró “separación de juntas en escaleras de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular, específicamente se manifiesta en todo el parámetro del predio (donde comienza vía pública)”.

En el acceso peatonal se describe que había una “fisura en jardinera, desprendimiento de aplanado en muro”. En el cubo de escaleras y planta baja, “separación de juntas de rampa de escalera y losa”. También se describió un “agrietamiento de muro de colindancia sur, separación, grieta 5 cm, requiere sustitución (asentamiento). Separación de guarnición de desnivel entre la zona jardinada y estacionamiento”.

Sin embargo, en el espacio de recomendaciones y conclusiones se escribió que “no hay afectaciones en la estructura del conjunto”. Lo contrario a lo que Christian von Roehrich afirmaba en Twitter.

La persona que “valoró” el inmueble fue Dulce Valera, de acuerdo con lo escrito en la hoja de revisión. Este nombre no se encuentra en la relación de personas que en 2014 laboraban en la Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil y que la misma delegación subió a su página web.

En 2014 el delegado en Benito Juárez era Jorge Romero. Como Director General de Prevención del Delito y Protección Civil estaba Ángel Luna Pacheco, abogado egresado de la Universidad La Salle y con maestría en filosofía social.

Antes de estar a cargo de prevención del delito y protección civil de la delegación Benito Juárez, Luna Pacheco fue “enlace”, subdirector de supervisión operativa y jefe de la Unidad Departamental de Coordinación Institucional en la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con el breve currículum difundido en la página de internet de la delegación.

Luna Pacheco nombró como Subdirectora de Protección Civil a Gisela Estrada Carrizosa, licenciada en derecho por la Universidad del Valle de México y quien también trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con sus currículums, Luna Pacheco no había tenido alguna experiencia o formación en protección civil antes de ser funcionario en la delegación Benito Juárez. Mientras que, entre noviembre del 2000 y octubre de 2002, cuando aún era estudiante Estrada Carrizosa trabajó por honorarios en la Dirección General de Protección Civil del GDF; sus siguientes empleos nada tuvieron que ver con esa área.

Los nombramientos de Luna Pacheco y Estrada Carrizosa se realizaron sin respetar la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, norma que establece que “al frente de cada unidad de protección civil estará un director que en todos los casos deberá contar una experiencia comprobable de tres años en materia de protección civil u obtener la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil”.

En sus currículums, Luna Pacheco ni Estrada Carrizosa informan que cuenten con esa acreditación.

Cuando Jorge Romero dejó el cargo como delegado, para ser asambleísta, y al frente de la delegación Benito Juárez quedó Christian von Roehrich, tanto Luna Pacheco y Estrada Carrizosa continuaron como director y subdirectora de protección civil, respectivamente. Christian von Roehrich dejó la delegación, se postuló como candidato y fue electo como diputado local. Jorge Romero es hoy diputado federal.

En febrero de 2018, Ángel Luna Pacheco fue designado como delegado suplente en Benito Juárez. Gisela Estrada Carrizosa seguía como subdirectora de protección civil. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó entrevistas con Christian von Roehrich y Ángel Luna. Hasta la publicación de este reportaje no se tuvo respuesta.

Laura Ramos, quien falleció por el colapso del edificio, vivía en el cuarto piso. Su hija Renata difundió mensajes en las redes sociales para que se agilizara su búsqueda. Fotografía Cuartoscuro

Grietas que se ignoran

El 7 de septiembre de 2017, cuando se registró el sismo de magnitud 8.2, el edificio de Enrique Rébsamen 241 se sacudió de tal forma que algunos inquilinos decidieron mudarse. Otros pidieron que se llamara a Protección Civil de la delegación Benito Juárez. En los siguientes días ninguna autoridad se presentó al inmueble para realizar alguna revisión postsísmica.

Ese sismo causó grietas en algunos departamentos, entre ellos el 204, donde Jessica Mazón y su amiga vivían desde 2014.

—Reportamos las grietas con el dueño del departamento y la administración. Nos dijeron que eran superficiales y que se repararían.

Las antiguas fisuras que estaban en la planta baja del edificio se hicieron más grandes. Esos daños se registraron en fotografías y videos, pero esas imágenes no se difundieron entre los habitantes del inmueble. Jessica Mazón, por ejemplo, las miró hasta después del sismo del 19 de septiembre, cuando el edificio colapsó.

—En el chat de los vecinos comenzaron a difundir esas fotografías y videos. Había grietas muy grandes en los muros que estaban al fondo del estacionamiento, en la parte de la azotea donde estaban los cuartos donde vivía la portera y quien se encargaba de la limpieza del edificio. Eran áreas que no frecuentaba mucho la mayoría de los que ahí vivíamos. Cuando vimos eso, preguntamos por qué nadie nos había avisado. Nos enteramos que el edificio estaba dañado cuando colapsó.

El martes 19 de septiembre Jessica Mazón no estaba en su departamento. Por la fotografía que subió un vecino a las redes sociales se enteró que el edificio había colapsado. Cuando llegó al lugar miró, desde la calle, que algunos cuadros de su recamara y de la sala seguían en la pared. Horas después se enteró de que toda la parte de atrás de esa torre estaba destruida.

Durante el sismo del 7 de septiembre de 2017, el edificio de Enrique Rébsamen 241 sufrió daños, sobre todo, en la zona del estacionamiento y en la entrada.
Cortesía: Jessica Mazón

Ese día Rosario Acosta fue al edificio de Enrique Rébasamen 241 para auxiliar a quienes habían sido sus vecinos. Algunos de ellos lograron salir por la parte trasera del edificio. Otros, como la enfermera jubilada y la estudiante que estaba a unos días de titularse, quedaron atrapados en sus departamentos, porque cuando abrieron la puerta se encontraron con la escalera colapsada. Ellas salieron horas después, gracias a que algún vecino de la zona llevó una escalera.

Laura Ramos vivía en uno de los departamentos del cuarto piso. Sus vecinos aseguran que cada que temblaba, ella prefería ir a la azotea, porque le implicaba mucho tiempo bajar las escaleras y llegar a la calle.

A Laura nadie la encontraba. Su hija, Renata Ramos, difundió su fotografía en las redes sociales para tener noticias de ella. Dos días después del sismo, Renata grabó un video que se hizo viral; en él denunció que protección civil no permitía entrar a ningún rescatista, que ninguna autoridad realizaba acciones para buscar a su mamá.

Cinco días después, el cuerpo de Laura se encontró en el área donde colapsaron las escaleras.

Jessica Mazón, como la mayoría de sus vecinos, no recuperó casi nada de su departamento. Les dijeron que no podían entrar por su ropa y otras pertenencias, porque era peligroso. Pero días después, miró en la nube fotografías tomadas con sus dispositivos.

—Ese día no solamente perdí mis cosas, perdí mi hogar. No era dueña del departamento, yo rentaba, pero era mi hogar, el lugar que habitaba —comenta Jessica— Para quienes rentábamos no hubo ninguna atención, ninguna consideración. Si no eras dueño del departamento, no tenías derecho a opinar... Cuando los que rentábamos empezamos a reclamar de por qué nadie nos avisó que el edificio tenía daños por los sismos anteriores, nos sacaron del chat de vecinos.

Jessica renta un departamento cerca de donde antes vivía. Invirtió muchas semanas buscando un edificio que no se mirara inclinado y que no estuviera “reparado sólo por encima”.

Rosario Acosta ahora renta un departamento muy cerca del metro Lázaro Cárdenas. Tiene planes de dejarlo en unos meses, porque ha notado que el edificio no tiene el mantenimiento adecuado y ahí no se siente segura.

Ha pasado casi un año del sismo y Rosario recuerda que frente al edificio de Enrique Rébsamen era común que se formara un socavón. Los trabajadores de la delegación iban y lo tapaban. Poco tiempo después, se volvía a formar y se repetía la historia. Ella menciona lo que sucedía con el socavón para soltar la frase que le dejó el sismo del 19 de septiembre:

—Vivimos —dice Rosario— en una ciudad donde todo es pura simulación.

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Hasta el 19 de septiembre nos enteramos que cada que había un sismo fuerte, algo pasaba en este edificio”.

Jessica Mazón, rentaba el departamento 204.

Departamentos
nuevos e
inhabitables

Texto: Raúl Olmos

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Cuando se levantó esta torre de 21 departamentos sobre Eje Central 418, hubo errores e inconsistencias en la obra. Eso se conoció gracias al sismo que en septiembre de 2017 develó que ese edificio de la colonia Portales tenía fallas; quedó inhabitable antes de que todas sus viviendas fueran ocupadas.

Calle y número:

Eje Central Lázaro Cárdenas 418

Colonia:

Portales

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

2017

1

Los constructores del edificio Elite Apartments dieron información falsa a las autoridades para obtener permisos y ejecutar la obra. La torre de ocho pisos, ubicada en Eje Central 418, en la colonia Portales, fue concluida el 14 de julio de 2017 y a los dos meses colapsó parcialmente y sufrió daños en su estructura durante el sismo del 19 de septiembre.

En el momento del desastre estaban ocupados sólo nueve de los 21 departamentos, los cuales tuvieron que ser desalojados de inmediato debido al desplome de los muros interiores.

La constructora utilizó datos falsos.
Fotografía: Raúl Olmos

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consultó el expediente con base en el cual la delegación Benito Juárez autorizó la construcción del inmueble y detectó inconsistencias en los datos, así como en los cálculos y medidas.

Un peritaje de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la construcción se había realizado sin apego a la normatividad vigente ni a la licencia de obra, además de haberse detectado diferencias en el proyecto estructural, la memoria de cálculo y los planos.

La Procuraduría determinó que el inmueble sufrió daño “en 90 por ciento de su estructura”. Mientras que el diagnóstico realizado el día del sismo por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones concluyó que el edificio era inseguro y de riesgo alto, por lo que se requería apuntalarlo.

Sin embargo, los constructores presentaron dos dictámenes en los que aseguran que el edificio es estructuralmente confiable para volverlo a ocupar, y de hecho ya volvieron a levantar los muros interiores que se habían desplomado.

Uno de esos diagnósticos favorables a la empresa fue emitido días después del sismo por el Director Responsable de Obra (DRO) Mauricio Arturo Aguilera, quien es acusado por la Procuraduría de haber solapado la construcción irregular.

Información falsa en estudio de suelo

Mecánica de suelos del inmueble con datos erróneos.

El estudio de mecánica de suelos y la memoria arquitectónica entregadas a la delegación Benito Juárez son dos de los archivos que contienen información falsa o distorsionada, de acuerdo con una verificación realizada por MCCI.

En ambos casos se trata de datos que pudieron haber afectado la seguridad del edificio. En las páginas 187 y 188 correspondientes al estudio de mecánica de suelos, mencionan que la colindancia norte del terreno donde se construyó Elite Apartments era una casa de tres pisos, cuando en realidad junto al predio hay desde hace más de 10 años un edificio de departamentos de ocho niveles.

El mismo estudio menciona que al sur, el terreno colindaba con una casa de dos pisos, cuando lo que hay es una finca de un nivel parcialmente techada con lámina.

En un croquis y una tabla incluida en el expediente se detallan las falsas características de los inmuebles colindantes, e incluso se aportan datos de sus supuestas cimentaciones.

“Dadas las características de las estructuras que predominan en el sitio, se sabe que de forma típica los inmuebles de hasta dos niveles se encuentran cimentadas por medio de zapatas corridas de mampostería, que están desplantadas a no más de 1.5 metros de profundidad”, menciona el documento.

El estudio de mecánica de suelos es básico para garantizar que un edificio no se colapse o sufra daños en caso de un sismo, por ello la importancia de información fidedigna. Con ese análisis se determina la resistencia del terreno sobre el que se hará una construcción y es la base para determinar el tipo de cimentación.

De hecho, las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, vigentes desde octubre de 2004 en la Ciudad de México, establecen que, para garantizar la seguridad del inmueble a construir, el estudio de suelos debe incluir una investigación de las colindancias.

Así lucía Eje Central 418 en octubre de 2008. Imagen: Google Street View
Vista final de la construcción. Imagen: Google Street View

Dicha investigación abarca el tipo y las condiciones de cimentación de las obras cercanas en materia de estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y desplomes, para con esa información diseñar la cimentación del nuevo edificio.

“Es necesario investigar el tipo de cimentación de las estructuras adyacentes a la excavación, realizando un proyecto de protección a colindancias que contemple la recimentación o reforzamiento de los cimientos existentes, además de un proceso de excavación que no los ponga en riesgo. Lo anterior deberá estar incluido dentro del estudio de mecánica de suelos del predio”, advierte un estudio sobre el tema realizado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

No obstante, en el estudio de mecánica de suelos incluido en el expediente del edificio de Eje Central 418 no hay ningún análisis a profundidad de las colindancias.

Se usó información distorsionada sobre la zona sísmica.

Alteración en separación
de edificios

En la memoria arquitectónica descriptiva se encontró más información falsa que también pudiera afectar la seguridad del edificio y de los inmuebles colindantes.

En la página cinco de la memoria se reportó que el edificio estaba en la zona sísmica II, cuando en realidad se ubica en la zona IIIA, que es de alta sismicidad, de acuerdo con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Esta información distorsionada fue para determinar el espacio de separación con los inmuebles vecinos.

El Reglamento de Construcciones para el DF y las Normas Técnicas complementarias para diseño por sismo establecen que toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos a una distancia no menor de 50 milímetros (cinco centímetros), y el espacio aumentará de acuerdo con la altura del edificio y la zona de sismicidad en que se encuentre.

La normatividad indica tres parámetros o coeficientes sísmicos; el menor es para la zona I, que tiene terrenos más estables, mientras que el mayor es para la zona III, en donde antiguamente se encontraban lagos y que actualmente tienen en el subsuelo depósitos lacustres y superficie más blanda que favorecen la amplificación de las ondas sísmicas.

En la zona III la separación entre edificios debe ser mayor que en las zonas I y II, porque hay más riesgo de que choquen entre sí en caso de sismo. Por ello, es grave que se hayan modificado los parámetros para el inmueble.

La memoria arquitectónica entregada por Elite Apartments a las autoridades asegura que se cumplió con el reglamento y la normatividad para la separación de edificaciones, aunque al revisar la fórmula utilizada se aprecia que se utilizaron parámetros distorsionados.

En la fórmula se utilizó el coeficiente sísmico de la zona II, que es de 0.009, y no el de la zona III, que es de 0.012. Esta medida se debe multiplicar por la altura del edificio, desde nivel de terreno. En el caso del inmueble de Eje Central 418 es de 22.15 metros. El resultado de esa fórmula para la zona III fue de 0.2658, que equivale a 26 centímetros de separación entre edificios, mientras que al usar el coeficiente de la zona II el resultado fue de 20.

La carpeta de investigación

Por las irregularidades detectadas, la Procuraduría inició una carpeta de investigación por los delitos de fraude y responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO), Mauricio Ortega Aguilera.

Además, un oficio fechado el 7 de marzo de 2018, firmado por la agente del Ministerio Público Eunice Pérez Mercado, refiere que se había iniciado una carpeta de investigación también por homicidio, aunque hasta ahora se desconoce si hubo víctimas en ese edificio.

El Código Penal para la Ciudad de México establece, en su artículo 329 Bis, que se le impondrá de cuatro a seis años de prisión al Director Responsable de Obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial.

La misma sanción se le impondrá al dueño del inmueble, su representante legal o el constructor, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la normatividad.

En el caso del edificio Elite Apartments, elementos de la Procuraduría detuvieron en noviembre de 2017 al Director Responsable de Obra (DRO), Mauricio Arturo Aguilera, y al Corresponsable en Seguridad Estructural, Manuel Morán Garza, al encontrar elementos de posible delito.

“El dictamen pericial en arquitectura establece que el proyecto estructural y memoria de cálculo no corresponden al tipo de estructura construida, la especificación en planos no corresponde a la realidad. Además de que hay diferencias entre la obra ejecutada y los planos realizados”, detalló la Procuraduría en un informe del 9 de noviembre de 2017.

Con estos elementos se logró establecer la responsabilidad penal del DRO y del Corresponsable en Seguridad Estructural por haber autorizado la obra sin apego a la licencia de construcción y a las normas vigentes.

Ambos firmaron cartas responsivas, el 4 de junio de 2015, en las que se comprometieron a respetar y cumplir los lineamientos, además de hacerse responsables de la seguridad estructural del inmueble, de que se siguiera el correcto proceso de edificación y de que el proyecto de obra cumpliera con todos los requisitos previstos en la normatividad.

La constructora logró acuerdos reparatorios con los vecinos.

El 14 de julio de 2017, el DRO y su corresponsable informaron la terminación de la obra. Pero a los dos meses con cinco días, el edificio que habían supervisado sufrió desplome parcial y a partir de ello se fincaron responsabilidades penales en su contra.

Sin embargo, la unidad de mediación de la Procuraduría en la delegación Benito Juárez celebró acuerdos reparatorios el 22 de febrero y el 2 de marzo de 2018 con los vecinos afectados para desistir de la acción penal, según consta en el expediente 0116-UM-BJ-1/2018-PGJDF.

Informes contradictorios

En contradicción con el peritaje de la Procuraduría, los inversionistas de Elite Apartments han presentado dos dictámenes en los que se asegura que el edificio es estructuralmente confiable.

El DRO del edificio –el mismo que está acusado por la Procuraduría— fue quien realizó uno de los dictámenes en los días inmediatos al sismo.

“No existen deformaciones verticales y/o laterales, ni fisuramientos en elementos estructurales como son losas, trabes principales/secundarias y columnas”, aseguró en su informe el ingeniero Mauricio Arturo Aguilera.

Dos semanas después del sismo, un DRO consideró que el inmueble sí es “estructuralmente confiable”.
Fotografía: Raúl Olmos

En donde sí reportó daños “de leve a mayor” fue en los muros divisorios realizados con tablaroca, durok y tabique y block, por lo que recomendó removerlos de inmediato.

“Se reitera que la estructura principal a base de marcos reticulares de concreto reforzado en ambas direcciones perpendiculares de columnas, trabes y losas de concreto armado no sufrió ningún daño”, añadió en su reporte.

Con base en este dictamen, el apoderado legal de la constructora, Abraham Darwish, solicitó al director de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, René Aridjis Vázquez, autorización para iniciar obras de reparación del edificio, por el riesgo de un desprendimiento en fachadas principales y posteriores.

A los siete días del sismo, el funcionario avaló que se continuara con la reparación del edificio. “Esta autoridad considera pertinente que el proyecto continúe con su proceso constructivo, en virtud de lo declarado y de conformidad con lo señalado por el DRO y el Corresponsable en Seguridad Estructural”, autorizó el 26 de septiembre de 2017.

En ese momento, sin embargo, la Procuraduría apenas estaba en curso de investigar las causas del desplome. Fue hasta medio año después, el 7 de marzo de 2018, cuando la agente del Ministerio Público Eunice Pérez hizo entrega del inmueble, una vez que había concluido las diligencias en el mismo para integrar la carpeta de investigación. Y sólo hasta entonces autorizó iniciar las medidas de mitigación de riesgos del edificio.

Otro dictamen que descartaba daño estructural del edificio fue presentado por los constructores el 1 de octubre de 2017, a las dos semanas del sismo.

“Después de la inspección ocular a todo el inmueble, sí cumple con las condiciones de seguridad estructural para lo que fue diseñado como edificio de departamentos”, aseguró el arquitecto Rubén Prado Camacho, con número de DRO 1860. “El inmueble sí es estructuralmente confiable”, añadió.

Al igual que su colega que hizo el anterior estudio, lo que observó en la visita de inspección es que todos los muros estaban en mal estado.

Planta baja débil

Un diagnóstico del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, elaborado el 19 de diciembre de 2017, identificó que el edificio presenta planta baja débil debido a la existencia de accesos al estacionamiento en la fachada principal.

La institución recomendó que un especialista debe evaluar el inmueble, en sus desplazamientos laterales generados por un sismo y verificar que estos se encuentren dentro de los límites establecidos en el Reglamento de Construcciones.

En distintos estudios, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha advertido de los riesgos de construir edificios con planta baja débil, e incluso ha demostrado gráficamente que son uno de los factores de derrumbes en sismos en todo el mundo.

En un documento difundido en septiembre de 2012, para recordar los 27 años del sismo de 1985, la dependencia federal advirtió: “En edificios construidos en zonas sísmicas se debe evitar la ausencia de muros en planta baja y la sustitución de éstos por columnas delgadas (…) En estos casos se genera una “planta baja débil o flexible” que concentrará elevados esfuerzos en la planta baja, pudiendo comprometer la estabilidad general del inmueble”.

Sin embargo, pese a los riesgos no hay un reglamento o ley que prohíba totalmente este tipo de construcción. Hasta el pasado 15 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó una nueva normatividad en la que se endurecen los criterios de construcción, para evitar la llamada “planta baja débil”.

El edificio
que aprobó
el hoy asesor
de Seduvi

Texto: Valeria Durán

Video: Gloria Hernández

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Fue después del sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando los dueños de los departamentos de Eje Central 526 se enteraron de la fragilidad de su edificio con menos de diez años de haber sido estrenado. En su construcción no se utilizó todo el acero necesario, el proyecto estructural tenía fallas y lo que se edificó no correspondía a lo que señalaban los planos. Aun así, el Director Responsable de Obra, Fernando Méndez Bernal, aprobó el inmueble. Ahora, él es asesor del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Calle y número:

Eje Central Lázaro Cárdenas 526

Colonia:

Portales

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

2006 a 2008

1

En 2009, Rubén Pablos Soto y su familia se mudaron a su nuevo departamento en Eje Central 526 sin saber que habían invertido en un edificio mal construido. Lo mismo les sucedió a otras cuatro familias que llegaron a la par. Se enteraron de ello después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuando todos los muros de sus viviendas se llenaron de grietas y varias columnas se debilitaron.

Rubén Pablos —un jubilado de 72 años— consiguió un préstamo bancario por 1.6 millones de pesos para pagar el departamento que la empresa Vívelo publicitó con anuncios en la calle. La apuesta no parecía mala: un edificio nuevo, con tan sólo cinco departamentos de 106.47 metros cuadrados cada uno y planta baja como estacionamiento.

El día del sismo, Rubén Pablos Soto, su esposa, su hijo y la novia de éste estaban en casa cuando inició el terremoto. Las paredes empezaron a cuartearse, todo se destrozaba y el edificio crujía. Mientras huían, las escaleras se partían a su paso.

—Nos cruzamos la calle y, desde ahí, vimos como el edificio se sacudía. Se escuchaba el ruido de las cosas que se caían —recordó Rubén Pablos en mayo de 2018.

2
Los daños en la fachada del edificio fueron cubiertos con costales.
Fotografía: Gloria Hernández
Interior de uno de los departamentos antes de que se dañaran por el sismo.
Cortesía: Rubén Pablos Soto

El edificio de Eje Central 526, en la colonia Portales, quedó con daños severos en columnas del primer y segundo piso, con fisuras en el resto de las columnas, con la “total destrucción” de los muros y con afectaciones en elementos no estructurales, de acuerdo con evaluaciones postsísmicas realizadas por los ingenieros Humberto González Ortiz y Alfredo Mendizabal, el 17 de octubre y el 2 de noviembre, respectivamente.

Con errores desde su concepción

Acta constitutiva de la empresa Vívelo en Eje Central 526.

Para construir y vender los departamentos se conformó una empresa sólo para ello.

El 17 de febrero de 2006 se creó Vívelo en Eje Central 526, S.A. de C.V., los accionistas que se registraron fueron José Alfonso Cervantes Riba, Alejandro Peñaloza Garza y el Grupo Inmobiliario Vívelo, con la mayor parte de las acciones.

Esta empresa, Grupo Inmobiliario Vívelo, tiene como accionistas a Mónica Cortina del Valle, Genaro Kim Villatoro y Santiago Legorreta Cortina. Su administrador único es Alejandro Joaquín Legorreta Chauvet.

Acta donde se registra la venta del terreno de Eje Central 526.

Dos meses después de constituirse, el 26 de abril del 2006, Vívelo en Eje Central 526 S.A. de C.V. concretó la compra del terreno en la colonia Portales por 1 millón 230 mil pesos.

Cinco meses después, la constructora consiguió un préstamo por 4 millones 442 mil pesos a través de Hipotecaria Su Casita, como se señala en documentos del Registro Público de la Propiedad de la CDMX.

Manifestación de Construcción donde aparece Fernando Méndez Bernal como DRO.
Identificación de Fernando Méndez Bernal como DRO.

Casi al mismo tiempo comenzaron las obras en el terreno, de acuerdo con la Manifestación de Construcción que se registró en la delegación Benito Juárez el 4 de septiembre de 2006, y en donde el ingeniero Fernando Méndez Bernal aparece como el Director Responsable de Obra (DRO).

Después del terremoto de 1985 se creó la figura de los DRO, para que fueran auxiliares de la administración pública y se encargaran de vigilar que las construcciones cumplieran con el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Para ser DRO se requiere tener una autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Así que Fernando Méndez Bernal fue el responsable de verificar que la construcción de Eje Central Lázaro Cárdenas 526 cumpliera con todo lo establecido en la ley. Después del sismo del 19 de septiembre, surgieron evidencias de que el edificio tenía varias irregularidades y deficiencias en su construcción.

Rubén Pablos Soto y sus vecinos obtuvieron el documento que GMA Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V. realizó para reforzar la estructura del edificio, un estudio que encargó la empresa Vívelo Arquitectos S.A. de C.V. que, a unos días del sismo, envió al inmueble a tres personas para apuntalar las columnas con más daños.

Observaciones que la empresa GMA Arquitectura e Ingenieria entregó a la constructora Vívelo en Eje Central 526, donde se señalan las irregularidades en la construcción del edificio.

En el documento de GMA Arquitectura e Ingeniería —del cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia— se señala que en Eje Central Lázaro Cárdenas 526 se construyó algo que no coincide del todo con los planos y con la memoria de cálculo que se entregó a la delegación cuando se registró la obra.

Por ejemplo, en los documentos se señaló que ciertos muros eran de carga, pero “durante la visita al sitio y las pláticas de trabajo que se han tenido se ha manifestado que los muros son de relleno”.

También se menciona que “existe una incongruencia entre las cargas consideradas en el peso de la losa reticular y la que se lee en los planos estructurales”. Además, al hacer un análisis de la memoria de cálculo, concluyen que “no fue bien concebido el proyecto, a lo cual se suma la ejecución de obra donde se modificaron las piezas de muros y los recubrimientos del concreto”. Y se resalta que ninguna columna cumplió con la cantidad de acero requerida.

El muro posterior del edificio tuvo que ser retirado por completo debido a los fuertes daños que registró la estructura tras el sismo del 19S.
Fotografía: Isabel Mateos

El DRO que ahora es asesor en Seduvi

El que no se haya concebido en forma adecuada el proyecto estructural implica, entre otras cosas, que se cometieron errores en el cálculo sobre la resistencia del inmueble ante sismos.

Dos ingenieros estructuralistas consultados por MCCI coincidieron en que el edificio no fue preparado para el peor escenario posible, toda vez que hubo un cálculo erróneo entre algunas variables como las horas de ocupación máxima, el número de personas que habitarían ahí y el menaje de las casas, de acuerdo con los expertos.

El documento de GMA Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V resalta que en la memoria de cálculo se señaló que el destino del edificio sería de oficinas, lo cual modifica aún más los criterios mínimos necesarios que impone la legislación de construcciones de la Ciudad de México.

En suma, el proyecto no debió ser aprobado.

Dictamen realizado por GMA Arquitectura e Ingeniería.

MCCI entrevistó al DRO Fernando Méndez Bernal, quien aseguró que en el edificio de Eje Central Lázaro Cárdenas 526, “el proceso constructivo era el adecuado. Yo no noté ningún problema… Los materiales eran los adecuados para el procedimiento. Al final de cuentas, la labor de un DRO es ir a revisar una vez a la semana o una vez cada dos semanas, no estar todo el tiempo, pero en general la obra parecía limpia, estaba bien”.

—¿Revisó la memoria de cálculo? –se le preguntó

—No está dentro de nuestras funciones el revisar las memorias de cálculo con un programa computacional... Lo que uno revisa son los factores que se utilizaron.

—¿Entonces no hay una revisión al cien por ciento, no se está verificando que esté bien?

—No, porque entonces nosotros estaríamos haciendo el trabajo que hace el calculista.

—¿El DRO no verifica que el proyecto estructural esté bien hecho? —se le insistió.

—No…Verifica los parámetros, que los factores (que se incluyen en la Memoria de Cálculo) cumplan con la normatividad… un DRO verifica que está cumpliendo lo que dice el propio reglamento.

—Pero el edificio no cumplía con el reglamento en varias cosas, de acuerdo con lo que señala el peritaje al cual se tuvo acceso.

—Hay diversos dictámenes. Yo tengo otro dictamen del mismo inmueble y en el que habla de otro tipo de situaciones que pasaron en ese edificio. —señaló Méndez Bernal, sin mostrar ese peritaje del que habló.

—El peritaje que nosotros tenemos señala que en los planos se mencionaba que había muros de carga, pero en el edificio se colocaron “muros de relleno”, ¿cómo explica eso?

—El constructor sí hizo ajustes durante el proceso de construcción… Si a mí me preguntas: “¿fuiste enterado de esto?” No fui enterado en su momento de ese ajuste que se hizo en el proceso de construcción.

—¿No siente ninguna responsabilidad pese a la construcción mal hecha?

—No. Los factores que yo revisé eran los adecuados y esos estaban cumpliendo.

—En el gremio de los DRO se conoce como “firmones” a quienes sólo firman los documentos sin realmente revisar el desarrollo de una construcción, ¿usted fue un “firmón”?

—Si te vas a investigar, yo tengo fama de ser un DRO muy estricto… Si aún siendo estricto llegan a pasar cosas como estas, imagínate. Lo que está pasando es una situación atípica y la estoy tomando así.

Fernando Méndez Bernal aparece en el directorio de Seduvi como el asesor del Secretario.

El artículo 35, del Reglamento de Construcciones del DF de 2004 —el que estaba vigente cuando se construyó el edificio— señala que en caso de que los propietarios de la obra no cumplieran con lo establecido en la ley, el DRO tendría que notificarlo a la delegación. Esto no sucedió.

MCCI solicitó a la delegación Benito Juárez todos los documentos relacionados con la construcción del edificio de Eje Central Lázaro Cárdenas 526; en el expediente que se entregó el único papel que tiene la firma de Fernando Méndez Bernal es la Manifestación de Construcción.

De acuerdo con el mismo Reglamento de Construcciones del DF de 2004, la responsabilidad de los DRO termina a los diez años contados a partir de la fecha en que se expidió la autorización de uso y ocupación. En el expediente que la delegación entregó sobre esta obra no se encontraba el aviso de terminación de obra ni la autorización de uso y ocupación del edificio. Pese a que Fernando Méndez Bernal asegura que sí se tramitaron estos documentos y aunque dice no recordar la fecha exacta en que se ingresaron a la delegación, señala que fue alrededor del 2008.

Fernando Méndez Bernal fue presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, entre 2012 y 2014. También ha sido funcionario público. Entre enero de 2015 y principios de 2017 fue el director general de administración urbana en la Seduvi. Cuando ocurrió el sismo, Méndez Bernal ya era asesor de Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de Seduvi.

Hoy nace una constructora; mañana, otra

En esta historia hay, por lo menos, tres empresas involucradas que han pertenecido al mismo grupo: Vívelo en Eje Central 526 S.A. de C.V. —la que hizo el edificio dañado—, Grupo Inmobiliario Vívelo y Vívelo Arquitectos.

Cuando se terminó la construcción del edificio y se vendieron los departamentos, la empresa Vívelo en Eje Central 526 SA de CV se liquidó. Eso sucedió el 22 de abril de 2013. La liquidación se realizó por petición de Santiago Gregorio Legorreta Cortina, apoderado legal de la constructora y también del Grupo Inmobiliario Vívelo SA de CV.

Acta en la que se registró la liquidación de la empresa Vívelo en Eje Central 526.

Ambas empresas también comparten al administrador único, Alejandro Joaquín Legorreta Chauvet; y al comisario, Julio César Torres Solís.

El 18 de febrero de 2010, Santiago Gregorio Legorreta Cortina y Genaro Kim Villatoro crearon Vívelo Arquitectos, S.A. de C.V.

Una de las direcciones que registró Vívelo en Eje Central 526 S.A de C.V. fue Avenida Jalisco 180, piso 1, en la colonia Tacubaya; el 16 de agosto de 2018, MCCI acudió a esa lugar, en donde el personal de seguridad informó que, desde hace aproximadamente tres años, los representantes de la empresa dejaron esas oficinas.

El 6 de abril de 2018, personal de este grupo inmobiliario pegó en una pared del edificio un aviso de realización de obra, otorgado por la Delegación Benito Juárez, para reforzar la estructura del inmueble. Los trabajos, según informaron a los vecinos, durarían tres meses. Eso no sucedió, hasta agosto de 2018 los trabajos de reconstrucción continuaban.

Los vecinos afirmaron que la constructora responsable incluso les pidió que comenzaran a gestionar recursos para seguir con los pagos de la obra, ya que a la empresa “se le había acabado el dinero”.

A un año del sismo, Rubén Pablos Soto y sus vecinos siguen sin poder regresar a sus departamentos.

Imagen que muestra los daños al interior de los departamentos.
Fotografía: Valeria Durán

—La constructora se niega a respondernos, es más, no responden ni los mensajes por whats. Hemos agendado dos juntas con ellos; la primera la cancelaron y en la otra no se presentaron —explicó Rubén Pablos.

—¿La constructora ha reconocido que hizo mal el edificio?

— Ellos no van a reconocer que tienen la culpa de lo que aquí sucedió. No en vano es por lo que están aquí trabajando. Es porque saben los errores en los que incurrieron.

Pese a todas las anomalías, hasta ahora los vecinos no quieren denunciar a la constructora. Temen que una denuncia pública pueda ocasionar que se pare de manera definitiva la obra.

Sin embargo, en algunos de ellos hay dudas sobre el proyecto de reconstrucción para el edificio y los materiales que están utilizando.

—Necesitamos que un especialista esté supervisando constantemente la obra. Aunque ya tenemos la experiencia con el DRO original, quien se prestó para que las cosas no se hicieran bien y ahora trabaja en SEDUVI. Entonces, ¿qué confianza podemos tener en otro DRO? —pregunta Rubén Pablos Soto.

La vida después del sismo

A pesar de las afectaciones que tiene el edificio de Eje Central Lázaro Cárdenas 526, fue hasta abril del 2018 cuando se registró en la Plataforma CDMX, donde el gobierno de la Ciudad de México concentra los dictámenes sobre los edificios dañados en el sismo.

—Entrar a la plataforma fue toda una odisea. Solicitamos revisiones de más de un DRO, hasta que nos dijeron quién era el ingeniero indicado del Instituto para la Seguridad de las Construcciones —explicó Rubén Pablos Soto.

Vista aérea del edificio ubicado en Eje Central 526.
Fotografía: Isabel Mateos

Tras el apoyo que obtuvieron para tres meses de renta, los afectados tuvieron que buscar opciones de vivienda, algunos rentando, otros viviendo con familiares o amigos.

Rubén Pablos y su esposa viven con una cuñada. Él diario visita su antiguo hogar. De lunes a sábado, pasa algunas horas en el inmueble.

—Entiendo que no todos los que vivíamos aquí pueden estar diario (en el edificio). Soy jubilado y siento que debo dedicar mi tiempo a supervisar. Vengo para ver si hay correspondencia y principalmente para ver si vienen a trabajar los dos empleados de la constructora. Son sólo dos y decían que iban a acabar en julio, pero con sólo dos personas fue imposible.

Rubén quisiera que ya acabara la pesadilla. Él mismo cataloga lo que ha vivido como la que podría ser la última de sus batallas. Una batalla que no piensa perder y en la que la única opción aceptable es conseguir un patrimonio realmente seguro.

Las columnas del edificio tuvieron que ser reforzadas para evitar que la estructura debilitada colapsara.
Fotografía: Gloria Hernández

Un ingeniero,
tres edificios
colapsados

texto: Claudio González Caraza.
video: Lucía Vergara.

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Estos inmuebles tienen varias cosas en común: se edificaron entre 1978 y 1982, los tres cayeron durante un sismo y en los documentos que hay sobre ellos aparece el nombre de un mismo ingeniero. Uno se derrumbó el 19 de septiembre de 1985; los otros dos colapsaron exactamente 32 años después. Este ingeniero —quien asegura que su firma fue falsificada— sigue activo como Corresponsable de Seguridad Estructural de distintos edificios que se construyen en la Ciudad de México.

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Todos los días, a la una de la tarde, Lorna Martínez Skossowska se instalaba en su estudio para trabajar en su más reciente novela. Desde su escritorio tenía una vista privilegiada a las copas de los árboles afuera del edificio número 107 de la avenida Ámsterdam, en la colonia Hipódromo de la Ciudad de México. El 19 de septiembre del 2017 no fue la excepción.

Ese martes, la escritora de 87 años esperaba al profesor que la ayudaba en el manejo de su computadora. A la 1:10 de la tarde su maestro aún no había tocado el timbre; Lorna le pidió a Constanza López, quien trabajaba con ella desde hace siete años, que le sirviera un whisky en las rocas. Cuatro minutos más tarde, el suelo se movió.

—¡Mi whisky! —exclamó Lorna, justo cuando su retrato, donde ella lucía joven con un vestido de terciopelo guinda, cayó al piso.

—¡Vámonos señora! —le dijo Constanza, quien ya había servido el vaso con el whisky.

—No, no voy a bajar. ¡Córrele…! —Lorna sabía que no tenía la velocidad necesaria para desalojar el edificio. Su edad no era lo único que se lo impedía. Semanas antes se había caído y eso limitaba sus movimientos.

Al ver que algunas paredes comenzaban a cuartearse, Constanza tomó su celular y salió corriendo del departamento. Al bajar las escaleras del segundo piso, se tropezó; pero eso no le impidió llegar a tiempo al camellón de avenida Ámsterdam. Nadie salió del edificio después de ella. Pocos segundos después, la construcción colapsó.

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El inmueble de nueve niveles, construido en 1980, se desplomó en dirección noreste. Sólo se mantuvo en pie la planta baja, los otros ocho pisos quedaron como si fueran grandes fichas de dominó derrumbadas sobre la calle, aplastando tres coches y quebrando varios árboles. Fallecieron siete personas dentro del edificio, entre ellas Lorna.

En la licencia de construcción —que la delegación Cuauhtémoc entregó como respuesta a una solicitud de información— el nombre del ingeniero Max Tenenbaum Rosenfeld aparece como el perito que supervisó la construcción del edificio donde vivía Lorna, el número 107 de la avenida Ámsterdam.

Por el colapso del edificio de Ámsterdam 107 fallecieron siete personas.
Fotografía: Cuartoscuro

Además de ese edificio, hay otros dos que también colapsaron durante un sismo y cuyos documentos tienen el nombre de Max Tenenbaum como el ingeniero responsable del diseño de la estructura o de la supervisión de la construcción. Uno de ellos, el ubicado en el número 12 de la calle de Tehuantepec, cayó el 19 de septiembre de 1985; el otro, el número 4 de la calle de Edimburgo, se vino abajo el mismo día, pero 32 años después.

Licencia para Ámsterdam 107. La firma es de Tenenbaum.

El colapso de estos tres edificios causó la muerte de, por lo menos, 147 personas.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) habló con Max Tenenbaum en dos ocasiones. En la primera entrevista, por vía telefónica el 2 de julio de este año, el ingeniero aceptó que diseñó el edificio colapsado en 1985, pero negó haber estado involucrado con los inmuebles colapsados en el sismo del 2017.

—No tengo nada que ver con esos edificios. El temblor fue hace casi diez meses. Ya me hubieran llamado… Y además ni siquiera me acuerdo de esos edificios—dijo Tenenbaum.

—¿En cuántos edificios trabajó entre 1975 y 1982? —Fue en ese periodo cuando se construyeron los tres edificios que colapsaron y que involucran a Tenenbaum.

— Mire, yo he hecho más de mil 500 edificios desde 1960.

El 5 de julio del 2018, MCCI se reunió con Tenenbaum. En esa segunda entrevista, el ingeniero negó una vez más haber sido el perito de la construcción de los dos edificios colapsados en el sismo del 2017.

Al mostrarle la licencia de construcción de Ámsterdam 107, Tenenbaum aseguró que su firma había sido falsificada.

—Esa no es mi firma —repitió en varias ocasiones.

Uno de los planos para Edimburgo 4.

MCCI le solicitó copias de licencias de construcción firmadas por él en esos mismos años, así como de manifestaciones de construcción de fechas recientes. Hasta al cierre de este reportaje, no se había recibido documentación alguna.

También se le mostraron los planos del edificio de Edimburgo 4, en donde el nombre del perito aparece impreso como “Max Tenembaum R”. Al ver eso, el ingeniero señaló que su nombre está mal escrito ya que en lugar de la segunda “N” hay una “M”. Los planos no los realiza el perito, los hace el encargado de diseñar la estructura.

La historia se repite

Max Tenenbaum se recibió como ingeniero civil de la UNAM en 1968; tres años después ingresó al Colegio de Ingenieros Civiles de México.

En 1978 Max Tenenbaum y el arquitecto Abelardo Meneses Vara fueron los responsables del diseño y la construcción de un edificio en el número 12 de la calle de Tehuantepec, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. Durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, este inmueble colapsó. Entre sus escombros quedaron sepultadas más de 120 personas, de acuerdo con información publicada por The New York Times en noviembre de 1986.

Uno de los inquilinos de Tehuantepec 12, el ingeniero estructuralista Raúl Pérez Pereyra, investigó las causas del colapso. En el derrumbe del edificio fallecieron su esposa, su hija y dos de sus nietos.

Pérez Pereyra, especialista en el diseño de edificios altos, organizó un equipo de expertos para realizar la investigación. Fueron ellos quienes, de entre los escombros, tomaron muestras de concreto, las analizaron y encontraron que el ingeniero Tenenbaum utilizó muy poco acero en las columnas que sostenían a la estructura.

Tras un año de investigación, Pérez Pereyra y su equipo descubrieron que Tenenbaum y Meneses incumplieron 43 de las 45 normas que estipulaba el Reglamento de Construcción de ese entonces. Con base en esa investigación, la procuraduría giró órdenes de aprehensión contra Tenenbaum y Meneses.

Así se publico el reportaje en la edición del 29 de noviembre de 1986 del NYT.
Imagen tomada de The New York Times.

Según el reportaje publicado en The New York Times, en noviembre de 1986, Tenenbaum y Menseses se fugaron del país. Hasta ese momento, esas dos órdenes de aprehensión eran las únicas que se habían emitido por los hechos del sismo de 1985. “Más de un año después del sismo, el gobierno mexicano ha dejado claro que investigar las causas del colapso de edificios es una prioridad baja”, escribió en ese entonces el reportero William Stockton.

En la primera entrevista con Tenenbaum, éste aseguró a MCCI que nunca hubo una orden de aprehensión y que, por lo tanto, no se había fugado del país. Tres días más tarde, en la segunda entrevista, el ingeniero aceptó que sí se fugó:

—La verdad no sé si hubo órdenes (de aprehensión), pero nunca fueron a buscarme.

—¿Usted salió del país? —se le preguntó una vez más.

—Sí, sí salí del país… Es que mis amigos me dijeron: “Max, vete por si las dudas”.

—¿A dónde se fue?

—Me fui a Los Ángeles.

El ingeniero Tenenbaum acepta que él realizó el diseño estructural del edificio de Tehuantepec, número 12. Pero, asegura, que los encargados de construir el edificio no cumplieron con las indicaciones señaladas en los planos. En ese edificio, remarca: “no fui perito ni corresponsable ni nada. A mi nunca me dijeron ve a revisar, ¿yo por qué tenía que ir a revisar si no era el perito?”

—¿Qué pasó con Abelardo Meneses?

—Me dijo el dueño (del edificio) que se fue a Aguascalientes.

—¿Meneses no fue a la cárcel?

—Nunca entró… El dueño del edificio era muy amigo de ¿cómo se llamaba el presidente de entonces?

—Miguel de la Madrid.

—Sí, de la Madrid.

Nuevo sistema, viejos vicios

El sismo del 19 de septiembre de 1985 dejó claro que el sistema de verificación de las construcciones tenía que cambiar. El gobierno dio de baja a todos los peritos y comenzó a trabajar con ingenieros, tanto académicos como practicantes, para crear un nuevo sistema.

Se reconoció como un exceso que una sola persona (el perito o Director Responsable de Obra) se encargara de todos los aspectos estructurales de una edificación, entonces se creó una figura adicional: la del Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE).

El CSE sería el encargado de verificar que los planos del edificio cumplieran con las normas de seguridad estructural, mientras que el DRO se haría responsable de que la construcción se apegara a los planos y a la normatividad. Este nuevo sistema entró en marcha con el reglamento de construcción de 1987.

El 9 de noviembre de 1988, tan sólo tres años después del colapso del edificio de Tehuantepec 12, Max Tenenbaum tramitó su carnet como CSE. Unos meses más tarde, el 17 de mayo de 1989, Tenenbaum también recibió su carnet como DRO. Tanto los Corresponsables de Seguridad Estructural, como los Directores Responsables de Obra, son considerados “auxiliares de la autoridad pública”, según la propia Secretaría de Desarrollo Urbana y Vivienda (Seduvi), dependencia que emite los carnets.

La licencia de Tenenbaum como DRO sigue vigente.

De acuerdo con varios ingenieros consultados, Max Tenenbaum incluso formó parte de los esfuerzos de reconstrucción tras el sismo de 1985. Participó, por ejemplo, en un panel de expertos que se realizó en marzo de 1989 y en donde se discutieron los avances en la reconstrucción y la necesidad de hacer adecuaciones a las normas de construcción.

Aunque el nuevo sistema de DROs y CSEs buscó separar en dos la figura del perito, en la práctica esto no siempre sucede. Tenenbaum es, por ejemplo, tanto el DRO como el CSE para un edificio de seis niveles que se construye en el número 40 de la calle de Ohio, en la colonia Nápoles. Lo mismo en el inmueble de 12 niveles que se levanta en el número 41 de Havre, en la colonia Juárez.

Hasta que se publicó el nuevo Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, en diciembre del 2017, la ley no impedía que la misma persona diseñara la estructura de un edificio, revisara su idoneidad (CSE) y se encargara de que no se escatimara en materiales al momento de la construcción (DRO).

Ese no es el único vicio que permite el sistema implementado tras el sismo de 1985. Los desarrolladores son quienes contratan y les pagan a los DROs y a los CSEs. Si un CSE sugiere que se necesita más acero para reforzar la estructura, el desarrollador estaría en libertad de despedir a ese CSE y contratar a otro. Esto dio pie a la creación de un mercado de DROs y CSEs que cobran barato por firmar planos y otros documentos que los desarrolladores les presentan sin hacer una revisión a cabalidad. Son conocidos, tanto por desarrolladores como por las autoridades, como “firmones”.

En junio del 2016 el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera promulgó un decreto modificando el reglamento de construcciones, con el objetivo de eliminar este conflicto de intereses. Sin embargo, tan sólo cinco meses después, en noviembre del 2016, Mancera suspendió los nuevos artículos.

Este vicio del sistema creado en 1987 no fue corregido por el nuevo reglamento de diciembre del 2017. Hasta ahora son los desarrolladores quienes escogen y contratan a su DRO y al CSE.

Más colapsos

El edificio donde vivía la escritora Lorna Martínez Skossowska, el de avenida Ámsterdam 107, no fue el único que colapsó el 19 de septiembre de 2017 y en donde aparece el nombre de Tenenbaum.

En la colonia Del Valle, el edificio ubicado en el número 4 de la calle de Edimburgo también se derrumbó. De acuerdo con vecinos del inmueble el colapso causó la muerte de, por lo menos, 16 personas: diez que vivían en el lugar, dos trabajadores de una empresa de mudanza que se encontraban dentro, una persona que caminaba por la calle y tres pasajeros de un taxi que fue aplastado por los restos de la construcción. Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) no ha publicado cifras oficiales del número de fallecidos.

Adolfo Nieto, ingeniero mecánico de 38 años, perdió a su padre en ese edificio.

Cálculos de ingeniería de Edimburgo 4.

Leopoldo Nieto, de 66 años, se jubiló un año antes del sismo, después de una carrera de 34 años en el Instituto Mexicano del Servicio Social (IMSS). En el IMSS se especializaba en investigación sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA).

Leopoldo compró su departamento en la torre de nueve pisos en 1982, dos años después de que se construyó el edificio. En el sismo de septiembre de 1985 se rompió un muro que se reparó, pero no hubo daños graves.

Ni los habitantes de Ámsterdam 107 ni los de Edimburgo 4 sabían que sus edificios tenían en común el nombre de un ingeniero que ya tenía en su historial un inmueble colapsado en el sismo de 1985 y que, por ello, había sido sujeto de una orden de aprehensión.

Estos edificios, tanto el de Ámsterdam 107 y el de Edimburgo 4, fueron constituidos en régimen de propiedad en condominio por las mismas cuatro personas, según documentos del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Se trata de Isaac Marcos Chamah, Alberto Marcos Chamah, Ruth Misri Zonana y Iafa Cohen Shemtov.

En la segunda entrevista con MCCI, el ingeniero Max Tenenbaum admitió que trabajó con la familia Marcos Chamah; pero aseguró que no colaboró en ninguno de los dos edificios colapsados en el sismo de 2017. Además, insistió en que las firmas que aparecen en los documentos de estos dos inmuebles son falsas.

MCCI no logró contactar ni a Issac ni a Alberto Marcos Chamah. El ingeniero Tenembaum dijo ya no tener contacto con ellos. También se les buscó, sin suerte, a través de diversos desarrolladores y arquitectos.

Los edificios de avenida Ámsterdam y de la calle de Edimburgo tienen otras semejanzas. Además de tener un perfil arquitectónico similar —con fachadas asimétricas y balcones rectangulares en cada nivel—los dos inmuebles se encontraban en esquina y tenían un estacionamiento en la planta baja.

Las imágenes de los edificios tras el colapso también presentan similitudes. Los dos inmuebles se torcieron y colapsaron hacia la calle, con sus escombros extendiéndose varios metros desde la base del edificio.

Ámsterdam 107 (izq.) y Edimburgo 4 (der.) tenían similitudes en el colapso.
Fotografía: Mario Vázquez de la Torre

El ingeniero José Luis Trigos —quien ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 1970, donde impartió la clase de Ingeniería Sísmica durante 30 años— resalta que estas no son las únicas estructuras en las que Tenenbaum ha participado como ingeniero y que han quedado a deber en la calidad de su edificación.

En entrevista, el ingeniero Trigos lo explica así: “Yo tuve la oportunidad de estudiar dos edificios, uno en la colonia Polanco y otro en la colonia Del Valle, en cuyos planos aparece que el cálculo lo hizo el ingeniero Max Tenenbaum. Al revisarlos meticulosamente me di cuenta que se habían incumplido disposiciones del reglamento vigente en ese entonces, en lo que atañe a seguridad y estabilidad estructural. A mi juicio, en estos casos se denota incompetencia profesional”.

El edificio aledaño al de Edimburgo 4, en el número 29 de la calle de Escocia, también tuvo como perito responsable de la construcción al ingeniero Max Tenenbaum.

De una inspección post sísmica, publicada por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México el 8 de noviembre del 2017, se desprende que ese edificio sufrió daños estructurales graves tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Hasta la fecha sigue deshabitado.

Presente en la reconstrucción

En el número 219 de la calle de Londres, en la colonia Juárez, hay otro edificio para el cual el ingeniero Tenenbaum fungió como perito. El inmueble de 13 niveles y 44 departamentos se construyó en 1981.

En diciembre de 2016, Azarell Anzures compró un departamento en ese edificio. Pagó 2.6 millones de pesos, para lo cual usó sus ahorros de 10 años trabajando como pediatra en infectología. Nueve meses después, cuando el sismo del 19 de septiembre cimbró a la Ciudad de México, Azarell tuvo que abandonar su departamento.

El edificio de Londres 219 sufrió daños estructurales tras el sismo, por lo cual tiene que ser reforzado antes de que los inquilinos lo vuelvan a habitar. En una reunión vecinal, el 21 de octubre del 2017, se postularon nombres de distintos ingenieros que podrían hacerse cargo del proyecto. Una vecina sugirió que contrataran a Max Tenenbaum; nadie señaló que el ingeniero fue quien supervisó la construcción de su inmueble. Los vecinos pidieron varias propuestas para luego escoger la más barata. Ganó Tenenbaum.

Como primer paso, Tenenbaum propuso hacer un diagnóstico de qué tanto se tendría que reforzar el edificio. Por ese análisis, el ingeniero cobró 120 mil pesos, cantidad que los vecinos terminaron de pagar en diciembre del 2017.

Estos fueron algunos de los daños reportados en Londres 219.
Fotografias tomadas de @Azarell17

El ingeniero Tenenbaum concluyó que se debían invertir 11.8 millones de pesos en el reforzamiento. A pesar de que la cifra era elevada para muchos de los vecinos, se decidió que no quedaba alternativa y que había que seguir adelante.

El 12 del marzo, Tenenbaum presentó su propuesta de reconstrucción al ingeniero Fabián Martínez, del Instituto para la Seguridad en las Construcciones de la Ciudad de México, el cual depende de la Secretaría de Obras. Ese Instituto es la dependencia que debe aprobar los planes de reforzamiento. De acuerdo con una minuta de esa reunión, el ingeniero Martínez rechazó el plan porque éste no cumplía con el reglamento de obras. Le solicitó al ingeniero Tenenbaum una nueva propuesta.

Tras la junta con el Instituto, Tenenbaum dijo a los vecinos que para elaborar el nuevo plan iba a requerir un nuevo estudio por el que cobraría otros 60 mil pesos. En una junta vecinal, el 19 de mayo, la propuesta de buscar a un ingeniero distinto recibió la mayoría de los votos.

Tras el colapso del edificio de avenida Ámsterdam 107, la PGJ tomó posesión del inmueble y levantó un acta para investigar posibles responsables del colapso. Días después, la procuraduría liberó el inmueble. Hasta la fecha no se han deslindado responsabilidades.

En noviembre de 2017 todavía había escombros en Ámsterdam 107.
Fotografía: Cuartoscuro

El 15 de noviembre del 2017, menos de un mes después del sismo, Tenenbaum solicitó ante la Seduvi que se le volviera a sellar su carnet de Corresponsable en Seguridad Estructural. Cada carnet tiene 20 espacios, uno por obra, y se tiene que resellar cuando se agotan esos espacios.

El 1 de diciembre de 2017, el ingeniero Max Tenenbaum recibió su nuevo carnet, firmado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez.

En la Ciudad de México hay alrededor de 70 Corresponsables de Seguridad Estructural activos. El ingeniero Max Tenenbaum es uno de ellos.

Personas fallecidas en Ámsterdam 107

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Lorna Martínez Skossowska
Elizabeth Esguerra
Carmen Inés
Sergio Romero

Consuelo Pérez
María Ignacia
Gabriela Jaen

Personas fallecidas en Edimburgo 4

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Leopoldo Nieto Cisneros
Rosa Martínez
Marco Iván Fuentes Marquez
Florencia Lorandi Castillo
Martín Velez Tenorio
Vicente Manuel Medina Elizalde
Carmen Raygoza Islas
Margarita Silva Ochoa
Evangelina Figueroa Hernández
Nicolle (Nini) Desiree Ferguson

Dos personas que realizaban trabajos de mudanza en uno de los departamentos.
Peatón que pasaba afuera del edificio
Conductor de taxi
Dos pasajeros del taxi

Prometer sueños,
vender pesadillas

Texto: Miriam Castillo
Video: Gloria Hernández

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El edificio Residencial Grand Insurgentes, levantado en Insurgentes Norte 1260 terminó de construirse hace cuatro años y después del temblor del 19 de septiembre de 2017 necesita una reparación de 45 millones de pesos. La constructora sólo acepta pagar un millón de pesos si se retiran las denuncias en su contra. El condominio tiene cálculos que no corresponden al tipo de suelo, lo que hizo su construcción más barata; su aviso de ocupación aparentemente es falso y no cumplieron con el proyecto. La delegación permitió la edificación y la ocupación sin sanciones y, aunque prometió ir hasta las últimas consecuencias, sólo dará a los vecinos “apoyo moral”.

Calle y número:

Insurgentes Norte 1260
(antes 1160)

Colonia:

Capultitlán

Delegación:

Gustavo A. Madero

Año de construcción:

2014

1

El edificio de Insurgentes Norte 1260 tiene más datos falsos que en regla. Los constructores Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V. presentaron una memoria de cálculo que no correspondía al tipo de suelo, incumplieron con el proyecto de construcción y vendieron los departamentos sin contar con la terminación de obra y el aviso de ocupación; todo sin que la delegación Gustavo A. Madero clausurara definitivamente la obra.

El terremoto del 19 de septiembre de 2017 dañó el edificio en los muros y las escaleras. Como el coeficiente sísmico estaba calculado para un suelo más firme, el inmueble tuvo menos acero y concreto que el necesario para no sufrir daños. La construcción resultó más barata, pero a cuatro años de estrenarse, ya requiere refuerzos estructurales.

Daños en la fachada del edificio que no ha cumplido cinco años.
Fotografía: Gloria Hernández
2

Jazmín podía ver la sala de su departamento desde el patio del edificio. Una grieta atravesaba toda la pared. Se interrumpía sólo por el espacio de la puerta. Tadeo entró por algunos papeles y escuchaba crujir el muro de la cocina. Ejemplos parecidos había en los 165 departamentos del complejo.

A pesar de que los vecinos se quejaron reiteradamente antes del sismo, las revisiones de la delegación sólo derivaron en clausuras temporales. El 20 de septiembre de 2017, cuando el daño fue evidente, la dirección jurídica de la delegación Gustavo A. Madero interpuso una denuncia por uso de documentos falsos y delitos ambientales. El entonces titular Víctor Hugo Lobo prometió que se repararía el edificio “así fuera con dinero de la GAM”.

Los condóminos integraron 126 carpetas de investigación por fraude. Los que no interpusieron una queja se arreglaron con la aseguradora. La constructora se acercó a los residentes y ofreció un millón de pesos en reparaciones a cambio de que retiraran los procesos legales.

Los vecinos se negaron porque la reparación requiere más de 45 millones de pesos. Con ayuda de sus abogados aún intentan llevar a juicio a quienes construyeron y les vendieron un edificio que literalmente se cae a pedazos.

Pasado el periodo electoral, y después de la renuncia de Lobo para ocupar una curul como diputado local, el encargado en la demarcación dijo a los vecinos que sólo podía ofrecerles apoyo moral y abandonó el acompañamiento.

—Ya pasó casi un año y no hemos podido recuperar nuestra vida. Pagamos reparaciones, mantenimiento e hipoteca, pero no tenemos dónde vivir—dijo Jazmín Hurtado, una de las vecinas de Grand Insurgentes.

Calcular en suelos duros, construir en un lago

A las 13:14 del 19 de septiembre en los 13 pisos del inmueble de Insurgentes Norte 1260 los muros crujieron, se agrietaron y comenzaron a caer algunos tabiques y pedazos de decoración.

Un minuto antes de que terminara el sismo, ya había fracturas en los muros de todos los pisos. Desde el departamento 502, a través de la pared color rosa de la sala, se alcanzaba a distinguir todo el tráfico de avenida Poniente 116, calle con la que hace esquina el edificio. El hueco era del ancho de un puño.

Los cálculos sísmicos no coinciden con el tipo de suelo. El edificio es vulnerable.
Cortesía: Tadeo Piña

La construcción, terminada en 2014, está al norte de la ciudad, en la colonia Capultitlán delegación Gustavo A. Madero, a unos dos kilómetros de la Basílica de Guadalupe. “Yo llegué y pensé que el edificio se iba a caer. Vimos las paredes agrietadas, los vecinos que sí habían estado en los departamentos cuando temblaba, no estaban seguros de poder regresar a vivir ahí”, dijo Jazmín Hurtado, mamá de dos niñas que hoy tiene que vivir en casa de familiares de su esposo.

A principios de 2011 en la página web y en folletos que se repartían en la zona, se hacía publicidad al proyecto que prometía en el terreno, a la salida del metro Potrero, un complejo enorme de 165 departamentos con cuatro comercios abajo, salón de fiestas, gimnasio, áreas verdes y vigilancia las 24 horas.

—Vi el volante del departamento, vi el gimnasio y dije: quiero estar ahí. El roof garden se veía como algo a lo que quieres llegar cuando estás en casa. Era más céntrico y ubicado que donde estaba viviendo— platicó Tadeo Piña, propietario de un departamento en el tercer piso y originario de Ecatepec.

El portal de Vertical Homes, extiende garantías de sus complejos habitacionales. Aún anuncia Residencial Grand Insurgentes.

En enero de 2014 la página web de Vertical Homes presumía en su portada los complejos habitacionales en San Antonio Abad, Eje Central, Bucareli e Insurgentes. Actualmente la página oficial dejó de funcionar, pero los datos pueden consultarse en línea todavía a través de otro portal. El anuncio remataba con la leyenda: “buenos cimientos para hogares más fuertes”.

Pero el 20 de marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Seguridad Pública de la delegación Gustavo A. Madero le entregó a Jazmín, Tadeo y a sus vecinos un documento que dice que el edificio donde viven no está bien calculado:

En este oficio se pide a los vecinos que refuercen su edificio.

En el oficio DGAM/DEPCSP/0104/2018 se lee: “…la construcción no cumple con los requerimientos de seguridad que especifica el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, ya que la estructura fue diseñada para soportar una fuerza sísmica menor a la que especificaba por normas vigentes en su momento”.

Además, ese mismo oficio avisa a los vecinos que deberán pagar por trabajos de reforzamiento estructural y no pueden habitarlo en tanto no se repare.

El diagnóstico fue hecho por peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, coincide con otro más hecho por un despacho particular de ingeniería: Proyecto y Diseño Estructural y un análisis de un ingeniero estructurista.

En todas las evaluaciones se determinó que el coeficiente sísmico era menor a la zona en donde se asentó el edificio. La esquina de Insurgentes y Poniente 116 está en una zona de lago, pero las estimaciones de la construcción son para un suelo de transición. Eso quiere decir que se estimó un edificio menos resistente porque consideraba un terreno más sólido del que tenía realmente.

Ingenieros estructuristas consultados por MCCI aseguran que estas variaciones en los proyectos repercuten en el costo de la construcción, porque de ello depende si se requiere más o menos acero, concreto o espacios de refuerzo.

— (Cuando cambia el índice sísmico) se incrementa la cantidad de muros que necesito, (o hacerlos) más anchos, pero no puedo hacerlos más anchos porque el tamaño del tabique es estándar, entonces lleva acero. O hay más costo del concreto. Cuando son columnas, necesito columnas más anchas, eso rompe espacio, o le tengo que poner muros donde no tenía pensado el arquitecto y los tengo que hacer con rigidez—explicó José Antonio López Meza, ingeniero civil con maestría en estructuras.

Medio minuto para dañarse

La construcción arrancó en 2009, en ese entonces el predio en Insurgentes Norte no resaltaba entre la arquitectura de la colonia Calputitlán: era una bodega de materiales a la salida de la estación del metro Potrero.

Para octubre de ese año se fijó una manta que anunciaba la venta del terreno. Nueve meses después, el 23 de julio de 2010 se realizó un contrato de compraventa con reserva de dominio para apartar el terreno.

El 26 de julio 2010 se funda Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V., una sociedad de Eduardo Neuman Lembert y su padre Marcos Neuman Margules, ambos empresarios, según el folio mercantil 425133.

Para el 12 de noviembre de 2010 esa firma adquirió el predio pero la numeración cambió y quedó como Insurgentes Norte 1260 como la dirección oficial.

Una semana después, el 20 de noviembre, la empresa Tecnología en Control de Suelos entregó un estudio de mecánica de suelos del predio Insurgentes 1260, dirigido al arquitecto Daniel Dickter, accionista de Vertical Homes.

El 24 de febrero de 2011 se expidió el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 7698-181NEED11. Dicho documento permitió que, en un terreno para seis niveles, se lograran construir 13 niveles debido a la aplicación de la norma de áreas con potencial de desarrollo.

Esa regla permite que haya construcciones más altas en avenidas principales, siempre y cuando se muestre y se respete un estudio de impacto urbano presentado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

En marzo de ese año se demolieron las bodegas que había en el predio, según la licencia SLIU/006/010/2011/07. Después, Insurgentes Norte 1160 nombra como representante legal a Martín Muñoz Ruiz y es él quien el 18 de agosto de 2011 recibe el dictamen del estudio de impacto urbano para la construcción de un edificio habitacional y cuatro locales.

En agosto de 2011 a través del oficio DGAU.11/DEIU/028/2011, la Seduvi determinó que el inmueble podía construirse siempre y cuando se cumpliera con el proyecto presentado, que requería normas para el espacio público y que la compañía hiciera algunas adecuaciones en materia de drenaje.

Los detalles y memorias de cálculos estuvieron firmadas por el Director Responsable de Obra (DRO) Salomón Saad Saad, arquitecto por la Universidad Anáhuac con número de registro 2007. Actualmente según su perfil laboral es gerente de construcción y equipamiento en la Desarrolladora Park, empresa que encabeza la construcción de plazas comerciales en la Ciudad de México.

Los cálculos estructurales inscritos ante la delegación están hechos por Mata y Triana, Ingenieros consultores SC. Según este despacho, la zona sísmica estaba catalogada en II, pero los mapas del reglamento de construcciones vigente lo ubican en una zona III, completamente de lago.

La inspección que hizo el Instituto de la Seguridad de las Construcciones después del terremoto, también lo coloca en la zona III.

Según la manifestación de construcción FGMC-0001-09-71, el Corresponsable de Seguridad Estructural fue el ingeniero Jorge Luis Ángeles Vigueras, mientras que la Corresponsable de Desarrollo Urbano y Arquitectónico es Liset de la Caridad Molina.

El dictamen preveía que el edificio se levantaría en un terreno de mil 671 metros cuadrados y tendría como máximo 15 mil metros cuadrados de construcción final.

En los hechos el proyecto terminó en un predio de dos mil 93 metros cuadrados y 23 mil 596 metros cuadrados de construcción; no cumplió con los metros necesarios de área libre y tampoco con las especificaciones hechas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Esto según una investigación SV/INVEA/CYE/047/2017 hecha por el Instituto de Verificaciones Administrativas que la inició ante una queja por uso de suelo.

A pesar de todas las deficiencias, la constructora vendió los 165 departamentos durante 2014.

En 2017, horas después del sismo acudió a revisar el edificio el arquitecto Jorge Katthain Vilches con registro de DRO 1992, tras esa inspección determinó que había daños severos en los muros, las escaleras y los elevadores. Catalogó el edificio como de seguridad incierta, aunque no consideró que existieran fallas estructurales.

Manifestación de construcción.

En contraste, el 23 de septiembre acudió otro DRO y calificó la construcción como segura debido a que los daños no se habían registrado en muros de carga.

La firma de dicho documento corresponde a Salomón Saad Saad, el mismo arquitecto que estuvo a cargo del proyecto durante su construcción.

Esa revisión fue presentada por la constructora para demostrar que era segura y forma parte de las pruebas de defensa que hay en la carpeta que tienen abierta los vecinos por fraude ante la delegación. MCCI contactó a Saad vía telefónica, pero se negó a dar una postura sobre el tema.

Comprar sueños y vivir en pesadillas

En la página web de Vertical Homes se presume todavía la venta total de Residencial Grand Insurgentes: 165 departamentos y cuatro locales comerciales. El lema de la desarrolladora lo remarcan en letras naranjas: “Habita tus sueños”.

Desarrolladora Vertical Homes SAPI de CV, presume tener más de mil 432 metros cuadrados construidos en seis desarrollos con más de 110 departamentos vendidos.

Ninguno de los propietarios de los departamentos de entre 57 y 67 metros cuadrados en el edificio de Insurgentes, considera estar en un complejo de ensueño: pagaron desde 700 mil hasta millón y medio de pesos en su mayoría a través de créditos bancarios y del Infonavit y tuvieron quejas por defectos en la construcción y los acabados desde el primer año.

El edificio tuvo afectaciones en los cubos de los elevadores y casi todos los muros.
Cortesía: Jazmín Hurtado

Mariana Monroy, vecina del piso 12, tiene un expediente ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por reparaciones de humedad desde 2015. Por un mal diseño en los materiales, la constructora reparó dos años consecutivos las paredes de su departamento.

Sin embargo, hasta el proceso de reclamación ha sido tortuoso. La venta del edificio se hizo con varios esquemas, unos firmaron compromisos de compra venta con Vertical Homes, otros más hicieron los pagos del enganche y la liquidación directamente a la empresa Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V.

Casi el 80 por ciento de los inquilinos obtuvo su propiedad con enganches otorgados a la Inmobiliaria Dekah, una empresa ligada también con los Neumann, debido a que uno de los socios es Simón Neumann quien fuera titular de la Seduvi.

Esta última empresa recibió los pagos iniciales de los inquilinos y les extendió un recibo, más tarde, durante el proceso de escrituración el trato sólo fue con Residencial Insurgentes.

Esta triangulación del dinero en empresas con socios ligados entre sí, sólo provocó que cuando los inquilinos acudieron a presentar reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor, tanto la inmobiliaria como la constructora argumentaran que no tenían que ver con el proceso.

La primera dijo que no era su responsabilidad porque no construía los departamentos, mientras que la constructora dijo que el trato comercial no se había firmado directamente con ella.

Relaciones verticales

Vertical Homes e Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V. están relacionadas entre sí ya sea por sus accionistas o por los representantes legales.

Eduardo Neumann accionista de Insurgentes Norte 1160, también aparece como socio en Vertical Homes y comparte participación en la empresa con José Antonio Fernández Garza Lagüera, Jaime Eduardo Alatorre Bernard, Mario Federico Sicilia Bernand y con Daniel Dickter, según el folio 502103 del Registro Público.

En ambas compañías están inscritos como representantes Martín Muñoz Ruiz y Daniel Dickter.

Sin embargo, la mayoría de los propietarios intermediaron con la Promotora Inmobiliaria Dekah, a quien le entregaron el anticipo.

Actas de Vertical Homes e Insurgentes 1160.

Esa empresa actualmente es propiedad de Marcus y Eli Neumann Mondlak, hijos de Simón Neumann Landenzon, extitular de la Seduvi, de 2012 a 2014, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. También son accionistas Carlos Figot Sheinberng, Simón Gittler y María Vanessa Arroniz.

En el terremoto al menos dos edificios más comercializados por empresas vinculadas a los Neumann resultaron con algún tipo de daño. En específico el complejo ubicado en San Antonio Abad 66 conocido como Vertical Manzanos y otro más en Cuauhtémoc 579.

Vertical Manzanos, al igual que el edificio de Insurgentes, no cuenta con un aviso de ocupación validado por la delegación donde está construido.

En febrero de 2018 el portal electrónico La Silla publicó el trabajo “El cártel inmobiliario”, donde detalla los nexos de Simón Neumann y sus socios con el ex jefe de gobierno.

El trabajo firmado por Paris Alejandro Salazar, Gloria Piña y Sandra Romandía resaltó que los fundadores de Dekah fueron compañeros de Miguel Ángel Mancera en su paso por la iniciativa privada, así como las facilidades que obtiene esta desarrolladora y sus filiales para construir y comercializar departamentos sin cumplir con todas las especificaciones de ley.

La falta de acción de las autoridades no parece ser exclusiva del gobierno central. Según los vecinos de Residencial Insurgentes, la delegación Gustavo A. Madero notó varias deficiencias en el proceso de construcción, pero se hicieron clausuras temporales que se subsanaron con multas que suman menos de 500 mil pesos.

Incluso, el 20 de septiembre de 2017 el entonces delegado Víctor Hugo Lobo acudió al edificio, ahí vestido con un chaleco fosforescente platicó con los vecinos y ofreció “presionar juntos” para que las empresas cumplieran con lo pactado en los contratos.

Como parte de la presión que presumía el jefe delegacional, el director jurídico y de gobierno de la delegación, José Augusto Velázquez, interpuso una denuncia por uso de documentos falsos y delito ambiental por uso de suelo distinto al permitido, colocando como probable responsable a Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V., pero también al “poseedor, ocupante o encargado del inmueble”.

Por ese motivo, los vecinos resultaron acusados de un delito ambiental e incluso fueron citados como imputados.

—Además del daño que teníamos en las casas y el probable fraude porque no había aviso de terminación de obra, nosotros teníamos que pagar las multas por la mala construcción. No veíamos la salida— recordó Jazmín, quien pertenece al comité de administración del edificio.

En diciembre Víctor Hugo Lobo pidió licencia para competir por una diputación local, después de eso, nadie de la delegación dio seguimiento al estatus de los vecinos de Residencial Insurgentes.

Los vecinos acudieron a las oficinas centrales de Gustavo A. Madero pero les respondieron que ya no podían acompañarlos más y el apoyo sería solo moral. A Víctor Hugo Lobo no lo han vuelto a ver.

MCCI buscó la postura de la delegación varias ocasiones. La petición la atendió Rubén Chavarría quien dijo que era su decisión no dar información por teléfono. También se contactó a los representantes de la Inmobiliaria por correo y vía telefónica, pero hasta el cierre de la edición no habían respondido.

Casi un año después, los condóminos siguen recogiendo tabiques de las paredes aunque decidieron organizarse e ir reparando poco a poco los muros sin dejar las demandas que buscan la reparación de los cimientos.

Mientras buscan dónde vivir.

En la página web de Vertical Homes todavía se anuncia Residencial Grand Insurgentes.
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Ser el único que colapsa

texto: Laura Sánchez Ley

Video: Lucía Vergara

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Los once edificios del Multifamiliar Tlalpan se inauguraron semanas después del sismo que tiró el Ángel de la Independencia. Su diseño y construcción se consideraron de vanguardia, tanto en la arquitectura como en las políticas de vivienda. Fueron testigos de la expansión de la Ciudad de México y soportaron el terremoto de 1985. Pero uno de ellos, el más vulnerable, no resistió el movimiento del 19 de septiembre de 2017. Su colapso provocó la muerte de nueve de sus habitantes.

Calle y número:

Conjunto Urbano Tlalpan, Edificio 1C

Colonia:

Educación

Delegación:

Coyoacán

Año de construcción:

1957

Personas fallecidas:

9

1

El agua que escapó por las filtraciones de los viejos tinacos montados en la azotea, la que se acumuló en el techo tras las lluvias y la que salió de las tuberías que se reventaban, llegó hasta los departamentos del quinto y último piso. Poco a poco los hongos, ayudados por la humedad, desprendieron el yeso que cubría sus techos y que cayó como si fuera una tenue nevada con olor a polvo.

Esa humedad se extendió a la estancia, al comedor, a la cocina, al baño y a la única recamara de los departamentos de 37.46 metros cuadrados del edificio 1C, del Multifamiliar Tlalpan.

Más abajo, el sótano del edificio se inundó de aguas negras. Las raíces de los árboles, plantados muchos años atrás, dañaron las tuberías

Escritura de 1987 donde se observa que el Multifamiliar Tlalpan se construyó en los terrenos de la antigua hacienda de San Antonio Coapa.

Era en esos momentos de crisis cuando, entre los vecinos, empezaba la repartición de culpas y cuando el administrador en turno intentaba cobrar los 60 pesos de cuota para el mantenimiento mensual del edificio. Con cada fuga, con cada gotera, con cada inundación, el ritual vecinal se repetía. Así fue una y otra vez.

2

Los vecinos recordaban que, alguna vez, su edificio fue escenario de la película Señoritas, filmada en 1959. Pero de ese pasado glorioso sólo quedaba eso, el recuerdo.

Sus habitantes parecían aceptar el desgaste natural de un complejo arquitectónico construido 60 años antes. El Multifamiliar Tlalpan fue uno de los tantos proyectos de vivienda realizados por el gobierno mexicano entre 1945 y 1960 y que, con el paso del tiempo, se dejaron a su suerte.

Una ciudad dentro de otra

El 1C era parte del conjunto de 11 edificios inaugurados en agosto de 1957 por orden del presidente Miguel Alemán: una ciudad vertical dentro de otra.

En 1951, la entonces llamada Dirección de Pensiones Civiles empezó a buscar los mejores terrenos para erigir una decena de grandes edificios que pudieran dar hogar a unas 500 familias.

El lugar elegido fue un terreno de 844 metros cuadrados, al sur de la Ciudad de México. La Unidad Habitacional se levantó en los terrenos de la antigua hacienda de San Antonio Coapa, en Coyoacán.

El Gobierno de la República hizo todos los trámites, a través de la Sociedad Civil Centinela, y pagó 6 millones 108 mil pesos por las tierras, según la escritura 1733 de la notaria 178 del DF.

El Multifamiliar era una caja de cemento perfecta, adornada con ladrillos color rojizo y ventanales cuadrados, inspirada en los grandes complejos diseñados en Francia por el reconocido arquitecto Le Corbusier, quien creía que las viviendas tenían que ser funcionales y no debía despilfarrarse el espacio.

Los arquitectos Fernando Hernández y Jorge Cuevas diseñaron departamentos, en donde se integraba una cocina con pisos de mosaico de pasta, un baño con muebles sanitarios de porcelana, una recamara y una sala que, gracias a su ubicación daba sensación de amplitud.

Para comodidad de los habitantes, en el mismo complejo había un centro escolar, una panadería, una biblioteca y oficinas sindicales, de telégrafos y de promoción deportiva, según se puede observar en el plano obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Desde 1957 la operación y mantenimiento del Multifamiliar estuvo a cargo de la Dirección de Pensiones Civiles. En 1959, al crearse el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), esta dependencia se hizo cargo de la Unidad y de la renta de los departamentos.

Plano general del Multifamiliar Tlalpan donde se observa el edificio 1C, el más delgado, el más largo y el único con una orientación distinta.

El edificio 1C, que contaba con un solo acceso, tenía 40 departamentos distribuidos en cinco niveles. En la planta baja había locales que fueron ocupados para albergar oficinas del ISSSTE.

—El complejo habitacional lucía impecable —recuerda el señor Juan José Arias Rivera, un jubilado de la Secretaría de Hacienda que llegó con su familia cuando se inauguró el edificio 1C.

Los Arias fueron de los primeros inquilinos del Multifamiliar Tlalpan, cuando alrededor no había más que parcelas. Durante poco más de 20 años, personal del ISSSTE se encargó de la recolección de la basura, de cortar el césped y retocar la pintura rojiza de las paredes y los balcones.

Empieza el abandono

El mantenimiento llegó a su fin el 11 de agosto de 1982, cuando José López Portillo desincorporó del dominio público los multifamiliares propiedad del ISSSTE y autorizó que se vendieran los departamentos a los inquilinos, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

La venta se concretó después de 1985. Para ese año, los edificios del Multifamiliar Tlalpan ya requerían trabajos de mantenimiento con costos muy elevados. Fue por eso que el 19 de enero de 1987, el entonces Departamento del Distrito Federal otorgó facilidades a las personas para que adquirieran inmuebles en los multifamiliares, según se lee en el acuerdo de la Tesorería del Distrito Federal.

La señora Petra Puebla, exhabitante del edificio 1C, cuenta que desde entonces no hubo autoridad que regresara al Multifamiliar. Los vecinos tuvieron que ingeniárselas para hacer las costosas reparaciones que requería un conjunto habitacional que ya cargaba varias décadas encima.

—Los edificios son como uno. Nosotros tenemos que ir al doctor a hacernos arreglos; así también el edificio y nunca se le dio mantenimiento. Se cobraban 60 pesos y la gente no quería pagar, que por que si una o dos personas no pagan, yo tampoco pago. Imagínese tanto dinero que se perdió, se hubieran hecho muchos arreglos.

Para tomar cualquier decisión tenía que existir consenso entre las 40 familias que habitaban el edificio 1C.

—Hubo mucho pleito… aunque se ponían notas de lo que se gastaba, decían: “yo puedo traer otro arquitecto y hacer mejor las cosas”, pero nunca lo llevaban. Salían peleados. Siempre así.

En el año 2001, 14 años después de que el gobierno federal abandonara el mantenimiento de 13 multifamiliares de la ciudad, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andres Manuel López Obrador, creó el Programa de Rescate de Unidades Habitacionales. Cinco años después este fondo se convertiría en el Programa Ollín Callan.

Desde entonces, el gobierno de la Ciudad de México sólo brindó un fondo económico para rehabilitación del edificio 1C del Multifamiliar, de 197 mil 825 pesos, de acuerdo con datos que la Procuraduría Social (PROSOC) entregó en respuesta a una solicitud de información.

Lanzarse al vacío

Sesenta años después de su construcción, el Multifamiliar Tlalpan no podía ocultar el paso del tiempo. Los muros con figuras de mosaico —que en 1957 artistas plásticos decoraron— ahora compartían espacio con grafitis hechos con aerosol, para recordar qué pandilla mandaba en la zona. Pese al desgaste de los años, el conjunto habitacional seguía en pie, con sus jardineras centrales que dividían un edificio de otro; el parque, de 21 metros cuadrados, localizado a un costado del estacionamiento y el kínder construido para los niños que habitaban el lugar. A un lado de esa escuela se encontraba el edificio 1C

El 19 de septiembre del 2017, poco antes de las 13:14 horas, el señor Juan José Arias, quien vivía en el departamento número 41 del 1C, regresaba de la azotea. Habían llegado trabajadores que arreglarían finalmente las filtraciones en los tinacos. Así los pleitos entre vecinos podrían llegar a su fin. Al menos, temporalmente.

Juan José se acomodó en el sillón y prendió el televisor. Frente a él estaba Lizet, su hija de 19 años. De pronto el sillón brincó y lo elevó unos centímetros. La televisión cayó. Tardó unos segundos en captar lo que sucedía, hasta qué una grieta se abrió en la pared.

Vista entre pasillos de dos edificios del multifamiliar Tlalpan.
Fotografía Anónima / AGN

Padre e hija trataron de salir corriendo; cuando llegaron a la puerta, el candado se atoró. Después vino un estruendo, escombros y un hoyo que se abrió al frente. Juan sabía que el edificio se le venía encima, entonces se acercó al agujero y se lanzó con su hija al vacío.

El multifamiliar colapsó y el señor Juan José y su hija cayeron sobre las jardineras. Sobrevivieron. Nueve de sus vecinos fallecieron, entre ellos dos niños.

Un edificio alargado

El desplome del edificio evidenció que el Multifamiliar Tlalpan ni siquiera tenía nombre o al menos uno en el cual coincidieran las autoridades: mientras para la Secretaria de Desarrollo Urbano (SEDUVI) se llama Conjunto Urbano Tlalpan; para protección civil es el Multifamiliar Tlalpan ISSSTE.

Para los vecinos fue imposible obtener el expediente de construcción, que en teoría debía poseer la delegación Coyoacán, y es que a través de solicitudes de información, las autoridades de esa demarcación respondieron que no tenían el proyecto estructural de la obra ni los planos originales.

Los vecinos obtuvieron los planos del Multifamiliar Tlalpan gracias a un profesor que vivía en una colonia vecina. Su padre trabajó en la extinta Dirección de Pensiones Civiles; en cajas conservó documentos sobre multifamiliares de la Ciudad de México. Sin él, no habría nada.

Fue a través del análisis de ese plano y de la descripción general del condominio que especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM señalaron que, por lo menos, fueron dos los factores que aumentaron la vulnerabilidad del edificio 1C ante un sismo.

Uno de esos factores, consideró el doctor Eduardo Reinoso, fue la estructura irregular (alargada) del edificio.

Para la ingeniería estructural, un edificio se considera regular, entre otras cosas, cuando la relación de su largo respecto al ancho de la base no excede de 2.5. Es decir, es regular cuando más se acerca a la forma de un cuadrado.

Cuando un edificio no cumple con esto, se considera que tiene una estructura irregular y, por lo tanto, es más vulnerable ante un movimiento telúrico.

El edificio 1C era irregular. Su base tenía un ancho de seis metros y 54 de largo; era más delgado que el resto de los otros edificios del Multifamiliar, que tenían un ancho de 7.96 metros. En el caso del 1C, el largo de su base era nueve veces mayor que su ancho, tres veces más de lo que marcaba la norma.

Otro factor fue el deterioro del edificio y la falta de mantenimiento.

Además, en el edificio 1C se utilizó una combinación de diferentes “tipos constructivos”: la planta baja se construyó con muros y castillos, mientras que los siguientes niveles se edificaron con otro sistema. Eso explicaría el por qué la planta baja resistió más y fue la única parte de la estructura que no colapsó.

Toma aérea del complejo habitacional. En los alrededores sólo había predios baldíos.
Fotografía aérea / Colección Particular

De los 11 edificios, 10 habitacionales y uno comercial, el único que cayó fue el 1C, el más delgado, el más largo, pero además el único con una ubicación distinta. Los otros, que aún siguen en pie, se encuentran uno frente al otro, distribuidos horizontalmente como fichas de dominó muy bien alineadas. El edificio 1C era como una ficha que, en ese orden, alguien había olvidado acomodar.

En el 1C, el edificio que más vulnerabilidades reunía de todos los que conformaban el Multifamiliar, vivían 40 familias. La mayoría de ellas no se encontraba ahí a las 13:14 del 19 de septiembre de 2017.

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En el quinto piso había muchas fugas, no había mantenimiento a las azoteas adecuado”

Petra Puebla, habitante de la casa del Multifamiliar Tlalpan.

Labores de rescate en el edificio 1C luego de que colapsara el 19 de septiembre del 2017.
Fotografía: Cuartoscuro

Después del 19 de septiembre unas 500 familias que vivían en los otros 10 edificios del multifamiliar se quedaron sin hogar. Según la página de internet de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, tres edificios fueron catalogados en código verde y siete en amarillo, ninguno en rojo y por lo tanto en peligro de colapso.

Sin embargo, las familias que vivían ahí, se rehusaron a volver a sus viviendas por miedo a que temblara y cayeran, igual que el 1C.

Unos han vivido en tiendas de campaña, otros en casas de madera que una asociación civil les construyó. La gran mayoría ha pasado las noches con familiares.

En protesta incluso cerraron una de las principales arterias de la ciudad, la Calzada de Tlalpan, para que las autoridades los voltearan a ver. La exigencia es que se agilice un plan de reconstrucción con fondos públicos para volver al multifamiliar; pero el proceso ha sido lento.

La señora Petra Puebla, quien vivía en el departamento 35, sintió el sismo muy cerca del multifamiliar, mientras viajaba en un camión del transporte público. Minutos después del terremoto llegó frente a su edificio, pero un tumulto le impidió el paso. Desde entonces, la mujer de 65 años se paró frente al lugar donde estaba su departamento, su edificio; miraba los escombros y trataba de encontrar una fotografía, cualquier recuerdo de lo que fue su hogar.

Ahí estaba cuando llegaron a remover los escombros a mediados de febrero del 2018. Petra Puebla los contó uno por uno: 100 camiones se llevaron lo que algún día fue el edificio 1C.

Memorial para los que fallecieron entre los escombros del edficio 1C.
Fotografía: Cuartoscuro

Fallecidos en el Colapso del conjunto Urbano Tlalpan Edificio 1C

Niños

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Ximena
Julián

Adultos

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Fátima del Rosario Basurto
Miguel Ángel Hinojosa Cruz
Viridiana Lucero Anahí García Guzmán
María del Carmen Cerón

Angélica Susana Ruiz Covarrubias
Karla Sabrina Almanza Ruiz
Joshua Brandon Almanza Ruiz

Los penthouses
que hicieron
la diferencia

Texto: Claudio González Caraza

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Casi cuatro décadas después de su construcción, este edificio se remodeló, transformando los cuartos de servicio en penthouses, y se vendió como si fuera nuevo. Varias fueron las alertas sobre la ilegalidad de la ampliación y las condiciones del inmueble. Las autoridades sólo se limitaron a mandar oficios. El sismo mostró por qué aumentar la construcción y peso de una edificación no es cosa menor.

Calle y número:

Nicolás San Juan 308

Colonia:

Narvarte Poniente

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

1966-1968

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En el 2007, la empresa Lonai Group Property Services S.A. de C.V vendió departamentos en una torre de la colonia Narvarte Poniente. Los publicitó como nuevos y quienes compraron creyeron que así era. En realidad, el edificio ubicado en el 308 de la calle Nicolás San Juan se construyó entre 1966 y 1968.

Con el tiempo, los vecinos que ocuparon esos departamentos se enteraron que el inmueble no sólo contaba con casi 40 años de edad si no que, además, cargaba el peso adicional de dos penthouses añadidos en un proceso de remodelación realizado en 2006. Según una investigación realizada por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) y publicada en abril del 2018, las obras en la azotea se realizaron en forma ilegal, añadiendo 184 metros cuadrados de construcción.

Cuando el edificio se levantó, en 1968, tenía 12 departamentos distribuidos en siete niveles; en la azotea había pequeños cuartos de servicio y jaulas para tender ropa. El desarrollo estuvo a cargo de Inmobiliaria y Constructora Güitrón Rivera Castellanos, cuyo representante legal, en ese momento, era Julián Güitrón Fuentevilla, catedrático en derecho de la UNAM y quien años después, en el 2012, fue senador suplente por el partido Movimiento Ciudadano.

En el avalúo que se entregó a quienes compraron en Nicolás San Juan 308 se aseguró que los departamentos eran nuevos.

El edificio no tuvo muchos cambios entre 1968 y 2006. Ese año comenzaron los trabajos de remodelación. De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, en ese momento el inmueble pertenecía a la misma inmobiliaria, aún representada por Güitrón Fuentevilla.

Construir e ignorar la ley

Quienes remodelaron el edificio de Nicolás San Juan realizaron modificaciones en forma ilegal. Como lo documentó la PAOT, usaron un permiso para obras menores que no les permitía hacer los dos penthouses en los últimos niveles. La construcción de los penthouses agregó peso al edificio, pero la estructura del inmueble no se reforzó para soportar las nuevas cargas.

Durante la construcción, un vecino que vivía en el edificio aledaño se percató de que los trabajos de remodelación del edificio 308 se realizaban sin ningún cuidado. Y como prueba estaba el cascajo acumulado en la separación que existía entre su vivienda y el número 308. Ese vecino contrató a un notario para que realizara una visita.

En 2006 se aumentó el número de metros construidos, al edificar dos penthouses en el área que originalmente ocupaban los cuartos de servicio y las jaulas para tender ropa.
Fotografía: Lucía Vergara

El 15 de febrero del 2006, Armando Gálvez Pérez, de la Notaría 103, dejó su testimonio por escrito, así como fotografías, donde se observan los dos pisos adicionales en el edificio del 308. En las imágenes también se registró el material atorado en la estrecha colindancia entre ese inmueble y su vecino.

El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México establece que es responsabilidad de las delegaciones verificar que las obras realizadas en su territorio se apeguen a la ley. Esto no sucedió en el caso de la remodelación y ampliación del edificio 308 de Nicolás San Juan.

Documentos del Registro Público de la Propiedad sobre el edificio de Nicolás San Juan 308.

Cuando se remodeló el inmueble, el jefe delegacional en Benito Juárez era Fadlala Akabani Hneide, entonces afiliado al PAN; y en 2018 candidato a la alcaldía de esa misma demarcación por la coalición Juntos Haremos Historia (MORENA-PT-PES).

Un mes después de la visita del notario, en marzo del 2006, la inmobiliaria vendió el edificio; lo compraron nueve personas —entre ellos familiares de Güitrón Fuentevilla— y la empresa Lonai Group Property Services, la cual se encargó de la promoción y venta de los departamentos.

La empresa promocionó el edificio en ferias de vivienda, invitando a vecinos a conocer el proyecto con más detalle en sus oficinas. Lonai mostraba trípticos del edificio, presumiéndolo como recién construido.

En febrero del 2007 empezaron a llegar los nuevos inquilinos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) buscó a Güitrón Fuentevilla, a través de la facultad de derecho de la UNAM, pero hasta el cierre del reportaje no recibió respuesta para poder contactar al catedrático y exsenador.

Dos alertas

Cinco años después de que el edificio se ocupó, una autoridad se pronunció sobre la construcción ilegal de los dos penthouses: en marzo de 2012, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal visitó el inmueble tras una queja de los vecinos del edificio de Nicolás San Juan 304, por la inclinación que el número 308 mostraba hacía su edificio. Protección Civil identificó al inmueble 308 de Nicolás San Juan como “en Alto Riesgo para sus ocupantes, predios colindantes e incluso transeúntes a la zona”.

El entonces secretario de protección civil, Elías Moreno Brizuela, solicitó que los poseedores del inmueble contrataran a un Director Responsable de Obras (DRO), para determinar los trabajos de mitigación de riesgo necesarios para asegurar la estructura.

Los propietarios contrataron al arquitecto Enrique Estrada Romero, con carnet de DRO número 0539. En mayo de 2012, Estrada observó que el edificio mostraba desplomes, tanto al sur como al norte, pero también señaló que el inmueble presentaba “buena apariencia” y concluyó que en ese momento no representaba un riesgo para habitantes ni terceros. Recomendó seguir midiendo el desplome cada tres meses, durante un año; sustituir los materiales de acabado en una esquina por otros más ligeros y reubicar los tinacos del lado norte al lado sur de la azotea.

La Secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino no dio seguimiento a sus observaciones sobre el “alto riesgo” que representaba el edificio. Para este reportaje se solicitó a esta dependencia que indicara cómo procedió después de pedir que se realizaran trabajos para disminuir la vulnerabilidad del inmueble. Dijeron desconocerlo, explicando que en ese momento el secretario de protección civil era distinto al actual.

Unos años más tarde, en marzo del 2016, los vecinos del edificio número 304 de Nicolás San Juan presentaron una segunda queja ante autoridades por la inclinación que el edificio 308 mostraba hacia el suyo. Su demanda ciudadana fue entregada a la delegación Benito Juárez, entonces encabezada por Christian Von Roehrich, quien ahora es diputado local electo por la coalición “Por la CDMX al Frente”.

Funcionarios de la delegación visitaron el inmueble, confirmaron la inclinación y pidieron que los poseedores del edificio en el 308 de Nicolás San Juan obtuvieran, “ante un DRO y un Corresponsal en Seguridad Estructural, un dictamen de las condiciones presentes y las medidas de corrección por los pisos extra incorporados y el desplome existente." El oficio fue firmado por Jorge Alonso Elizalde Cruz, en ese momento titular de la Unidad Departamental Técnica de Protección Civil de la delegación Benito Juárez.

Las autoridades delegacionales tampoco dieron seguimiento a su petición. A través de una solicitud de información pública, MCCI preguntó a la delegación si se habían realizado las actividades señaladas. Respondieron que no tenían registro de que así hubiera sucedido.

Tres edificios dañados

Cuando el 19 de septiembre del 2017 las ondas sísmicas provenientes del sur sacudieron a la Ciudad de México, el edificio de Nicolás San Juan 308 se movió bruscamente de lado a lado, chocando con los edificios vecinos: el 304 (al norte) y el 314 (al sur).

Los dos niveles que se le añadieron en 2006 provocaron que su movimiento fuera más extremo y, por lo tanto, más brusco el golpeteo con los edificios colindantes. El dictamen postsísmico realizado por el ingeniero Bernardo Gómez, quien fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural entre 2015 y 2016, describe al inmueble del 308 como un “edificio con incremento de niveles que empeora la excentricidad de carga gravitacional en dirección del inmueble ubicado en Nicolás San Juan 304".

El 26 de abril de 2018, la PAOT publicó la resolución sobre la investigación que realizó sobre este inmueble.

La falta de separación entre los edificios hizo más fuerte el choque. La ley marca que la distancia que debe existir entre la separación de dos inmuebles depende de la altura de las estructuras. Evidentemente, cuando se añadieron los dos penthouses, la separación entre los edificios en la calle de Nicolás San Juan no aumentó de manera correspondiente.

Video: Lucía Vergara

El edificio 304 de Nicolás San Juan —con seis niveles y 21 departamentos— quedó gravemente dañado. Este edificio contaba con una “planta baja débil”, en el lenguaje de los ingenieros, lo cual lo hacía más vulnerable. Una “planta baja débil” es un primer nivel, usualmente destinado a estacionamiento, que cuenta con un sistema de estructuración compuesto de columnas de concreto reforzado pero una ausencia de muros de carga. El edificio número 304 se demolió en abril de 2018.

El otro inmueble contiguo al 308, el ubicado en el número 314, también presentó daños, por lo que fue deshabitado.

El edificio ubicado en Nicolás San Juan 304, vecino del inmueble con los penthouses, presentó daños graves. En abril de 2018, se demolió.
Fotografía: Lucía Vergara

El edificio de Nicolás San Juan 308 sufrió daños estructurales.

Fue hasta después del sismo que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) realizó una investigación sobre este inmueble. En su resolución, publicada el 26 de abril del 2018, confirmó que “rebasa los niveles permitidos” y que “la carga extra de la superficie de construcción representa un riesgo, toda vez que el sobre esfuerzo de los elementos estructurales y la cimentación no contemplaban el peso que se adicionó”. También concluyó que los desarrolladores violaron el reglamento de construcción al realizar la obra sin contar con la manifestación de construcción.

El 16 de mayo de 2018, en un comunicado firmado por el director general del Instituto para la Seguridad en las Construcciones (ISC), Renato Berrón, se informó a los vecinos que su edificio no solamente había sufrido daño estructural a raíz del sismo, sino que la estructura seguía deteriorándose desde entonces.

Este instituto también señaló que los dos pisos adicionales representaban una vulnerabilidad para la estructura y que el edificio estaba en “alto riesgo de colapso”, por lo que se determinó su demolición.

La Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano (Seduvi) será la que decida si se premiará la ilegalidad: esa dependencia determinará si los dos niveles añadidos ilegalmente en 2006 se podrán reconstruir.

Los trabajos para demoler el edificio de Nicolás San Juan 308 comenzaron justo en el área donde se encontraban los niveles construidos de manera ilegal.
Fotografía: Isabel Mateos

Resistir 32 años
y caer en
20 segundos

Texto: Dulce González

Video: Gloria Hernández-Lucía Vergara

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Un sismo, el de septiembre de 1985, lo dejó con daños. Sus dueños ignoraron la inclinación que tenía y sin realizar ninguna obra de reforzamiento lo vendieron. Propietarios y autoridades apostaron a que con el tiempo se olvidaría que era una construcción herida. El 19 de septiembre de 2017 colapsó.

Calle y número:

Avenida Niños Héroes 173

Colonia:

Niños Héroes de Chapultepec

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

1951

Persona fallecida:

María Salomé López

¿Qué podría suceder en 20 segundos? Xóchitl de la Paz creía que en un lapso tan diminuto, era improbable que sucediera gran cosa. Eso pensaba antes del 19 de septiembre del 2017. Ese día, su percepción sobre perderlo todo en un parpadeo cambió cuando su madre, María Salomé López, murió poco tiempo después de permanecer atrapada en un edificio colapsado y su pequeño negocio, una estética, desapareció entre los escombros.

Video del colapso de Avenida Niños Héroes de Chapultepec 173.
Imagen tomada de Milenio TV

Un video subido a Youtube por vecinos de la colonia Niños Héroes, en la Delegación Benito Juárez —al sur poniente de la Ciudad de México— mostró cómo el edificio ubicado en el número 173 de Avenida Niños Héroes, en la colonia del mismo nombre, se vino abajo, en 20 segundos.

Las imágenes del colapso del inmueble color durazno se compartieron una y otra vez en redes sociales: suena la alerta sísmica y una mujer grita desesperada, para que la gente salga rápido del edificio. Dos hombres corren para ponerse a salvo; todo se pierde ante la polvareda levantada por el edificio en ruinas.

El terremoto que sacudió a la capital del país evidenció la fragilidad en que se encontraba ese edificio desde hace 32 años, cuando otro sismo, el de 1985 le provocó daños que nunca fueron atendidos. Los problemas fueron minimizados por sus antiguos dueños e ignorados por las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México.

Xóchitl tenía su estética en Niños Héroes 173 gracias a su hermana y a su mamá, quienes habitaban uno de los departamentos y le donaron el cajón de estacionamiento, ubicado en la planta baja del edificio construido en 1951.

Ese cajón de estacionamiento, de dos por cuatro metros cuadrados, fue adaptado como estética. Ahí atendía a los 10 o 15 clientes que llegaban por día para cortes de pelo, tintes y otros servicios. Xóchitl, en su negocio, había invertido entre 50 y 80 mil pesos, el ahorro de su vida.

El edificio que se levantaba sobre este modesto negocio tenía cuatro niveles con dos departamentos en cada uno. En total, había ocho viviendas en donde habitaban 12 personas que se quedaron en la calle. La planta baja, también fue utilizada como estacionamiento.

Una persona que ha trabajado en la lavandería instalada en un local contiguo al edificio colapsado —quien no quiso dar a conocer su nombre, pero que puede ser identificada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)—, advirtió que el inmueble caído estaba dañado desde el terremoto de 1985, de acuerdo con un dictamen de Protección Civil de la delegación Benito Juárez, en ese entonces encabezada por Eugenia Moreno Gómez.

Esta misma persona recordó que, en septiembre de 1985, los habitantes del edificio fueron desalojados de los departamentos debido a que el inmueble se inclinó 80 centímetros. Los dueños –dijo— pintaron la fachada, pero no reforzaron la estructura del inmueble.

Avenida Niños Héroes de Chapultepec antes del colapso.
Imagen: Google Street View

Vender una y otra vez; no reforzar

Documento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México.

En 1985, los propietarios eran Dolores Hernández de Twitchell y George Twitchell Stanley. En el año 2000, ellos vendieron este edificio a Miguel Ángel Guzmán Huerta, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad consultados por MCCI.

Cuatro años después, en 2004, Miguel Ángel Guzmán Huerta vendió los departamentos por separado, cada uno con valor aproximado de 1.8 millones de pesos. En ese entonces, el único mantenimiento que tuvo el edificio fue una remodelación de la fachada. Nada más. No se tocó la estructura, según relató Xóchitl de la Paz, así como otras dos personas por separado, entre ellas una que ha trabajado en la lavandería contigua.

En el Registro Público de la Propiedad, Miguel Ángel Guzmán Huerta continúa apareciendo como el único dueño del inmueble. Los vecinos no hicieron el cambio de propietario.

El Reglamento de Construcciones para el DF en 1942 —vigente cuando se construyó el edificio— no contemplaba las deformaciones por desplazamientos que distintas estructuras pueden tener a consecuencia de los sismos; ya que los análisis sísmicos eran muy simplificados y correspondían a los conocimientos que en ese entonces había sobre el comportamiento de los edificios durante un temblor.

Sin embargo, de acuerdo con un ingeniero especializado en estructuras consultado por MCCI, un edificio como el de Niños Héroes 173, que ya había sufrido una inclinación en el sismo del 1985, sí debió reforzarse en su estructura, además de resanarse los muros y darle mantenimiento en las tuberías.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la delegación Benito Juárez informó que no hay documentos oficiales sobre alguna verificación de Protección Civil realizada al edificio de Niños Héroes 173. Sin embargo, Xóchitl de la Paz y la empleada de la lavandería contigua sostuvieron que sí hubo un dictamen de la dependencia en 1985 advirtiendo del peligro en que se encontraba el edificio.

De acuerdo con una nota publicada en Excélsior el 7 de octubre de 2017, en 2001 vecinos del edificio presentaron una demanda ciudadana ante la delegación Benito Juárez para que se realizara una revisión del inmueble. Eso no sucedió. Xóchitl de la Peña –de 38 años de edad— aún lamenta haber perdido su negocio, la inversión recién hecha ahí y, sobre todo, la muerte de su madre, María Salomé López, quien ese 19 de septiembre fue rescatada aún con vida de entre los escombros por un grupo de albañiles que trabajaban en una obra cercana. No obstante, falleció horas después en un hospital de traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta julio de 2018, Xóchitl de la Peña seguía atendiendo a sus clientes en la estética que improvisó sobre la banqueta, junto al terreno en donde estuvo el edifico colapsado, bajo una sombrilla de colores trabada dentro de un rin de automóvil, con un espejo sostenido por un alambre y un clavo incrustado sobre el tapiado de madera colocado en el perímetro donde sucedió el desplome.

Toma aérea de Niños Héroes de Chapultepec 173.
Fotografía: Isabel Mateos
Xóchitl improvisó su estética en la esquina de Niños Heróes de Chapultepec y Galicia.
Fotografía: Gloria Hernández

Tres bancos de plástico blancos sirven para que los clientes esperen ser atendidos. Sus instrumentos de trabajo los ha colocado dentro de un pequeño recipiente de plástico azul. También hay una escoba que sirve para limpiar la acera cuando termina la jornada de trabajo.

“Si para las viviendas no hay nada, imagínate para los negocios”, dijo Xóchitl de la Paz sobre si, de alguna manera, el Gobierno de la Ciudad de México ha hecho algo para apoyarla.

“Las delegaciones se supone que tienen un fondo de vivienda, pero el delegado nunca ha salido a dar la cara y decir que lo está gestionando”, agregó sobre quien encabezó esa demarcación entre 2015 y febrero de 2018, Christian Damián Von Roehrich, hoy diputado local por esa misma zona tras las elecciones del pasado 1 de julio.

Dictamen de Niños Héroes de Chapultepec 173.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinó 347 millones 629 mil 335 pesos para la reconstrucción de viviendas para la Ciudad de México, tras el terremoto del 2017. Xóchitl de la Paz no ha visto un solo peso de esa bolsa de recursos públicos. El ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ni siquiera se paró por ahí a pesar de que el video sobre el colapso del edificio fue uno de los primeros que se hizo viral en redes sociales.

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De repente uno se siente solo y dice:
¿Qué voy a hacer?”

Xóchitl de la Paz, dueña de la estética que funcionaba en el edificio.

Amanecer
con un helipuerto
como vecino

Texto: Claudio González Caraza
video: Gloria Hernández Cruz

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Diez meses antes del sismo del 2017, habitantes del edificio ubicado en el 230 de la Avenida Nuevo León denunciaron que a unos metros de ellos se realizaba una construcción ilegal. Ninguna autoridad detuvo la construcción del helipuerto. Al final, ningún helicóptero aterrizó ahí; pero los daños que causó esta obra siguen impunes.

Calle y número:

Nuevo León
230 y 238

Colonia:

Hipódromo

Delegación:

Cuauhtémoc

Año de construcción:

1950 y 1961

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Alejandra Brito habitó el departamento 501 de Avenida Nuevo León 230, en la colonia Hipódromo, poco más de diez años: desde principios del 2007 hasta el 19 de septiembre del 2017. El día del sismo ella y sus vecinos tuvieron que desocupar sus viviendas. Doce meses después, varios de ellos aún no pueden regresar a su casa.

Un año antes del terremoto, los vecinos de Nuevo León 230 comenzaron una lucha en contra de la construcción de un helipuerto ilegal justo al lado de su edificio, en el número 238 de la misma avenida. Fue una batalla contra la construcción ilegal, pero también contra las autoridades delegacionales y capitalinas que no frenaron las obras a tiempo y que nunca impusieron los castigos que marca la ley.

Desde que Alejandra se mudó a Nuevo León 230, el edificio colindante al sur, el 238, había operado como una torre de oficinas. Alrededor de 200 trabajadores entraban y salían cada día de ese inmueble de nueve niveles y construido en 1961.

Hasta donde recuerda, en sus primeros nueve años viviendo en esa calle, nunca se dio algún acontecimiento fuera de lo ordinario en el edificio vecino. Pero en noviembre de 2016, sin aviso previo y sin cumplir la norma de construcción vigente —que obliga a quienes realicen una obra a proteger de la misma a sus vecinos colindantes—comenzó una construcción en la azotea del número 238.

Durante esos trabajos, Alejandra y sus vecinos del 230 tenían que subir a su azotea para recoger el cascajo que la obra de junto dejaba caer sobre su edificio.

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Los residentes del 230 se manifestaron en contra de la obra, ya que tampoco contaba con un aviso de construcción en su fachada como también lo exige la ley. Pero las autoridades no frenaron los trabajos. Ni la delegación Cuauhtémoc ni el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) se presentaron en el sitio durante los últimos meses de 2016, cuando la construcción se llevaba a cabo tanto de día, como de noche.

Sin cumplir las normas, en 2016 se construyó un helipuerto en el corazón de la Condesa.
Fotografía: Cuartoscuro

En enero del 2017, la obra empezó a tomar forma. Una serie de columnas de acero estaban ancladas con descuido sobre los costados del edificio. Arriba de las columnas se colocaron unas láminas de metal corrugado. Por lo improvisada que se veía la estructura, los vecinos creyeron que era un roof garden. Para cerciorarse decidieron volar un dron sobre la azotea del edificio 238. Así se dieron cuenta que, en realidad, la nueva plataforma pretendía ser un helipuerto.

Un helipuerto en plena zona residencial, en una colonia que ha hecho de la bicicleta su estandarte de movilidad.

Durante los primeros días del 2017, el Comité Vecinal de la colonia Hipódromo presentó formalmente su queja en una reunión con Zuleyma Huidobro, titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Su reclamo tenía fundamentos: el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Hipódromo del año 2000 prohíbe, de manera explícita, los helipuertos.

Días más tarde, ante la inacción gubernamental, vecinos de la zona convocaron a una manifestación afuera del 238 de Nuevo León. Eso funcionó. El 27 de enero, un día antes de la protesta, Huidobro acudió a frenar los trabajos que todavía se realizaban en la azotea del edificio, poniendo sellos de clausura de obras a la entrada del inmueble.

Un día antes de una manifestación vecinal, la delegación paró las obras irregulares.
Imagen tomada de Twitter

Huidobro compartió la acción tardía de la delegación en su cuenta de Twitter: “Seguimos atendiendo las quejas vecinales como prioridad del gobierno del jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila con total transparencia”.

Hay, sin embargo, un detalle que la delegación nunca transparentó: miembros del equipo de campaña de Ricardo Monreal ocuparon oficinas en el edificio número 238 de avenida Nuevo León durante el 2015, año en que el zacatecano fue electo para el cargo de delegado.

La autoridad y el infractor no eran del todo ajenos.

En septiembre del 2015, el mes anterior a que Monreal asumiera su cargo, Alan Macías y Rocío Portillo, miembros del equipo de comunicación social de la delegación, compartieron en sus redes sociales fotografías tomadas desde una oficina en Avenida Nuevo León 238. En una de las imágenes aparece Paris Cervantes, quien formaría parte del gabinete de Ricardo Monreal como director de comunicación social de la delegación Cuauhtémoc.

En entrevista telefónica, Paris Cervantes confirmó que tanto Macías como Portillo fueron miembros del equipo de comunicación social de Monreal en campaña. También aceptó que se incorporaron al equipo de comunicación social de la delegación una vez que Monreal asumió como titular. Sin embargo, dijo no recordar si algún día visitó esas oficinas. Aseguró que durante el periodo de transición él solía despachar desde su casa.

Clausura sin efecto

Las obras en la azotea de Avenida Nuevo León 238 continuaron aún con los sellos sobre el inmueble, como consta en un video que grabó el propio Comité Vecinal el 15 de julio de 2017.

—Los sellos, tanto de la delegación como del Invea, fueron una farsa. El helipuerto terminó de construirse sin la más mínima molestia por parte de autoridades y con el inmueble supuestamente clausurado —recuerda Mony de Swaan, propietario de un departamento en el edificio de Avenida Nuevo León 230.

El artículo 286 del Código Penal del Distrito Federal establece que romper los sellos colocados por la delegación es un delito que se castiga con dos a siete años de cárcel.

No se impuso castigo alguno por el quebrantamiento de sellos, de acuerdo a Mariana Gil, abogada que representa a vecinos del edificio 230.

También en respuesta a la movilización vecinal, en febrero del 2017 el Invea dictaminó que el helipuerto construido en el corazón de la Condesa era ilegal, por lo que ordenó su demolición y fijó una multa de 110 mil 281 pesos.

La empresa detrás del inmueble, Helicópteros de Puebla S.A. de C.V., salió de inmediato a proteger su construcción. Se amparó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y pidió un juicio de nulidad sobre la decisión del Invea. Los representantes legales de la compañía son los empresarios poblanos Julián Manuel Ventosa Aguilera y Julián Ventosa Tanus.

Una empresa de la familia Ventosa, Grupo JV (Julián Ventosa), ha desarrollado edificios de oficinas, plazas comerciales y proyectos residenciales en Veracruz y Puebla. Dos de sus torres de oficinas en la ciudad de Puebla cuentan con helipuertos.

El amparo promovido por Helicópteros de Puebla se resolvió siete meses más tarde, casualmente la mañana del 19 de septiembre del 2017. El magistrado Rubén Minutti Zanatta negó el amparo que buscaba anular la decisión del Invea y ordenó proceder con la demolición. A las pocas horas llegó el sismo. Cuando los vecinos ganaban la partida legal, perdían sus casas.

El ISCDF dictaminó el daño del edificio y propuso un proyecto de reestructuración.

“Castillos” que rompen muros

Durante el temblor, los edificios 230 y 238 de Avenida Nuevo León chocaron con fuerza. El ubicado en el número 238, de nueve niveles y que no estaba diseñado para la carga adicional que representaba el helipuerto en su azotea, sufrió daños estructurales. Fue desocupado.

Para el edificio de Nuevo León 230 un agravante fue un castillo entre las estructuras.

El número 230 —construido en 1950, con seis niveles y 15 departamentos— también tuvo daños considerables. Todos los departamentos presentaron grietas en los muros. Sus escaleras y otras áreas comunes quedaron muy dañadas. El edificio se desalojó. El dictamen del Instituto para la Seguridad en la Construcciones, presentado semanas después del sismo, corroboró que el inmueble era inhabitable.

Los contratos de arrendamiento se cancelaron y los propietarios de los departamentos han tenido que invertir 5 millones de pesos sólo en las reparaciones de su inmueble.

El golpeteo fue aún más brusco a la altura del sexto nivel del 230, donde los edificios estaban separados por no más de 30 centímetros. Ahí estaba atorado un “castillo” (un pedazo de cemento y varillas) que se desprendió del 238 durante la construcción del helipuerto y que cayó en medio de los inmuebles, dada la nula protección con la colindancia.

Durante el sismo, el castillo quebró un muro de carga del departamento 503 de avenida Nuevo León 230; dejó un hoyo de un metro y medio de diámetro. El castillo cruzó el interior del departamento 503, rompió la ventana y terminó en el balcón. Hasta julio de 2018, más de la mitad de los departamentos del número 230 seguían deshabitados.

Demuelen helipuerto, continúa impunidad

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2018, nueve propietarios del edificio 230 presentaron una denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México (Fedapur) en contra de las autoridades o los particulares que resultaran culpables de la construcción ilegal en el edificio colindante con el suyo.

En su denuncia, los propietarios citan el dictamen postsísmico aprobado por el arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, miembro del Colegio de Arquitectos, en el que se describe una “afectación severa” al edificio en Nuevo León 230, “por estructura irregular (helipuerto) en predio colindante Nvo. León 238”.

La denuncia también cita tres dictámenes estructurales postsísmicos realizados por el ingeniero civil Ernesto Rodríguez Hernández y que fueron entregados a los propietarios del edificio 230 por la Directora de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc, Cynthia Murrieta.

El daño a uno de los departamentos por el cascajo de la construcción del helipuerto. Imagen tomada de Animal Político

El primero, con fecha del 27 de septiembre del 2017, señala el fuerte golpeteo de los dos edificios y el daño que eso provocó, pero no se hace mención del helipuerto.

Dos días después, el 29 de septiembre, el mismo ingeniero Rodríguez Hernández presentó—de nueva cuenta a través de funcionarios de la delegación Cuauhtémoc—un segundo dictamen. En ese documento asegura que “la plataforma que se está construyendo [el helipuerto] no tuvo nada que ver con el golpeteo entre los dos edificios”.

El 2 de octubre, Rodríguez Hernández presentó un tercer dictamen a la delegación Cuauhtémoc. Ahí modifica una vez más su conclusión; asegura que al edificio 232 le fueron retiradas estructuras en la azotea aligerándolo. Nada dice del helipuerto. En su denuncia, los propietarios del edificio número 230 señalan que esos tres dictámenes fueron pagados y encargados por los propietarios del inmueble número 238, los señores Ventosa. Aunque no presentan pruebas de que así haya sido, lo que sí se sabe es que los señores Ventosa presentaron, ante la Fedapur, uno de los dictámenes del ingeniero Rodríguez Hernández —el que contiene la conclusión que más les favorece— como evidencia a su favor.

Los dictámenes no relacionaron los daños de los edificios con la construcción del helipuerto.
Imagen tomada de Noticieros Televisa.

La denuncia que presentaron los propietarios del edificio 230 llevó a que la Fiscalía de Delitos Ambientales abriera una carpeta de investigación con número CI-FEDAPUR/A/UI3CD/1577/10-2017. Sin embargo, esta fiscalía contó con pocos elementos para realizar su investigación.

Unas semanas después del sismo y en contra de las solicitudes de los vecinos afectados que demandaban al Subsecretario de Obras de la Ciudad de México levantar periciales independientes, el helipuerto se demolió.

Sin el helipuerto es difícil determinar si el peso que agregó al edificio fue un factor que incrementó el golpeteo con el inmueble vecino, como el arquitecto Villaseñor Jiménez sugirió en su dictamen postsísmico.

Otro impedimento para la Fedapur fue la falta de documentos. Los ministerios públicos de esa instancia no tuvieron acceso a planos arquitectónicos y estructurales, memorias de cálculo ni tampoco a las bitácoras de obra del edificio número 238; documentos cruciales para determinar el comportamiento del edificio durante el sismo. Según un dictamen técnico realizado por el arquitecto Saúl Díaz Godínez, y que forma parte de la carpeta de investigación, la Fedapur le solicitó esos documentos a la delegación Cuauhtémoc, pero esta dependencia nunca se los proporcionó.

Inquilinos y propietarios exigieron peritajes independientes.
Fotografía: Cuartoscuro

El 1 de junio de 2018, Mercedes Gutiérrez Salinas, ministerio público de la Fedapur, propuso no ejercer acción penal con el argumento de que no se contaba con elementos suficientes para fincar responsabilidades.

Los vecinos de Avenida Nuevo León 230 no se dan por vencidos; han decidido que darán seguimiento a su denuncia por los cauces legales que tengan a su alcance.

A casi un año Nuevo León 230 no está habitado por completo
Fotografía enviada al correo de MCCI

Los sin papeles

Texto: Miriam Castillo

Video: Lucía Vergara

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El terremoto de 1985 no les causó daños, pero en septiembre de 2017 la historia fue diferente. El edificio de Rancho del Arco 32 se desplomó y provocó la muerte de nueve personas. A unos pasos de ahí, en Canal de Miramontes, cinco inmuebles con el mismo estilo arquitectónico quedaron inhabitables. ¿Por qué fallaron ahora? Parte de la respuesta podría estar en las condiciones del suelo y los sistemas constructivos utilizados. No hay certeza, porque no es posible saber cómo se construyó en la zona de Coapa, ya que la delegación Coyoacán no guarda esa memoria documental.

Calle y número:

Rancho del Arco 32; Miramontes 2990, 2998, 3010, 3032 y 3040.

Colonia:

Los Girasoles

Delegación:

Coyoacán

Año de construcción:

1981-1982

Personas fallecidas:

9

1

La tarde del 19 de septiembre de 2017 los habitantes de la colonia Los Girasoles descubrieron que las construcciones en el sur de la ciudad no son inmunes a los efectos de un sismo; que en esa zona de la delegación Coyoacán, en donde antes decían que cuando temblaba “no pasaba nada”, ahora sí sucedía y mucho.

Tan sólo en el perímetro que forman las calles de Canal de Miramontes, Rancho del Arco, Calzada del Hueso y Rancho Vistahermosa es posible contabilizar, por lo menos, 16 edificios que resultaron con afectaciones durante el sismo de magnitud 7.1.

Detalle de la plataforma de la Comisión para la Reconstrucción. Imagen tomada de la plataforma CDMX.
Imagen: Plataforma CDMX

Entre esos 16 edificios hay seis que son iguales en su arquitectura, ya que fueron diseñados o comercializados por el mismo despacho de arquitectos: Arelle Hermanos. Los seis se construyeron a principios de la década de los ochenta, cada uno de ellos tiene 24 departamentos; se distinguen porque sus muros son de tabique rojo y cuentan con seis pisos. El día del sismo presentaron una similitud más: fueron los que más daños sufrieron, tanto que sus dictámenes postsísmicos los consideraron como inhabitables.

Uno de esos seis edificios, el de Rancho del Arco 32, colapsó segundos después del sismo. Mauricio Alvarado logró salir del inmueble antes de que desaparecieran casi por completo los primeros tres niveles.

—Se empezó a sentir cómo el departamento se iba hacia abajo. Pero yo no sabía si se estaba derrumbando o si se había inclinado. Simplemente sentí cómo se iba hacia abajo y de repente se paró, pero mi departamento ya estaba inclinado (…) los vecinos empezaron a gritar, a pedir ayuda. Son una familia de cuatro personas, tres de ellos estaban atrapados. Me fui a ayudar. Estuvimos como media hora moviendo escombro, hasta que pudieron salir (…) Había sido algo gravísimo. Estaba todo hecho piedra, hecho pedacitos. La azotea llegó hasta la calle. Todo era losa contra losa —recordó Mauricio en el predio donde había estado su edificio y en donde ahora sólo hay una plancha de concreto.

En la misma colonia, el condominio ubicado en Miramontes 3010 quedó tan dañado que se demolió dos meses después del sismo. Cuatro edificios más —los que están en Canal de Miramontes 2990, 2998, 3032 y 3040— siguen sin poder ser habitados.

Los seis edificios fueron construidos cuando estaba vigente el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de 1976. Esta norma —elaborada tomando en cuenta los conocimientos que entonces se tenían sobre el comportamiento de las estructuras ante los terremotos en el país y en otras naciones— contemplaba sismos de una intensidad media y dividía el territorio de la Ciudad de México en dos tipos de suelo: duro y blando.

Ingenieros estructuristas y geólogos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) coinciden en que los criterios sobre la intensidad de los sismos, así como la clasificación de los suelos que se tomaron en cuenta para la construcción de estos edificios, vigentes en el reglamento de 1976, podrían ser uno de los varios factores que contribuyeron a los daños presentados en los inmuebles de la colonia Los Girasoles.

El modelo estructural y arquitectónico se repitió en seis edificios. Solo Rancho del Arco colapsó.
Fotografías: Google Street View y Cuartoscuro

De haciendas a zona urbana

Coapa se encuentra al sur de la Ciudad de México, en el límite de la delegación Coyoacán, entre lo que fueron los lagos de Chalco y lo que aún queda de la zona lacustre de Xochimilco. En los años 50 era una zona donde abundaban las haciendas y ranchos de vacas lecheras.

La colonia Los Girasoles se levantó en una área de tierra fértil. Justo por eso, cuando el lugar comenzó a llenarse de casas, comercios y escuelas, las calles fueron bautizadas con nombres como Cacahuatales, Sauzales, Cafetales, Granjas Coapa y una variedad de Ranchos.

La urbanización de esos predios inició con la Unidad Habitacional Narciso Mendoza construida en 1968. Esta unidad, más conocida como Villa Coapa, se utilizó para alojar a los jueces que participaron en los juegos olímpicos realizados ese año. Cuando terminaron las competencias deportivas, las casas dúplex y los departamentos se vendieron como vivienda particular.

Para 1980 la edificación de vivienda en la zona tuvo su mayor auge. La llegada de nuevos vecinos se intensificó después del terremoto de septiembre de 1985. A Coapa llegaron muchas familias que buscaban vivir en una área que no fuera tan vulnerable en caso de un sismo.

En la urbanización de la zona participó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), que promovió la adquisición de departamentos a través de créditos para sus agremiados. Uno de esos proyectos fue el llamado Girasoles Universidad.

Los conjuntos habitacionales Girasoles se desarrollaron con construcciones similares en tres etapas: Girasoles I, II y III. Se ubicaron en distintos predios en la zona de Coapa, entre calles delimitadas por Calzada de las Bombas, Del Hueso, División del Norte y Cafetales.

—Nosotros compramos con los créditos sindicales, fuimos maestros universitarios y casi la mayoría ahora vivimos de la pensión. La zona adquirió plusvalía después. Pero nuestros ingresos siguen siendo de clase media —cuenta Margarita Suárez, jubilada de 65 años que vivía en uno de los condominios de Miramontes y mantiene la esperanza de que su edificio pueda repararse.

Entre las inmobiliarias que participaron en el diseño y construcción de edificios en la zona está Arelle Hermanos S.A. de C.V. Esa empresa, de los hermanos David y Alberto Arelle, comercializó el condominio de Miramontes 3010.

Los hermanos Arelle Sergent construyeron la colonia Girasoles.

El 7 de junio de 1982 se registró el inmueble con 24 departamentos; quien firmó como representante legal fue Alberto Arelle, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, consultados por MCCI.

Los hermanos Arelle Sergent construyeron la colonia Girasoles.

Un edificio exactamente igual al de Miramontes 3010 se construyó en la misma manzana, pero en el predio de Rancho del Arco 32. En ese caso, la inmobiliaria La Guardiana fue la empresa que vendió los departamentos. Esa empresa tenía como accionistas a Ernesto Álvarez Morphy, Guillermo Álvarez Morphy, Fernando de la Macorra, José Porto Pérez y Ricardo García Ruiz. Los documentos consultados por MCCI muestran que el representante legal de la inmobiliaria era también Alberto Arelle Sergent.

Los hermanos Arelle están vinculados al mercado de la vivienda desde principios de los años ochenta. David Arelle se concentró en desarrollar viviendas de interés social en los estados del país.

David Arelle confirmó en entrevista con MCCI que participó en la construcción de los edificios únicamente como socio; la ejecución de casi todos los proyectos corrió a cargo de su hermano Alberto.

Aseguró que para cada edificio se hicieron cálculos particulares para la cimentación, a pesar de que tenían un diseño arquitectónico idéntico.

En la delegación y en los archivos disponibles de la colonia no hay ningún documento que pueda avalar o desmentir ese dicho.

Reglamentos viejos, nuevos temblores

División del tipo de suelo en 1976. La parte oscura era suelo duro el resto, blando.

Cada uno de los seis condominios que presentaron más daños en el polígono de Canal de Miramontes y Rancho del Arco contaban con 24 departamentos, distribuidos en dos torres unidas por la zona de escalera. En los seis niveles, incluyendo la planta baja, había cuatro departamentos con tres recámaras, sala, comedor, un baño y patio de servicio. Todos fueron construidos con muros de mampostería (formados con tabique rojo y castillos), sistema constructivo muy común, sobre todo, en las décadas de los 70 y 80.

Al haber sido edificados entre 1981 y 1984, el reglamento vigente para su diseño era el de 1976 y los parámetros para construirlos eran sólo para terremotos con una intensidad similar a la que tuvo el sismo de 1957, que fue de 7.7 con epicentro en Guerrero.

Para entonces, las fórmulas matemáticas que se utilizaban para calcular la resistencia de las estructuras consideraban resistencias que estaban entre el cuatro y seis por ciento respecto a la gravedad. Después del terremoto de 1985, esos números aumentaron. En la actualidad, el porcentaje que se utiliza para esos cálculos es de entre 24 y 30 por ciento.

Además, el Reglamento de Construcciones de 1976 no tomaba en cuenta con mucho detalle el tipo de suelo en el que se levantaría el edificio, como ahora se tiene que hacer. En ese entonces sólo se consideraba si era un suelo duro o blando.

En la actualidad, el reglamento considera que el suelo de la Ciudad de México se divide en seis clasificaciones; los parámetros que se toman en cuenta para calcular la resistencia sísmica dependen de la zona en donde se construye el edificio.

—Hasta que no pasa algo, no hay evidencias, no se modifican las cosas. Seguramente en el 76 había evidencias de que ahí era un suelo de lago, pero no sabíamos qué efectos había en esas zonas; qué tanto se amplifica la onda sísmica. En la zona de transición o a la zona de lago, ya hay evidencias de que se incrementa hasta 500 veces (la intensidad del sismo) —explica el ingeniero con maestría en estructuras, José Antonio López Meza.

Investigadores del Intituto de Geología de la UNAM explicaron a MCCI que en el sur de la Ciudad de México la onda sísmica del 19 de septiembre del 2017 se replicó de manera particular y se amplificó aún más. Esto no había pasado en terremotos anteriores.

Además señalaron que la historia del subsuelo en la ciudad de México se reconstruye poco a poco, conforme se van obteniendo muestras del suelo.

—Habíamos vivido terremotos varias veces. Pensamos que era uno más. No pensamos que todo iba a quedar así. No pensamos que todo iba a salir tan mal —lamenta Angélica Ramírez, quien vivía en Rancho del Arco 32.

En busca de documentos

Los habitantes de los seis edificios de la colonia Los Girasoles no sólo se dieron cuenta que la zona de Coapa ya no es inmune a los daños por sismo. También se han enfrentado a una realidad que el terremoto develó: las delegaciones y el gobierno central no conservan la memoria documental de cómo se ha construido la ciudad.

Desde el mismo 19 de septiembre del 2017 los habitantes de los seis edificios dañados comenzaron a preguntar quién tenía planos y otros documentos sobre la construcción de sus inmuebles. Como parecía que ningún vecino los tenía, realizaron solicitudes de información a la delegación Coyoacán, en las que pidieron copias de la licencia de construcción, la memoria de cálculo y los planos.

Las autoridades delegacionales respondieron que en sus archivos sólo guardaban información a partir del 2012 a la fecha y argumentaron que, según la Ley de Archivos del Distrito Federal, la delegación sólo tiene obligación de guardar la documentación de cinco años atrás; los papeles más antiguos los envían al gobierno central.

La delegación Coyoacán no cuenta con archivo.

Lo que dice esta Ley de Archivos, en su artículo 34, es que: “la baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales y que no posean valores secundarios o históricos; evidenciales, testimoniales o informativos”.

Los vecinos requieren los planos y las memorias de cálculo de sus edificios para que los especialistas puedan diseñar un proyecto para su reforzamiento o para determinar las causas que contribuyeron al colapso de algunos y considerarlas en las nuevas construcciones.

MCCI también solicitó esos documentos a través de solicitudes de acceso a la información a la delegación Coyoacán. Su respuesta fue que no los tenía. Además, se habló a comunicación social de la demarcación para solicitar una explicación de por qué no existían esos archivos, pero no se tuvo respuesta.

Los vecinos acudieron al Archivo General de Notarías; ahí tampoco pudieron obtener los papeles de los edificios. Las oficinas de esa dependencia también sufrieron daños durante el sismo, por lo que no fueron atendidos.

-(Los planos) No sabemos dónde están y nos dicen que si la zona (en el Archivo) donde estaban los planos fue la más afectada y se cayó no pueden entrar. ¿Y luego? Una empresa se comprometió a hacer el proyecto y sacar los planos, la memoria de cálculo, todo, todo —explicó Margarita Suárez.

Esa empresa cobraba 500 mil pesos por hacer esos documentos. Los vecinos solicitaron al gobierno de la Ciudad de México que se destinaran recursos del Fondo de Reconstrucción para esto, pero su propuesta no fue aprobada.

Este mismo modelo de departamentos se repitió en una decena de edificios en la colonia.

MCCI también acudió al Archivo General de Notarías para acceder a planos de diversos puntos de la ciudad; ahí aseguraron que los documentos estaban en un lugar inaccesible a consecuencia del terremoto.

Casi un año después, los vecinos aún no han logrado tener a la documentación completa.

Es más sencillo obtener la relación de lo que encontró Hernán Cortés al llega a la Nueva España —en la página web del Archivo de Indias del gobierno español— que los planos de las construcciones realizadas en 1980 en la delegación Coyoacán.

Una personas que alguna vez vivió en Canal de Miramontes 3010 fue quien ayudó a conseguir un juego de planos del edificio. Él los había guardado en su archivo personal.

Esos documentos están fechados en enero de 1981; fueron realizados por la inmobiliaria Arelle Hermanos y sólo en algunos de ellos aparece, escrita a mano, la dirección de Miramontes 3010.

—Nos dijeron que prácticamente los planos son iguales en todos los edificios y sí, la distribución es la misma. Incluso de los que se ven diferentes por afuera —explicó Angélica Ramírez, quien vivía en el edificio que colapsó en Rancho del Arco.

Las autoridades del Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México dan por buenos estos documentos para los seis edificios, y se toman como referencia inicial para hacer estudios y para dar constancia legal a quienes perdieron su casa.

Según el plano de cimentación del edificio de Canal de Miramontes 3010, en ese inmueble sólo se contemplaban cinco pisos, pero en otro documento se dibuja una fachada que incluye seis niveles.

De acuerdo con lo que recuerdan algunos vecinos, la construcción del último nivel se acordó entre el sindicato y la delegación. Sin embargo, no es posible saber si los constructores realizaron cálculos nuevos para la resistencia de la estructura con el piso extra.

Alguno de los vecinos señalan que la constancia del acuerdo entre el sindicato y la constructora se incluyó en los antecedentes de su escritura; pero esos papeles quedaron en los escombros y aún no los han podido obtener del Archivo General de Notarías.

El proyecto original contemplaba sólo cuatro pisos. En total se construyeron 24 departamentos.

El ingeniero José Antonio López Meza revisó algunos de los planos que los vecinos consiguieron y señaló que, en los papeles, se cumplió con el Reglamento de Construcción vigente a principios de los ochenta.

En el caso Rancho del Arco 32, el edificio pudo fallar porque en su diseño se consideraron parámetros de seguridad estructural insuficientes para resistir un sismo como el del 19 de septiembre. La forma en que colapsó el edificio, de acuerdo con fotografías, muestra que es posible que la estructura sufriera una torsión en la segunda planta; por lo que el resto del edificio se habría venido abajo al no tener cómo sostenerse.

La diferencia entre el edificio que cayó y los que aún están en pie con daños severos puede estar en los valores de cálculo de resistencia sísmica que se aplicaron, la forma en que los edificios tenían distribuidos los pesos y otros factores que se tendrían que determinar en los peritajes.

Además, vistos desde arriba, los edificios tienen una forma parecida a una letra H. El ingeniero José Antonio López Meza explica que esa forma irregular pudo influir en los daños que presentaron durante el sismo.

—Estas formas irregulares requieren de un proyecto estructural y de cimentación más reforzados. Sobre todo, por el tipo de suelo. En los planos no se ven esos refuerzos —explicó en entrevista.

Por su parte, cuando se demolió el condominio que se encontraba en Miramontes 3010, los vecinos descubrieron a través de un estudio de mecánica de suelos que el predio que ocupaba su edificio estaba relleno con cascajo en la parte de los cimientos. Hasta ahora, ningún especialista ha determinado si eso contribuyó a que el inmueble sufriera tanto daño.

Lo cierto es que será complicado saber con certeza qué falló en las construcciones porque no se cuenta con los planos estructurales, memorias de cálculo y de cimentación de cada uno de los seis edificios.

Los vecinos siguen en su recorrido para recuperar escrituras y planos; además de solicitar proyectos para la reconstrucción de los edificios que todavía están en pie.

Algunos inquilinos tienen la confianza de no pasar otra Navidad en la calle, bajo una tienda de campaña. Otros, como Octavio que vivía en el 503 de Rancho del Arco, resumen lo que han vivido hablando de la flor que da nombre a su colonia: —Los girasoles cuando no encuentran la luz del sol, se ven unos a otros. Nosotros hace mucho que no vemos la luz del sol.

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Llegué aquí (a Rancho del Arco 32), me la pasé afuera 32 horas, (…) Eran las ocho de la noche, empezó a llover. Estaba la valla de personas puesta y en eso salió mi mamá. El último cuerpo rescatado y salió con vida”.

Sara Peralta, hija de Adela Lepe de 86 años.

Personas fallecidas en Rancho del Arco 32

Niños

Adultos

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Ximena (bebé)

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Emmanuel Tort Murguía
Yolanda Elisa Castañeda
Joaquín Aguirre
Alma Trinidad
Lorena García Muñiz
Jaime López Valdés
Ana Laura Vargas
Humberto Hernández

La alerta
que el gobierno
capitalino ignoró

texto: Raúl Olmos

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Desde que se inauguró, a mediados de la década de los ochenta, se rentó para albergar oficinas gubernamentales. Un día después del sismo del 7 de septiembre de 2017, un dictamen advirtió del riesgo que representaba el peso de los miles de expedientes que se acumulaban en los niveles superiores. En el siguiente temblor, el quinto piso colapsó; ahí se perdieron cerca de 250 mil documentos oficiales.

Calle y número:

San Antonio
Abad 122

Colonia:

Tránsito

Delegación:

Cuauhtémoc

Año de construcción:

1984

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El Gobierno de la Ciudad de México fue alertado, con once días de anticipación, del riesgo de colapso en el edificio que ocupaban mil 300 empleados en San Antonio Abad 122, por una sobrecarga de documentos oficiales en los pisos superiores. La autoridad nunca acató la advertencia y el 19 de septiembre de 2017 el inmueble se desplomó parcialmente.

El dictamen estructural donde se había dado la advertencia se emitió el 8 de sep- tiembre de 2017, un día después de que había ocurrido un sismo de magnitud 8.2, cuyo epicentro fue Tonalá, Chiapas, y que sacudió a la Ciudad de México.

Especialistas de la firma estadounidense WSP, líder en servicios de ingeniería, realizaron aquel día una inspección en el sótano y en los ocho niveles del edificio y reportaron que no había sufrido daños estructurales ni grietas, sólo desprendimientos de algunos acabados.

El 8 de septiembre de 2017 se emitió este dictamen estructural, en el que se recomendaba reubicar la carga de archivos de gobierno que había en los niveles superiores del edificio.
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Sin embargo, en el recorrido apreciaron un factor de riesgo: el acumulamiento de pesados expedientes oficiales, por lo que emitieron la siguiente recomendación: “Se deberá tener especial cuidado con las concentraciones de carga, en este caso de archivos, en los niveles superiores del edificio ya que esto propicia un comportamiento de péndulo invertido en la estructura, el cual no es deseable en caso de sismo”.

Para aminorar el riesgo, se recomendó mudar esos archivos a los niveles más bajos de la estructura, de acuerdo con el dictamen del que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia, el cual fue autorizado por Rodolfo Valle Mattox, doctorado en Ingeniería Sísmica por la State University of New York y actual director de WSP en México.

El dictamen fue compartido a las dependencias del Gobierno de la Ciudad que rentaban seis pisos del edificio.

No obstante, la recomendación no se atendió y once días después, durante el sismo del 19 de septiembre, una parte del quinto piso prácticamente desapareció. En el nivel superior había acumulación de archivos que se había solicitado reubicar, según consta en fotografías.

Imagen: Google Street View

Ordenan derribar

En el edificio se resguardaban más de 250 mil expedientes que contenían documentos administrativos, de licitaciones, de regulación del comercio ambulante e incluso de reos liberados.

Las autoridades determinaron que el inmueble ya era inhabitable y ordenaron derribarlo. Ante el riesgo inminente de colapso, fue imposible rescatar los archivos que estaban en el interior, por lo que las autoridades decidieron dar de baja miles de expedientes, la mayor parte de la Dirección General de Administración de la Ciudad de México, que incluía contratos, facturas, estados contables, de nómina, procedimientos de licitaciones y comprobantes de pago.

El edificio era propiedad de Grupo Hexa, que rentaba el inmueble al Gobierno de la Ciudad desde su construcción en 1984.

Según los contratos consultados por MCCI, al menos 12 millones de pesos pagaban al año distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad por el inmueble que colapsó en el sismo.

Dictamen estructural de 2014 reportado por el Director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Cada que se firmaba un contrato se realizaban análisis de seguridad estructural, para garantizar que el edificio podía ocuparse sin riesgo. Un estudio era pagado por la inmobiliaria y otro por la autoridad.

Cuatro de los dictámenes recientes, obtenidos por MCCI, fueron firmados por el director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), Renato Berrón Ruiz, quien avaló que el gobierno capitalino rentara oficinas ahí.

El 9 de octubre del 2017 —tres semanas después del sismo—, el mismo Berrón Ruiz emitió una advertencia en el sentido de que la estructura del inmueble presentaba alto riesgo de colapso que ponía en riesgo la vida de los ocupantes, vecinos, peatones y automovilistas, por lo que recomendó su demolición.

“La edificación, a raíz del terremoto, presentó la fractura de las columnas en varios niveles, lo que originó el colapso casi total del quinto nivel y parcialmente hacia la esquina nororiente de la edificación del sexto, séptimo y octavo niveles, así como apreciar columnas fracturadas con acero expuesto y totalmente deformado en el nivel planta baja, situación por la que la estructura remanente quedó muy dañada y susceptible al colapso”, describió el funcionario en el informe, el cual fue acompañado de fotografías que mostraban el daño.

Este edificio recibió siete dictámenes que aseguran había "condiciones de seguridad estructural”. Fotografía: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México ocupaba seis pisos. Ahí despachaban empleados administrativos de la Secretaría de Gobierno, del Instituto de Reinserción Social, del Centro para la Atención de la Diversidad Sexual, de la Oficina para el Reordenamiento del Comercio Ambulante, del Consejo de Pueblos y Barrios, de la Procuraduría del Trabajo y del Cuerpo de Bomberos.

El ISSSTE ocupaba una parte de la planta baja y el piso dos, para atender trámites de créditos de vivienda. El inmueble lo ocupaban mil 300 personas, según estimaciones de las autoridades.

Junto al edificio colapsado había otro, también rentado por el gobierno de la ciudad para albergar la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el cual también será demolido.

Lo reforzaron tras sismo del 85

El edificio fue construido en 1984 y se ubica en la zona geotécnica III, la de mayor sismicidad en la Ciudad de México. Prácticamente desde que se estrenó lo ha ocupado el gobierno capitalino.

A raíz del sismo de 1985, las columnas de esa torre fueron reforzadas mediante un encamisado de ángulos y soleras, de acuerdo con un diagnóstico del ISC.

El ingeniero Heberto Castillo, destacado académico y político de la izquierda mexicana, elaboró los cálculos estructurales e intervino para reforzar las columnas con cinturones de placas de acero. Eso permitió que el edificio resistiera otros sismos.

Cinturones de acero colocados en las columnas después del sismo de 1985, por recomendación de Heberto Castillo.

En el temblor del 8 de mayo de 2014 —que sacudió a la ciudad y tuvo una magnitud de 6.6— se reportaron daños en acabados y muros divisorios, pero según un dictamen firmado por el perito Ismael Vázquez Martínez, no hubo problemas estructurales, por lo que avaló que siguiera ocupado.

Una conclusión similar expresó el 28 de mayo de 2014 el director del ISC, Renato Berrón, en su informe de una nueva revisión.

Análisis y cálculo estructural elaborado por Heberto Castillo, con base a los cuales se realizó el reforzamiento del edificio de San Antonio Abad 122.

“Las columnas inspeccionadas de los pisos superiores no presentan alguna anomalía en cuanto a fisuras o grietas, de igual forma las losas no presentan ningún indicio de afectación”, reportó a la Dirección de Administración, cuya sede estaba precisamente en el edificio.

“En el estacionamiento de la planta baja y sótano la estructura se encuentra en buenas condiciones. De igual forma las estructuras de acero del acceso principal y el cubo de escaleras de emergencia no presentan alguna anomalía. En conclusión, el inmueble presenta las mismas condiciones de seguridad estructural que tenía antes del sismo (de 2014) y puede seguir siendo utilizado”, finalizó en su reporte. Aquel año, hubo otros diagnósticos que también garantizaban la seguridad estructural del edificio.

Por ejemplo, el 23 de abril de 2014 se entregó una inspección firmada por el especialista Ismael Vázquez Martínez, en el cual calificó al inmueble como apto “para soportar tanto las cargas gravitacionales como las cargas accidentales”. Mientras tanto, la Secretaría de Protección Civil presentó cinco días después un dictamen técnico en el cual calificó al edificio como de bajo riesgo.

Denuncia de bomberos

Denuncia presentada por los bomberos.

El 19 de septiembre de 2017 bastaron escasos segundos para que uno de los pisos del inmueble se desplomara parcialmente.

El quinto nivel, que era ocupado por la Procuraduría del Trabajo, quedó aplastado en su lado norte, sobre la calle Chavero. Las oficinas tuvieron que ser desalojadas de inmediato.

El nivel superior —el sexto— era ocupado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el cual, ante las pérdidas económicas y materiales, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia el 30 de octubre de 2017.

El representante legal de los Bomberos, Guillermo Raya Salgado, citó en la denuncia tres presuntos delitos que vinculó con el colapso del edificio:

1.- Responsabilidad de los Directores Responsables de Obra o Corresponsables, por autorizar o permitir el desarrollo de una construcción sin apego a la licencia.

2.- Delitos contra el ambiente (ilícitamente realizar cambio de uso de suelo).

3.- Dolosamente hacer un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtener un beneficio económico.

A la denuncia se añadió el testimonio de los titulares de las áreas administrativa, jurídica y técnica de Bomberos, quienes enlistaron ante el Ministerio Público las pérdidas de archivos, expedientes y oficios que resguardaban en el edificio colapsado.

Dictámen con el que se considera la estructura en “alto riesgo de colapso”.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana integró la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3 C/D/0125/09-2017.

Desde su construcción, hace 34 años, el edificio ha sido ocupado por oficinas de gobierno y ese es el uso de suelo autorizado por la Seduvi, de acuerdo con el certificado único consultado por MCCI.

Oficio en el que se reporta la baja de casi 250 mil expedientes que quedaron dentro del edificio.

Las pérdidas documentales

En el colapso del edificio de San Antonio Abad 122 se perdieron 249 mil 749 expedientes de seis dependencias del Gobierno de la ciudad. Este recuento no incluye las pérdidas documentales de Bomberos, que en sus oficinas del sexto piso concentraba papelería original de la corporación y de los 16 cuarteles o estaciones.

Tampoco considera las que sufrió el ISSSTE, que tenía en el edificio su unidad de crédito de vivienda para los derechohabientes de la zona oriente de la Ciudad de México.

El 15 de diciembre de 2017, el comité técnico de administración de documentos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, integrado por 23 funcionarios, acordó dar de baja los miles de expedientes que estaban en el edificio de San Antonio Abad, ante la imposibilidad de rescatar los documentos.

Del volumen perdido, 217 mil 285 expedientes correspondían a la Dirección General de Administración, además de 27 facturas originales de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, por montos sin cuantificar, según el reporte presentado por Silvia Alejandra Limón Carmona, titular del área.

El Instituto de Reinserción Social reportó la pérdida de 14 mil 79 expedientes relacionados con internos liberados de centros penitenciarios de la Ciudad de México. Otros 6 mil 887 expedientes siniestrados corresponden a dependencias encargadas del ordenamiento del comercio ambulante.

El 15 de diciembre de 2017, una comisión del Gobierno de la Ciudad de México se presentó en las ruinas de San Antonio Abad 122, y constató la imposibilidad de acceder al inmueble, lo que impidió identificar, analizar y describir con exactitud la cantidad de los documentos de cada uno de los expedientes siniestrados.

Desde el día del sismo se impidió el acceso al edificio porque se temía que en cualquier momento se desplomara.

Un primer diagnóstico, realizado por dos peritos el 20 de septiembre, mencionó que el edificio tenía hundimiento, una inclinación notoria en entrepisos y daños en elementos estructurales, por lo que recomendó impedir el acceso.

El 22 de septiembre, otro evaluador describió con más detalles los daños: columnas colapsadas, quinto entrepiso prácticamente desaparecido, grietas, movimiento del suelo, edificio parcialmente colapsado, inestable, con alto riesgo de derrumbe y posibilidad de caída hacia la Calzada de San Antonio Abad, lo que representaba un peligro para automovilistas y peatones.

El edificio donde se perdieron casi 250 mil documentos del gobierno de la ciudad. Fotografía: Cuartoscuro

Una semana después, el director del ISC, Renato Berrón, ratificó la prohibición de ingresar al edificio. “El inmueble con uso de oficinas públicas, bodegas y estaciona- miento es de riesgo alto, pues no cumple con condiciones de seguridad estructural, de servicio y de habitabilidad, motivo por lo cual deberá permanecer desalojado y no se permitirá el acceso a persona alguna por ningún motivo”.

La demolición del edificio, que se localiza a unos pasos de la estación del Metro San Antonio Abad, seguía en agosto de 2018. Fotografía: Isabel Mateos

El mismo ISC emitió el 9 de octubre una recomendación para proceder a la brevedad a la demolición. “La estructura se considera en alto riesgo de colapso, por lo que no podrá ser ocupado en razón de que por las condiciones de inestabilidad que presenta dicho inmueble pone en riesgo la vida de los ocupantes, vecinos, peatones y automo- vilistas; asimismo compromete la seguridad y estabilidad de las edificaciones colindantes”.

La demolición inició al día siguiente de esta recomendación, y hasta la última semana de agosto del 2018, seguía en proceso. MCCI buscó a Berrón para una entrevista, pero no hubo respuesta.

Tumbado
a martillazos

Texto: Agustín Paniagua

Video: Gloria Hernández

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Quienes habitaban en el edificio ubicado en Saratoga 714 se quejaron, durante semanas, de las vibraciones dentro de sus departamentos por el uso de maquinaria pesada en un predio contiguo en donde derrumbaban una vieja fábrica. Los trabajadores usaron maquinaria pesada, aunque la licencia los obligaba a demoler utilizando sólo herramientas manuales. Nadie los escuchó en la delegación Benito Juárez. Tras el sismo del 19 de septiembre, el inmueble afectado se desplomó.

Calle y número:

Saratoga 714

Colonia:

Portales Sur

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

1977

Persona fallecida:

Candelaria Villegas

1

“¡Oigan! ¡Oigan, aquí arriba! ¡Oigan, voy a llamar al 911, esto es una emergencia! ¡Oigan… ustedes, los de la máquina! Vamos a hablar al 911 porque esto es una emergencia: el edificio se está moviendo horrible. Tengan listos sus permisos, en este instante vamos a llamar porque esto es una emergencia ¡Todo está absolutamente grabado! ¡Se nos va a caer el edificio! ¡Por favor, yo les ruego que mientras llega Protección Civil detengan la excavación!”, gritaba Celia Enríquez Brito, habitante del departamento número 204 del edificio de Saratoga 714, a unos trabajadores que usaban un enorme martillo neumático montado sobre una oruga mecánica para demoler una vieja fábrica contigua.

Era la mañana del 20 de junio del 2017, cuando ella y el resto de los vecinos sintieron el piso vibrar y escuchaban, angustiados, el crujir de las ventanas. Sin embargo, los hombres ataviados con chalecos amarillos y cascos no se detenían. El único que podía hacer algo era su jefe, un arquitecto, que no estaba ahí.

Cuatro meses después, en el terremoto del 19 de septiembre del 2017, los habitantes de ese inmueble perdían sus departamentos: la planta baja y el primer piso del edificio se desplomaron. Además, la torre quedó recargada sobre una vivienda contigua; en total, 14 familias se quedaron en la calle.

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El edificio de Saratoga 714 tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Las autoridades acordonaron la zona e impidieron la entrada a rescatistas.
Cortesía: Judith Rodríguez
La memoria de demolición de la fábrica de Saratoga 706 especifica que los trabajos debían realizarse con herramientas manuales.

Expertos en geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consideraron que la demolición de la antigua fábrica de etiquetas fue determinante en el colapso del edificio de Saratoga 714. El uso de maquinaria pesada —advirtieron— reblandeció el suelo y los cimientos, dejándolo vulnerable a sismos como el que ocurrió a las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017.

La licencia de demolición autorizada por la delegación Benito Juárez prohibe excavar a más de un metro de profundidaden el terreno de Saratoga 706.

Por otra parte, la Memoria Descriptiva de Demolición —entregada a la delegación Benito Juárez— para iniciar los trabajos en el predio de Saratoga 706, donde se encontraba la fábrica, especificó que éstos se realizarían con “herramientas manuales propias para los mismos, como son picos, marros, palas y desarmadores”.

De acuerdo con ese mismo documento, la excavadora modelo CAT-320 sólo ingresaría a la obra “para la carga de materiales producto de la demolición”. No obstante, esta maquinaria fue usada para remover la tierra que estaba justo por debajo de la barda perimetral del edificio que vibraba. Los trabajadores pretendieron así apresurar el derrumbe de la vieja fábrica, como consta en videos tomados por vecinos de Saratoga 714, en poder de MCCI.

La demolición fue autorizada por la delegación Benito Juárez el 22 de marzo de 2017, cuando estuvo encabezada por el panista Christian Von Roehrich, mediante la licencia de Construcción Especial No. 16/14/393/2017, folio FBJ-0156-17, para una superficie de 2 mil 704.5 metros cuadrados y fue expedida “bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y del Director Responsable de Obra”, arquitecto José Ignacio Huesca de la Peza, con número de registro DRO 0532.

Frenar la demolición

Javier Enríquez es ingeniero geólogo. Su especialidad es la geotecnia y los modelos matemáticos aplicados al estudio de fenómenos en el subsuelo. Actualmente, trabaja para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

La mañana del 20 de junio de 2017, Javier recibió una llamada de emergencia de su hermana, Celia Enríquez, contándole cómo se movía su departamento. Acudió inmediatamente a Saratoga 714 y constató que la demolición en el predio contiguo generaba “vibraciones que cimbraban fuertemente” al edificio. El ingeniero consideró que el movimiento del inmueble —de cinco pisos y 13 departamentos, con estacionamiento en planta baja— no era “normal ni inofensivo y que, por el contrario, tendría consecuencias graves” para su estructura.

Celia Enríquez llamó al número de emergencias 911. Un operador le informó que enviarían personal de Protección Civil a monitorear la situación, pero nadie llegó. Celia volvió a llamar: tampoco entonces obtuvo respuesta.

Javier Enríquez bajó al predio para hablar con los encargados de la demolición. Al recorrer la tapia que cercaba el terreno buscando una puerta de acceso, notó que no estaban a la vista “ni el aviso del tipo de obra ni los nombres de los responsables”, ni ninguna de las demás señalizaciones establecidas en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.

—En esas condiciones era una obra clandestina— dijo en entrevista con MCCI.

Tampoco pudo encontrar a José Ignacio Huesca de la Peza, el Director Responsable de Obra (DRO) de Saratoga 706. En su lugar, lo atendió el operador de la máquina 320: llevaba el rostro cubierto por un tapabocas y se negó a proporcionar su nombre. Dijo que “el ingeniero” ya se había arreglado con los vecinos, y que no le correspondía a él decidir si continuar o no con las obras.

—Me gustaría hablar con él, para darle nuestro punto de vista —comentó Javier.

—Ahorita el maestro se fue a comer, y es quien tiene contacto con el ingeniero —le respondió el trabajador.

— Me gustaría tener una entrevista con el DRO —insistió Javier—, en términos técnicos de maquinaria, vibraciones, mecánica de suelos, para ver qué podemos hacer todos.

El testimonio de Javier Enríquez ante la procuraduría capitalina.

—¿Me permite hacer una llamada? —respondió el trabajador.

El operador se retiró al interior de la obra. Al regresar, le informó a Javier que el ingeniero pasaría más tarde por Saratoga, para aclarar sus dudas. Nunca llegó. Estos hechos constan en el testimonio rendido por el propio Javier Enríquez Brito ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad México, cuando presentaron una demanda contra quien resulte responsable por los daños que llevaron al colapso del edificio de Saratoga 714. MCCI tiene una copia de la declaración del ingeniero geólogo, fechada el 8 de noviembre del 2017.

Vecinos en alerta

Celia Enríquez —la hermana del ingeniero— no fue la única alarmada por las vibraciones en su edificio. Otros vecinos de Saratoga 714 intentaron contactar a los responsables de la demolición en el 706. Uno de ellos fue Arnulfo Pérez, quien vivía en el departamento 104 del primer piso. Después del sismo del 19 de septiembre y la posterior demolición de su edificio, su casa y sus pertenencias quedaron enterradas.

Él recuerda cómo era la vida en el edificio mientras se realiza el derrumbe en el predio contiguo:

—En el horario en que trabajaban los albañiles y los operadores de las máquinas se experimentaba mucho movimiento. Temblaba y temblaba y temblaba. Todos los cuadros se enchuecaron.

Sin embargo, los trabajos seguían, y los vecinos se tranquilizaron. A pesar de que su edificio se cimbraba de diez de la mañana a seis de la tarde, no percibían daños en sus departamentos.

—El edificio estaba aparentemente bien —dice Arnulfo.

Hasta la mañana del 20 de junio de 2017.

Los vecinos del área Este del edificio —la más cercana al sitio donde trabajaban las máquinas de demolición— fueron los más afectados. Varios de ellos comentaron que la excavación en la barda perimetral pegada a sus departamentos provocó “movimientos más fuertes” y “violentos” de los normales hasta ese momento.

Tras lo ocurrido ese día, se incrementaron las alarmas entre los residentes de Saratoga 714. Arnulfo y otros vecinos hablaron con uno de los ingenieros encargados de la obra. Le pidieron no utilizar la excavadora Cat 320 para la demolición, por la vibración que generaba en su edificio.

—Nos prometieron meter una máquina más chica —dice Arnulfo— pero la que trajeron era igual de efectiva para los golpes.

En junio de 2017, los residentes de Saratoga 714 reunieron firmas y elaboraron un escrito dirigido a Ángel Luna Pacheco, actual delegado de Benito Juárez —en sustitución de Christian Von Roehrich— y entonces director general de Prevención del Delito y Protección Civil de la delegación, para pedir que revisaran los trabajos en el predio contiguo. También marcaron copia a la jefatura de Gobierno, donde aún despachaba Miguel Ángel Mancera.

La respuesta los dejó anonadados. Protección Civil de la delegación Benito Juárez aseguró por escrito que no podían ingresar al predio “porque la obra estaba clausurada y ellos no podían entrar”, de acuerdo con la versión de Arnulfo, quien califica el argumento de las autoridades como “inadmisible”. Los trabajos de demolición en Saratoga 706 continuaron sin contratiempos hasta su conclusión, a finales de junio.

Se buscó una entrevista con el delegado Ángel Luna Pacheco. No obstante, su equipo de prensa no agendó una cita con él para obtener una postura oficial.

Vista panorámica del derrumbe del edificio de Saratoga 714.
Cortesía: Judith Rodríguez

El sismo y los daños

En septiembre de 2017, los habitantes del edificio de Saratoga 714 no fueron los únicos que perdieron sus viviendas.

Judith Rodríguez vivía en la casa de Saratoga 720, al otro lado del inmueble que vibraba con el derribo de la fábrica. Ella y su esposo, Raúl, llegaron ahí en 1990, a una casa que ya tenía unos 15 años de haber sido construida.

Durante casi treinta años, formaron una familia en Saratoga 720. Primero nació su hijo. Después, llegaron su nuera y su nieto. Todos se acomodaron en la casa, cuyas habitaciones fueron modificadas y divididas con tabla roca.

El 19 de septiembre de 2017, Judith, Raúl y su nieto se encontraban descansando en la habitación principal de la casa. La sacudida los tomó por sorpresa.

—Fue impresionante —narró Judith—. Se escuchó como una explosión, y luego, todo se llenó de polvo. Nos costó mucho trabajo salir.

—La puerta se abría y cerraba por el movimiento —agrega su esposo—. No podía yo salir con la cuna del bebé. Cuando se pudo, corrimos hacia la puerta, pero el edificio colapsó y todo se llenó de tierra. No veíamos nada. Todo se movía y tronaba. Corrimos hacia el otro lado, pero cayó la parte trasera del edificio. Nos regresamos, estábamos como ratones. Tratamos de cubrirnos de todo lo que estaba cayendo. Nos quedamos en el claro del pasillo.

Cuando lograron salir, Judith y Raúl vieron que el edificio vecino —Saratoga 714— quedó “tirado” y “estaban sacando gente del edificio”. Como había una fuga de gas, se alejaron hasta la esquina, a unos 50 metros.

Después de un rato, Raúl intentó regresar a su casa.

El edificio de Saratoga 714 se recargó en la casa vecina, con el número 720. Provocó daños en los muros interiores y en los coches estacionados en el patio trasero.
Cortesía: Judith Rodríguez.

—Ya había gente de Protección Civil y prohibían la entrada al edificio. Después de un rato, saqué la maleta del bebé. Primero les dije que mi departamento estaba bueno, pero luego miré que el edificio contiguo estaba recargado sobre nuestra casa.

El impacto del sismo del 19 de septiembre afectó gravemente al edificio de Saratoga 714. La planta baja colapsó y los niveles superiores del edificio le cayeron encima, sepultando los dos primeros pisos bajo el suelo. Después de caer, la base del edificio se deslizó hacia la izquierda, provocando que su techo se recargara sobre la casa de Saratoga 720, en el costado opuesto. Dos trabes cayeron sobre el patio trasero de la casa de Judith y Raúl.

El edificio quedó parcialmente colapsado, y así permanecería durante varias semanas, hasta que se concretó su demolición. Candelaria Villegas —quien se dedicaba al trabajo doméstico— quedó atrapada dentro del cubo de escaleras y murió bajo los escombros dos días después, porque ni la Marina ni Protección Civil permitieron que los rescatistas ingresaran al edificio a buscarla.

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones emitió un dictamen sobre los daños que provocó el sismo en el edificio de Saratoga 714, con fecha del 23 de octubre de 2017. El documento consigna el colapso de los dos primeros niveles del inmueble y advierte sobre los daños estructurales que obligaron a demoler la casa vecina del 720, pero no hace ninguna referencia a las posibles causas del derrumbe ni a la demolición que meses atrás se realizó en el predio contiguo.

Los dictámenes del Instituto para la Seguridad de las Construcciones que determinaron la demolición de Saratoga 714 y 720.

La fábrica de etiquetas

Los testimonios de vecinos de la calle Saratoga coinciden en un punto: los problemas de vibración en el suelo están directamente relacionados con la demolición de la fábrica de etiquetas, realizada entre mayo y junio del 2017, en el predio número 706.

La planta de High Tech Labels tenía varios años en la calle Saratoga, pero en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México no hay rastro de sus dueños. Los propietarios del terreno son los hermanos León Azlan Levy Micha, Mauricio Levy Micha y Rafael Levy Micha, quienes lo heredaron de su padre, Issac Mauricio Levy Derwich.

Mauricio Levy Micha es abogado. Tiene un despacho legal en Polanco. Su hermano, Rafael, aparece en registros de páginas web como representante legal de la empresa Grupo Salud GLM. Por su parte, Azlan Levy Micha es miembro de la Federación Mexicana de Motonáuticas, donde ha competido en eventos como la Copa Náutica Bajío 2017.

Los hermanos Levy Micha fueron quienes obtuvieron el permiso para demoler por parte de la delegación Benito Juárez, según la licencia especial 16/14/090/2017, otorgada en marzo del 2017.

Hasta el cierre de esta investigación, ninguno de los dueños del terreno pudo ser entrevistado. MCCI intentó contactar con el despacho de Mauricio Levy para obtener su postura, sin embargo, no respondió a las llamadas telefónicas.

La fábrica de etiquetas ya estaba ahí cuando Judith y Raúl llegaron a ocupar la casa del número 720, a principios de los 90. Hasta junio de 2017, cuando comenzaron los trabajos de demolición, nunca habían sentido que se cimbraran sus viviendas.

—Había de repente problemas porque tiraban solventes por la coladera y olía mal. Pero realmente nunca nos quejamos mucho de eso —dice Judith.

Documento notarial que da fe de la herencia que Mauricio Levy dejó a sus tres hijos.

Arnulfo, quien vivió en el primer piso del edificio de Saratoga 714 durante dos periodos —de 1993 a 1995 y de 2002 hasta el día del sismo— también la recuerda:

—La empresa fue clausurada hace como tres, cuatro años. Fue por alguna falta administrativa. Tenía unos sellos de clausurado. Los taparon con unas cartulinas y siguieron trabajando.

Los vecinos convivieron con la fábrica durante décadas sin que hubiera demasiados percances. La colonia ha permanecido sin grandes cambios durante los últimos 25 años, y el perfil de quienes habitan la calle Saratoga está bien definido: los residentes son casi todos personas mayores que adquirieron sus viviendas cuando eran jóvenes profesionistas, y que llevan años viviendo en el mismo lugar. La mayoría de ellos no había tenido problemas con sus casas hasta el año pasado.

Todos coinciden en que los problemas comenzaron con la demolición. Raúl vio cómo utilizaban maquinaria pesada para tirar la barda exterior “de un solo trancazo”.

—Resulta que cuando empezaron a golpetear con las máquinas, empezó a vibrar. El edificio de al lado nos contactó para que fuéramos a levantar un acta, pero no pasó gran cosa —cuenta Javier.

En la actualidad, el predio donde estaba la fábrica de etiquetas se encuentra vacío. Es un terreno baldío.

¿Licuación del suelo?

Los vecinos de Saratoga dicen que la forma en que cayó el edificio es “sintomática”.

—La sospecha es que donde se hundió y se quebró el edificio a la mitad, da exactamente hacia el hoyo que hicieron (con la excavadora) —dice Arnulfo.

Raúl y Judith Rodríguez también piensan que la excavación en la barda colindante con Saratoga 714 afectó al edificio:

—Escarban y dejan inclinada esta zona (el suelo debajo del muro lateral de Saratoga 714). No hicieron hoyos para que quedaran pilotes de contención. Hicieron la zanja, y los vecinos se quejan, porque vieron que la barda se empezaba a desmoronar. Nada más pusieron alambre de gallinero.

Para el ingeniero Javier Enríquez, el colapso parcial del edificio en Saratoga 714 tiene una causa clara: la “licuación del suelo” debajo de los cimientos del edificio, producto de la intensidad de las ondas del sismo del 19 de septiembre y agravado por el daño previo que había sufrido el subsuelo, debido al impacto de los trabajos de excavación en el predio contiguo.

La licuación es un fenómeno geológico que afecta a los suelos granulares. Es decir, a aquellos formados en su mayoría por arena y arcilla. Cuando las ondas de un terremoto impactan en un suelo granular, hacen que se comporte como si fuera líquido. Es algo parecido a lo que sucede en la playa, cuando las olas mojan la orilla del mar y la vuelven lodosa.

Cuando el suelo se licua, provoca que un edificio se incline hacia uno de sus costados, como como si se hundiera bajo arenas movedizas. Eso fue justo lo que pasó con el inmueble de Saratoga 714.

La licuación tiene un potencial destructivo muy alto. Ha provocado daños severos en sismos como el de Anchorage, Alaska, en 1964; Niigata, Japón, ese mismo año; y California, Estados Unidos, en 1994. En México existen antecedentes de licuación de suelos por los temblores ocurridos en 1958 en Michoacán, y en 1995, en Manzanillo, de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Aspecto del colapso del edificio de Saratoga 714 y la casa del 720. En la parte superior, se aprecia el predio donde fue demolida la fábrica de etiquetas.
Cortesía: Judith Rodríguez

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también tiene estudios sobre este fenómeno. En su “Manual de Mecánica de Suelos” señala que la licuación es provocada por “el desarrollo de grandes presiones en el agua que ocupa los poros del suelo”.

De acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano, el edificio de Saratoga 714 se encontraba ubicado en la Zona Sísmica III de la Ciudad de México. Se denomina así a las regiones donde antiguamente se encontraban los lagos de Texcoco y Xochimilco. El suelo está formado por “depósitos lacustres muy blandos y compresibles, con altos contenidos de agua, lo que favorece la amplificación de las ondas sísmicas”.

Arnulfo Pérez apoya la teoría de la licuación. Para él, el edificio se cayó porque:

—Estuvo sometido más o menos tres semanas al efecto de una demolición contigua con maquinaria pesada. Era un golpeteo constante, todo el día. El impacto de la demolición podría haber alterado la estructura del suelo debajo de Saratoga 714.

—Es como cuando tienes una azucarera muy colmada —explica Javier Enríquez—. Para que baje el nivel lo que haces es agitarla, darle golpes. La máquina hizo eso antes del sismo. Cuando cesa la vibración el suelo se compacta y se comporta como un líquido. Se desparrama por todos lados.

Pero también existen opiniones contrarias a la del ingeniero. La doctora Silvia García, del Instituto de Geología de la UNAM, duda sobre la hipótesis de la licuación del suelo bajo el edificio de Saratoga. Dice que el fenómeno es prácticamente exclusivo de zonas costeras donde existen regiones de playa que combinan arena con arcilla húmeda.

Para Javier Enríquez, esto es un elemento a favor de su hipótesis:

—La zona de playas es la zona del antiguo lago. En realidad eran cinco lagos, no uno. Cuando llovía mucho, se unían y parecían uno sólo. Fue lo que vio Hernán Cortés. Alrededor de ese lago y los pequeños hay playas arenosas. Esas arenas son las que, cuando las agitas, se licuan.

Más aún. Después del sismo, Javier aprovechó la confusión que generaron los medios de comunicación y los rescatistas para ingresar una cuadrilla de trabajadores a tomar muestras de materiales y documentar el estado del suelo en el 714. Cuando entraron, notaron que se formaban “olas de terreno” y “ondulaciones” en la tierra húmeda. Para él, esto también es indicativo de la licuación del suelo.

Otro factor que puede explicar el nivel de daños en el edificio de Saratoga 714 tiene que ver con su estructura. Como muchos otros inmuebles construidos en los años 70 y 80, tenía estacionamientos para automóviles en el primer nivel. En términos constructivos, se le llama planta baja débil.

El Sistema Nacional de Protección Civil la define como “la ausencia de muros en planta baja y la sustitución de éstos por columnas delgadas (normalmente para disponer de áreas libres que son utilizadas para estacionamientos o comercios), en tanto que en todos los pisos superiores hay muros que delimitan espacios para un uso distinto, por ejemplo para vivienda”.

Cuando un terremoto impacta a un edificio con planta baja débil, la fuerza de las ondas se concentra en las columnas del primer nivel, provocando que colapse sobre sí misma, y que el peso de los niveles superiores aplaste los primeros pisos. El caso de Saratoga 714 también podría encuadrar dentro de esta hipótesis, como lo demuestran las imágenes tomadas por vecinos después del temblor.

Las autoridades capitalinas todavía no han informado las causas exactas por las que el edificio de Saratoga 714 se vino abajo. Sin embargo, éste se encontraba vulnerable ante un sismo como el ocurrido el 19 de septiembre de 2017 debido a los daños ocasionados por la vibración de la maquinaria pesada usada en el predio contiguo, y por contar con una planta baja débil.

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Perdimos todo, nos dejaron sin nada. El día que demolieron la casa sentí que se llevaban nuestra vida”.

Judith Rodríguez, habitante de la casa de Saratoga 720.

Saratoga 714, antes y después.
Imágenes: Google Street View / Cortesía: Judith Rodríguez

El mantenimiento
que nunca llegó

Texto: Lilia Saúl Rodríguez

Video: Lucía Vergara

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Desde 2012 los vecinos de dos torres de departamentos, conocidas como Los Soldominios, sabían que algo no estaba bien: cada que temblaba las escaleras principales se abrían como un acordeón. Las autoridades capitalinas también supieron del riesgo en el que se encontraban, pero el dinero que les daban apenas alcanzaba para algunas reparaciones. Reforzar los edificios con sus propios recursos era imposible. La gente se quedó ahí, a la deriva, hasta que llegó el 19 de septiembre del 2017 cuando finalmente se quedaron en la calle: los inmuebles tuvieron que demolerse.

Calle y número:

Doctor Lucio 102 y 103
Centauro y Osa Mayor

Colonia:

Doctores

Delegación:

Cuauhtémoc

Año de construcción:

1968-1970

1

Jaqueline Carmona ocupaba el piso 10 de la torre Osa Mayor, en Doctor Lucio 103. En 2014, a sus 29 años se convirtió en la administradora del inmueble de 16 pisos en el que vivían más de 250 personas, repartidas en 56 departamentos. Su edificio formaba parte del Centro Residencial Morelos, mejor conocido como Los Soldominios.

En aquel año, ella observó que el inmueble sufrió daños severos durante el sismo que sacudió a la Ciudad de México el 18 de abril: los escalones y los descansos de la escalera principal se separaron unos 40 centímetros.

En los últimos pisos del edificio Osa Mayor, después del sismo del 7 de septiembre, los vecinos tenían que usar puertas para cruzar por los escalones y subir así los pisos. Fotografía: Lucía Vergara
2

En esos días, Jaqueline acudió junto con otros vecinos a Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc para solicitar dictámenes y revisiones al edificio. Tenían miedo. A cambio, les entregaron 115 mil pesos para reforzar las escaleras dañadas. En los sismos de 1985 y 2012 también se afligieron por la separación de escalones y descansos, pero en esta ocasión les preocupaba el tamaño de los boquetes.

En el 2014, los problemas mayores estaban desde el piso 7 al 14. Jaqueline pensaba que hasta un niño podía caer a través de esos espacios.

Desde ese año, las dos torres de 56 departamentos tuvieron daños estructurales pero las autoridades no lo informaron a los vecinos, de acuerdo con la versión de la última administradora. Según ella, hubo negligencia por parte de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc y del gobierno capitalino, porque sólo se limitaron a darles recursos para reparar las escaleras.

Hoy, Osa Mayor ya no existe. El inmueble fue demolido por las propias autoridades capitalinas tras el terremoto del 19 de septiembre del 2017 y los afectados están a la espera de la construcción de un nuevo edificio. Sus vecinos, en la torre Centauro ubicada en Doctor Lucio 102, también están a la espera de lo mismo.

En algunos departamentos de Osa Mayor y Centauro se desmoronaron sus muros. Fotografía: Lucía Vergara

Dictamen perdido

En el temblor del 18 de abril de 2014, los vecinos de Osa Mayor fueron desalojados de emergencia. La intensidad fue de magnitud 7.2 y las torres parecían tambalearse a las 9:27 de la mañana cuando comenzó la sacudida. En distintos videos se observa la separación de escaleras por el choque de un edificio contra otro.

Alejandro Romero, quien fuera administrador durante ocho años en esos condominios -antes que Jaqueline-, recordó haber recibido en 2014 un dictamen estructural hecho por ingeniero amigo de un vecino que vivía en Osa Mayor.

“Fue poco dinero, comparado con lo que puede costar otro dictamen cualquiera. El ingeniero pertenecía al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de la UNAM”, dijo.

No obstante, esos trabajos eran caros y no todos los vecinos estaban en posibilidades de tomar parte de los presupuestos familiares para apuntalar el inmueble. El dinero no les alcanzaba para eso.

“Sugirieron varios tipos de reforzamiento, pero cualquiera que hubiéramos elegido tenía un costo bastante alto. Por ejemplo, entre las sugerencias había una que consisitía en amarrar las cuatro esquinas. Piso por piso. ¡Imagínate! ¡De extremo a extremo! ¡Era costosísimo! Era más fácil quedarse ahí, esperar a que se derrumbara solo que reparar. Y eso hicimos”, soltó Alejandro Romero, en tono de broma.

Alejandro Romero perdió ese dictamen. Durante los años que fue administrador conseguía dinero público para mantenimiento de Osa Mayor. Sin embargo, esos recursos sólo alcanzaban para impermeabilizar o alumbrar áreas comunes.

Pero también había desorganización entre vecinos. El ex administrador menciona que, en una ocasión, por falta de quórum no pudo acordarse cómo gastar el dinero ofrecido por el gobierno local y, finalmente, esos recursos los perdieron.

Cuando tembló el 7 de septiembre de 2017, Jaqueline –la última administradora– buscó a responsables de Protección Civil y autoridades capitalinas para saber cómo se encontraban sus departamentos.

En ese momento –dijo– pudo enterarse de la existencia de un dictamen oficial que advertía un daño estructural en Osa Mayor. La carpeta con esos documentos se la entregaron el 12 de octubre del 2017, aseguró.

Jaqueline Carmona es la actual administradora de Osa Mayor.
Fotografía: Lucía Vergara

Vecinos y autoridades, omisas

El 14 de julio de 2014 el ingeniero Renato Berrón Ruiz, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISCDF), envió un dictamen a Fausto Lugo García, director de Protección Civil del gobierno local con la revisión de Centauro, el edificio contiguo a Osa Mayor. Ambos compartían las escaleras que históricamente sufrieron daños con los sismos.

Dictamen elaborado por el ingeniero Renato Berrón en 2014 para Dr. Lucio 102.

En ese estudio –en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtenido mediante solicitudes de acceso a la información– se informa que esa torre requería un reforzamiento estructural. Los ingenieros que participaron también pusieron énfasis en la falta de mantenimiento.

“El edificio fue proyectado en los años 1968 y 1969. La construcción se llevó a cabo en los años 1970 y 1971, de acuerdo datos oficiales y a los testimonios de los ocupantes”, según el documento.

Centauro –de acuerdo con los ingenieros– se encontraba en buen estado para aguantar fuerzas sísmicas y los pilotes (cimientos) estaban en condiciones adecuadas, aunque los muros y la fachada presentaron daños, se añade en ese dictamen elaborado hace cuatro años.

Los especialistas vieron como una alerta que la zona donde se encontraban las celdas de cimentación estaban anegadas por lo que era urgente –desde entonces– vaciarlas mediante bombas para reducir el riesgo.

También pidieron corregir las grietas en muros divisorios y arreglar las separaciones en las escaleras usando tapajuntas: placas de metal que sirven para reforzar la unión entre escalones y descansos.

“Es fundamental realizar el reforzamiento de la estructura, con la finalidad de que esta cumpla con los requerimientos establecidos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 2004 vigente”, detallaba el informe escrito por Renato Berrón, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF).

Estos trabajos de reforzamiento –conocido como encamizado– fueron los mismos que no pudieron pagar en su momento los vecinos del edificio Osa Mayor. De hecho, en ambos nunca se hicieron esas obras.

Ventanas, ladrillos y objetos diversos cayeron de los departamentos desde el primer sismo del 7 de septiembre de 2017. Fotografía: Lucía Vergara

Protección Civil sin facultades

Justo el 19 de septiembre de 2017, Jaqueline Carmona, Felipe Zepeda y otros vecinos de Los Soldominios fueron citados en las oficinas del Instituto para la Seguridad de las Construcciones para la entrega de los dictámenes de Osa Mayor y Centauro.

La cita era a la una de la tarde, pero esos estudios nunca los tuvieron entre sus manos: a las 13:14 horas ocurrió el sismo con epicentro entre Morelos y Puebla que devastó algunas zonas en la ciudad de México.

“Cuando nos iban a entregar el estudio del reforzamiento del edificio que hicieron después del sismo del 7 de septiembre, comenzó a temblar. Sentí un algo que no había sentido. Yo nací en 1985, así que ni cuenta me di del terremoto. Pero ese día, empezamos a sentir el movimiento y suena la alarma. Fue terrible, la verdad”, recuerda Jaqueline.

Aspectos de la torre Centauro. Fotografía: Isabel Mateos

“Ya no nos entregaron nada porque decían que ya no servía. Muchos dejamos cosas en la sala de juntas. Lo que esperábamos es que el edificio estuviera en pie porque había muchos vecinos aún adentro. El daño era evidente a lo lejos. Se veía chueco y la gente muy asustada. El primero que vimos fue el de Centauro con muchas paredes tiradas. Fue algo muy fuerte, pero afortunadamente no se cayó”, agregó.

Los vecinos pidieron un nuevo dictamen después del sismo del 19 de septiembre. El resultado: alto riesgo.

“En noviembre (2017) ya firmamos con Protección Civil las cédulas de demolición”, dijo.

—¿Nunca hubo dictamen?

—Nos llegaron las tres hojas que han visto en otros edificios. Eso fue todo. Eso no es un dictamen, es una cédula postsísmica. Pero a las autoridades hazles saber que eso no es suficiente. Se estuvieron basando en un postsísmico. No un dictamen.

Cédulas postsismicas de Dr. Lucio 102 y 103 relizadas por el ISCDF.

Fernando Zepeda, quien habitaba el edificio de Centauro, también tiene su versión de los hechos:

“Cuando llegamos de la junta, vimos (cómo cayó) el edificio en Chimalpopoca (Bolívar 168) y empezamos a preguntar por WhatsApp cómo estaban en nuestro edificio. A mí me dejaron subir como a la cuatro de la tarde y pues el panorama es muy escandaloso por dentro. El yeso se caía. Bajé lo esencial; mis bicis, ropa, tres mudas y ya. Y a moverse en bici en la ciudad”, comentó.

Zepeda también recuerda que desde 1985 las torres ya estaban dañadas; aun así –dijo– eran muy resistentes.

“Desde el 85 el edificio vivió una separación. Con otros temblores, los edificios se juntaba y se separaban. Ahorita, en este último se juntaron, pero luego se desplazaron hacia un lado”, lamentó.

Separación del edificio Centauro después del sismo del 19 de septiembre.
Fotografía: Lucía Vergara

Historia del inmueble

El Centro Residencial Morelos se construyó en 1968 y para 1970 los departamentos se comenzaron a vender, a través del Banco Nacional de México S.A. (Banamex), propietario inicial de toda la unidad habitacional.

El proyecto surgió del arquitecto y político Guillermo Rossell de la Lama, quien se unió con los Arquitectos Asociados Molinar Hermanos.

El Centro Residencial Morelos en los años 70.
Colección: Carlos Villasana

Se proyectaron tres torres tipo “A”, que contaban con 14 pisos, planta baja y sótano (16 niveles en total); dos edificios tipo “B”, de 11 niveles; cinco edificios tipo “B”, de 13 niveles; 31 edificios tipo “C”; un edificio tipo “E” de siete niveles; un edificio “E”, de dos niveles y zona comercial de un nivel.

Los documentos del Registro Público de la Propiedad, fotocopias de documentos dañados, dan cuenta de la Constitución de Régimen de Propiedad y Condominio.

En los años 70, las torres eran las más altas de la zona. Colección: Carlos Villasana

La nueva unidad habitacional tendría jaulas tendedero, espacios arbolados, áreas comunes especiales, estacionamientos, áreas de juegos infantiles, entre otras amenidades.

Los nuevos inquilinos llegarían a ocupar los terrenos de lo que antes se conocía como Los Soldominios, pues así recibieron su nombre los condominios que construyó Miguel Ángel de Quevedo a principios del siglo XX, gracias al empresario Ernesto Pugibet, quien era dueño de la fábrica de cigarros El Buen Tono.

Vista aérea de la colonia Doctores, donde se aprecia el Conjunto Residencial Morelos y del lado izquierdo, la zona que colapsó con el terremoto de 1985.
Fotografía: INEGI / Colección Carlos Villasana

Pugibet le había encargado años atrás al mismo Quevedo los edificios conocidos como La Mascota, que aún persisten después de más de 100 años de su construcción.

Los Soldominios no corrieron la misma suerte que La Mascota y fueron demolidos para dar paso al Centro Residencial Morelos.

En 1979, la unidad habitacional vivió su primer sismo, pero el que causó más estragos fue el terremoto de 1985. Varios edificios quedaron dañados.

Afectó la zona aledaña a las torres. El inmueble que se ubicaba en Avenida Chapultepec, a la misma altura de los condominios, conocido como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), quedó inservible y fue demolido. Lo mismo ocurrió con el Cine Internacional. Actualmente en ese espacio se ubica el Jardín Doctor Ignacio Chávez.

Los Televiteatros, Televisa Chapultepec, Centro Médico y parte del Hospital General, todos inmuebles de la colonia Doctores, también quedaron destruidos en 1985.

Los mismos vecinos dan cuenta de que en ese año sus edificios resultaron afectados y desde entonces, tanto Osa Mayor como Centauro contaban con tapajuntas de aluminio para pasar de un piso a otro los escalones.

Negar la demolición

Desde el sismo del 7 de septiembre de 2017, varios residentes, incluso dueños, dejaron el inmueble de Osa Mayor por temor a que el edificio colapsara.

“Nosotros ya fuimos damnificados desde ese día. Ya no podíamos habitar el edificio del piso siete hacia arriba porque la separación ya era bastante pronunciada. Ahora ya corría el riesgo de irse por los huecos una persona adulta. Nosotros que vivíamos en el piso diez, decidimos dejar el departamento y más porque teníamos dos niñas”, recuerda Jaqueline.

En el caso de Centauro, ante la división de vecinos y la falta de papeles de algunos para acreditar la propiedad, la demolición se retrasó.

Diagnóstico entregado por el ingeniero Sergio Alcocer.

Por otra parte, las autoridades capitalinas ordenaron el derribo de Osa Mayor con base en un dictamen de tres páginas que lo consideraba de alto riesgo, firmado por el ingeniero Renato Berrón, director del ISCDF, y quien también había firmado el dictamen de 2014.

Los vecinos de Centauro, uno de los edificios que aún seguía en pie, pidieron a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México una revisión completa del inmueble.

Sergio Alcocer Martínez de Castro, del ISCDF emitió una opinión el 15 de febrero de este año en la que propuso dejar el edificio siempre y cuando se hiciera una rehabilitación sísmica.

Este tipo de reforzamiento –de acuerdo con la versión de las autoridades ante los inquilinos– costaría alrededor de 30 millones de pesos.

Aunque ellos consideraban que el gobierno podía realizar la tarea, eso no ocurrió. Esto contrasta con las reparaciones que sí hizo el gobierno local con recursos públicos destinados para damnificados del sismo en la zona de Santa Fe. El monto fue de 17 millones de pesos, para reforzar el talud del Fraccionamiento Vista del Campo, según lo publicado por el diario Reforma el 13 de agosto de este año.

El caso de Osa Mayor fue similar pero el inmueble tenía daños más visibles, como la separación de escaleras hasta por casi un metro –la gente brincaba de un piso a otro usando tablones de madera— y sin más, aceptaron la demolición.

Los vecinos de Centauro, inconformes con la presión que según ellos ejercía el gobierno de la Ciudad de México para demoler, se dieron a la tarea de investigar cuánto había costado tirar Osa Mayor. Supieron que costó lo mismo que costaba la reparación de su inmueble.

Reclamos añejos

Los vecinos acusan que, si se hubieran hecho las reparaciones a tiempo para reforzar el inmueble, estos no se hubieran dañado tanto en los pasados sismos de 2017.

La familia de Leslie Nequiz presentó un amparo para evitar la demolición del edificio, pues no tienen más que un contrato de compra - venta y no tienen otra manera de comprobar la propiedad del departamento.

“Hay cerca de diez departamentos desocupados porque no tienen papeles. Cuando tuvimos una reunión con el director del INVI, Raymundo Collins Flores (quien ahora es secretario de Seguridad Pública), dijo que sólo reconocería a quienes tuvieran escrituras”, advirtió Leslie.

"Yo tengo contrato privado –advirtió Leslie– pero ¿Por qué no escrituré? Sencillo: costaba 180 mil pesos y varios estamos así. El INVI dice que puede arreglar eso, pero no es cierto".

Leslie señala: “No tenemos certeza jurídica. No hay un documento que diga eso. Hay un vecino que tiene 16 años pagando, pero no tiene escrituras. La mayoría de familias apoyaron la demolición pero si Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno de la Ciudad de México electa) dijo que eso no debe costar ¿por qué entonces quieren cobrar 1 millón 200 mil pesos por levantar de nuevo el edificio?”, añadió.

Otro tema a discusión es la redensificación. El INVI, que construirá a través de terceros la mayoría de los inmuebles colapsados, busca incrementar uno o dos pisos para que el costo no sea tan alto.

Planos del conjunto de edificios de Osa Mayor y Centauro.
Cortesía Jaqueline Carmona
Documentos del Registro Público de la Propiedad de Centro Residencial Morelos.

Sin embargo, de acuerdo con vecinos, el dinero que se obtenga de esos pisos adicionales no será para repartirlo entre los inquilinos, sino para las constructoras.

El destino final de Centauro ya está tomado y terminará igual que Osa Mayor: Demolido.

Felipe Zepeda, uno de los damnificados, explicó que el Ingeniero Sergio Alcocer Martínez de Castro, también del ISCDF, había emitido el 15 de febrero de 2018 una carta a Ricardo Becerra Laguna, días antes de su renuncia a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación para la Ciudad de México.

En la misiva, tenía como asunto el edificio Centauro y tras citar los diversos dictámenes elaborados y después de realizar una visita ocular, consideró que el inmueble podía mantenerse en pie si se realizaba una “rehabilitación sísmica”.

"Algunos ingenieros como él vinieron y dijeron que estaba mucho más fuerte y seguro que otros inmuebles. Pero el barco ya zarpó. No hay mucho más qué hacer", concluyó Zepeda.

Sobrevivir
a una bomba,
no a un sismo

texto: Laura Sánchez Ley
video: lucía vergara

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En los años sesenta, Jorge Baeza compró la casa que años después tiraría para levantar en su lugar el primer edificio de la colonia Condesa, el inmueble que sería testigo y escenario de la muerte de sus dos hijos. Durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, Carmen Baeza no pudo salir del departamento que ocupaba el único piso que colapsó.

Calle y número:

Sonora 149

Colonia:

Hipódromo

Delegación:

Cuauhtémoc

Año de construcción:

1970

Persona fallecida:

Carmen Baeza

1

El informe era escueto, apenas una página tecleada a espacio sencillo firmada por Fernando Gutiérrez Barrios, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia mexicana. Arrancaba sin caracteres innecesarios e iba directo a los hechos. La frialdad de las oraciones escritas un día de junio de 1965, reflejaba la personalidad del militar priista: “Se tuvo de conocimiento que Luis Posadas Carriles, perteneciente a la llamada representación cubana en el exilio, pretende venir a México para dinamitar en el puerto de Veracruz a algún vapor de nacionalidad rusa o cubana”.

El informe, ahora resguardado en el Archivo General de la Nación, alertaba sobre un posible acto terrorista de Luis Posadas Carrilles, químico cubano experto en explosivos, que había intentado matar al presidente de Cuba, Fidel Castro.

El informe de la entonces Dirección Federal de Seguridad.
Fotografía: Archivo General de la Nación

Ese mismo año —muy lejos de conspiraciones comunistas, aunque sí cerca de otros cubanos—, el entonces diputado federal priista, Jorge Baeza Ramírez, compraba la casa con el número 149 en la calle Sonora, colonia Condesa. Los Carbellido Tellechea, familia que emigró de Cuba a México, construyeron ese inmueble en 1933, según consta en las licencias de construcción, terminación y ocupación de la obra, documentos que se encuentran en los archivos de la delegación Cuauhtémoc y que fueron obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información.

2

Para Jorge Baeza la inversión no era la casa venida a menos —que en su buena época contaba con dos plantas, cuartos de servicio, pisos de duela y decorados terminados en aceite—, si no el terreno de 566.50 metros cuadrados donde vislumbraba la construcción de uno de los primeros grandes edificios de la colonia Condesa.

Dos décadas después, la advertencia se cumple

En 1966 demolieron la casa. Fue hasta 1970 que la Dirección de Obras Públicas del entonces Departamento del D.F. aprobó la construcción del “Edificio de Productos”, como lo bautizó Baeza.

La licencia de construcción, fechada el 13 de abril de 1970, deja ver que el edificio con forma de L estuvo a cargo del arquitecto Gabriel Loyola y del ingeniero Alfonso Castillo, quienes construyeron —con concreto armado y muros de tabique— planta baja y siete pisos de 309 metros cuadrados.

La fachada del “Edificio de Productos” era puro lujo: en la primera planta, las paredes exteriores estaban cubiertas de mármol, lo mismo que el lobby. La entrada vidriada fue adornada con marcos dorados y justo ahí, en uno de los pilares, se leía “Sonora 149” también en letras color oro.

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Los otros siete pisos tenían generosas ventanas que abarcaban todo el frente de los departamentos; en su interior había una biblioteca, estancia, cocina, cuarto de servicio con baño, dos baños y medios más y tres recámaras. Según los planos originales, trazados a mano y con tinta color azul, en el quinto piso donde vivían los Baeza, había una recámara de tres metros que el ingeniero contempló como habitación para “la criada”.

Plano: Flor Carrillo Baeza

Flor Carillo Baeza, nieta de Jorge Baeza, explica que en la planta baja se montó una tienda de discos de vinil; algunos pisos fueron rentados por la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y el resto del inmueble lo habitaban sus abuelos, su madre y su tío. Fue ese tío quien en 1985 tomó una pistola y se disparó en la cabeza. Lo encontraron muerto en el departamento 301. “Estaba maldito” ese piso, dice Flor.

Once años más tarde, en ese departamento, la esposa del abuelo de Flor, Carmen Pacheco de Baeza, firmó el contrato de arrendamiento con una agencia de viajes que promocionaba la isla de Cuba. El 1 de agosto de 1996, a través de Perera Bienes Raíces, fijaron una renta con la empresa Cubanacan de 4 mil 600 pesos.

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El 25 de mayo de 1997, casi un año después de la llegada de los cubanos a Sonora 149, una bomba explotó. A Don Filemón, el portero del edificio, un hombre le entregó un sobre de carta color amarillo. Le pidió que lo entregara a la agencia de viajes Cubanacan antes de las 6 de la tarde.

Según conversaciones telefónicas publicadas por medios cubanos, el mismo Posadas Carriles confesó que él y su gente colocaron la bomba en el edificio, para destruir las oficinas de la agencia de viajes que promocionaba las bondades del régimen castrista.

La bomba detonó en el edificio que la familia Baeza construyó con el dinero que obtuvo por la venta de terrenos, pero también con préstamos.

La explosión no fue nada espectacular, no detonó en un submarino ruso o un barco cubano: pero a los Baeza les costó miles de pesos reconstruir el tercer piso de su edificio.

—Era algo horrible de gastos y de pensar que otra vez pudieran llegar. En ese piso murió mi tío. Ahí pusieron la bomba. Después parece que violaron a una chica. Negocio que ponían fracasaba. ¿Sabes cuándo dejó de tener ese salamiento? Cuando le rasparon toda la pintura.

Lo dejaron todo a cemento expuesto, le quitaron piso, lo restructuraron y quedó increíble. Se llevaron la ñáñara” — recuerda Flor.

5

Vulnerabilidades que se conjuntan

En el edificio de Sonora 149 parecía que las tragedias estaban cronometradas. El 19 de septiembre del 2017, a la 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 acabó con él. Hasta ese día, de los Baeza sólo sobrevivían Carmen y Flor, hija y nieta del señor Jorge Baeza, quien 50 años atrás construyera el inmueble.

Ese martes 19 de septiembre, Carmen —postrada en una cama por una osteoporosis que limitaba sus movimientos— se encontraba recostada acompañada de su hija Flor, quien llegaba a cuidarla, después de dejar a su hijo en la escuela.

Flor se quitó los zapatos y se recostó sobre el sillón que estaba a un costado de la cama de su madre cuando sintió una vibración parecida a la que genera un taladro. Apenas captó, vino otro movimiento: como si una ola levantara el edificio y lo dejara caer.

—¡Mamá, un terremoto! —gritó Flor.

—¡Salte!… ¡El niño! —fue lo último que Flor escuchó de su madre. Carmen Baeza murió cuando su departamento, el quinto piso del edificio ubicado en Sonora 149, colapsó.

Cuando se levantó el edificio en 1970, de acuerdo con los documentos que forman parte del expediente que se encuentra en la delegación Cuauhtémoc, se cumplió con todo lo que marcaba el reglamento construcciones de 1966, vigente en esa época.

6

Sin embargo, a pesar de cumplir con todos y cada uno de los permisos, en Sonora 149 se conjuntaron, por lo menos, dos vulnerabilidades desde el punto de vista de la ingeniería estructural: su forma irregular y el tener una planta baja débil.

Además, para calcular la resistencia de la estructura del edificio ante un movimiento telúrico se recurrió al “método simplificado de análisis sísmico”, fórmula que en ingeniería se debe utilizar sólo cuando se trata de edificios con formas regulares, por ejemplo, un rectángulo o un cuadrado.

En el caso de Sonora 149 un método simplificado no bastaba: en una vista aérea se observa que el edificio tenía una forma irregular, este elemento tenía que tomarse en cuenta para diseñar una estructura con mayor resistencia ante un sismo.

7

Para 1970, el artículo 271 del Reglamento de Construcción incluía los métodos aceptables para calcular el impacto de un sismo, y especificaba cuando debía utilizarse el método simplificado y cuando el método dinámico o más complejo. Sin embargo, esto no se tomó en cuenta por quienes diseñaron y construyeron el edificio.

Carmen, quien murió en el quinto piso, posa con su padre Jorge Baeza, quien construyera el edificio.
Cortesía: Flor Carrillo
Carmen Baeza con su hija Flor.
Cortesía: Flor Carrillo
Reunión de los Baeza.
Cortesía: Flor Carrillo
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Un elemento que aumentó la vulnerabilidad del edificio ante los sismos fue su planta baja débil, diseño que durante décadas se ha utilizado para tener estacionamiento o locales comerciales en la planta baja, y que se caracteriza por tener columnas que forman marcos o soportan losas planas de espacios abiertos considerables, con ausencia o escasez de muros.

¿Por qué sólo colapsó el quinto piso? Ingenieros del Instituto de Ingeniería de la UNAM, consultados por MCCI, coinciden que pudo contribuir el golpeteo que el edificio tuvo con los dos inmuebles vecinos: el número 13 de la Avenida México y el Sonora 147. “Por eso se rompe y gira, y se desplaza hacia uno de ellos”, explicó el doctor Eduardo Reinoso.

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Sonora 149, antes y después.
Imágenes: Google Street View.

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Dos meses después del sismo, el edificio de Sonora 149 se demolió. Flor extiende sobre la mesa lo que rescató del inmueble que construyó su abuelo: fotos viejas de Jorge Baeza con presidentes de México, de su mamá en cenas de gala; planos del tamaño del comedor y un jarrón, un pequeño jarrón que salió disparado y cayó en la azotea del edificio vecino.

—¡Mira el jarrón! ¡Mira, no se rompió y el edificio que construyó mi abuelo ya no está!

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“Yo le dije a mi mamá ¿cómo te voy a dejar aquí? Me contestó: ‘yo ya viví voy a estar bien'”.

Flor Carrillo, exhabitante de Sonora 149.

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Flor Baeza muestra los planos del edificio Sonora 149.
Fotografía: Lucía Vergara

Sepultar la
negligencia

Texto: Agustín Paniagua / Lilia Saúl

Video: Lucía Vergara

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A casi un año del sismo del 19 de septiembre del 2017, la investigación oficial sobre la muerte de cinco estudiantes dentro del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México todavía no concluye. La escuela responsabilizó a dos empresas que construyeron los puentes colapsados, pero una de ellas desapareció y al dueño de otra no lo encuentran. Los padres de familia afectados denuncian irregularidades como el hecho de no llamar a declarar al Director Responsable de Obra, Alejandro Diego González Del Pliego, quien 12 días antes de la tragedia hizo un dictamen sin advertir la fragilidad de las instalaciones y que la ruta de salida para emergencias era una trampa mortal.

Calle y número:

Calle del Puente 222 (Tecnológico de Monterrey)

Colonia:

San Bartolo el Chico

Delegación:

Tlalpan

Año de construcción:

1990

Personas fallecidas:

5

1

A Juan Carlos Álvarez Díaz-González lo mató la corrupción que él odiaba. A sus 19 años, prefirió estudiar ingeniería en sistemas en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México que ingresar a ingeniería civil en la UNAM porque, como le dijo a su papá, en esa profesión había mucha corrupción. Un mes y medio después, tras el terremoto del 19 de septiembre del 2017, su muerte puso al descubierto una serie de fallas y omisiones en la construcción de las instalaciones de su nueva escuela, que tanto los directivos como las autoridades capitalinas han intentado minimizar.

El sismo provocó daños severos en las instalaciones ubicadas en la Calle del Puente 222, en la colonia San Bartolo el Chico de la delegación Tlalpan, al sur de la ciudad. Los puentes —que conectaban la cafetería con el edificio de Aulas III, así como los que unían Aulas II con Oficinas III— colapsaron, y los inmuebles presentaron daños importantes en sus muros exteriores e interiores.

Juan Carlos quedó atrapado bajo los escombros junto con otra amiga, Laila Salamán Sánchez, quien sobrevivió al derrumbe pero quedó herida de gravedad. Además de él, fallecieron los alumnos Édgar Michel Azano González, Rubén Ortiz García, Alejandro Meza Guerrero y Luis Manuel Pacheco Rosales, todos por la caída de los puentes. Ninguno de ellos tenía más de 20 años.

2
Imagen captada por peritos de los puentes del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México que forma parte de la carpeta de investigación integrada en el Ministerio Público de la delegación Tlalpan.

A casi un año de la tragedia, la demanda entablada por padres de dos de las víctimas —representadas por el despacho del abogado Gabriel Regino— sigue entrampada en un limbo legal, el cual ha dejado al descubierto diversas irregularidades procesales que, a juicio de los litigantes y los deudos de los fallecidos, demuestran que el gobierno de la ciudad está intentando encubrir la magnitud del desastre en el Tec de Monterrey.

—En la procuraduría capitalina están actuando como abogados del Tec—, dice el propio Regino en entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

—Lo que no quieren es que la gente se entere de cómo estaba construido su campus. Por eso dirigieron todas las noticias y toda la visión hacia los puentes —agrega Juan Carlos Álvarez Blanco, padre de Juan Carlos Álvarez Díaz-González y uno de los dos promotores de la demanda contra el Tecnológico, junto con Otilia Berenice González Neri, madre de Édgar Azano González.

Juan Carlos Álvarez Díaz González, hijo de Juan Carlos Álvarez Blanco quien presentó una denuncia contra el Tecnológico de Monterrey.
Cortesía de la familia Álvarez Díaz-González / Lucia Vergara
Los dos dictámenes estructurales elaborados por el DRO González del Pliego Olivares.

El 3 de agosto de 2017, un mes antes del sismo, el Director Responsable de Obra (DRO) Alejandro Diego González Del Pliego Olivares, registrado ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) con el número DRO-0625 y como Corresponsable en Seguridad Estructural con el número C/SE-0073, firmó una constancia de seguridad estructural, que garantizaba las buenas condiciones operativas de todos los edificios del campus Ciudad de México.

Tras el sismo de 8.2 de magnitud del 7 de septiembre de 2017, el Tec de Monterrey pidió al propio Alejandro González Del Pliego que revisara sus instalaciones. El ingeniero civil realizó una inspección visual y elaboró un Dictamen de Seguridad.

En el documento —cuya extensión es de 16 cuartillas— Del Pliego Olivares concluyó que las instalaciones del Tecnológico de Monterrey “no presentan ningún daño importante y pueden ser ocupadas por el alumnado y personal”. El ingeniero no se refirió a los puentes que conectaban los edificios de Aulas III, Oficinas III, Cafetería, Aulas II y Oficinas II.

Fue precisamente en esos edificios donde, 12 días después, ocurrieron los derrumbes que provocaron la muerte de cinco estudiantes.

Tras el sismo del 19 de septiembre, Alejandro Del Pliego Olivares realizó un segundo Dictamen de Seguridad Estructural, esta vez con una extensión de 172 cuartillas. En sus conclusiones, el ingeniero recomienda que “a la brevedad se retire... la conexión que todavía exista por medio de puentes” en el campus, “debido a la experiencia obtenida” y sugiere que sean sustituidos por escaleras de emergencia.

Alejandro González Del Pliego no especifica cuáles fueron los puentes que se cayeron en el análisis fotográfico. Se limita a hacer notar que “en otros edificios, éstos se colapsaron”.

Además, en sus conclusiones, el ingeniero afirma que “la mayoría de los edificios dentro del campus no fueron afectados” y que se encontraban “en buenas condiciones en su estructura principal”. Especifica que los inmuebles “Aulas 3, Oficinas 3, Cafetería, Aulas 2, Oficinas 2” —donde cayeron los puentes— no presentaron “daños importantes”, y los declara “aptos para ser utilizados una vez que sean reparados en sus acabados.”

Fotografías periciales que muestran a detalle el área donde colapsaron los puentes que conectaban Aulas III, días después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

MCCI buscó a Alejandro González Del Pliego para una entrevista. No hubo una respuesta hasta el momento de concluir este reportaje.

Otra evaluación posterior al sismo del 19 de septiembre, elaborada a solicitud del Tec de Monterrey por el despacho García Jarque Ingenieros —cuyas conclusiones fueron presentadas en un video subido a internet el 27 de octubre de 2017— sí reconoce que los puentes colapsaron por una falla de diseño.

En ese video, el ingeniero Francisco García Álvarez, detalla que las dimensiones de las ménsulas donde se apoyaban los puentes que unían a los edificios del Tec “evidentemente resultaron escasas”. Agrega que el diseño de los edificios, con “claros grandes” y “alturas generosas”, provocó “amplias deformaciones”, es decir, que los inmuebles se desplazaron en direcciones distintas y los puentes resintieron ese movimiento.

El Tecnológico de Monterrey entregó a la procuraduría capitalina, como prueba, el dictamen de García Jarque Ingenieros, en el cual se destaca que las instalaciones fueron levantadas con base en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal de 1987 y que todas sus estructuras se diseñaron “con apego a las normas”. Ambos dictámenes, el de Alejandro González del Pliego y el de García Jarque Ingenieros, evitan fincarle responsabilidades al Tecnológico, de acuerdo con los abogados que llevan el caso de los padres de las víctimas.

El 13 de diciembre de ese mismo año, la empresa Nava Díaz & Asociados, elaboró un nuevo análisis, a petición de la procuraduría capitalina, cuyos resultados coincidieron con los estudios que había presentado como pruebas el Tecnológico. Este documento señala que los edificios de la escuela sufrieron “importantes desplazamientos no deseados” y que las “aceleraciones experimentadas durante el sismo fueron superiores a las propuestas en el estudio de mecánica de suelos” entregado cuando se levantó la escuela.

Vista aérea de una zona del Campus del Tecnológico de Monterrey en proceso de demolición. Fotografía: Isabel Mateos

No todos los edificios del Tec están sujetos al Reglamento de Construcciones del 87. De acuerdo con el dictamen, firmado por el arquitecto Saúl Díaz Godínez, esa ley —y sus normas complementarias— únicamente aplican para el edificio Aulas II, porque su licencia de construcción data del 5 de agosto de 1992.

El resto de los edificios afectados fueron construidos en años posteriores, y solamente les aplican las Normas de 1987, pero no el reglamento de ese año.

El dictamen elaborado por Nava Díaz Asociados especifica que los puentes del Tec fueron construidos en épocas distintas.

Las estructuras de todos los puentes que conectaban los edificios del Tecnológico se calcularon para soportar la misma fuerza sísmica, pero estaban anclados a diferentes edificios, los cuáles fueron construidos en varias épocas. De acuerdo con el dictamen de Nava Díaz, esto implicaba que no estaban diseñados para soportar los movimientos de inmuebles distintos. Debieron ser proyectados uno por uno.

Estos puentes fueron construidos por la empresa Correa Hermanos, S.A. de C.V. Los documentos de la Memoria de Cálculo fueron firmados por el Ingeniero Carlos Augusto Correa Domínguez, quien está registrado en el padrón de Seduvi como Corresponsable en Seguridad Estructural, con número C/SE-0093.

Todos estos hechos constan en el expediente de la denuncia número CI-FTL/TLP/UI-2C/D/1741/09-2017, por el delito de homicidio, interpuesta contra el Tec por Regino Abogados —cuya copia está en poder de MCCI—. Sin embargo, la querella fue remitida inicialmente a la Fiscalía para Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con lo cual se ha impedido agotar el resto de las líneas de investigación.

Esta no es la única irregularidad en el procedimiento de investigación. El DRO González Del Pliego, por ejemplo, no ha sido citado por la procuraduría para rendir testimonio sobre las distintas evaluaciones de daño que hizo en los dictámenes que le solicitó el Tec, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Para los abogados y los padres de las víctimas, la demora en el desahogo del expediente contrasta con la celeridad con que las autoridades han actuado en otros casos de alto impacto mediático.

Juan Carlos Álvarez Blanco —uno de los papás de los alumnos fallecidos— pone como ejemplo el Colegio Rébsamen, donde inmediatamente se emitió una orden de aprehensión contra su directora, Mónica García Villegas.

Plano arquitectónico de la fachada del edificio Aulas III. En la imagen se aprecian los puentes que colapsaron con el sismo del 19 de septiembre.

Demanda congelada, padres silenciados

Tras el sismo, la procuraduría capitalina inició una carpeta de investigación de oficio por la muerte de los cinco jóvenes en el Tec de Monterrey. La indagatoria se abrió el 21 de septiembre de 2017, por el delito de fraude. El argumento de las autoridades era que el material utilizado en la construcción de los puentes pudo haber sido de mala calidad. Esta línea de investigación se privilegió por encima de la de los cinco fallecimientos ocurridos el 19 de septiembre de 2017.

Un familiar de Juan Carlos Álvarez Blanco acudió a identificar el cuerpo del estudiante fallecido, pero en general los deudos no fueron notificados por el Ministerio Público para que comparecieran o se enteraran de cómo avanzaba esa indagatoria.

En octubre de 2017, los familiares de Juan Carlos Álvarez Díaz González y Édgar Michel Azano —a través de Regino Abogados— presentaron su propia denuncia por homicidio ante la procuraduría capitalina. El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, bajo el argumento de que el DRO podría haber incurrido en faltas a la ley. No obstante, accedieron a la carpeta de investigación hasta el siete de enero, tres meses después.

La credencial de estudiante de Alejandro Meza Guerrero, una de las cinco víctimas del colapso de los puentes del Tec.

—Llegamos a la Fiscalía para Delitos Ambientales de la Ciudad de México. Nuestra carpeta no ha avanzado nada. Propusimos que se citara al DRO que hizo la revisión, a ver qué dijo en la primera y la segunda inspección. Fuimos y denunciamos al Tec. Nada, no se mueve nada —dice el abogado Gabriel Regino.

—Su principal argumento es que tienen otra línea de investigación que están agotando, y que por el momento no van a hacer una sobre el Tecnológico de Monterrey, o cualquier otra que les pudiéramos proponer —cuenta Irving Arellano Regino, parte del equipo legal que lleva el caso del colapso en Calle del Puente 222.

Interviene la CNDH

El 22 de febrero de 2018, Juan Carlos Álvarez Blanco presentó un escrito ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el cual acusaba cuatro omisiones por parte de las autoridades capitalinas en el manejo del caso del Tecnológico de Monterrey.

La queja número CNDH/2/2017/8978/Q detalla que, tras el sismo del 7 de septiembre, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México no realizaron visitas ni pidieron informe alguno sobre el estado de los edificios del Tec. Esto constituye la primera omisión.

La queja interpuesta ante la CNDH por los padres de las víctimas detalla las omisiones de las autoridades capitalinas en la investigación del caso.

La segunda tiene que ver con la celeridad con que ingresó maquinaria pesada tras el terremoto del 19 de septiembre, aproximadamente a las cinco y media de la tarde. Los padres de las víctimas consideran que se privilegió remover los escombros.

Tercera omisión: la carpeta de la denuncia presentada el 30 de octubre de 2017 por sus representantes legales fue turnada a la Fedapur. Esto provocó un retraso en las diligencias.

Finalmente, la cuarta omisión: los familiares de las víctimas se enteraron sobre la existencia de una indagatoria oficial hasta enero de 2018, a través de medios de comunicación. Cuando acudieron a la Procuraduría a reclamar que no se les hubiera integrado en esa investigación, la autoridad pretextó que “tenía mucha carga de trabajo”.

Además, su caso no estaba radicado en ningún juzgado, ni había información para avisarles.

Tras el sismo, el Tec aportó de inmediato documentos y licencias de construcción a la delegación Tlalpan. El Instituto presentó una querella contra quien resultara responsable por la construcción de los puentes, y las autoridades capitalinas identificaron a dos empresas: Acueducto y Urbanizaciones S.A. de C.V. y Acefor S.A. de C.V.

Acueductos y Urbanizaciones no pudo ser localizada para que testificaran sus apoderados legales. Por otra parte, Acefor no ha sido citada porque la firma cambió de razón social y sus dueños viven en Cancún, según informó el Ministerio Público. Por otra parte, el DRO que autorizó la construcción de los edificios donde colapsaron los puentes, Francisco Wiechers, falleció en febrero de 2012.

En paralelo, las autoridades del Tecnológico se movilizaron a través de sus representantes legales, el despacho Zínser, Esponda y Gómez Mont Abogados: buscaron a los padres de las víctimas y les ofrecieron el pago de un seguro. Lograron convencer a tres de ellos. Aunque evitaron involucrarse directamente con Juan Carlos Álvarez Blanco y Otilia González, hubo al menos un acercamiento con el primero:

—El que nos ha estado buscando es Fernando Gómez Mont —cuenta Juan Carlos—. Yo no me he sentado con él, una persona de mi familia ha estado en contacto. Esta persona le dijo a mi familiar: “Podemos hacer cualquier cosa: les podemos dar becas a nombre de Juan Carlos, podemos poner un auditorio a nombre de Juan Carlos. Podemos hacer mil cosas para homenajear a Juan Carlos, pero la culpabilidad no la vamos a aceptar.”

—Por todos lados están buscando que la gente no haga ruido del tema—, agrega Gabriel Regino. Mucha gente buscó sumarse al esfuerzo, incluyendo exalumnos. Extrañamente, después dejaron de tener contacto, ya no quisieron hablar del tema. ¿Qué hizo el Tec? No lo sé, pero es extraño, porque antes estaban interesados.

La magnitud de los daños

Para Juan Carlos Álvarez Blanco la actuación del Tecnológico de Monterrey en este caso responde a un objetivo concreto: ocultar la verdadera magnitud de los daños y el mal manejo de la emergencia.

—Si el terremoto hubiera durado un minuto más se les viene abajo todo el campus, y en vez de cinco fallecidos hubieran sido miles —afirma.

Él y su esposa, Ana Laura Díaz-González, llegaron a las instalaciones de Calle del Puente 222 minutos después del sismo. Poco antes de las 13:14 horas, su hijo les envió un mensaje para avisarles que comería en la cafetería porque tenía que estudiar. Fue la última vez que estuvieron en contacto. Así que cuando se enteraron de la emergencia, corrieron a buscar a Juan Carlos.

—La gente estaba muy mal, había muchachos por todos lados. Había muchísimos más de 40 heridos (la cifra oficial difundida por el Tecnológico de Monterrey a través de un comunicado). En todos los pasillos y los carriles de la explanada había mucha gente, más de cien personas con heridas graves o leves —asegura Álvarez Blanco.

Vista aérea de la zona donde colapsaron los puentes del Tecnológico de Monterrey. Fotografía: Isabel Mateos

De acuerdo con su testimonio, la cafetería y los edificios de Aulas II y III no fueron los únicos inmuebles dañados por el impacto del terremoto:

—Estando adentro quisimos ir al baño en uno de los edificios del fondo, y así como entramos salimos —narra Juan Carlos—. Las paredes estaban desfasadas. Si el terremoto hubiera durado un poco más, se viene todo el campus abajo. Por eso ya no dejaron entrar a nadie, nadie vio el estado de los demás edificios. Esa es la premisa que ellos tienen: “sí fue la culpa de los puentes, los puentes están mal construidos.”

Juan Carlos y Ana Laura alcanzaron a llegar al área de la cafetería, donde se habían derrumbado los puentes, y permanecieron ahí varias horas pese a los intentos del personal de vigilancia del Tec por sacarlos del campus.

Alrededor de las cinco y media de la tarde, maquinaria pesada ingresó a la zona del desastre para remover los escombros de los puentes colapsados. Los padres de Juan Carlos Álvarez protestaron, recordándole al personal del Instituto que, por ley, no estaba permitido que removieran escombros hasta que hubieran concluido las labores de rescate.

—Total, nos cambiaron de lugar —recuerda Juan Carlos—. De los puentes, en la zona que se derrumbó, nos llevaron atrás y ahí nos tuvieron con gente de seguridad. No nos dejaban movernos ni a los baños. Ya como a las dos y media de la mañana nos dijeron que había aparecido el cuerpo, que lo habían sacado ya.

Días después, a través de un rescatista, Juan Carlos Álvarez Blanco y Ana Laura González Díaz se enteraron de que el cuerpo de su hijo había sido sacado de entre los escombros alrededor de las tres de la tarde. Para entonces, el personal que coordinaba las labores de rescate ya sabía que los padres de Juan Carlos estaban buscándolo, porque Ana Laura le entregó una fotografía del joven a una mujer que llevaba un altavoz, para facilitar su identificación.

Otilia González, la madre de Édgar Azano, pasó por una experiencia similar:

—Las autoridades del plantel instaban a que nos retirásemos del área colapsada. No daban información sobre las personas desaparecidas, y llegaron a asegurarme que entre los escombros no había ninguna persona. Uno de mis hijos llegó también al campus del Tec de Monterrey y juntos continuamos su búsqueda en medio del caos. Fue hasta pasada la media noche que nos dieron la terrible noticia de que mi hijo, Édgar Michel, había fallecido por el derrumbe de los puentes que se encontraban a la salida de la cafetería —narró ante las autoridades capitalinas como parte de la investigación del caso.

Fallas en el protocolo de Protección Civil

Los abogados de los padres de las víctimas del Tecnológico de Monterrey destacan una línea de investigación en particular que no ha sido explorada por la procuraduría capitalina: las fallas en el protocolo de protección civil.

La única salida de emergencia funcional del campus del Tec estaba a un costado del área donde se ubicaban la cafetería y el edificio de Aulas III. Para alcanzarla, había que pasar justo por debajo de los puentes que colapsaron. Alrededor de la cafetería todas las escaleras conducían a esos puentes.

La zona del desastre en el Tecnológico de Monterrey.
Fotografía: Especial

Esto se puede apreciar en los planos presentados por el Tecnológico de Monterrey como parte de su Programa de Protección Civil para 2017. En el edificio Aulas III, por ejemplo, la ruta de evacuación conduce a la salida principal, la cual desemboca en los puentes colapsados.

La salida de emergencia del edificio Aulas III conducía hacia la zona donde colapsaron los puentes del Tec.

Así lo confirma también el testimonio de Otilia González Neri, madre de Édgar Azano, en su declaración judicial. Afirma que las autoridades del Tecnológico “pudieron prever lo previsible”:

—Podían terminar por desplomarse o colapsarse produciendo daños a quienes estuvieran en el lugar, como a la postre ocurrió, máxime que era la salida principal de la cafetería (debajo de los puentes), y por la cual tenían que pasar los alumnos para el caso de que, por una emergencia, tuvieran que abandonar el edificio, como ocurrió —declaró ante las autoridades.

La segunda salida de emergencia, ubicada en el ala contraria de las instalaciones, no se utilizaba, porque daba a un espacio cerrado. Incluso estaba bloqueada por jardineras.

—Era obligado salir del puente, no había un protocolo correcto de seguridad —considera el abogado Irving Arellano Regino.

Las autoridades del Tecnológico de Monterrey eran conscientes de que los puentes representaban un riesgo en caso de emergencia, de acuerdo con testimonios de exalumnos en poder del abogado Gabriel Regino:

—Desde que entramos a la carrera, nos indicaban en el auditorio cuando nos daban la bienvenida: si llega a temblar, no usen los puentes —afirma uno de ellos.

Una de esas advertencias quedó registrada en el reporte fotográfico de la carpeta de investigación.

La fotografía que aparece en el reporte pericial muestra los carteles de advertencia en los puentes que conectaban los edificios del Tec.

Los argumentos del Tec

Los representantes legales del Tec rechazan cualquier responsabilidad de la escuela por la muerte de cinco estudiantes.

Los abogados del Tecnológico de Monterrey consideran que la universidad no tiene responsabilidad legal por la muerte de los cinco estudiantes a raíz del sismo del 19 de septiembre. De acuerdo con su argumentación, el colapso de los puentes se debió a un “evento propio de la naturaleza”.

A las preguntas que MCCI envío vía correo electrónico, el despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont respondió que el Tec “no participó en el diseño o construcción de los edificios ni de los puentes colapsados”. Por lo tanto, cualquier error humano en la construcción de estas estructuras, y de las ménsulas sobre las cuales estaban apoyadas, es atribuible a terceros.

Si bien rechazan cualquier imputación, los representantes legales del Tecnológico ofrecieron “un apoyo solidario” a los deudos, para evitar que sean “revictimizados” por las complicaciones de interponer una demanda. Los abogados se reunieron con cuatro de los cinco familiares de los estudiantes fallecidos, y llegaron a “acuerdos reparatorios” con tres de ellos. Los convenios “tienen como consecuencia legal necesaria la extinción de la acción penal derivada de los hechos correspondientes”.

El Tec niega que exista una contradicción entre las dos constancias de seguridad estructural emitidas por el DRO González del Pliego, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. Para ellos, el colapso de los puentes no tiene relación alguna con el primer sismo, porque “no era posible ni para el perito ni para ningún otro experto, advertir la deficiencia en la longitud de los apoyos”.

De acuerdo con su versión, la falla en el diseño de los puentes solamente se hizo visible tras el impacto del segundo sismo, el cual “dejó expuesta la estructura de los mismos y, por ende, hizo visible la escasa longitud de sus apoyos”.

Los abogados del instituto argumentan que el estudio de González del Pliego fue únicamente una “revisión” para corroborar el estado de las instalaciones del campus, mientras que el documento elaborado por García Jarque Ingenieros, sí constituye para ellos un dictamen estructural para determinar las causas del colapso.

Planos de la construcción de los edificios del Tecnológico diseñados por Correa Hermanos.

Para los litigantes, el colapso de los puentes “no constituía un riesgo previsible frente a un evento sísmico”, por lo cual el hecho de que las salidas de emergencia estuvieran ubicadas precisamente debajo de esos puentes, no suponía ninguna “irregularidad” ni tampoco una falla del protocolo de protección civil. De acuerdo con su versión, personal del Tecnológico les aseguró que “las dos salidas de emergencia de la cafetería estaban funcionando y eran utilizables al momento del sismo”, y no que una de las dos estaba clausurada, como argumentan los abogados de los familiares de las víctimas.

La investigación, sin resolverse

Mientras tanto, las autoridades capitalinas no han citado a comparecer a todos los involucrados en el derrumbe de los puentes como parte de la demanda interpuesta por los abogados de las víctimas. Uno de ellos es el Director Responsable de Obra que realizó los dos dictámenes tras el sismo.

Rashid Abella Yunes, Vicepresidente de la Región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, sí fue citado como parte de la indagatoria oficial sin avisar a los deudos. En palabras de Irving Arellano Regino, “no se han realizado actos de investigación”.

En cambio, los padres de los jóvenes fallecidos sí fueron convocados por la procuraduría a una “junta multidisciplinaria” con peritos y abogados del Tec, para platicar “en términos sencillos” en qué estatus se encontraba la pesquisa, pero no accedieron por el impacto que para ellos representaba la pérdida de sus hijos.

A pesar de ser uno de los casos relacionados con el sismo que más atención acaparó, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, la procuraduría capitalina llegará al primer aniversario de esa tragedia con el expediente abierto y sin fincar ninguna responsabilidad por la muerte de cinco estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México.

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Ya se sabía que los puentes estaban mal construidos ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué se esperaron a que fallecieran cinco alumnos?”

Juan Carlos Álvarez Blanco, padre de Juan Carlos Álvarez Díaz-González, fallecido el 19 de septiembre en el Tec de Monterrey.

Personas fallecidas en el Tecnológico de Monterrey

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Juan Carlos Álvarez Díaz-González
Édgar Michel Azano González
Rubén Ortiz García

Alejandro Meza Guerrero
Luis Manuel Pacheco Rosales.

Una de la aréas que no se dañaron tras el sismo en las instalaciones del Tec de Monterrey. Fotografía: Isabel Mateos

Vulnerable desde su construcción

Texto: Valeria Durán

video: Lucía Vergara

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En una de las zonas más transitadas de la ciudad —Calzada de Tlalpan, entre Portales y Nativitas— se encuentra, desde hace cuatro décadas, un inmueble de diez pisos de alto con dos espectaculares montados sobre su azotea. Quienes lo diseñaron decidieron que su sótano y planta baja se destinarían a estacionamiento. En ese entonces, 1978, aún no existía evidencia suficiente para determinar que eso aumentaría su fragilidad ante un sismo.

Calle y número:

Calzada de Tlalpan 1171

Colonia:

San Simón Ticumac

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

1978

El edificio ubicado en Calzada de Tlalpan 1171, en la colonia San Simón Ticumac, arrastró daños en sus muros y columnas durante más de 30 años, tras el terremoto de 1985. Las 40 familias que vivían ahí distribuidas en 10 pisos se acostumbraron a los pedazos de techo que caían con cada temblor. A lo largo del tiempo, el inmueble fue debilitándose, pero ellos no lo supieron hasta que ocurrió el sismo del 19 de septiembre del 2017, cuando se quedaron sin hogar.

Este inmueble se construyó entre el 27 de enero de 1978 y el 7 de noviembre de 1979 por la Inmobiliaria PIDO, según consta en la manifestación de terminación de construcción. documentos a los que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso.

Los vecinos ocuparon los departamentos por completo hasta los primeros meses de 1984.

El terremoto de 1985 dejó el edificio con una serie de fracturas en el cubo de la escalera principal y dentro de la mayoría de las viviendas. Las familias decidieron pagar de su bolsa las reparaciones.

“En las pláticas que hemos tenido nos hemos dado cuenta que el edificio estaba dañado desde 1985. Entiendo que cada uno de los vecinos hizo reparaciones por su cuenta”, explicó Gloria Guerrero, vecina y actual administradora del edificio. Ella no vivía ahí en 1985, se mudó hace 13 años junto con su familia, pero desde que llegaron se han sumado a la lista de testigos de los daños que arrastraba el inmueble.

“A todos se nos ha caído una esquina del techo. Entrando en la casa, pasando la puerta, hay una escuadra donde siempre se caía el yeso que cubría las esquinas y, lo que nos han dicho los arquitectos, es que no había un castillo en esa parte. Dijeron que son paredes que se construyeron originalmente una y, después se complementó con otra transversal, y eso provocó que se desprendieran o que se cayeran los acabados cada que temblaba”, añadió Gloria Guerrero.

Documentos proporcionados por los vecinos de Tlalpan 1171, donde se mencionan las fechas de construcción y terminación de obra.
Revisión realizada por el DRO Humberto González Ortíz
Revisión realizada por el ingeniero Renato Berrón Ruíz.

Las pistas de los daños

Después del temblor del 19 de septiembre de 2017, el edificio de Calzada de Tlalpan 1171 quedó inhabitable. El 5 de octubre de 2017, el Director Responsable de Obra (DRO) Humberto González Ortiz realizó una evaluación postsísmica, en la cual señaló que los refuerzos de concreto que colocaron en el edificio, después del terremoto de 1985, se dañaron en forma severa. MCCI buscó a González Ortiz para tener más datos sobre cómo se reforzó el edificio después de 1985, pero no se logró contactarlo.

En otro dictamen, con fecha del 25 de mayo de 2018, y realizado por personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, se mencionó que el edificio “carece de mantenimiento adecuado” y se detalló que los muros de bloc presentan agrietamientos y otros se encuentran dañados con desprendimiento de aplanados. “El motivo de estos daños —se señaló— es que el edificio, al tener planta baja flexible, y al ser construido con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente en el año de 1978, sufrió movimientos excesivos provocando los daños en los muros”.

Informe de la situación del edificio que aparece en la plataforma del Visualizador de Inmuebles con Daños para la CDMX.
Información que, en septiembre de 2012, difundió el Sistema Nacional de Protección Civil y la Secretaria de Gobernación.

Además, el informe en la plataforma del Visualizador de Inmuebles con Daños para la Ciudad de México también especifica que el agravante en los daños del edificio – posteriores al sismo del 19S 2017 – es la planta baja débil, además de un cambio de rigidez en la elevación.

La planta baja débil o flexible de la que habla el dictamen es un modelo de construcción que se caracteriza por “la ausencia de muros en la planta baja y la sustitución de éstos por columnas delgadas (normalmente para disponer de áreas libres que son utilizadas para estacionamiento o comercios), en tanto que en todos los pisos superiores hay muros que delimitan espacios para un uso distinto”, de acuerdo con la descripción que realizó el Sistema Nacional de Protección Civil y que la Secretaría de Gobernación publicó en su portal en septiembre de 2012, como parte de una serie de recomendaciones sobre qué hacer ante un sismo. La descripción de la planta baja débil se incluye en el apartado titulado: “Identifica debilidades estructurales de tu vivienda o edificio y corrígelas”.

Ahí mismo se señala que los edificios con estas “debilidades” deben ser revisados y, en su caso, reforzados por ingenieros especializados en estructuras.

Más allá de esta publicación, después del sismo de 1985 no hubo inspecciones o revisiones a los edificios con vulnerabilidades constructivas, ya sea por parte de las autoridades locales o federales.

Gloria Guerrero, administradora de Tlalpan 1171, aseguró que jamás llegó algún especialista para revisar el edificio, mucho menos, un equipo técnico que sugiriera cómo reforzarlo.

MCCI pidió, vía solicitudes de acceso a la Información dirigidas a la Delegación Benito Juárez, copias de los expedientes de procedimientos de verificación administrativa que se hubieran realizado en el inmueble, tanto en materia de protección civil, como en construcción y edificación, pero respondieron que esa información no existe.

Llegar a un edificio vulnerable

Gloria Ortiz sólo había escuchado entre pláticas cómo se vivió el sismo de 1985 en Tlalpan 1171. Ella se mudó ahí en agosto de 2003; en cada sismo vio cómo el recubrimiento del techo, en la entrada del edificio, se desgajaba al ritmo de la alerta sísmica.

Vista desde el interior del edificio; se aprecian las grietas que se formaron despues del sismo.
Fotografía: Valeria Durán

Pero nunca había sentido tanto miedo como en septiembre de 2017. Lo que ella vivió podría ser considerado como una serie de eventos desafortunados. En enero de ese año, se retiró tras 27 años de trabajar en un banco. El dinero producto de su liquidación y sus ahorros, alrededor de 280 mil pesos, sirvieron para invertirlos en remodelar por completo su departamento de 112 metros, con tres recámaras, dos baños completos y un cuarto de servicio con baño propio.

Para julio del 2017, los trabajos ya habían terminado. El 7 de septiembre de 2017, cuando la Ciudad de México sintió el primer sismo de ese mes, Gloria y su familia pensaron en mudarse a otra parte.

“Nuestro plan era vender el departamento en diciembre… Ese día mis hijos y yo tuvimos mucho miedo. Ellos ya no querían seguir viviendo aquí. Por eso lo remodelamos, para poder venderlo pronto y mudarnos, pero no llegamos a eso”, relató Gloria.

El día del segundo sismo, el 19 de septiembre, el edificio de Tlalpan 1171 se sacudía con mucha fuerza. La familia apenas alcanzó a ponerse cerca de un muro de carga para protegerse. El recubrimiento de las paredes comenzó a caer con mayor intensidad que en sismos anteriores; bloques gruesos de techo se venían abajo.

“Dicen que el sismo duró como 30 segundos, para nosotros fue más que una eternidad. El edificio dejó de moverse, pero la sensación se quedó. Nosotros seguíamos moviéndonos. No puedo decirles cuánto tiempo fue”, recordó Gloria Guerrero.

Interior de la torres del edificio de Tlalpan 1171.
Fotografía: Lucía Vergara
Interior de uno de los baños de los departamentos
Fotografía: Lucía Vergara

Cuando lograron salir de su departamento, la pared que tenían justo enfrente se abrió, podían ver a través de ella. Las fugas de agua y el olor de gas eran parte de los daños inmediatos. El agua escurría por el cubo de las escaleras y mientras bajaban, a la altura del segundo piso, notaron que el mármol que adornaba el marco del elevador se comenzó a inflar. Ella pensó que tronaría en cualquier momento y no sabía cómo ayudar a una mujer y a su hijo que gritaban desde dentro del elevador. Estaban atrapados.

El mármol que decoraba el elevador fue retirado después de los fuertes daños por el sismo.
Fotografía: Lucía Vergara
Las decoraciones patrias siguen estancadas en las entradas de los departamentos.
Fotografía: Valeria Durán

Congelados en el tiempo

El tiempo en Tlalpan 1171 se detuvo desde el 19 de septiembre de 2017. En algunas puertas de los departamentos aún hay banderas tricolores empolvadas, recuerdo de los últimos festejos patrios. La mayoría de las paredes tienen grietas tan grandes que se puede ver del interior de un departamento a otro. Los propietarios de las viviendas colocaron mallas y tablas. Ya no hay objetos personales ni muebles, pero aún quedan trastes, espejos rotos y lámparas chuecas.

Lo que aún sigue en el inmueble son dos espectaculares empotrados en su azotea. Continúan ahí —pese a que la ley no permite que se instalen estas estructuras de metal sobre los edificios— ya que la empresa Rak, S.A. de C.V., que los administra, se amparó desde 2015.

Cuando Gloria Ortiz llegó a vivir al edificio de Tlalpan 1171, los espectaculares ya estaban ahí. Ella tuvo que dejar su edificio, pero las estructuras continuaron e, incluso, siguieron rentándose durante algunos meses después del sismo.

Por ejemplo, durante la temporada de campañas electorales, en uno de esos espectaculares se publicitó Movimiento Ciudadano.

Para agosto de 2018 las estructuras ya no lucían con anuncios. Los vecinos esperan que los especialistas les indiquen si es seguro que los espectaculares continúen en la azotea de su edificio.

Gloria Guerrero recogió lo que se pudo de lo que alguna vez fue una cocina recién remodelada. Su departamento le costó alrededor de 750 mil pesos en 2003 y, recientemente, invirtió 280 mil pesos en su remodelación. Ninguna autoridad le advirtió que apostó su patrimonio en un edificio que habría sufrido daños en el sismo de 1985 y que, además, tenía problemas debido a su planta baja débil.

Imagen donde se aprecian las estructuras de los dos espectaculares en la azotea del edificio.
Fotografía: Lucía Vergara
Gloria Guerrero dueña de uno de los departamentos.
Fotografía: Lucía Vergara

Y aunque Gloria y sus vecinos ya no viven ahí, siguen invirtiendo en el edificio. Ellos han pagado más de 548 mil pesos en dictámenes externos que les permitan tomar la mejor decisión sobre cómo realizar el reforzamiento de la estructura y cómo hacer más resistente la planta baja que sostiene diez pisos y dos espectaculares.

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Protección Civil aquí no se había parado jamás. Desde que vivo aquí nunca vinieron a ver cómo estaba, a informarnos reglas básicas para desalojar, dónde te cubres, dónde te proteges, qué haces en el sismo... Ninguna otra dependencia vino”.

Gloria Guerrero, administradora del edificio.

Casas en el aire:
cuando los políticos
desdeñan a la ciencia

texto: Thelma Gómez Durán-Agustín Paniagua
video: gloria hernández-lucía vergara

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Desde los años ochenta se detectó que algo sucedía con los suelos de Iztapalapa, pero fue hasta 2007 —cuando los socavones se hicieron más visibles y profundos— que las autoridades decidieron pedir ayuda a la ciencia. Investigadores de la UNAM identificaron varias fracturas en el subsuelo y advirtieron sobre la vulnerabilidad del área. Cuando llegaron nuevos delegados, cambiaron las prioridades: se canceló el presupuesto para el monitoreo de terrenos, se hizo a un lado la colaboración con los científicos y se permitió que siguiera la construcción desordenada. Los sismos de septiembre de 2017 desempolvaron las omisiones. También mostraron que el problema se extiende a Tláhuac y Xochimilco. Hoy, por lo menos, cinco mil casas tienen daños.

ZONA ORIENTE

-Iztapalapa
-Tláhuac
-Xochimilco

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Aquí la tierra se abrió. Se hicieron surcos y socavones. Pareciera que una serpiente gigante hubiera pasado por debajo de las calles, atravesando casas, parques, avenidas y colonias completas. Nunca antes un sismo había dejado tales daños en este rincón de Iztapalapa que comparte fronteras con Tláhuac y Xochimilco.

El terremoto del 19 de septiembre de 2017 levantó algo más que el asfalto: desempolvó las fracturas del suelo que atraviesan este territorio, que se ensanchan, se incrementan y mantienen en vilo a quienes construyeron ahí sin que alguna autoridad les advirtiera sobre el peligro. Peor aún: muchos de ellos habitaron esa zona alentados por los programas gubernamentales de vivienda.

Graciela Romero Martínez llegó a estas tierras cuando en ellas había pastos, algunas milpas y restos de un antiguo lago. Ella, junto con sus vecinos, dieron forma a lo que hoy es la Unidad Habitacional Cananea, en la delegación Iztapalapa. Treinta y dos años después, su casa está al borde del desplome.

La casa de Graciela Romero quedó inhabitable.
Fotografía: Lucía Vergara
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Abrir la puerta principal es casi imposible; de hacerlo se correría el riesgo de que el techo se venga abajo. Por eso se tiene que entrar por la puerta trasera. Lo que antes era la cocina, hoy es un área habitada por un socavón que provocó cuarteaduras en todos los muros. Ya no hay muebles en la sala; si los hubiera, seguro se resbalarían hacia donde está inclinada la casa. Subir las escaleras es encontrarse con paredes atravesadas por grietas y con ventanas que ahora yacen en el suelo.

Lo que queda de la casa de Graciela está sobre una de las fracturas que atraviesan la colonia Cananea y buena parte de la delegación Iztapalapa.

La casa de Graciela no es la única que colapsa.

Hay varias así en La Planta, también en Iztapalapa; en la Colonia Del Mar, en Tláhuac, y en varios lugares de Xochimilco. Y muchas, cientos más, que no están a un paso del derrumbe, pero sí con grietas e inclinaciones.

Antes del sismo aquí se encontraba la cocina de Graciela.
Fotografía: Lucía Vergara

Los únicos datos oficiales sobre la magnitud de los daños en esta zona de la Ciudad de México son los censos que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Según esas cifras, en las tres delegaciones hay 5 mil 331 viviendas dañadas. Los vecinos no confían en esos números; ellos aseguran que son más y reclaman que el gobierno de la Ciudad de México no tenga datos sobre esta zona.

Lo que comenzó como una grieta es hoy una fractura.
Fotografía: Lucía Vergara

De reservas territoriales a colonias

En esta zona de Iztapalapa buena parte de la tierra que ahora está urbanizada era reserva territorial de la Ciudad de México. A principios de la década de los ochenta, 68 hectáreas perdieron esta categoría y se vendieron a 25 mil familias agrupadas en diferentes organizaciones sociales que tenían entre sus consignas la obtención de vivienda. El Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) les otorgó créditos para la compra de terrenos y construcción.

De las 68 hectáreas, 22 las compraron mil 88 familias que presentaron proyectos arquitectónicos y de urbanización a Fonhapo para dar forma a la Unidad Habitacional Cananea. La edificación de sus casas fue progresiva: comenzó a finales de 1985 y terminó en 1990. También fue comunitaria: todos colaboraban en la construcción. Los colonos dejaron espacios comunes para áreas verdes y actividades deportivas; además, se estableció que las casas no podían tener más de dos niveles.

Cuando ellos llegaron a esa zona, ya estaban las primeras casas de las colonias vecinas: La Planta y la Colonia del Mar.

Entre 1986 y 1988 —al comenzar la construcción de la unidad— se formaron algunas zanjas y se asomó lo que entonces se pensó que era una grieta superficial. En 1989, las primeras casas mostraron los efectos de haberse construido en un suelo inestable. Mariano Salazar, miembro de la Unión de Colonos Inquilinos y Solicitantes de Vivienda Libertad, recuerda que seis viviendas se tiraron y reubicaron porque presentaron grietas, hundimientos e inclinaciones.

Pasó el tiempo. La zona y sus alrededores se urbanizaron aún más. Organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa gestionó e impulsó la construcción de unidades habitacionales en el área. Incluso, los gobiernos federal y capitalino construyeron ahí unidades habitacionales, como la Villa Panamericana (1990).

A principios de julio de 2007, después de una fuerte lluvia, en la colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, se abrió una grieta de 10 metros de ancho y 14 de profundidad. Las notas periodísticas publicadas entonces informaron que en ese hoyo cayó un joven de 19 años, cuyo cuerpo se rescató dos días después, así como un automóvil color azul, marca Chevy. En esa ocasión se desalojaron 20 casas.

El entonces delegado de Iztapalapa, Horacio Martínez Meza, decidió buscar a científicos para que realizaran estudios en los suelos y explicaran qué sucedía.

—En ese momento se decidió tomar institucionalmente el problema como parte de las responsabilidades de la delegación —explica en entrevista la doctora Dora Carreón Freyre, investigadora del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En julio de 2007 se abrió un socavón en la colonia Lomas de San Lorenzo.
Fotografía: Cuartoscuro

Acudir a la ciencia y luego desdeñarla

Al igual que en el centro de la Ciudad de México, Iztapalapa también presenta hundimientos. Sin embargo, estos son más graves en la zona oriente de la metrópoli por los materiales que integran sus suelos.

La superficie y el subsuelo de buena parte de la delegación se conforma por sedimentos de río, pero también por el material que se originó durante las erupciones que registraron los volcanes que hay en su territorio.

—Existe una gran diversidad de materiales en un pequeño territorio. Estos materiales se deforman a velocidades diferentes y, por lo tanto, son susceptibles a las fracturas —explica la doctora Carreón, pionera en el estudio de las fracturas en los suelos de la Ciudad de México.

El tener un suelo heterogéneo no tendría que ser un problema. El asunto es que esas tierras se urbanizaron sin considerar qué tierra se pisaba.

Desde 2007, investigadores realizarón estudios en los suelos.
Fotografía: Cuartoscuro

—Se tienen construcciones con un peso no adecuado para esas zonas —destaca la doctora Carreón— Ahí se estableció a mucha gente, varios de ellos son desplazados por el temblor de 1985. En esas zonas no deberían de construir casas de más de dos niveles. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y por el contexto social y económico, se han construido cuatro o cinco niveles, para alojar a tres o cuatro familias.

El equipo del Centro de Geociencias de la UNAM identificó que el área más vulnerable a las fracturas es la que bordea la sierra de Santa Catarina y el Peñón del Marqués; en términos geológicos es una zona de transición entre la planicie lacustre y el eje volcánico.

En 2007 la doctora Carreón recomendó a las autoridades comenzar un monitoreo de los suelos de la zona y crear un Centro de Evaluación de Riesgo Geológico, para que la delegación contara con datos científicos y estos se tomaran en cuenta en los planes de protección civil y los trabajos relacionados con servicios urbanos.

Las fracturas se encuentran en la delegación Iztapalapa y Tláhuac.
Fotografía: Cuartoscuro

El entonces delegado Horacio Martínez Meza escuchó a los científicos: se creó el centro, se le destinó presupuesto, se firmó un convenio de colaboración con la UNAM y se instalaron seis estaciones de monitoreo para registrar la deformación del suelo.

El idilio entre ciencia y autoridades delegacionales terminó en octubre de 2012, cuando el perredista Jesús Valencia Guzmán llegó a gobernar Iztapalapa.

El convenio de colaboración con la UNAM no se renovó. En la estructura de la delegación continúo el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico, pero a partir de ese año se le disminuyó el presupuesto a lo mínimo. Incluso, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información, a partir de 2015 no se adquirió ningún equipo de monitoreo y los seis que estaban instalados, se dejaron en el olvido.

—El monitoreo es vital —destaca la doctora Carreón— si se conoce cómo avanza la deformación del suelo se puede saber cuál es el peligro de que suceda un colapso y se puede tener tiempo para desalojar y reubicar a las personas.

En la actualidad, las estaciones de monitoreo están en el abandono. Dos de ellas son sólo fierros, porque se robaron los instrumentos de medición. La que se ubica en el parque que divide a la colonia La Planta y la Unidad Habitacional Cananea es resguardada por una jaula que construyeron los propios vecinos. El 19 de septiembre de 2017, esa estación registró un desplazamiento del suelo de 70 centímetros.

Las autoridades delegacionales —ni Jesús Valencia, ni su sucesora la también perredista Dione Anguiano— volvieron a buscar a los científicos. Aun así, el equipo de la doctora Carreón siguió con sus estudios en esta área de la Ciudad de México.

Gracias a esas investigaciones realizadas desde 2007, la geóloga sabe que la extracción del agua del subsuelo provoca que sea aún mayor el problema de fracturas no sólo en Iztapalapa, también en otras delegaciones.

Sin agua en la llave, tampoco en el subsuelo

En la delegación Iztapalapa la falta de agua potable es una constante. Y cuando llega, suele tener un color café. Después del 19 de septiembre de 2017, la situación se agravó en algunas colonias.

Vecinos de Cananea protegieron la estación de monitoreo.
Fotografía: Lucía Vergara.
Informe realizado por la doctora Silvia García, después de visitar la zona de Tláhuac.

El agua potable con la que se abastece a la Ciudad de México llega por dos vías: el Sistema Cutzamala y de la extracción de los mantos acuíferos de la propia metrópoli, varios de ellos ubicados en la zona de Iztapalapa, a una profundidad de entre 50 y 100 metros. Incluso, algunos se encuentran a las orillas del Canal de Chalco, muy cerca de las colonias La Planta, San Lorenzo Tezonco, Cananea y Colonia del Mar.

—Se está extrayendo demasiada agua de un suelo que es particularmente susceptible, estamos desequilibrando el sistema, por eso tenemos altas tasas de deformación (de los suelos) —remarca la doctora Carreón.

La misma opinión tiene la doctora Silvia García Benítez, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con especialidad en mecánica de suelos y geotecnia. Si continúa la sobre explotación de los mantos acuíferos de la ciudad —señala—, los problemas de hundimientos, socavones y fracturas no sólo se concentrarán en el oriente de la ciudad, se extenderán a otras áreas de la metrópoli.

Semanas después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la doctora García Benítez realizó recorridos por zonas afectadas en Tláhuac y Xochimilco. En sus informes remarca que muchos de los daños que se presentaron durante el sismo se deben a que las condiciones del suelo se agravan por la extracción del agua en el subsuelo.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y la administración de Miguel Ángel Mancera, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa (San Lorenzo Tezonco y Santa Catarina) se abrieron pozos para extraer agua a una profundidad de 2 mil metros. Uno de ellos se inauguró un mes después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

—Hay una negligencia del Conagua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y el delegacional. ¿Por qué si ellos saben lo que sucede aquí, que estamos en una zona de transición, siguen extrayendo tanta agua? ¿Por qué no se buscan otras soluciones? ¿Por qué inauguran esos pozos a más de 2 mil metros de profundidad? —se pregunta Mariano Salazar.

Después del sismo, el desabasto de agua potable se agravó en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Fotografía: Cuartoscuro

—¿Esos pozos profundos provocarán más fracturas en el suelo de Iztapalapa y Tláhuac? —se le pregunta a la doctora Carreón.

—No podría decirlo. Eso se tiene que estudiar con mucho cuidado, necesitamos hacer modelos geológicos para esa profundidad y ver qué sucede.

Hasta ahora lo que se puede afirmar —remarca la doctora Carreón— es que la sobreexplotación de los mantos acuíferos, aquellos que están a unos cien metros de profundidad, sí agravan la fracturación de los suelos.

—En términos geológicos —explica la doctora Carreón—, Iztapalapa es una de las zonas más estudiadas del país. Conocemos muy bien todos los mecanismos de fractura y podemos dar mucho apoyo en la toma de decisiones para la reconstrucción y el rediseño del uso del suelo en la delegación... De nada te sirve tener el mejor estudio científico, el de mejor calidad, si no se utiliza.

Pagar por lo que no tienes

En la Colonia del Mar —la cual se formó a principios de la década de los ochenta, en lo que eran terrenos ejidales— muchos de sus habitantes se enteraron que vivían sobre fracturas partir del sismo de 2017.

—Ese día parecía que habían bombardeado la colonia. Estaba terrible —describe Mercedes García Ruiz.

—Las grietas que antes había en el suelo se marcaron más y los predios se asentaron —explica María del Carmen Navarro parada frente a su casa. La construcción que tenía como vecina presentó tantos daños que se demolió.

En la Colonia del Mar se organizaron para hacer sus propios censos y buscar asesoría de científicos de la UNAM y otras universidades.

De acuerdo con sus datos, tan sólo en la Colonia del Mar hay mil 37 casas con daños; 300 de ellas en situación crítica. Ellos esperan tener un estudio de suelos de la zona para conocer cuáles son los terrenos afectados por las fracturas.

Habitantes de Xochimilco también piden que se realicen estudios de los suelos.

—La zona sur-oriente de Xochimilco fue la que más daños sufrió en el sismo; desde Tulyehualco, San Gregorio, San Luis y hasta Nativitas; ahí empezamos a ver hundimientos y socavones; algunos adentro de las casas —menciona Óscar Peláez Morales.

Hermilo Baltazar y su esposa María del Carmen Martínez viven en una tienda de campaña desde finales de septiembre de 2017, pero siguen pagando por una casa que el sismo dejó inhabitable. Llevan más de diez años viviendo en la colonia La Planta.

En 2012, Hermilo tramitó un crédito del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (Fidere); un programa del gobierno capitalino para financiar la construcción de casas de dos niveles en las zonas sur y oriente de la ciudad.

El 4 de septiembre de 2017, una semana antes del sismo, Hermilo realizó el pago mensual de 870 pesos, del crédito por 52 mil 200 pesos. Según sus cálculos, aún le faltan otros cuarenta meses para saldar la deuda. Pero ahora no sabe qué hacer: su casa quedó inhabitable y una fractura pasa justo por debajo del terreno en donde la construyó.

Alrededor de la casa de Hermilo hay decenas de casas con daños y con hundimientos de hasta 30 centímetros. En varias de ellas se realizan trabajos de pintura, se tapan grietas e, incluso, hay quien reconstruye su vivienda con recursos que el gobierno federal entregó a algunas familias, a través de las tarjetas de Sedatu y Bansefi; pero también con los materiales que entregaron en estas zonas los candidatos que buscaban ganar algún puesto de elección como diputados locales o delegados.

Las casas se reparan, pero siguen sobre un suelo fracturado.

La vivienda de Hermilo está sobre una fractura.
Fotografía: Gloria Hernández

Vivir sobre un cascarón

La doctora Silvia García recomendó no realizar inyecciones en las fracturas.

Como parte de los trabajos de reconstrucción en la zona, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México comenzó a inyectar una mezcla de cemento y bentonita (arcilla con varios usos industriales) en las fracturas expuestas después del sismo.

Eso podría ser sólo un paliativo que, con el tiempo, ocasione más problemas.

—Una fractura no se puede rellenar sin conocer el mecanismo de formación, sin saber a qué profundidad está y, sobre todo, qué tipo de material hay a su alrededor. Es un error llenar esas fracturas con cemento —explica la doctora Carreón—, porque generan un material más rígido que el localizado a su alrededor; esto genera un efecto cuchillo, es decir la inyección de cemento va a seguir cortando el material que es más suave. También es un error rellenar con cascajo, porque se hace un canal y cada que llueva se va a seguir erosionando

En sus informes, la doctora Silvia García también apunta que se deben detener los trabajos de relleno de grietas, porque “la gente en campo no cuenta con documentos que avalen el ejercicio de procesos ni el uso de materiales y equipo. Por ejemplo, se está usando arena y tezontle, indiscriminadamente, en capas de espesor variable, compactadas con pisón de mano”.

Lo que se debería hacer —de acuerdo con los geólogos— es un análisis de la densidad de los materiales de la zona y tratar de replicarlo haciendo combinaciones de cemento, bentonita y arena.

Incluso, antes de eso, la doctora Carreón destaca que en la zona afectada, la cual se extiende por las tres delegaciones, es necesario realizar estudios específicos por colonia, calle y en algunos casos por casa. Y es que al estar sobre suelos muy heterogéneos no se tienen las mismas condiciones de una cuadra a otra.

Es necesario hacer mapas de vulnerabilidad —resalta la doctora Silvia García en sus informes— y replantear los usos de suelo para otorgar o negar permisos de construcción.

Estos estudios permitirían saber qué zonas no son aptas para tener casas, en donde es necesario reubicar a la población. Y, sobre todo, diseñar medidas de mitigación para que las fracturas no aumenten, no se ensanchen, no abarquen más territorio.

—Vivimos en la incertidumbre. Muchos ya perdieron su casa y ahora no sabemos si vamos a perder también el terreno, el suelo donde estamos —comenta Mercedes García, habitante de la Colonia del Mar.

—Necesitamos saber qué zonas ya no son aptas para la construcción, para saber quiénes deben ser reubicados —dice Juan Salgado Baena. Su vecina Dalila Aguilar, remarca:

—Parece que estamos sobre un cascarón y no sabemos en qué momento se va a tronar. Queremos que nos digan si se puede arreglar este suelo, porque es lo único que tenemos.

Habitantes de la Colonia del Mar. Fotografía: Gloria Hernández
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Pasaban sismos grandes y seguía haciéndose más grande la grieta. Después del sismo del 19 de septiembre del 2017, rellené el socavón que está abajo de mi casa. Ahí entraron nueve carros de tepetate”.

Mercedes Javier Peláez, habitante de la Unidad Habitacional Cananea.

La burocracia mata

texto: Agustín Paniagua

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El colapso del edificio ubicado en Viaducto Miguel Alemán 106 conjuntó al menos dos factores: una planta baja débil y el peso de un anuncio espectacular que no fue retirado de su azotea pese a estar fuera de norma desde 2010.

Calle y número:

Viaducto Miguel Alemán 106

Colonia:

Piedad Narvarte

Delegación:

Benito Juárez.

Año de construcción:

1963

Personas fallecidas:

11

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El sismo de magnitud 7.1 ocurrido a las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017 derrumbó un inmueble de seis niveles en la colonia Piedad Narvarte, construido desde 1963, el cual cargaba un espectacular de la empresa GIM Publicidad Exterior. Su colapso provocó la muerte de 11 personas y que el edificio contiguo quedara inhabitable.

Especialistas del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que el peso extra del anuncio (hasta 20 toneladas por espectacular, según estimaciones de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano) pudo haber sido un “agravante de los daños”.

El espectacular sobre la azotea del edificio de Viaducto Miguel Alemán 106 aparece, en registros fotográficos, al menos desde 2008. Hasta el 19 de septiembre de 2017, llevaba siete años violando la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.

La legislación sobre espectaculares fue reformada en el año 2010, durante el gobierno de Marcelo Ebrard. En su artículo 13 dice a la letra que “en el territorio del Distrito Federal quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional instalados en las azoteas de las edificaciones, sean estas públicas o privadas”. Esto, debido a que el peso de estas estructuras representa un riesgo.

La medida fue parte de una serie de disposiciones legales cuyo objetivo era regular la instalación de espectaculares en vías principales, las cuales comenzaron a implementarse desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Un espectacular que el sismo retiró

En 2004, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los “Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”. Su objetivo era reducir “el riesgo que representan los anuncios espectaculares”, el cual se incrementa con sismos, vientos fuertes, lluvias y otros fenómenos meteorológicos que eventualmente ocasionan su caída.

Para ello, el gobierno capitalino pidió a las empresas dedicadas a la renta de este tipo de estructuras que se registraran voluntariamente en un padrón, y las comprometió a retirar “por sus propios medios los anuncios de publicidad exterior” en Periférico, Insurgentes, Paseo de la Reforma y Viaducto Miguel Alemán.

El edificio de Viaducto 106, poco después de su colapso.
Fotografía: Cuartoscuro
El padrón de anuncios espectaculares sujetos a reordenamiento publicado por Seduvi.
El Invea autorizó la operación del espectacular de Viaducto 106, pese a que estaba fuera de norma.

Por su parte, la Seduvi se encargaría de programar los retiros de manera progresiva, hasta liberar las vialidades. Para ello, en 2011, publicó por vez primera la lista de los anuncios que serían removidos. En 2015, hubo una actualización, y en ella apareció la publicidad de GIM en Viaducto Miguel Alemán 106. Pero nunca la quitaron, hasta que el impacto del sismo la derribó con todo y edificio.

Pese a que para entonces ya estaba fuera de norma, en 2015 las autoridades de la Ciudad de México permitieron que el anuncio de Viaducto Miguel Alemán 106 se mantuviera en pie, porque estaba incluido en el programa de regularización referido.

Otro de los requisitos para seguir instalados, era que los dueños contaran con un Permiso Administrativo Temporal Revocable, el cual debió ser autorizado por la propia Seduvi. No obstante, esta dependencia nunca emitió esos permisos.

El 19 de abril de 2015, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizó una inspección a la publicidad instalada en la azotea de Viaducto Miguel Alemán 106, de acuerdo con copias de un expediente obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vía solicitudes de acceso a la información. En esa visita, se confirmó la inexistencia del permiso que Seduvi se comprometió entregar cuatro años antes. Por ello, no fue posible la clausura.

Las labores de rescate tras el derrumbe de Viaducto 106. Una mujer murió entre los escombros porque presuntas autoridades de protección civil ordenaron detener los trabajos.
Fotografía: Cuartoscuro
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Publicidad Exterior.

Esta problemática ha permitido que decenas de espectaculares alrededor de la Ciudad de México —entre los cuáles se contaba el colocado sobre el inmueble desplomado en la colonia Piedad Narvarte— operen en un limbo legal.

La situación no tiene visos de arreglarse pronto. Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 —a siete años de que se aprobara la reglamentación para espectaculares— la Seduvi llevó a cabo la “Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal”. El objetivo era el mismo: discutir el retiro programado de anuncios en azoteas que continúa sin ejecutarse.

En el comunicado de esa reunión, la dependencia reiteró que ese tipo de anuncios están “expresamente prohibidos por la ley” y que las propias compañías involucradas tenían conocimiento de ello desde 2010. Para entonces, el edificio de Viaducto Miguel Alemán 106 ya se había venido abajo.

GIM Publicidad Exterior formó parte de las 42 empresas con anuncios irregulares instalados en las avenidas Revolución, Viaducto Miguel Alemán, Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, Eje Central, Universidad y División del Norte, entre otras, de acuerdo con Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el 15 de agosto de 2011.

MCCI buscó a directivos de ésta última empresa, pero ellos han rechazado cualquier contacto con reporteros.

Los riesgos estructurales

Licencia de construcción del edificio.

Otro factor que pudo influir en el colapso del edificio de Viaducto Miguel Alemán 106 fue su ubicación: estar en una esquina.

Los edificios que se levantan en esquinas —explica el doctor Eduardo Reinosa, del Instituto de Ingeniería de la UNAM— deben contar con un diseño estructural especial, que les permita responder al movimiento irregular que presentan durante un sismo.

Además, tenía otra característica: ese inmueble contaba con una planta baja débil, según observaciones de los ingenieros de la UNAM.

En la licencia de construcción —conseguida por medio de una solicitud de acceso a la información— consta que el edificio tiene un espacio sin columnas en la planta baja. En los siguientes cuatro niveles había departamentos que sí abarcaban todo el terreno.

Lo anterior encuadra con la definición de una planta baja débil o flexible que se incluye en la página web del Sistema Nacional de Protección Civil, en donde se explica que un edificio con estas características presenta ausencia de muros y columnas delgadas es más vulnerable a presentar daños durante un sismo.

Cuando el edificio de Viaducto 106 se derrumbó, en la planta baja funcionaba un salón de belleza. Pero en los últimos 10 años hubo incluso un taller mecánico y oficinas de la aseguradora Axa.

Hasta agosto de 2018, el inmueble ni siquiera aparecía en el registro de daños de la Plataforma Ciudad de México, a cargo de la Comisión para la Reconstrucción.

El homenaje de coronas florales para los fallecidos en el colapso de Viaducto 106.
Fotografía: Irving Huerta

Personas Fallecidas en Viaducto 106

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Agustín Benjamín Ortiz
Anuar Shajid Yabra Zavala
Alejandro Aguilar Pérez

Nathan Rodrigo Rodríguez Arellano
Alejandra Vicente Cristóbal

*No fue posible conocer los nombres de las otras seis personas que fallecieron en este edificio.

Los mil 500 trabajadores
que el gobierno
capitalino puso
en riesgo

texto: Raúl Olmos

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El gobierno capitalino no garantizó la seguridad de sus propios trabajadores. El edificio en el que laboraban empleados de la Secretaría de Salud era vulnerable ante un sismo como el ocurrido el 19 de septiembre del 2017. Las autoridades ignoraron durante años medidas que reducirían el nivel de riesgo en el que se encontraban. En 2012, un dictamen urgió reparar daños. Dos años más tarde, en 2014, las reparaciones no se habían hecho. Ambos estudios los firmó Renato Berrón Ruiz, hoy director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Calle y número:

Xocongo 225

Colonia:

Tránsito

Delegación:

Cuauhtémoc

Año de construcción:

1990

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El 19 de septiembre del 2017 un edificio de siete niveles, propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, quedó inhabitable y a punto del colapso debido a la falta de mantenimiento y a que las propias autoridades capitalinas no cumplieron con las normas de reforzamiento que estaban vigentes desde 13 años atrás.

Una semana después de la tragedia, el especialista en seguridad estructural Rafael Alberto Forsbach Prieto elaboró un reporte en el que recomendó desalojar “de inmediato” las oficinas donde trabajaban alrededor de mil 500 personas para la Secretaría de Salud local porque, ante los daños encontrados, el inmueble era de “muy alto riesgo”.

Daños instantes después del sismo en el interior del edificio.
Fotografía: Trabajadores de la SSCDMX.

A pesar de que esa torre podía venirse abajo en caso de otro sismo, la planta baja no ha sido desocupada pues todavía opera ahí el despacho de trámites funerarios, según se constató en distintas visitas para este reportaje.

Forsbach Prieto alertó que el peligro se acentuaba porque había detectado que las varillas de las columnas, en el nodo de unión con las trabes, carecían de estribos. La colocación de esas piezas era importante para amortiguar el peso y posibles movimientos del edificio.

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“Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto vigentes indican que tanto las columnas como las trabes deberán contar con estribos en los nodos, para evitar fallas que se presentaron durante el sismo de septiembre de 1985”, destacó el especialista en el informe obtenido por MCCI a través de una solicitud de acceso a la información presentada ante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Los cambios que debieron hacerse dentro de ese edificio patrimonio de la Ciudad de México fueron obligatorios a partir de su publicación en la edición del 6 de octubre del 2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. No obstante, eso nunca sucedió de acuerdo con el dictamen de Forsbach Prieto.

Entre 2004 —cuando se oficializó la colocación de estribos— y el terremoto del 19 de septiembre de 2017 hubo cuatro distintas administraciones en la Ciudad de México emanadas del Partido de la Revolución Democrática. En todas ellas, desde la encabezada en el último tramo por Andrés Manuel López Obrador —ahora Presidente Electo— y la más reciente con Miguel Ángel Mancera —Senador de la República— no se reforzó el edificio.

Forsbach Prieto hizo el estudio que desnudó la vulnerabilidad en que se encontraba ese edificio oficial de Xocongo 225, paradójicamente a petición del propio gobierno capitalino tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Algunos trabajadores de la Secretaría de Salud ya se habían quejado ante medios de comunicación por cómo quedaron sus oficinas.

Fotografías del estudio hecho por Forsbach Prieto que reporta daño en columnas.

El especialista incluyó fotografías dentro de su informe final para demostrar que el desprendimiento del recubrimiento sobre las varillas en columnas fue una evidencia de la falta de estribos. En la jerga de los ingenieros, nodo es el punto donde se conectan los ejes de los puntales, tensores y fuerzas concentradas, mientras que estribo se refiere a los refuerzos transversales de acero.

Pero hubo otro estudio sobre el mismo inmueble realizado al día siguiente de la emergencia. El ingeniero Jesús Valdés Aguilar también observó que la inexistencia de estribos dañó nodos y provocó grietas en columnas.

“(…) falló la estructura por efecto de torsión y compresión en nodos por defectos en reestructuración, losas desniveladas por deformación estructural, nodos construidos sin estribos y grietas en columnas”.

Incumplimiento de normas

El edificio de Xocongo 225 tuvo afectaciones desde sismos anteriores al registrado el 19 de septiembre de 2017 y no hubo reparaciones en su estructura, de acuerdo con otros dictámenes obtenidos para este reportaje igualmente por solicitudes de acceso a la información.

“De varios quinquenios atrás y por tratarse de una estructura muy flexible, desde el sismo de 1985 la edificación sufrió desplazamientos de relevancia, los cuales le causaron a los elementos estructurales grietas, tales como en las columnas, trabes y muros, mismas que a la fecha no han sido atendidas debidamente”, indicó el reporte fechado el 26 de marzo de 2012 y firmado por el entonces coordinador técnico de la Secretaría de Obras, Renato Berrón Ruiz, quien actualmente se desempeña como director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

MCCI buscó a Berrón para una entrevista y no fue posible obtenerla al concluir este reportaje.

El edificio fue desalojado y está desocupado desde el sismo, ante el riesgo de derrumbe.
Imagen obtenida de YouTube.

Esta última revisión fue hecha tras un sismo ocurrido el 20 de marzo de 2012, cuyo epicentro se registró en Oaxaca, con una magnitud de 7.4. Acompañado de personal de seguridad estructural de la Secretaría de Obras y de representantes de Protección Civil, ese mismo especialista inspeccionó en aquella ocasión el inmueble detectando grietas diagonales y horizontales, así como en los muros de la colindancias norte y sur. Además, los cubos de escaleras en el extremo poniente y oriente tenían el mismo problema.

“Se apreció que, en algunas columnas de los pisos intermedios y últimos, en el costado nororiente del edificio, tanto en columnas interiores como las ubicadas en la fachada posterior, existen grietas diagonales en las columnas, las cuales acusan los giros que el edificio ha sufrido a lo largo de su existencia, derivados de fuertes sismos”, completó Berrón Ruiz.

A pesar de esas conclusiones, consideró que no se trató de algo grave por lo que esa torre podría ocuparse de nuevo, aunque pidió emprender los siguientes trabajos:

a) Inyectar con resina epóxica las grietas detectadas en las columnas.

b) Resanar las grietas de los muros de mampostería, logrando que el mortero expansor penetre a todo lo ancho.

c) Realizar trabajos de rigidización (convertir en rígida una estructura deformable) para minimizar desplazamientos horizontales de entrepiso que sufre el edificio durante sismos.

Tanto el Invea como Protección Civil omitieron realizar verificar el edificio.

Pasaron más de dos años, y ninguna de las tres recomendaciones fue atendida.

El 18 de abril de 2014 ocurrió un nuevo temblor, esta vez de magnitud 7.2, con epicentro en la costa de Guerrero, y como en otras ocasiones se realizaron revisiones al edificio administrativo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Lo sorprendente fue que en este nuevo reporte, el mismo Berrón Ruiz –quien ya para entonces ocupaba la dirección del Instituto para la Seguridad de las Construcciones— suscribió un archivo en el cual consta que las reparaciones sugeridas desde marzo de 2012 no se habían realizado.

“Se hace énfasis en las deficiencias que presenta el edificio, las cuales se han dado a conocer en distintos documentos”, menciona el informe elaborado el 4 de agosto de 2014. Y, una vez más, recomendó resanar con resina las columnas con grietas, en particular las del tercer y cuarto piso, además de concretar obras de rigidización de la estructura.

El desalojo

Los sismos ocurridos el 7, 19 y 23 de septiembre de 2017 finalmente causaron daños graves a un edificio ya vulnerable. En el sótano, el especialista Forsbach –el mismo que recomendó no ocuparlo más— observó fisuras en trabes no recientes y evidencias de que no recibió mantenimiento estructural preventivo.

En la planta baja halló desprendimientos de muros que cubren la fachada y, sobre todo, un notorio hundimiento hacia el noreste. En los tres primeros niveles se registraron desplazamientos verticales excesivos en la parte central de las losas, desprendimientos en muros divisorios y fisuras en las escaleras.

Las oficinas de la Secretaría de Salud terminaron por quedar inservibles.
Fotografía: trabajadores de la SSCDMX.

En los niveles superiores (del cuarto al sexto) el acero que sirve de refuerzo en las columnas quedó expuesto, dejando a la vista la inexistencia de estribos. Incluso, las varillas estaban pandeadas.

El especialista también reportó que esos pisos fueron reforzados de manera inadecuada, porque instalaron placas de metal de pobre espesor en las columnas. Eso —desde su perspectiva— era insuficiente para mantener la rigidez de la estructura.

“El edificio es un inmueble de muy alto riesgo, debiendo ser desocupado de manera inmediata, ya que, por la gran cantidad de daños que presenta, aunado a tener las varillas de columnas en el nodo de unión con las trabes sin estribos, lo hace aún más vulnerable a sufrir un colapso total o parcial en caso de presentarse otro sismo”, concluyó en su informe el especialista.

Los dictámenes estructurales de 2010, 2012 y 2014 detallan el historial de fallas y omisiones.
Una de las vistas laterales del edifico donde trabajaban mil 500 personas.

El vecino
que los traicionó

Texto: Thelma Gómez Durán

Video: Gloria Hernández

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José Arturo Ceballos Gallardo se dedica a la comercialización de maderas. También es el accionista mayoritario de Canada Building Systems de México, constructora de Residencial San José, edificio que presumía sus “tecnologías verdes” y que se estrenó en enero de 2017. Ocho meses después, su colapso provocó la muerte de dos mujeres. Todos los peritajes coinciden: el inmueble se diseñó mal y en su construcción se utilizaron materiales de baja calidad. Quienes ahí vivían se enteraron que en el penthouse habitaba el dueño de la empresa que les vendió los departamentos que se hicieron polvo.

Calle y número:

Emiliano Zapata 56

Colonia:

Portales

Delegación:

Benito Juárez

Año de construcción:

2016

Personas fallecidas:

Matilde Téllez Cárdenas y Karla Santos Sánchez

1

Era su primer departamento.

Durante meses visitaron construcciones, miraron proyectos que estaban en preventa y recorrieron la colonia Portales en busca del lugar donde comenzarían su vida juntos. Francisco Zarazúa y Alejandra Castillo invirtieron sus ahorros y créditos de Infonavit en la compra del número 104 de Residencial San José. Les sedujo la idea de habitar un lugar con paneles solares y sistema de recolección de agua de lluvia. Seis meses después de que se mudaron al departamento, tembló. El mensaje que llegó al chat vecinal les dio la noticia: “Se cayó el edificio”.

En la pantalla de su celular, Alejandra miró la fotografía que sacudió su incredulidad: El inmueble blanco y alargado, con sus seis pisos tapizados por ventanas, se miraba como si fuera de cartón; como si un cuchillo hubiera rebanado uno de sus extremos, justo en la zona donde se localizaban los departamentos que terminaban con el número cuatro.

El diseño original de Zapata 56 presumía tecnologías verdes.
Imagen tomada de Google Street View
2

En el chat vecinal también se informó que tres personas lograron desalojar el edificio, antes de que 35 por ciento de su estructura colapsara. Pero dos más no salieron: Matilde Téllez y Karla Santos. Ellas hacían la limpieza en el departamento 404.

Residencial San José no resistió el sismo magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017. Era el segundo terremoto al que se enfrentaba y su estructura se desbarató como si fuera de aserrín.

Quienes lo construyeron no eran improvisados, ya habían realizado otros cuatro edificios en la delegación Benito Juárez. Pero este, al que bautizaron Residencial San José, era su proyecto más ambicioso: el condominio más alto, en donde se distribuían 24 departamentos con calentadores solares de agua y con recubrimientos de madera en pisos, pasillos y escalera.

No era casualidad el gusto por la madera. Los accionistas de Canada Building Systems de México —la constructora de Residencial San José— son José Arturo Ceballos Gallardo y su padre, José Ernesto Ceballos Sobrino; miembros de una familia dedicada a la importación y exportación de maderas finas.

Débil desde los cimientos

Los accionistas ya habían realizado otros cuatro edificios, este era el proyecto estrella.

Francisco Zarazúa y Alejandra Castillo se mudaron a Residencial San José en marzo de 2017. Sus vecinos del 304 llegaron dos meses antes. A ellos les tocó estrenar el edificio.

—Los departamentos eran de 66 metros cuadrados, muy bien distribuidos y con sus techos muy altos. Eso daba una sensación de amplitud —recuerda Alejandra Castillo—. Los pisos eran de parquet.

El cuidado que se puso en los acabados y en la vista del edificio no fue el mismo durante el proceso de construcción.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo, a través de una solicitud de información, los documentos que Canada Building Systems de México entregó a la delegación Benito Juárez para obtener la Manifestación de Construcción, entre ellos la mecánica de suelos que realizó la empresa Ingeniería Geotécnica OST en junio de 2014.

Este estudio, obligatorio para todas las edificaciones nuevas, permite conocer los tipos de suelos existentes en la zona donde se construirá; a partir de estos datos se propone la cimentación para el proyecto.

En la Mecánica de Suelos se sugiere construir un “cajón rígido de cimentación”.

En el caso de Zapata 56, la empresa Ingeniería Geotécnica OST determinó que lo mejor para ese edificio era un “cajón rígido de cimentación desplantado a 2.50 metros de profundidad con respecto a nivel de banqueta”. Además, hizo varias recomendaciones “considerando que se desea tener un proceso constructivo seguro, pero económico”.

No se construyó la cimentación sugerida, se hizo algo más barato: una “losa de cimentación y contratrabes invertidas en las dos direcciones”, de acuerdo con la memoria de cálculos y los planos que la constructura entregó a la delegación y que firmó el Director Responsable de Obra (DRO), Juan Duay Huerta.

Al colocar una losa y contratrabes, los constructores se ahorraron entre el 12 y 10 por ciento del presupuesto que tendrían que haber destinado a los cimientos, de acuerdo con el doctor Bernardo Gómez, quien fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural entre 2015 y 2016.

La cimentación no fue lo único donde el máximo posible en seguridad se hizo a un lado.

A principios de marzo de 2016, cuando ya se había levantado gran parte del edificio, quienes estaban a cargo de la obra tuvieron información sobre fallas en el proceso de aplicación de la soldadura.

En enero de 2017 se estrenó el edificio; ocho meses después, 35 por ciento de su estructura colapsó.
Fotografía: Cuartoscuro

La empresa Control de Calidad y Geotecnia, a petición de Canada Building Systems de México, realizó una inspección de la estructura metálica en la zona de escaleras, así como en vigas, columnas, contraventeos y trabes. El informe de resultados —del cual se tiene copia— documenta que se revisaron 50 puntos y 27 de ellos, poco más de la mitad, se evaluaron como “no aceptables”.

Los ingenieros estructuristas saben que ante un porcentaje tan alto de fallas en soldaduras es necesario hacer pruebas en todos los puntos de conexión. No hay evidencia documental de que esto se haya realizado y, mucho menos, de que se corrigieran las deficiencias.

Estructura endeble

Horas después del sismo, Francisco Zarazúa y Alejandra Castillo lograron llegar hasta el lugar donde alguna vez estuvo su edificio. Sobre su departamento —que se encontraba en la planta baja— cayeron muros, castillos, muebles, puertas y madera.

Frente a la estructura colapsada conocieron a Martín Hernández, quien buscaba a su mamá, Matilde Téllez, de 63 años, y a su esposa Karla Santos, de 30. Todos los martes y jueves, entre las 10:00 y las 15:30 horas, realizaban la limpieza en el departamento 404. Cuando el edificio colapsó, estaban en el área de la cocina. Sus cuerpos se encontraron dos días después del sismo. Matilde tenía cuatro hijos. Karla, dos.

Para retirar los páneles solares que distinguían al edificio de Zapata 56 se necesitó de gruas y equipo especial.
Fotografía: Cuartoscuro

En las semanas siguientes, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) recibió denuncias en contra de funcionarios públicos, del Director Responsable de Obra (DRO), de la constructora Canada Building Systems de México —de sus representantes legales, administradores, vendedores— y de cualquier otra persona física o jurídica que resultara responsable de homicidio, así como de los daños materiales y psicológicos sufridos por los condóminos y los familiares de Matilde y Karla.

Una de esas denuncias la presentaron quienes compraron un departamento en Residencial San José.

Como parte de las investigaciones se han realizado dos dictámenes, a los cuales MCCI tuvo acceso. En ambos se menciona que en la inspección física de los restos del inmueble se encontraron refuerzos de castillos prefabricados conocidos como “armex”, los cuales son frágiles, fáciles de colocar y económicos. Al utilizarlos se ahorra tiempo y dinero en el proceso constructivo. Pero, justo por su fragilidad, no se recomiendan para edificaciones con más de tres niveles.

Primera y última página del dictamen realizado por el despacho de ingeniería Nava Díaz & Asociados

El edificio de Residencial San José tenía seis pisos; aún así, sus constructores decidieron colocar estos refuerzos de castillos prefabricados.

Los dos peritajes documentaron más irregularidades.

Al analizar los planos se encontró que las vigas “carecían del suficiente acero”, señala el dictamen técnico realizado por el despacho de ingeniería Nava Díaz & Asociados, a solicitud de la procuraduría capitalina.

Este peritaje también resalta que eran “escasos los elementos estructurales en planta de semisótano que soporten esta edificación”; ya que sólo contaba con nueve columnas, seis con un grueso de 40 x 20 centímetros. Estas medidas no corresponden a lo que pide el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México: la dimensión transversal mínima de una columna no debe ser menor a 30 centímetros.

Las deficiencias no sólo estaban en cimientos, soldaduras, columnas y acero. También las había en el concreto que se utilizó.

El dictamen del ingeniero Cuevas señala las deficiencias del concreto utilizado.

En diciembre de 2017, el ingeniero Alejandro Cuevas Lomelín —quien a petición de los condóminos de Zapata 56 presentó al Ministerio Público su opinión técnica sobre el edificio— apuntó que ninguna de las muestras de concreto analizadas alcanzó la resistencia mínima que marca la norma.

El ingeniero Cuevas Lomelín concluye: “el sistema estructural del edificio, por la mala calidad de los materiales empleados, no proporcionó la resistencia suficiente ante la ocurrencia del sismo”. También destaca que “existió negligencia por parte del Director Responsable de Obra”.

Los dos peritajes resaltan que lo construido no concuerda con los planos que en diciembre de 2014 se entregaron a la delegación Benito Juárez, en ese entonces gobernada por el panista Jorge Romero.

Documentos sólo para el trámite

Antes de su colapso, Residencial San José dio muestras de su debilidad.

—Durante el sismo que se registró la noche del 7 de septiembre —recuerda Francisco Zarazúa—, el edificio se movió muchísimo, tronaba todo. Pensé que era normal, que era la madera de los pisos la que sonaba así.

—Ese sismo no dejó grietas en los muros —menciona Alejandra Castillo—, pero algunas puertas de varios departamentos ya no cerraban bien.

Días antes, el 31 de agosto de 2017, la Ciudad de México recibió una lluvia intensa; varias calles de la colonia Portales se inundaron y el agua se filtró por las paredes del estacionamiento del edificio de Zapata 56.

—Eran chisguetes los que salían de la cisterna y los muros —explica Francisco.

Uno o dos días después, el DRO Juan Duay Huerta revisó el edificio. Al chat de vecinos mandaron el video donde aseguró que las filtraciones fueron por un mal manejo de la cisterna. En la grabación también se registró el momento en el que un vecino preguntó si la estructura del edificio estaba bien. El ingeniero Juan Duay Huerta respondió: “El responsable soy yo. A final de cuentas, al que le van a quitar la licencia es a mí”.

El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal señala que el DRO es un auxiliar de la administración; entre sus obligaciones está el “dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la ejecución de la misma, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y demás disposiciones”. También es quien revisa y firma los documentos que se ingresan a la delegación para registrar la manifestación de construcción.

En el caso de Residencial San José pareciera que el DRO Juan Duay Huerta no revisó los planos ni otros documentos de la obra. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta que en la página cuatro de la memoria de cálculo —documento que él firmó— dice: “el análisis y dimensiones de la estructura se resolvió bajo las consideraciones y especificaciones establecidas en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 1997”.

El reglamento que estaba vigente cuando comenzó la construcción del edificio era el de 2004, no el de 1997. Así que la obra de Zapata 56 tampoco cumplió en los papeles.

Los condóminos de Zapata 56 han ido de la incredulidad a la indignación al enterarse cómo se construyó su edificio, al saber que en los archivos de la delegación los planos estaban incompletos y que nadie tenía la bitácora de obra.

Uno de los planos del edificio de Zapata 56 que la constructora entregó a la delegación Benito Juárez.

Los vecinos investigaron cómo funcionaba la figura del DRO. Se sorprendieron al saber que la persona, cuya labor es supervisar y asegurarse que se construya bien un edificio, sea contratada por la misma empresa a la que debe vigilar.

—No puedo creer —dice Francisco— que una responsabilidad tan grande tenga que caer en una sola persona que, además, es contratada por la misma constructora. No puedo creer que las autoridades delegacionales se laven las manos.

En las oficinas de la delegación Benito Juárez nadie se percató que en los documentos que entregó el DRO y la constructora Canada Building Systems de México los planos no concordaban con la memoria de cálculo ni que se citaba un reglamento que ya no estaba vigente.

En lo que se fijaron las autoridades fue en otras cosas, por ejemplo, que el proyecto arquitectónico no cumplía con el número de cajones de estacionamiento requeridos, de acuerdo con las observaciones que, en junio de 2015, realizó la subdirección de normatividad y licencias de la delegación.

Justo ese mismo mes, investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicaron un estudio que titularon “Evaluación de la observancia del reglamento de construcción en la Ciudad de México: viviendas de mediana altura”.

Después de analizar 150 edificios construidos después de 2004 concluyeron —entre otras cosas— que los mecanismos oficiales para supervisar el diseño de las nuevas estructuras son insuficientes. Además, advierten que muchos de los edificios que revisaron tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso, ya que no cumplen con los mínimos requerimientos establecidos por el Reglamento de Construcciones.

El 15 de mayo de 2016 —ya durante el periodo de Christian von Roehrich como delegado en Benito Juárez— el director general de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis, firmó la autorización de uso y ocupación del edificio de Zapata 56. Este documento fue sólo para cumplir con un trámite más, ya que cuando lo firmó el funcionario, Residencial San José tenía cuatro meses de estar habitado por los primeros inquilinos.

La autorización de uso y ocupación se firmó en mayo de 2016.

En 2011, Nicias René Aridjis fue inhabilitado de su cargo por falsedad en sus declaraciones patrimoniales. En 2012 regresó a la dirección de Obras y Desarrollo Urbano, cargo en el que continúa.

MCCI solicitó una entrevista con el panista Christian von Roehrich —hoy diputado local— y con funcionarios de la delegación Benito Juárez, sin que se tuviera respuesta.

Un negocio familiar

Cuando decidieron comprar un departamento en Residencial San José, Francisco y Alejandra investigaron en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) si la empresa Canada Building Systems de México tenía alguna queja. No había nada.

Solicitaron más información sobre la obra a las vendedoras, las hermanas Martha y Alejandra Vargas, quienes aseguraron que la empresa ponía en práctica técnicas de construcción de Canadá y por eso la madera era un elemento distintivo del edificio.

Todo eso lo escucharon en una bodega, con un espacio acondicionado como oficina, ubicada en Calzada de Tlalpan 965-A, en la colonia Niños Héroes de Chapultepec.

Esa fue la misma dirección que el accionista mayoritario de Canada Building Systems de México, José Arturo Ceballos Gallardo, registró cuando el 8 de febrero de 2010 creó la empresa. En los documentos del Registro Público de la Propiedad, él aparece como socio mayoritario con 49 mil 500 acciones; su papá, José Ernesto Ceballos Sobrino tiene 500 acciones.

Antecedentes notariales de Canada Building Systems de México.

Algunos condóminos que compraron departamentos en Residencial San José conocieron los nombres de los accionistas de Canada Building Systems de México después de que el edificio colapsó; fue entonces cuando se enteraron que el dueño de la constructora era también su vecino.

Entre mayo y junio de 2017, José Arturo Ceballos Gallardo llegó a vivir al penthouse más grande y mejor equipado. Se presentó como un vecino más. Incluso, integró el comité de vigilancia del edificio. Fue él quien después de la filtración del agua en el estacionamiento llevó al DRO Juan Duay Huerta.

Terraza de uno de los departamentos de Zapata 56. Cortesía: Francisco Zarazúa y Alejandra Castillo

El 19 de septiembre de 2017, minutos después del sismo, José Arturo Ceballos Gallardo escribió un mensaje al chat vecinal preguntando si tenían información del inquilino que vivía en uno de los departamentos de planta baja. Cuando otro vecino escribió: “se cayó el edificio”, el accionista de la constructora se esfumó: no volvió a comunicarse por ese chat, cambió de número telefónico y no se paró en las oficinas de Canada Building Systems de México.

Al día siguiente del sismo, quienes se presentaron en Zapata 56 fueron las vendedoras de los departamentos, Martha y Alejandra Vargas. Los condóminos les pidieron que llevaran los planos del edificio, para que los rescatistas pudieran agilizar la búsqueda de Matilde y Karla. Las vendedoras aseguraron que no los tenían, pero que “si la constructora tiene alguna responsabilidad, va a responder por ello”.

En esos días, los condóminos recibieron un correo electrónico en el que Canada Building Systems se deslindaba de toda responsabilidad por el colapso del edificio, y se ofrecían a proporcionar la documentación legal que se requiriera. Además, un representante de la empresa les aseguró que los apoyaría con los documentos. Cuando lo buscaron en la dirección acordada, no lo encontraron. Después de eso, no volvieron a tener alguna señal de la constructora.

MCCI acudió a Calzada de Tlalpan 965-A, el domicilio en donde José Arturo Ceballos y Canada Building Systems tenían sus oficinas. La mujer que abrió la puerta aseguró que no los conocía, pero también informó que el lugar era una bodega de “maderas y triplay”. Además de ser dueño de la constructora, José Arturo Ceballos Gallardo ha sido accionista de Internacional de Maderas y Triplay. Su padre y hermanos también son empresarios dedicados a la importación y exportación de maderas.

Su hermano José Ernesto Ceballos Gallardo es accionista de CG Grupo Forestal, S.A. de C.V., del cual forman parte CG UniversalWood y Grupo CG Maderas; así como de Global Plywood, que se encuentra en Nevada, Estados Unidos.

Una investigación periodística realizada por el portal peruano Ojo Público documentó que CG Grupo Forestal compró madera ilegal de la Amazonia del Perú. Además, en 2016 Global Plywood fue allanada en Estados Unidos, acusada de importar madera declarada ilegal por el país sudamericano.

MCCI también buscó a José Arturo Ceballos Gallardo, el accionista de Canada Building Systems, en los números telefónicos de Grupo CG Maderas. La recepcionista señaló que no se encontraba, pero con quien sí se pudo hablar fue con su hermano, José Ernesto, quien aseguró: “hace mucho que no lo veo, no sé de él”.

Departamentos en el aire

Antes de que el sismo los dejara sin casa, Francisco y Alejandra afinaban los detalles de su boda.

—De un momento a otro te quedas sin nada. Nosotros —recuerda Alejandra Castillo— nos quedamos sólo con la ropa que traíamos puesta ese día. Todo lo que teníamos estaba ahí adentro. Lo único que no estaba en el departamento era el vestido de novia.

Estuvieron a un paso de cancelar la boda, pero sus amigos y familiares los convencieron de no hacerlo y les ayudaron a organizarla. Se casaron el 7 de octubre de 2017.

Entre las pocas cosas que la pareja pudo rescatar de entre los escombros estaban algunas botellas de vino y un libro conmemorativo de los Pumas de la UNAM, firmado por algunos de los jugadores del equipo de futbol.

A casi un año del 19 de septiembre de 2017, los afectados por el colapso de Residencial San José continúan con la batalla legal para que la pérdida de su patrimonio y, sobre todo, la muerte de Matilde y Karla no queden impunes.

En estos meses, como parte del proceso legal, tres personas fueron detenidas y después liberadas. Uno de ellos fue el arquitecto Jaime Smith Ríos, quien fue el corresponsable en instalaciones. MCCI lo buscó; María Smith explicó que su papá entró a la obra cuando ésta llevaba 40% de avance. Sustituyó a Fernando Méndez Bernal, quien dejó de ser corresponsal de la obra para ser funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la dependencia que tiene entre sus responsabilidades el otorgar los carnets a los DRO y sancionarlos en caso de alguna irregularidad.

Francisco y Alejandra rescataron sólo algunas cosas de los restos de su departamento, una de ellas fue ese libro.
Fotografía: Gloria Hernández

Méndez Bernal fue presidente del Colegio de Arquitectos, instancia que certifica a los DRO; actualmente es asesor del titular de Seduvi.

En entrevista con MCCI, Méndez Bernal aseguró que nunca conoció a los dueños de Canada Building Systems, que llegó a esa obra por el DRO Juan Duay Huerta.

—¿Usted revisó la documentación de la obra? —se le preguntó a Méndez Bernal.

—Nada más revisé el diseño de las instalaciones y estaba todo bien. Lo que falló fue la estructura, no las instalaciones.

—¿Ante casos como el de Zapata 56, y otros casos en donde se ha documentado que hay corrupción y malas prácticas de los DRO, es necesario cambiar el esquema actual de los DRO?

—Yo no hablaría de corrupción o de malas prácticas... En el caso de Zapata 56, estamos hablando de un sismo atípico.

—¿Usted señala que fue culpa del sismo, que no fue responsabilidad del DRO?

—A lo que me refiero es que fue un sismo atípico y, entonces, son consideraciones atípicas las que tienen que tomarse en consideración. No sabría decir si ahí hubo incumplimiento.

El carnet del ingeniero Juan Duay Huerta —quien también fue detenido y liberado— aún está vigente, de acuerdo con la información pública de los DRO que Seduvi tiene en su página de internet.

Juan Duay aún tiene vigente su licencia como DRO, de acuerdo con la información de la página de Seduvi.

MCCI buscó a Duay Huerta; en el teléfono que registró en Seduvi no contestan.

La mayoría de los documentos que Canada Building Systems ingresó a la delegación Benito Juárez los firmó Macario Espinoza Morán, quien se identificó como representante legal de la constructora. Él también fue detenido y poco después, liberado.

María Smith, hija del corresponsable de instalaciones de Residencial San José, asegura que Macario Espinoza Morán en realidad era un gestor; él no formaba parte de la constructora.

Entre los desarrolladores de inmuebles se conoce como “gestores” a quienes realizan todos los trámites para obtener los documentos necesarios para realizar un proyecto constructivo.

En varias ocasiones, los condóminos han solicitado a la procuraduría capitalina que se persiga directamente a los dueños de Canada Building Systems de México.

Tan sólo dos meses después del sismo, las autoridades de la delegación Benito Juárez comenzaron la demolición de los restos de Residencial San José.

—Muchos de los vecinos —apunta Francisco— nos quedamos con la idea de que al demoler tan rápido el edificio, las autoridades querían tapar las fallas que tuvieron.

Además de lidiar con el proceso legal, los condóminos también enfrentan un dilema. Y es que cualquier decisión que tomen sobre lo que harán en el terreno de Zapata 56 deberá incluir a los dueños de Canada Building Systems de México, ya que cuando cayó el edificio aún no se habían vendido todos los departamentos. Hasta noviembre de 2017, siete de ellos estaban a nombre de la empresa, incluido el penthouse en donde vivía José Arturo Ceballos Gallardo.

Donde antes estaba el edificio hoy se leen estos mensajes.
Fotografía: Gloria Hernández
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Ver el edificio colapsado fue una mezcla de tristeza, enojo, frustración, incertidumbre. Tienes muchas preguntas y muy pocas respuestas”

Alejandra Castillo, vivía en el edificio de Zapata 56.